Libertad educativa
A Alexis de Tocqueville debemos una de las mejores reflexiones sobre lo que él denominaba despotismo blando. Un fenómeno, bien actual, que consiste en la tenaz y persistente voluntad de los gobernantes por apropiarse de la vitalidad de la realidad a partir de una unilateral, exclusiva y excluyente forma de interpretar en cada momento el interés general. El interés de todos, como es bien sabido, en una democracia normal debería discurrir por los amplios caminos del bienestar integral de los ciudadanos y no por el capricho o conveniencia de los que mandan en cada momento.
En efecto, la libertad de expresión se tolera mientras se discurra por los benéficos caminos del pensamiento único, la libertad de educación tropieza con el intento constante de burocratizar los procedimientos de selección de alumnos en los centros concertados, la libertad de religión se viola continuamente con desmesurados alegatos al silencio de la Iglesia cuándo manifiesta sus puntos de vista sobre temas morales. Eso sí, se hace una torticera interpretación del artículo 9.2 de la Constitución para promover la “libertad y la igualdad”, no de todos como manda el precepto de la Carta Magna, sino de determinados colectivos aliados de la tecnoestructura, a los que no se duda en conceder privilegios y prerrogativas sin cuento.
En fin, que están los tiempos para recordar lo que Friedman escribiera nada menos que en 1955 cuándo afirmó que al Estado compete el aseguramiento y financiación de la educación, pero no su gestión, que debería ubicarse en las mejores manos posibles. A su entender, financiación y gestión debieran separarse, para lo que propuso una de las mejores medidas para garantizar la libertad educativa, no siempre entendida: el cheque escolar.
¿Saben ustedes, queridos lectores, por qué el cheque escolar tiene tan mala prensa en general?. Sencillamente, porque al fomentar la excelencia y la sana competencia, las autoridades públicas educativas intervencionistas y los sindicatos de profesores acabarían perdiendo el control del que tanto gustan en orden a garantizar ese rancio igualitarismo que penaliza el esfuerzo y tacha de individualismo insolidario cualquier intento de salirse de la mediocridad imperante.
Cincuenta años después, en 2005, Friedman opinaba que “tarde o temprano algún Estado implantará el cheque escolar en todo su territorio; entonces la competitividad de los colegios se pondrá al servicio de la libertad de elección de los padres y se demostrará que es capaz de revolucionar la enseñanza”. Hoy las cosas están todavía peor, por lo que habrá que seguir derecho criticando el reino de la mediocridad, o, lo que es lo mismo, en el espacio del temor a la libertad y en el reducto del pensamiento único.
Jaime Rodríguez-Arana es catedrático de derecho administrativo.
Derecho y medicina
Una de las características más sobresalientes del tiempo que nos ha tocado en suerte es, por sorprendente que parezca, la continua confrontación -a pesar de lo sutil de su planteamiento - entre los fuertes y los débiles. En la política, en la economía, en la ciencia y, también, en las más variadas manifestaciones de la vida humana. Hoy, si me lo permiten, me voy a referir a una cuestión a caballo entre el Derecho y la Medicina.
Nada menos que el Tribunal de Casación francés ha dictaminado en varios supuestos que los discapacitados nacidos por error de diagnóstico prenatal pueden reclamar indemnizaciones. Me parece que, de aquí a la eugenesia no hay un camino muy largo. Sin embargo, la gran paradoja de este tema es que se va, por esta senda, hacia la cosificación del ser humano.
Veamos. Es probable que a falta de un fundamento ético del diagnóstico prenatal, se impongan decisiones meramente técnicas; ésas precisamente que nos vende diaria y continuamente esa tecnoestructura que ya no disimula su preferencia por los fuertes. Así, en el caso que nos ocupa, se transforma el cuerpo en producto y la reproducción en producción de calidad asegurada. Como ha señalado el profesor Nisand, experto en ginecología de la Universidad de Estrasburgo, se consolida una visión de la discapacidad como un accidente anormal, que exige buscar un responsable que indemnice, cuando lo lógico sería que se hicieran cargo las instituciones asistenciales y la solidaridad nacional. Entonces, se invierte la regla del mundo jurídico ya que indemnizar a toda costa no es prioritario con relación a los grandes principios éticos de nuestra sociedad. Es decir, se advierte un nuevo fundamentalismo, el del progreso técnico y científico productor de confort y bienestar, que poco a poco va confiando, materializando, al ser humano que nadie desea.
Sin embargo lo más grave es que este tipo de prácticas nos puede conducir a la eugenesia. Porque, como ha escrito un antiguo ministro francés, Debré, "favorecer el conocimiento del estatuto genético del niño desde la fecundación o durante el embarazo, podría significar la promoción -quizás indirecta- del aborto terapéutico o, hablando crudamente, una eugenesia a cargo de la seguridad social. Para el Estado y la seguridad social, una minusvalía sale cara (…), el cáncer sale caro (…); una prevención que los evitase sería muy tentadora para nuestros economistas". Sin comentarios.
Jaime Rodríguez-Arana Muñoz
Catedrático de Derecho Administrativo
La inmigración
La inmigración, nos guste o no, es una realidad. Y es una realidad en la que hay en juego asuntos de gran envergadura. Se trata de seres humanos que “huyen” de la pobreza y que confían en encontrar una nueva vida en los países desarrollados. Con independencia de que haya que trabajar sobre las causas reales de esa “legión” de personas que diariamente emprende la aventura europea, es un dato constatable que la inmigración entraña, además, repercusiones económicas.
Hay quienes temen que los inmigrantes dejen sin trabajo a los nacionales y que constituyan una causa adicional para los gastos de protección social, sanidad y educación. En sentido opuesto, se alega que los inmigrantes con su trabajo, pago de impuestos y cotizaciones, aportan a las finanzas públicas más de lo que reciben.
Las causas que invitan a los inmigrantes a “salir” tienen mucho que ver con la diferencia entre los ingresos en el país de origen y los ingresos esperados en el de acogida. Además, hay que tener presente la política de inmigración de los países receptores y el coste psicológico de vivir en un ambiente de lengua y cultura diferentes. Sin embrago, estos costes son relativizados si en el país de acogida existen redes de inmigrantes instalados. Lógicamente, esta circunstancia incide de forma notable en la elección del país de destino, especialmente por los programas de reagrupación familiar.
En términos generales, puede afirmarse que la inmigración no agrava el paro. En principio, la tasa de paro tiende a ser mucho más alta entre los inmigrantes que entre la población autóctona, en particular en la Unión Europea. Sin embargo, a medida que los inmigrantes aprenden la lengua, se familiarizan con el mercado de trabajo y mejoran sus competencias, la tasa de paro de los extranjeros baja y se aproxima a los nacionales. Al mismo tiempo, los salarios de los inmigrantes y los de los autóctonos convergen más.
Cada vez va siendo más evidente que la inmigración genera una demanda de bienes y servicios producidos en el país, lo que tiene una incidencia favorable en la creación de empleo. Además, los inmigrantes compensan en parte la falta de movilidad geográfica o funcional de la población autóctona. En definitiva, si se considera la economía en su conjunto, la inmigración produce una ventaja neta para la población autóctona. Sin embargo, ese beneficio no afecta a todos por igual, y algunos grupos –por ejemplo, aquellos cuyos trabajos puedan ser asumidos por inmigrantes- pueden salir perdiendo.
Ciertamente, es complejo evaluar el efecto presupuestario neto de la inmigración, pues depende de la metodología empleada, del periodo que abarque el estudio, de los servicios públicos que se considera, etc. Con estas limitaciones, la conclusión a la que llegan generalmente estos estudios es que los inmigrantes tienen menos oportunidades de recibir una ayuda de los poderes públicos que las personas de similares características nacidas en el país, y que cuando la reciben, es de cantidad inferior. Sin embargo, la probabilidad de que un inmigrante reciba ayudas sociales ha aumentado en las cuatro últimas décadas como consecuencia del menor nivel de cualificación de las nuevas oleadas de inmigrantes. Por otra parte, los estudios sobre la materia reflejan que el valor actualizado neto de los impuestos que pagan los inmigrantes y sus descendientes es superior al aumento de los gastos públicos que producen, aunque la diferencia a nivel nacional no es grande.
The Economist recordaba el año pasado que en la mismísima Alemania en 2015 el 44% de las nuevas empresas registradas fueron fundadas por personas con pasaporte extranjero frente al 13% en 2003. Y esos porcentajes parece ser que crecerán en el futuro.
La inmigración seguirá aumentando en el futuro. Junto a la necesidad de hacer todo lo posible por la mejora real de los países llamados emergentes, no se puede olvidar que la inmigración es una realidad humana. Son millones de mujeres y hombres –y niños- que buscan vivir en mejores condiciones. Por eso, si como parece, la inmigración no afecta negativamente a los parámetros económicos, poco a poco debe calar en el mundo desarrollado el drama humano, personal, que se esconde en el itinerario vital de los inmigrantes. Los inmigrantes son personas humanas y, como tales, hay que tratarlas.
Jaime Rodríguez-Arana Muñoz
@jrodriguezarana
El cuidado de los mayores
Si hubiera que establecer un orden de prioridades en la acción pública municipal en primer término estaría, sin duda alguna, la atención a la persona, cuya concreción primera debería establecerse en el cuidado de nuestros mayores. No es una casualidad que la sabiduría universal haga del respeto y veneración por nuestros mayores una norma fundante de todo orden social y moral. Supongo que no habría que ir muy lejos para establecer la conexión entre la desvertebración social de nuestras comunidades y la pérdida de ese sentido del respeto a la dignidad de los ancianos. Es de elemental justicia para con quienes nos han dado, nos han transmitido lo que tenemos y somos. Somos humanos –podríamos decir- porque nuestros corazones son capaces de albergar gratitud. Y creo que podríamos decir que, de alguna forma, la gratitud es justicia colmada.
No sabemos lo que nos deparará el futuro, pero hoy por hoy seguimos siendo de un lugar, de unas personas procedemos. En ese lugar y entre sus gentes es donde el anciano debe sentirse plenamente acogido. Y no sólo pasivamente sino haciéndole ver la utilidad de su servicio para la vida de la localidad en la que se asienta, de forma que la edad de la vejez ha de ser si no la edad de la plenitud de la vida, la de su pleno cumplimiento, y por tanto la del más pleno reconocimiento de su dignidad.
En este sentido, conviene constatar la iniciativa conjunta de varios municipios ingleses y de diversas organizaciones sin ánimo de lucro para constituir microempresas que están evitando que muchos ancianos sean trasladados a residencias ante la falta de ayudas a domicilio. Se trata de una experiencia creativa que fomenta la participación de buenos profesionales en instituciones sociales que son apoyadas por las propias Corporaciones locales y que permite atender a los mayores en sus propias casas. Una experiencia a tener en cuenta.
Jaime Rodríguez-Arana
Catedrático de Derecho Administrativo.
Desigualdad e iniciativas sociales
Los indicadores existentes acerca de la desigualdad en el mundo registran una misma tendencia. También en la Unión Europea y particularmente en España. La brecha entre ricos y pobres crece sin parar. Un problema muy grave que precisamente se ha agudizado estos años de crisis económica y financiera. No hay más que analizar las estadísticas de las ONGs que se encargan de la atención social a los más pobres y excluidos para comprobar el exponencial crecimiento de las personas que acuden a alimentarse o que buscan alojamiento en instituciones sociales o en el mismo Estado.
En este contexto, se arbitran diversas soluciones. Una es la subida del salario mínimo interprofesional. Otra es el aumento de la imposición a los que más tienen y también se preconiza la oferta de cursos de formación a los adultos desempleados. Probablemente, una adecuada combinación de medidas como las expuestas ayude a intentar resolver un problema complejo, que, a la vez, se agrava ante los dos principales males de este tiempo: el desempleo y la corrupción.
En efecto, las desigualdades aumentan en gran parte de los núcleos urbanos europeos. Para combatir esta tendencia la iniciativa social articulada ha puesto en marcha varios proyectos de integración caracterizados por facilitar un sentido de comunidad a quienes más lo precisan.
Una buena experiencia es la promovida por Near Neighbours, una organización social que pretende en varias regiones inglesas juntar personas que viven en zonas segregadas por razones raciales o religiosas para que se conozcan y puedan compartir proyectos conjuntos de cooperación social. Eat or heat, también en Inglaterra, funciona como un banco de alimentos. La Casa Scalabrini 634 es un hogar de acogida para personas en situación de vulnerabilidad, fundamentalmente refugiados, en Roma. En Francia Mozaik RH trabaja con personas procedentes de ambientes desfavorecidos a las que ayudan a encontrar un puesto de trabajo.
En fin, hay quienes en lugar de estar todo el día denunciando la creciente desigualdad de nuestras sociedades, se lanzan a la palestra y se comprometen en proyectos que valen la pena y que ayudan a paliar este gran problema. Si lo hiciera más gente las cosas irían mejor. No podemos esperarlo todo del Estado. Estado y sociedad deben ir de la mano, siempre, sin prejuicios ideológicos y sin prepotencia. Casi nada.
Jaime Rodríguez-Arana
@jrodriguezarana
Jaime Rodríguez-Arana es catedrático de derecho administrativo. jra@udc.es
Poder y democracia
La libertad es una conquista personal en la que, precisamente por ello, no podemos ser sustituidos por nadie. Ni por los poderes públicos, ni, por supuesto, por ninguna estructura o persona jurídica por importante que sea. La conquista de la libertad es una tarea personal que requiere esfuerzo, que requiere temple, que requiere compromiso. Por mucho que los políticos y los gobiernos pretendan convencer al pueblo de que todos los bienes de este mundo se pueden conseguir al módico precio del voto, la realidad, que es bien testaruda, demuestra que cuándo el pueblo todo lo fía a los políticos y al sistema político renunciando a los más elementales reductos de su libertad, el autoritarismo y el paternalismo aparecen para sojuzgar y controlar la vida y la hacienda de los ciudadanos como toda acontece en no pocas latitudes, e unas más groseramente, en otro con más sutileza.
En este ambiente, el poder anuncia toda clase de bondades y parabienes. Bondades y parabienes para los que la persona no debe hacer nada, todo lo más, confiar ciega y mecánicamente en los gobernantes de turno, que serán, dicen, quienes se encargarán de orientar y satisfacer las legítimas aspiraciones de la ciudadanía. En realidad, con esta forma de proceder se termina por secuestrar la voluntad del pueblo con toda clase de promesas que normalmente no se materializan, pero que permiten a la minoría privilegiada asumir mayores cotas de mando y control social.
Durante cierto tiempo, con gobiernos de uno y otro signo, en muchos países del mundo, el miedo a la verdad y el temor a la libertad han sido características constantes de la acción de gobierno. Con más o menos aparato, con más o menos solemnidad, se ha intentado, por todos los medios al alcance, utilizar al pueblo, para los objetivos, a veces inconfesables, de la tecnoestructura. En lugar de escuchar al pueblo, en lugar de animar a que la ciudadanía tome mayor conciencia de su papel en el sistema democrático, en lugar de propagar a los cuatro vientos que los ciudadanos han dejado de ser sujetos inermes para ser los protagonistas de la política, con no poca frecuencia se canaliza la buena fe del pueblo hacia los caminos de la manipulación y de la propaganda oficial, hacia ese mensaje que tanto réditos políticos produce, sobre todo en los pueblos más dominados: no os preocupéis de nada, confiad en nosotros, que sabemos lo correcto y, lo que más os conviene en cada caso. Vaya si lo saben: controlar, controlar y nada más que controlar, más abiertamente, más sigilosamente.
Jaime Rodríguez-Arana es catedrático de derecho administrativo.
La tercera edad
La crisis de la natalidad y la alta esperanza de vida han proporcionado un ambiente social en el que cada vez es más frecuente encontrarse con personas jubiladas por la calle, a veces con nada o muy poco que hacer. A pesar de que se trata de personas que se encuentran, muchas de ellas, en perfectas condiciones físicas y espirituales, la realidad es que las instituciones y corporaciones varias, a diferencia de lo que pasa en otras latitudes, no las suelen tener muy en cuenta.
En efecto, cada vez hay más gente mayor y no tan mayor, los prejubilados entre cincuenta y sesenta años, que están en perfectas condiciones para seguir ofreciendo a la sociedad sus conocimientos y experiencia acumulada a lo largo de los años. En Suecia, por ejemplo, lo han entendido perfectamente. Tanto es así, que ahora los jubilados son el sector social más activo en trabajos de voluntariado. Un reciente informe sobre la materia acredita que la sociedad del bienestar también es sensible a la capacidad de ayudar y colaborar de las personas jubiladas. Tal informe revela que los jubilados no se contentan con recibir las prestaciones y cuidados sociales a que tienen derecho pues siguen siendo muy productivos. Según el estudio, de cada dos jubilados, uno colabora en asociaciones de voluntariado por lo menos quince horas al mes.
En fin, que los jubilados son necesarios en la sociedad. Aportan mucho y merecen todo nuestro respeto y apoyo. Los jubilados son un gran potencial. Muchos quieren colaborar y hay que facilitar la posibilidad de que los que quieran, y puedan hacerlo, sigan ofreciendo lo mejor de ellos mismos para, en otras tareas, contribuir al enriquecimiento de la vida social. Todos somos necesarios. Los jubilados, los que estamos en activo y los que están por venir. Todos.
Jaime Rodríguez-Arana es catedrático de derecho administrativo.
Los cuidados paliativos
A estas alturas de siglo, con lo que ha llovido, con lo que ha pasado, la lucha por los derechos humanos, por el libre y solidario desarrollo de las personas, aconseja construir y diseñar políticas humanas. Políticas humanas que, fundamentalmente, se oponen a las políticas inhumanas porque éstas desconocen, o lesionan, la dignidad del ser humano. O, lo que es lo mismo, violentan la libertad de los ciudadanos.
Por ejemplo, en la peculiar polémica sobre la eutanasia, quien afirma que las personas con enfermedades terminales han de ser eliminadas, se sitúa, en mi opinión, en la vieja política, en la política inhumana. Quien, por el contrario, plantee este tema en el marco del fomento de los cuidados paliativos, de la búsqueda de la reducción de los dolores y, por supuesto, de la posibilidad de que estos enfermos rehúsen tratamientos desproporcionados, se encuentra en el marco de las nuevas políticas, de las políticas humanas. Si es posible mejorar los cuidados paliativos, si es razonable eludir el encarnizamiento terapéutico, si se puede renunciar a tratamientos desproporcionados, ¿en virtud de que poderosa razón se puede admitir que el legislador que atribuya a los médicos la tarea de matar a un paciente?. ¿Cuál puede ser el calificativo que mejor defina a una sociedad que renuncia a que los médicos luchen hasta el final para salvar la vida o para procurar que el alivio del dolor facilite el mejor tratamiento de las enfermedades terminales?.
Es verdad que en el debate de la eutanasia hay mucha confusión y ambigüedad. No es lo mismo renunciar a tratamiento desproporcionados que la eutanasia. Esta se produce cuando por acción u omisión se busca la muerte del paciente terminal. Algo ciertamente incongruente con la naturaleza de la medicina y, sobre todo, algo que priva de sentido radicalmente al sufrimiento. El sufrimiento existe y según para quien puede tener más o menos sentido. Si nos instalamos en la eutanasia como técnica de elección para los médicos de unidades de enfermedades terminales, es posible, muy probable, que la confianza de las familias en estos médicos se resquebraje gravemente. ¿Es que la solución al sufrimiento es, sin más, la muerte?
¿Qué se puede pensar de un sistema legal que admita el suicidio asistido?. ¿Por qué tanto miedo, tanto pavor al sufrimiento?. Si el deseo de un enfermo es que lo maten en un momento determinado, ¿por qué no respetar la voluntad de quien solicita la muerte?. Por una sencilla razón, el derecho individual hay que enmarcarlo siempre en el bien general. Si se convierte la ley y la justicia en la prolongación de los deseos individuales se estaría minando la naturaleza moral de la democracia. ¿Es que la democracia consiste en que cada uno haga lo que quiera sin más?. ¿Es que la medicina puede convertirse por deseo de los individuos en una máquina de muerte?.
Anne Tour, presidenta de la Sociedad Francesa de Acompañamiento y Cuidados Palaitivos explica que despenalizar la eutanasia no supondría un derecho más sino perturbar el contrato de confianza entre el cuidador y el paciente y transgredir el código deontología médica porque matar a la persona que sufre, aunque se haga con la mayor compasión, no es un cuidado. Y el Comité de ética y Asuntos Judiciales de la Asociación Médica Americana acaba de señalar que algunos pacientes reclaman el suicidio asistido porque no conocen el grado de alivio del sufrimiento que los cuidados paliativos de hoy pueden ofrecer. Esta es la solución, los cuidados paliativos, cuidar la vida del enfermo terminal, no matarlo, no eliminarlo.
Jaime Rodríguez-Arana es catedrático de derecho administrativo.
Poper y la televisión
A finales del siglo pasado falleció una de las grandes figuras del liberalismo: POPPER, uno de los filósofos más importantes que ha dado el siglo XX. No solo en lo que se refiere a la filosofía de la ciencia sino en el ámbito de la filosofía política en el que ha sido bien conocido por su defensa de la sociedad civil frente a todo totalitarismo, y cuya obra emblemática ha sido su nunca bien ponderada "La sociedad abierta y sus enemigos", hoy de gran actualidad por las amenazas que se ciernen, en algunos casos realidades, sobre la vitalidad del tejido social y sobre la libertad de las personas.
Es bien sabido que el pensamiento de POPPER bascula en torno a la defensa a ultranza de la democracia, de la tolerancia y del respeto a la persona. Pues bien, como se ha demostrado, el último ensayo de POPPER giró en torno a la degradación de la televisión: tema no exento de polémica, pero que, en el momento presente, me parece que no es baladí que POPPER lo seleccionara como objeto de su reflexión crítica.
Karl POPPER, tras criticar esa idea tan extendida de que se debe ofrecer a la gente lo que la gente pide, aprovechó su obra póstuma para advertirnos sobre el peligro que encierra para la democracia la falta de control de la televisión: "la democracia consiste en poner bajo control al poder político. No debe haber ningún poder político incontrolado en una democracia. Ahora que resulta que la televisión se ha convertido en un poder político colosal, potencialmente se puede decir que es el más importante de todos (...). Y así será si continuamos consintiendo este abuso (...). Una democracia no puede existir si no pone bajo control a la televisión..." Y ese control, cada vez más necesario, se encuentra en la propia dignidad de la persona y, lo que es más importante, en que de una vez nos decidamos a formar a la juventud seriamente en los valores, en el respeto a las ideas de los demás y en el amor a la verdad.
Una buena reflexión para meditar en estos días.
Jaime Rodríguez-Arana
El sentir social y la opinión pública
Al tratar de las condiciones objetivas de las diversas situaciones a tener presente en el ejercicio del poder, podría interpretarse que solo es menester atender a lo que podríamos llamar condiciones reales, prescindiendo de las referencias a la subjetividad, a las inclinaciones, a la conciencia de las gentes, al sentir social. Nada más lejos de lo que debe ser. El sentir social, la conciencia social, debe ser un elemento de primer orden para el ejercicio del poder si realmente se admite que la ciudadanía es el elemento fundamental en la articulación de la vida política. En efecto, el sentir social forma parte de las condiciones objetivas porque es un factor que actúa realmente, que gravita sobre las situaciones reales, y debe ser tenido en cuenta en su valoración.
Sin embargo, siendo un factor de gran importancia en la configuración de las situaciones y por tanto en la configuración de las acciones políticas ni es el único a considerar ni probablemente el más relevante. La acción política, es verdad, debe tener muy en cuenta la opinión pública. Sería suicida, pero sobre todo sería inadecuado e injusto, actuar de espaldas a ella. Pero la acción política no puede plantearse como un seguidismo esclavizado de esa opinión.
La atención a la opinión pública no significa sólo atención a la opinión mayoritaria, ni mucho menos. Quien ejerce el poder debe tener particular sensibilidad para atender a las demandas de grupos y sectores minoritarios que manifiestan un especial compromiso ético-político en la solución de graves problemas que aquejan a nuestra sociedad, y trascendiéndola, al mundo entero, y que representan, en cierto modo, aquello que se denominaba conciencia crítica de la sociedad. La conciencia ecológica, el antimilitarismo, el reparto de la riqueza, el compromiso con los desposeídos, la crítica de una sociedad consumista y competitiva, la reivindicación de la dignidad de la condición femenina, la denuncia de una sociedad hedonista y permisiva, etc., son tantas manifestaciones de una particular sensibilidad ética.
Una respuesta cumplida a las demandas y expectativas de la sociedad de nuestro tiempo, requiere estar abierto también a las nuevas sensibilidades y hacer una ponderada valoración de sus diversas manifestaciones, sabiendo distinguir los compromisos auténticos de los oportunismos y de las estrategias de lucha partidista.
Jaime Rodríguez-Arana
@jrodriguezarana