JRA

Política y entendimiento en 2021

Una de las principales características de los nuevos espacios políticos del futuro, no de la polarización del presente, es la capacidad de entendimiento entre las diferentes opciones partidarias con el fin de alcanzar el bienestar integral de los ciudadanos, un bienestar orientado a la mejora de las condiciones de vida de las personas. Así entendido, el entendimiento es una exigencia que la ciudadanía debe exigir a los dirigentes políticos para que extiendan su mirada sobre los problemas reales de las personas en lugar de consumirse en eternas diatribas cainitas que ya a nadie interesan fuera de los estrechos y cerrados ambientes del poder. No es, por tanto, el entendimiento un fin en si mismo, ni sólo una estrategia política. Es, sobre todo, la disposición firme de búsqueda de acuerdos que beneficien a todos los ciudadanos. Por eso, hoy más que nunca es necesario que, en un ambiente de profundo odio y resentimiento entre posiciones cainitas y maniqueas, brille la dignidad del ser humano y sus derechos inalienables.

La política, es verdad, tiene mucho de confrontación de ideas, de contienda, de defensa de posiciones diversas. Se mantienen de ordinario diferentes puntos de vista sobre la forma de resolver los problemas colectivos. El arte y el oficio del buen gobierno centran la mirada sobre el conjunto de los ciudadanos, sin seguidismos, sin exclusiones. Cuándo un partido gana las elecciones en una democracia, su programa electoral se amplia para ser capaz de pensar en todos los ciudadanos, no solo en los que le votaron, sin sectarismos en las políticas concretas a emprender. Claro que es entendible que un partido, en ejecución de su programa electoral gobierne sólo para sus adeptos. Pero, si así lo hace únicamente, tarde o temprano conseguirá despertar a quienes no son destinatarios de sus políticas, abriendo un clima social de enfrentamiento y confrontación.

Normalmente, si el gobierno admite enmiendas de la oposición, o si la oposición felicita al gobierno por el acierto de alguna de sus decisiones, siempre habrá quienes piensen o afirmen que algo muy raro se está produciendo: que el gobierno nunca se equivoca, dicen unos; o que la oposición nunca puede dar la razón al gobierno, sentencian otros.

Más allá de las adhesiones inquebrantables o de las reyertas protagonizadas por quienes se mueven en los aledaños de los aparatos de los partidos, los gobernantes y los jefes de la oposición, han de pensar en el conjunto de la ciudadanía, en el bienestar integral de las personas, en la mejora de sus condiciones de vida. Si esta consideración reclama el acuerdo, bienvenido sea, como también sería bienvenida la discrepancia cuándo se estime que el gobierno yerra o la oposición se echa al monte. Esperemos que en 2021, a pesar de lo acontecido el 6 de enero en el Capitolio de los EEUU, el entendimiento reine en la acción política. Nos va en ello mucho. Demasiado.

Jaime Rodríguez-Arana

@jrodriguezarana

by JRA

La democracia, a examen.

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Los recientes acontecimientos acontecidos en el Capitolio de los EEUU, en un tiempo de pandemia, de grandes cambios, nos invitan a reflexionar seriamente acerca de la democracia. Un sistema político que se funda en el control del poder y en la participación de los ciudadanos en la vida política. El control, bien lo sabemos, si somos sinceros, hoy es una quimera en muchas latitudes pues quien tiene el poder admite, como mucho, controles formales y, por supuesto, tener parte en la designación de los controladores. Y la participación real del pueblo es la que es, en tantos casos reducida a mínimos ante el mal ejemplo general de la llamada clase política durante estos años.

Es verdad, quien podría dudarlo, que el sistema de representación parlamentaria está enfermo, incluso, como se ha afirmado, gravemente enfermo. El capitalismo, como el socialismo, igualmente, también presentan síntomas preocupantes. Sin embargo, a pesar de ello, una vuelta al comunismo o la nacionalización como métodos de resolución de los problemas no parece que sea lo mejor para el bienestar de los ciudadanos. Tampoco otorgar a un mercado sin control el papel central es la solución,ni mucho menos.

Apelar a la democracia directa como única forma de democracia tampoco parece que sea la más apropiada medicina. Rectificar el rumbo, corregir los excesos, que los ha habido y no pocos, es la tarea del presente. Una tarea, sin embargo, que por alguna sorprendente razón no termina de arrancar con la fuerza y potencia que serían menester. Sin embargo, tras el auge de los populismos de uno y otro signo y de la demagogia que los acompaña, no queda más remedio que iniciar un inteligente proceso de democratización profunda de nuestro sistema político, en el que los partidos, y sus dirigentes, se conviertan a la transparencia y a la rendición de cuentas, al servicio al pueblo y a la defensa, protección y defensa de los derechos fundamentales de las personas. Algo que, sin embargo, a juzgar por lo que acontece, está lejos, bastante lejos de llegar.

En sentido reformista, hay que revisar el funcionamiento de algunas instituciones para garantizar un mercado razonable, equilibrado, en el que los beneficios, que en sí mismos son legítimos, no se conviertan en el único, primario y exclusivo fin de las empresas. Igualmente, la democracia como régimen político también precisa de reformas. Reformas que le devuelvan su sentido originario de manera que efectivamente se convierta en el gobierno del pueblo, por y para el pueblo. El protagonismo de las cúpulas de los partidos, y de quien ocupa el vértice, están agostando un sistema político y social que tiene en la participación ciudadana y en control y limitación del poder sus principales señales de identidad.

Por eso, mientras la situación no cambie, los partidarios de la democracia directa, los populistas, encontrarán el campo abonado, y de qué forma, para sus reclamaciones, para sus reivindicaciones que, en buena medida, plantean el regreso de las tiranías, de los esquemas autoritarios. Lo acontecido estos días en EEUU es un buen ejemplo de las consecuencias que se ciernen sobre el sistema político sino se cambian métodos, procedimientos, estructuras y conductas, si no se trabaja a favor de la necesaria democratización que el sistema precisa.

Si no hacemos nada y nos quedamos contemplando lo que pasa, pronto llegarán los nuevos autoritarismos, algunos ya en el poder, y entonces nos lamentaremos de haber preparado el terreno al populismo y su compañera de viaje: la demagogia. Es tiempo, pues, de reformas. Pero de reformas de calado, de fondo, no de simples parches. La pregunta es , ¿serán capaces los actuales actores y protagonistas del espacio público de emprender estas reformas? .

Jaime Rodríguez-Arana.

@jrodriguezarana

by JRA

Poder y arbitrariedad

Decía el filósofo John Locke, con toda razón, que la arbitrariedad es, valga la redundancia, la ausencia de racionalidad. Es decir, la arbitrariedad en el ejercicio del poder equivale a la toma de decisiones en ausencia de motivación o justificación o, si se quiere, a cambiar de criterio en la resolución de los asuntos generales por conveniencia o utilidad particular.
 
La irracionalidad, que es la característica que mejor define a la arbitrariedad, ordinariamente va de la mano de la subjetividad, mientras que la racionalidad suele acompañar a la objetividad. En este sentido, conviene recordar que, según la Constitución de 1978, el poder público debe ejercerse al servicio objetivo del interés general.
 
Hoy, en tiempos de poderes especiales, intensos y extensos, con ocasión de la pandemia, éstos deben ser usados para proteger, defender y promover la dignidad humana y los derechos fundamentales de ella dimanantes, no para amedrentar a las poblaciones, menos aún, para excluir o laminar a los adversarios tal y como acontece, lamentablemente, en tantas latitudes. Conviene, por tanto, recordar el sentido que tiene el poder público y su ejercicio, en un Estado de Derecho, en un Estado democrático. Veamos brevemente.
 
El poder público es el medio que tiene el Estado para hacer presente el bien de todos. Por tanto, en sí mismo, tiene una clara dimensión relacional y se fundamenta en su función de hacer posibles los presupuestos para el pleno desarrollo del ser humano. Es decir, el poder público se justifica en función de hacer posibles los fines existenciales del hombre, fundamentalmente, su pleno, libre y solidario desarrollo como ser humano en sociedad.
 
El poder público se encuentra acompañado de un conjunto de facultades jurídicas especiales, que podríamos calificar poderes de supremacía. Sí, de supremacía o de superioridad en la medida en que se dirigen a la consecución del bien de todos, del bien de toda la comunidad, del bien común. Por eso, las personas que ejercen poderes públicos deben tener claro, muy claro,  sobre todo en tiempos de excepcionalidad, que dichos poderes se justifican en la medida que se utilicen al servicio del bien de todos, no de una parte de la sociedad,
 
El poder público existe por y para la satisfacción plena de las funciones sociales. El poder público en su sentido más propio está vinculado esencialmente al bien de todos, por lo que si se usa en beneficio propio o de grupos determinados se hace un uso autoritario contrario a las más elementales normas y principios del ejercicio del poder en la democracia.
 
También y, sobre todo, en la excepcionalidad actual, el poder debe ejercerse con moderación, mesura, proporción y ponderación, sin amedrentar a la población, sin lesionar derechos fundamentales y siempre al servicio objetivo del interés general. De un interés general democrático, que es el que se caracteriza por su concreción, justificación, vinculación al fin de interés general que debe presidir las actuaciones públicas. En tiempos de pandemia, los buenos gobiernos, las buenas administraciones, ejercen el poder, por supuesto, pero según los cánones del Estado de Derecho. Lo contrario, no lo olvidemos: la tiranía o el despotismo, son el reino de la arbitrariedad, el reino del uso del poder sin explicación alguna, al servicio de lo que en cada caso convenga para seguir, como sea, instalado en la cúpula.
 
Jaime Rodríguez-Arana
@jrodriguezarana
 

by JRA

Ética y nuevas tecnologías

El tiempo que nos ha tocado vivir, ahora en plena pandemia, se caracteriza especialmente por una transformación radical y vertiginosa de las formas tradicionales de explorar la realidad.  En alguna medida, la realidad actual, nos guste o no, es producto de lo que ha pasado, de lo que hemos heredado de nuestros antecesores y sería una soberana irresponsabilidad, por ejemplo, intentar transformarla desde cero, sin reconocer lo bueno o lo malo que nos han legado quienes nos precedieron.
 
Sin embargo, hemos de reconocer que sí que se ha producido una transformación relevante que reclama nuevos enfoques para entender el sentido de la sociedad del conocimiento y de las nuevas tecnologías proyectadas en la Administración Publica de este tiempo. Unas tecnologías que, a pesar de las inversiones realizadas, no han estado a la altura de lo que se esperaba en este tiempo de la pandemia en el que los plazos administrativos han estado, como regla general, suspendidos.
 
Frente a los vertiginosos cambios que contemplamos, debiera cobrar más importancia el pensamiento abierto, el pensamiento dinámico, el pensamiento plural y el pensamiento complementario o compatible. La realidad de la pandemia nos muestra, a pesar de los pesares, concentración del poder y un afán de control y manipulación colosales que se aprovechan, en momentos de excepcionalidad, de la debilidad de unos valores que el formalismo colectivista o individualista borró del mapa  mientras el consumismo insolidario adormecía las conciencias y el temple cívico de nuestra poblaciones.
 
En el ámbito de las nuevas tecnologías, en el ámbito de la sociedad de la información, tenemos que ser conscientes de que hay que tender puentes sólidos entre nuevas tecnologías y dignidad humana, no vaya a ser que una apuesta importante en relación con las nuevas tecnologías pudiera abrir más la brecha en lo que se refiere a la calidad en el ejercicio de los derechos fundamentales por todos los ciudadanos. El buen gobierno, la buena administración, no puede olvidar que la sociedad del conocimiento ha de mejorar la calidad de la cultura cívica de las personas, pues de lo contrario estaremos desaprovechando una magnífica oportunidad para incidir positivamente en la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos.
 
Asimismo, se está produciendo lo que se ha denominado por algunos la quiebra de la tecnostructura o la quiebra del tecnosistema del que hablaron en su día Galbraith o Bell. En efecto, la tecnoestructura, que, a veces, ha aparecido como una alianza sutil entre el Estado, el Mercado y los Medios de comunicación, intenta a toda costa erigirse en el supremo interprete del interés general acompañada de toda una maraña de lenguajes y procedimientos específicos que impiden el acceso de la gente común y corriente al proceloso mundo del espacio público, nunca tan cacareado como cerrado. Por eso, uno de los desafíos que tiene la sociedad del conocimiento, las sociedad de las nuevas tecnologías, es que los intereses generales dejen de estar dominados por los especialistas y se abran de una manera autentica a los problemas reales que tienen las personas.
 
Por otra parte, como consecuencia de la emergencia de una nueva manera de entender el poder como la libertad articulada de los ciudadanos (Burke), resulta que es necesario colocar en el centro del nuevo orden político, social y económico, la dignidad de la persona. Hay que volver a reflexionar sobre la persona. Pero no sobre la persona desde una perspectiva doctrinaria liberal, que lleva a las visiones del nuevo individualismo insolidario, sino desde la perspectiva, insisto, del pensamiento complementario y compatible, que hace de la libertad solidaria un concepto central, por que no son dos aspectos distintos de la realidad de las personas, la libertad y la solidaridad, sino que son las dos caras de la misma moneda, y son dos características que deben tender a unirse y a ofrecer, pues, perspectivas de complementariedad.
 
Por eso, no es baladí que la Comisión Europea haya elaborado una guía de principios éticos para la inteligencia artificial con el fin de estas nuevas tecnologías se gestionen siempre y en todo caso al servicio del ser humano. Regulación y ética han de ir de la mano pues, de lo contrario, como ya pasa, estos fenomenales y fantásticos medios como son las nuevas tecnologías podrían ser los grandes azotes de una humanidad presa de esa tecnoestructura insensible a la dignidad humana.
Esperemos que este renacer ético no sea un simple barniz, una simple cuestión formal, sino que implique un compromiso radical y coherente. En 2021, o caminamos en esta dirección, o regresaremos a la esclavitud de antaño y, por supuesto, a contemplar sobrecogidos los privilegios y prebendas de esa nomenclatura que amenaza altiva y soberbia a quienes no se pliegan a sus dictados. Ojalá seamos conscientes de la magnitud de la tarea que se cierne sobre las personas que no quieren, de ninguna manera, caer en la sumisión y en la esclavitud.
 
Jaime Rodríguez-Arana
@jrodriguezarana
 

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Tecnologías y buena administración de la pandemia

La conceptualización clásica de la buena administración adquiere, en un mundo dominado por las nuevas tecnologías de información y de la comunicación, una nueva dimensión ajustada a las nuevas necesidades de la Administración Pública, de una nueva Administración Pública más transparente, más participativa y más cercana a una nueva ciudadanía digital, con nuevas preocupaciones y exigencias. Por eso, ahora tenemos que pensar en que consiste la denominada buena e-Administración y cuáles son los impactos de los avances tecnológicos sobre el aparato público.
 
 
En este sentido, el moderno Derecho Administrativo, siempre orientado a la defensa, protección y promoción de la dignidad humana, debe hacer frente a las nuevas demandas de una sociedad digital que reclama nuevas prestaciones y nuevos servicios brindados a través de nuevas plataformas digitales con mayor participación ciudadana. Plataformas y estructuras digitales que, poco a poco, reemplazarán por completo los trámites, los procedimientos y las gestiones habituales o tradicionales que brindaba la Administración Pública.
 
Hoy el mundo se encuentra atravesado por una pandemia nunca antes vista en la historia reciente provocada por el covid-19. Las fortalezas y debilidades de los desarrollos informáticos y telemáticos en la construcción de la Administración Electrónica están hoy a la vista de todos y reclaman a los distintos países soluciones para enfrentar los problemas y desafíos de este tiempo de excepcionalidad.
 
Cuanto más fortalezas y construcción tecnológica presente la Administración Electrónica en cada país, mejor posicionado estará para enfrentar las situaciones complejas que la pandemia trae consigo. Pero tales estrategias habrán de hacerse sin perder de vista en ningún momento que las tecnologías están al servicio de la dignidad humana, no al revés como desde algunas terminales mediáticas se intenta transmitir a una sociedad inerme, indefensa, sin recursso morales frente a la colosal maquinaria de manipulación que se ha puesto en marcha precisamente en este tiempo.
 
En este sentido, la virtualidad como sinónimo de no presencialidad en la prestación de los servicios de la Administración Electrónica empieza a ser una realidad en la que la nueva ciudadanía digital exigirá nuevas prestaciones, nuevos servicios, nuevas formas de comunicación y de resolución de los problemas en cada Estado
 
La reflexión moderna sobre la Administración debe hacerse desde un enfoque abierto, plural y dinámico porque la Administración Pública es una realidad multidisciplinar a la que hay que aproximarse desde muchos puntos de vista. En efecto, junto al enfoque jurídico, se encuentra la dimensión económica, el aspecto sociológico, el tecnológico o el histórico, que ayudan a comprender una realidad tan compleja como es la Administracion Pública
 
La ciudadanía, la denominada nueva ciudadanía digital, tiene la posibilidad de acceder a más y mejor información, controlar más y mejor a las Autoridades, obtener un mayor y mejor trato igualitario y aumentar la eficiencia en el uso del tiempo y demás recursos, accediendo a servicios y a trámites burocráticos, que hasta hace no muchos años tardaban mucho tiempo y exigían la presencialidad necesaria del ciudadano en el organismo público donde se debía realizar el trámite.
 
En este tiempo, hay que tener en cuenta que para que la Administración on-line tenga sentido, el desarrollo debe ir paralelo al propio desarrollo tecnológico de la sociedad. Por ello, no solo hay que hacer esfuerzos por implantar la e-Administración, sino que también, y sobre todo, hay que priorizar la extensión del uso de las nuevas tecnologías en la sociedad, minimizando la brecha social que se puede producir según se use o no la información.
 
El impacto de las ventajas y/o beneficios que puede aportar una nueva Administración Electrónica debe ser transversal a toda la sociedad. De ahí la importancia capital de la inclusión social y de la accesibilidad universal que evite que el tan conocido “efecto derrame” de las nuevas tecnologías sea cada vez menor, llegando a desaparecer en cuanto sea posible.
 
En este nuevo ecosistema, en la conjunción entre una nueva Administración on-line y una nueva ciudadanía digital, emerge el nuevo concepto de la buena administración electrónica, que se constituye en el eje central de esta transición de una Administración Pública tradicional, clásica y fuertemente “presencial”, a una nueva Administración Electrónica, mayoritariamente “virtual”, diseñada, insisto, desde la centralidad de la dignidad humana, desde la tarea capital de la Administración del Estado social y democrático de Derecho de proteger, defender y promover los derechos fundamentales de la persona, los individuales y los sociales.
 
Por ello, la recopilación de datos con el fin de mejorar la eficiencia operativa de los servicios sanitarios, así como la mejor atención y accesibilidad por parte de los ciudadanos, es también una consecuencia de la crisis sanitaria global provocada por el Covid-19, donde entran en juego el acceso y manejo de nuestros datos personales. Manejo y gestión que deberán realizarse con el mayor de seguridad y confidencialidad posibles y en el marco del Estado de Derecho, pues si no se actúa desde este espacio, el despotismo y la tiranía estarán pronto entre nosotros. ¿O ya han llegado y se están instalando precisamente a través de estas “magníficas” tecnologías”?
 
 
Jaime Rodríguez-Arana
@jrodriguezarana
 

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Dignidad en tiempos de pandmia

Los derechos humanos, los derechos fundamentales de la persona, vienen siendo interpretados, también en este momento tan inquietante de la historia del mundo que nos ha tocado vivir, desde una perspectiva individualista. Tal orientación, presente en muchas legislaciones de muchas latitudes, no es más que la expresión en clave jurídica de una ola de profunda insolidaridad que atenta, y gravemente, al bien común, al interés general. La dimensión subjetiva prima de forma casi absoluta mientras que la dimensión social brilla por su ausencia. No es ninguna casualidad. Las tecnoestructuras dominantes imponen, también por supuesto las intervencionistas de cuño marxista, determinados esquemas de comportamiento y de estilo de vida que convierten a una población indefensa y sin recursos de pandemia en marionetas y en moneda de cambio para la perpetuación en el poder.
En este contexto, cada vez es más urgente llamar la atención acerca de la necesidad de armonizar la dimensión individual, personal, con la consideración social, con el empeño por la mejora de las condiciones de vida de todos los ciudadanos. Si prevalece la perspectiva individualista, cada persona termina por convertirse en la medida primera y última de todo y de todos, agregándose a esa legión de personas solas, de ciudadanos abandonados a su suerte, de vecinos sin lazos comunitarios que quizás puedan vivir cómodamente pero que han perdido la capacidad relacional tan importante para el libre y solidario desarrollo del ser humano. Personas que la pandemia ha golpeado especialmente como hemos contemplado desde marzo de este año.
La exaltación del lucro, del beneficio, del resultado, de la eficiencia, también del Estado y de la intervención pública, conducen, desde la instauración del pensamiento único, a la conversión del ser humano, sea del que está por venir, del que es, pero vive en malas condiciones y del que está a punto de dejar de ser, en puro objeto de usar y tirar.
El dominio de la técnica y de la eficiencia suele llevarnos a ambientes en los que la persona es reducida a un mero engranaje de una estructura que la convierte, como mucho, en un bien de consumo que cuándo ya no sirve a la causa, es desechado sin reparo. Ahí están los enfermos terminales, los ancianos abandonados y sin cuidados y, sobre todo, los niños a los que se condena a no poder existir.
Por eso, la dignidad humana debería volver a ser el centro de las políticas, el centro y la raíz del orden social, político y económico, no el trampolín de la demagogia reinante, ni el expediente para la perpetuación en el poder.  2021 es un buen año para sacudirnos tantos yugos y tanta opresión de las tecnoestructuras dominantes.
 
Jaime Rodríguez-Arana
@jrodriguezarana
 

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El preámbulo de la Constitución de 1978

La conmemoración de los cuarenta y dos años de la Constitución de 1978, celebrada en este mes, dadas las circunstancias por las que atravesamos, nos invita a meditar acerca del preámbulo de nuestra Carta Magna y su grado de realización en la vida social y política de este tiempo de excepcionalidad ocasionado por la pandemia,

En efecto, en su seno encontramos los valores que conforman la sustancia constitucional y la matriz de dónde surge el espíritu constitucional, el centro de donde procede el dinamismo y las virtualidades de la Constitución. En el preámbulo de la Constitución encontramos ese conjunto de valores que dan sentido a todo el texto constitucional y que deben impregnar el régimen jurídico y el orden social colectivo, es decir, son las directrices que deben guiar nuestra vida política, no sólo la de los partidos, la de todos los españoles, nuestra vida cívica.

“Promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida”, señala el Preámbulo. Se trata de un objetivo o mandato constitucional que nos ofrece una perspectiva de equilibrio e integración, porque plantea que la calidad de vida sea digna, propia de la condición humana, de esa excelsa condición humana que tanto se debe preservar, proteger y mejorar sobre todo, vista la pujanza y vitalidad del entramado social, desde las instancias públicas.

En este sentido, no podemos olvidar que la dimensión cultural es un ingrediente básico del “libre desarrollo de la personalidad” a que se refiere el artículo 10.1 de nuestra Constitución. Es más, como señalara Carducci, “la grandeza duradera y la fuerza fecunda de las naciones estriban en el desarrollo independiente de las ideas humanas y la cultura”. La libertad y la capacidad participativa de los ciudadanos está ligada ineludiblemente a su emancipación económica y a su independencia de criterio. Hoy, desde luego, bajo mínimos inmersos como estamos en una colosal operación de control y manipulación social y política.

Y, finalmente, “colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de eficaz cooperación entre todos los pueblos de la Tierra” concluye el Preámbulo. Esta apremiante llamada de la Constitución a colaborar y cooperar para que la paz sea una realidad en todas las naciones y pueblos de la Tierra, encuentra hoy un especial eco en el corazón de la gente joven, a pesar de la pandemia. Tal vez se esté perfilando aquí un nuevo horizonte que defina espacios políticos más amplios y comprometidos. Tal vez la plenitud de nuestra ciudadanía española nos está exigiendo, con la voz de la Constitución, un compromiso más efectivo y más universal con el desarrollo y la cooperación internacionales, quizás comenzando con pasos decididos y novedosos en la promoción de la paz entre los países de nuestro entorno geográfico y cultural.

La real realidad es que se están vaciando los valores constitucionales, sobre todo desde la cúpula, y se instaura una tiranía que no encuentra más resistencia que la de un pequeño grupo de voces críticas y de colectivos rebeldes que no quieren regresar al autoritarismo. El silencio de los intelectuales es atronador y la ausencia de temple y coraje cívico proverbial. Se constata, en un nuevo aniversario de la Constitución, que de nuevo, como hace ya más de cuarenta años, que debemos sacudirnos, con inteligencia y compromiso, el yugo de esa deriva totalitaria que otra vez se cierne sobre nosotros. Es el principal desafío político para 2021.

Jaime Rodríguez-Arana

@jrodriguezarana

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Libertad e igualdad

La historia de las ideas políticas enseña, entre otras cosas, que las ideologías cerradas, aquellas que se proyectan unilateralmente, sin contraste alguno, sobre la realidad, provocaron graves daños, a veces irreversibles, a la humanidad. En efecto, con sólo recordar lo acontecido, por ejemplo, en el solar europeo el pasado siglo tenemos más que suficiente para comprender el peligro de estas visiones radicales que no traen más que desolación y muerte, hambre y miseria.

Hoy, en un mundo en profunda transformación, en una situación de excepcionalidad a causa de la pandemia, en un mundo a la deriva en que el totalitarismo nos acecha, observamos de nuevo una gran batalla ente la libertad y la igualdad, una polémica que, en lugar de plantearse desde el pensamiento abierto, plural, dinámico y complementario, se intenta conducir desde el pensamiento cerrado, único, estático y de confrontación.

En este sentido, podría decirse que un rasgo que caracteriza al socialismo teórico sería la tendencia hacia la igualdad en detrimento de la libertad. Por otra parte, una señal de identidad del liberalismo radical será, a su vez, la conquista de la libertad en perjuicio de la igualdad.

Sin embargo, quienes pensamos que libertad e igualdad son conceptos que han de entenderse en clave de pensamiento abierto, dinámico, plural y complementario, nos encontramos ante el desafío teórico, y práctico, de que es posible comprender la libertad en la igualdad y la igualdad en la libertad. Para ello, nada mejor que afirmar que la libertad se puede, y se debe, conquistar desde un mínimum de condiciones vitales. La libertad y la igualdad, si se quiere, circulan por caminos diferentes aunque complementarios. Si hay talento, en la configuración de determinadas políticas públicas no tendrían por qué colisionar ambos conceptos sino, más bien, plantearse, insisto, en términos de compatibilidad. En materia de educación, tal afirmación es paradigmática.

Es verdad que los padres disfrutan del derecho de los padres a elegir el centro educativo para sus hijos. Es la consecuencia de la libertad educativa que proclama con claridad el artículo 27 de nuestra Constitución. El problema lo encontramos cuándo aparece el uso alternativo de la igualdad. Escribo deliberadamente uso alternativo porque no de otra manera me parece que ha de entenderse la apelación que ahora se hace a la obligación de los poderes públicos por privilegiar y discriminar positivamente la coeducación en detrimento de otras formas o modelos pedagógicos como puede ser, por ejemplo, la educación diferenciada. ¿Por qué, podemos preguntarnos, el Estado tiene que tomar partido por uno u otro modelo educativo cuándo la Constitución proclama el derecho fundamental de los padres a elegir el tipo de enseñanza de su preferencia para sus hijos?

Estamos ante el juego calculado de los promotores de la igualdad radical para atentar contra la libertad. Algo muy antiguo y propio de las ideologías cerradas que hoy algunos pensábamos superadas. Pero no, la fuerza del prejuicio y del corporativismo más cerrado vuelven a agredir a la libertad ante el pánico reinante a la competencia, ante la competitividad razonable que ha de existir en un mundo plural en el que cada uno debe poder elegir el modelo educativo que estime preferente, por las razones que sean, para sus hijos.

De esta manera, hoy se acaba de perpetrar nada menos que desde el poder legislativo, se mutila la libertad educativa pues se impide en la práctica, al lesionar el articulo 9.2 constitucional, que los padres puedan elegir otra educación que no sea el modelo único que, en definitiva, patrocinan quienes pretenden imponer desde el vértice un determinado esquema pedagógico. ¿De que serviría que muchos padres prefieran la educación diferenciada para sus hijos si resulta que dicha opción puede que no sea posible al ser tratada como una posibilidad de peor condición?. Si así fuera, se estaría atentando contra la libertad educativa, libertad que podría ser ilusoria, cuando no utópica o irrealizable.

La libertad hay que facilitarla. Ese es, me parece, el sentido del artículo 9.2 de la Constitución cuándo cifra la tarea de los poderes públicos como trabajo de promoción de la libertad y la igualdad de los ciudadanos y de los grupos en que se integran, removiendo los obstáculos que impidan su realización. El constituyente pensó que la libertad y la igualdad eran valores a promover de forma compatible. Porque, si la Constitución reconoce la libertad educativa, ¿es posible la igualdad ante la ley si una de las opciones a elegir aparece como de peor condición?.

Va siendo hora ya de que pensemos en un buen modelo educativo acorde con un Estado de libertades. Si no se garantiza la libertad de verdad, se contraviene la Constitución Que quede claro. La libertad no se reconoce sólo con grandes declaraciones. Es posible la mejor declaración de libertad y su liquidación práctica a manos de disposiciones dirigidas a desnaturalizarla. La actual ley recién aprobada va, sin duda, en esta dirección.

Jaime Rodríguez-Arana

@jrodriguezarana

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Políticas públicas participativas

Los proyectos ideológicos suponen visiones completas, cerradas y definitivas de la realidad social tal y como a diario contemplamos en el devenir de la forma en que se ejerce el poder en este tiempo de pandemia. En sentido contrario, las políticas públicas participativas propician un mayor consenso social y parten del pluralismo y de la convicción de que todos los sectores sociales son relevantes y de todos se puede aprender.

El objetivo de la participación consiste en propiciar el protagonismo del ciudadano en la vida y en la acción pública. A pesar de lo que contemplamos a diario, no debiera haber lugar para un nuevo despotismo ilustrado que conciba la política como una satisfacción de los intereses de los ciudadanos sin contar con ellos en su consecución.

La participación, junto con la libertad, son objetivos públicos de primer orden. Incluso, por su carácter básico, y por lo que supone de horizonte tendencial nunca plenamente alcanzado, podríamos hablar de la participación como finalidad de la misma acción pública en sentido amplio.

La participación política del ciudadano debe ser entendida como finalidad y también como método. La crisis a la que hoy asisten las democracias, o más genéricamente nuestras sociedades, en las que se habla a veces de una insatisfacción incluso profunda ante el distanciamiento que se produce entre lo que se llama vida oficial y vida real, manifestada en síntomas variados, exige una regeneración permanente de la vida democrática. Pero la vida democrática significa ante todo, la acción y el protagonismo de los ciudadanos, la participación.

Sin embargo, frente a lo que algunos entienden, que consideran la participación únicamente como la participación directa y efectiva en los mecanismos políticos de decisión, la participación debe ser entendida de un modo más general, como protagonismo civil de los ciudadanos, como participación cívica.

En este terreno dos errores debe evitar el dirigente público. Primero, invadir con su acción los márgenes dilatados de la vida civil, de la sociedad, sometiendo las multiformes manifestaciones de la libre iniciativa de los ciudadanos a sus dictados. Y, segundo, pretender que todos los ciudadanos actúen del mismo modo que él lo hace, ahormando entonces la constitución social mediante la imposición de un estilo de participación que no es para todos, que no todos están dispuestos a asumir.

En democracia es menester respetar la multitud de fórmulas en que los ciudadanos deciden integrarse, participar en los asuntos públicos, cuyas dimensiones no se reducen, ni muchísimo menos, a los márgenes –que siempre serán estrechos- de lo que llamamos habitualmente vida política. Me refiero a la participación cívica, en cualquiera de sus manifestaciones: en la vida asociativa, en el entorno vecinal, en el laboral y empresarial, etc. Y ahí se incluye, en el grado que cada ciudadano considere oportuno, su participación política.

Al dirigente público le corresponde, pues, un protagonismo público, pero la vida política no agota las dimensiones múltiples de la vida cívica, y el responsable público no debe caer en la tentación de erigirse él como único referente de la vida social. La empresa, la ciencia, la cultura, el trabajo, la educación, la vida doméstica, etc. tienen sus propios actores, a los que el dirigente político no puede desplazar o menoscabar sin incurrir en actitudes sectarias absolutamente repudiables.

Hoy, sin embargo, comprobamos como algunos pisan el acelerador intenta ahormar y licuar la vida social para instalar de nuevo un modelo que el pasado ha constado peligroso para la libertad y vida de las personas. Ojala que en 2021 seamos capaces de regresar a los valores democráticos reales, sacudiéndonos el yugo del formalismo y de la manipulación reinante. Es posible, y, cada vez, más urgente.

Jaime Rodríguez-Arana

@jrodriguezarana

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El espacio político del centro

En tiempos de confrontación, de enfrentamientos, de predominio de planteamientos cainitas y maniqueos, aparece por enésima, vez pidiendo pista, el centro, un espacio al que todos apelan cuando la radicalidad caracteriza la vida pública. La cuestión reside en que el centro político no depende de giros cosméticos, de retóricas formales o de píos deseos. El espacio del centro tiene sustancia propia, personalidad, principios y características que lo distinguen de otras opciones políticas.

Es bastante común, por no decir, general, pensar que el centro en política constituye el punto intermedio entre la izquierda y la derecha: la pura y dura equidistancia. Es decir, si ciframos el espectro de las posiciones políticas de uno o diez y situamos en el uno la extrema derecha y en el diez la extrema izquierda, o viceversa, el centro ocuparía el cinco. Esta es la aproximación más frecuente, una aproximación más de geografía política que de de pensamiento político. Esta es, incluso, la versión, por otra parte, que podemos encontrar en los diccionarios al uso.

Sin embargo, desde este punto de vista geográfico, el centro no sería más que una posición política de naturaleza táctica, una estrategia para orientarse siempre, al margen de principios y criterios concretos, al sol que más calienta, una forma de estar en política que antepone el afán de supervivencia a la solución de los problemas reales del pueblo. Ejemplos de ello están en la mente de todos, a una u otra orilla ideológica.

Simplificando las cosas, que es lo que se debe hacer en un breve artículo de opinión, se puede decir que la palabra “centro” proviene del término griego “kentron”, que al latinizarse, “zentrum”, algunos derivan la palabra aguijón, que, como es sabido, se refiere a la punta del compás sobre la que se apoya el trazado de la circunferencia. De esta manera, desde una perspectiva geométrica, el término centro nos lleva a ese punto “central” del círculo del que equidistan todos los de la circunferencia; y, en la superficie, el punto del que equidistan todos los de la superficie.

En efecto, aunque esta breve exposición terminológica puede

resultar un tanto compleja, explica adecuadamente la complejidad de la realidad, la pluralidad inherente a la vida social y política y, sobre todo, la riqueza de las diversas posiciones posibles desde las que buscar soluciones a los problemas y asuntos de naturaleza pública que preocupan al pueblo. En mi opinión, el ejemplo de la esfera, del círculo es mejor que la bipolarización de un segmento que dibuja la reducción del espectro político a derecha e izquierda, como si las posibilidades de ubicación ideológica sólo admitieran dos, o tres a lo sumo, opciones.

Quizás por ello, tomar el centro sólo y exclusivamente como equidistancia de los extremos es aceptar la bipartición de la realidad, el pensamiento bipolar y, consecuentemente, el empobrecimiento vital de las personas y del conjunto de la sociedad que, en materia política sólo podría militar en un lado, en el otro, o en el punto intermedio.

En fin, el esquema bipolar que representa la hegemonía de la tecnoestructura, en cualquiera de sus versiones y fórmulas, explica el intento deliberado de perpetuar este planteamiento ideológico por temor a la emergencia del dinamismo vital de personas libres y responsables, críticas, que piensan y actúan desde coordenadas abiertas y plurales. Algo que la burocracia dirigente prefiere ni plantearse, al menos por ahora.

El centro, desde este punto de vista, no representa equidistancia entre dos extremos. Tampoco es el consenso como sistema porque el diálogo es un medio, magnífico, pero no un fin. El espacio de centro tiene personalidad propia, entidad y sustancia específica que, sin necesidad de encarnarse en un partido concreto, representa nuevas formas de pensar y actuar en política.

El espectro político, tradicionalmente definido por dos puntos y representado por un segmento, ahora, con la mirada de nuevos enfoques, se amplía y se define por tres puntos que, más que un segmento, expresan un triángulo con trasposiciones definidas y diferentes. Si seguimos con la metáfora y aceptamos que tenemos definidos los tres puntos, los fundamentos de geometría nos permiten dibujar una nueva figura: la circunferencia. En ella, a diferencia del segmento, el centro ocupa una posición de apertura a todos los puntos de la superficie, desde él se puede mirar a la izquierda, a la derecha, hacia arriba, hacia abajo sin la rigidez impuesta por el tradicional segmento bipolar. Esto explica que desde el centro no existen políticas de prejuicio ni de diseño, sino que desde la realidad pensando en la dignidad de la persona se buscan las mejores soluciones, como se dice ahora, vengan de donde vengan.

El giro al centro, por tanto, es mucho más que marketing, palabrería o talante. Es una nueva forma de estar y hacer política de fuerte contenido ético que, desde luego, no discurre ni por la incoherencia ni por la incapacidad para comprometerse, por encima de todo, con la dignidad humana y sus derechos fundamentales. Hoy, en tiempos de control y manipulación, de confrontación, necesitamos moderación, sentido común, mentalidad abierta, capacidad de entendimiento, sensibilidad social y, sobre todo, dirigentes que tengan claro que están para resolver los problemas colectivos de la población. No para crispar y tensar la vida social como ahora se hace desde el vértice.

Jaime Rodríguez-Arana es catedrático de derecho administrativo y autor del libro “El espacio del centro”, prologado por Adolfo Suárez.

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