Política y ética
La política democrática es
una tarea ética en cuanto se propone que el hombre, la persona,
erija su propio desarrollo personal en la finalidad de su existencia,
libremente, porque la libertad es la atmósfera de la vida moral. Que
libremente busque sus fines, lo que no significa que gratuita o
arbitrariamente los invente, libremente se comprometa en el
desarrollo de la sociedad, libremente asuma su solidaridad con sus
conciudadanos, sus vecinos. En un estado de alarma, como el actual,
la libertad se encuentra limitada externamente, lo que no quiere
decir, ni mucho menos, que la libertad se vea amenazada siempre que
las decisiones excepcionales sean racionales, estén motivadas y
tengan como principio y fin la defensa, protección y promoción de
la dignidad humana, especialmente la de aquellos más frágiles y
desvalidos.
El solar sobre el que es
posible construir la sociedad democrática es el de la realidad del
ser humano, una realidad no acabada, ni plenamente conocida, por
cuanto es personalmente biográfica, y socialmente histórica, pero
incoada y atisbada como una realidad entretejida de libertad y
solidaridad, y destinada por tanto, desde esa plataforma sustantiva,
a protagonizar su existencia. Una existencia, que en las condiciones
actuales, puede crecer, y mucho, en lo que se refiere a la
solidaridad poniendo en juego lo que he denominado libertad
solidaria.
La política democrática no
puede reducirse, pues, a la simple articulación de procedimientos,
con ser éste uno de sus aspectos más fundamentales; la política
democrática debe partir de la afirmación radical de la preeminencia
de la persona, y de sus derechos, a la que los poderes públicos,
despejada toda tentación de despotismo o de autoritarismo, hoy más
evidente, deben subordinarse
La afirmación de la prioridad
del ser humano, de la fundamentalidad del ser humano en la concepción
las nuevas políticas, es el elemento clave de su configuración
ética. Pero tratar de configuración ética no puede entenderse como
la articulación de una propuesta ética concreta, definida, que
venga a constituir una especie de credo o de código de principios
dogmáticos desde los que se pretenda hacer una construcción
política.
Hoy, en que comprobamos que la
salud y la enfermedad no tienen ideología, hemos de evitar que la
ideología, sobre todo la cerrada, esa que pretende invadirlo todo y
a todos, lesione la salud y enferme a las personas.
Jaime Rodriguez-Arana
@jrodriguezarana
Política y realidad
REALIDAD Y POLÍTICA
Un rasgo fundamental en la
configuración ética de las nuevas políticas democráticas es su
carácter crítico, no dogmático. Esto quiere decir que desde la
acción política democrática no se propone la interpretación total
y última de la realidad. Lejos de las ideologías cerradas, que
propugnan una interpretación global y completa de todo lo real y
particularmente del hombre, uno de los asientos de las nuevas
políticas está en el reconocimiento de la complejidad de lo real, y
la fragmentariedad y limitación del conocimiento humano, tanto en lo
que se refiere a la realidad como a los valores y la vida moral. No
tenemos un conocimiento completo y exhaustivo de lo que las cosas son
y de cómo se comportan; por mucho que haya progresado nuestro
conocimiento de la condición humana, en absoluto podemos afirmar que
hayamos llegado a las últimas consecuencias de lo que significa la
libertad del hombre, su dignidad, sus derechos y sus deberes, los
compromisos que se derivan de su misma condición.
Estos días de la emergencia
por el coronavirus comprobamos que la enfermedad, y la salud, no
tienen ideología. En cambio, la ideología, sobre todo la cerrada,
si afecta, y seriamente, a la salud e integridad de las personas.
La acción política en la
democracia, por lo tanto, no puede fundarse, como algunos pretenden
que se haga, en la propuesta de soluciones definitivas, perfectamente
perfiladas en los gabinetes de los ideólogos que pretenden tener la
clave para la interpretación de todo acontecimiento humano. La
acción política democrática se ve orientada por grandes principios
generales que en absoluto resuelven, que no dan la fórmula para la
solución de problema concreto alguno. Los grandes principios
generales orientan en la búsqueda de soluciones, pueden ser
elementos de contraste para un juicio sobre la validez de las
soluciones propuestas, pero por sí mismos no resuelven nada, porque
las soluciones a los problemas concretos van a depender del juicio
prudencial de quienes han de decidir. Y estos días, sobre todo al
principio de la emergencia entre nosotros, si se tuviera en cuenta lo
que estaba pasando en el mundo, las mejoras técnicas existentes
contrastadas, y los efectos de los eventos de riesgo, seguramente se
hubiera actuado pensando en integridad de las personas y no en la
ideología.
La validez de la solución
aportada vendrá contrastada por la experiencia. No basta comprobar
que las soluciones aplicadas están en consonancia teórica con los
grandes principios del pensamiento democrático. Es necesaria la
prueba última de la contrastación empírica, la comprobación de
que lo resuelto, lo ejecutado, produce los efectos deseados, o al
menos efectos aceptables en la mejora de la situación que se deseaba
resolver. Podríamos señalar en este sentido que la apertura a la
realidad, la aproximación abierta y franca a las condiciones
objetivas de cada situación, y la apertura a la experiencia son
componentes esenciales, actitudes básicas del talante ético desde
el que deben construirse las nuevas políticas en la democracia. En
ellas se funda la disposición permanente de corregir y rectificar
lo que la experiencia nos muestre como desviaciones de los objetivos
propuestos o, más en el fondo, de las finalidades que hemos asignado
a la acción política.
Pensar
la complejidad de la realidad y acercarse a ella desde el supuesto de
la propia limitación, al tiempo que acaba con todo dogmatismo, rompe
también cualquier tipo de prepotencia, en el análisis o en el
dictamen de soluciones, a la que el político pueda verse tentado. El
político en democracia ha de tener claro que no es infalible, que
sus opiniones, sus valoraciones están siempre mediatizadas por la
información de que parte, que es siempre limitada, necesariamente
incompleta. Ahora
bien, cuando hay riesgos para las personas, debe anteponer del
derecho a la vida y la salud de los ciudadanos a sus preferencias
ideológicas. En unos meses se comprobará y quien tenga que
responder, jurídica y políticamente, deberá hacerlo.
Jaime
Rodríguez-Arana
@jrodriguezarana
El espacio local
En los
últimos tiempos es relativamente frecuente encontrarse con una
pluralidad de iniciativas, aproximaciones, reflexiones y propuestas
encaminadas todas ellas, en su conjunto, a replantear las relaciones
que deben regir la posición respectiva de las Comunidades Autónomas
y de las Entidades Locales y aún quizás a replantear la posición
del sistema local en el conjunto del ordenamiento autonómico del
Estado. Tal
situación no es más que la consecuencia lógica de buscar un mayor
equilibrio territorial en los diferentes niveles de gobierno a partir
de la relevancia que tiene el espacio local para el ejercicio de las
competencias que más inciden en la calidad de vida de los
ciudadanos.
En este
sentido, debe subrayarse
la revalorización operativa de la vida local en el espacio europeo,
en el cual se comprueba el paulatino aumento de la actuación de los
Entes
locales, dirigida a los más diversos sectores materiales con el
objetivo de mejorar la calidad de vida de
los vecinos.
Las funciones que, en el ámbito europeo, son realizadas por los
Entes locales afectan a materias tales como la seguridad pública,
la prestación de servicios asistenciales, funciones de ordenación y
planificación urbanística, de promoción y dinamización social,
fijación de programas de medio ambiente, promoción económica del
territorio y fomento de la ocupación.
La
revitalización
del
espacio local reclama
que
en
un país tan descentralizado como España en favor de Comunidades
Autónomas y Entes locales,
se alcancen mejores equilibrios territoriales, para lo que se
considera razonable y conveniente la aplicación
progresiva del principio de subsidiariedad,
una vez que, como es fácilmente comprobable, el Estado Autonómico
está
ya consolidado.
En efecto,
tras
la importante descentralización operada por el Estado a las
Comunidades Autónomas podemos considerar que ha llegado el momento
de los
Gobiernos y Administraciones locales,
ya que, el proceso de descentralización que trajo
consigo la puesta en marcha de la llamada Administración Común,
especialmente
entre 1996 y 2000,
no debe detenerse en el escalón autonómico, sino que debe plasmarse
en el ámbito local, para así conseguir una efectiva realización
del principio de subsidiariedad. Estos
dias de emergencia, comprobamos como el espacio local es determinante
para la mejora de la calidad de vida de las personas.
Jaime
Rodríguez-Arana
@jrodriguezarana
Espacio de centro y Administración Pública (y II)
Una
Administración Pública que se ajuste adecuadamente a las demandas
democráticas ha de responder a una rica gama de criterios que
podríamos calificar de internos, por cuanto miran a su propia
articulación interior, a los procesos de tramitación, a su
transparencia, a la claridad y simplificación de sus estructuras, a
la objetividad de su actuación, etc. Pero por encima de todos los de
esta índole o, más bien, dotándolos de sentido, debe prevalecer la
finalidad de servicio al ciudadano . Estos
días, en una situación deemergencia, comprobamos como es posible la
simplificación, la sencillez, la simplicidad aunque, como ponen de
manifiesto los chino a la hora de hacer llegar mascarillas y otros
utiles sanitarios de primera necesidad, la pesadez de nuestra
burocracia, incluso en estos momentos, llama poderosamente la
atención.
No es
superfluo, más en estos tiempos,
la centralidad del individuo en el
entendimiento de la vida política. El individuo real, la persona,
con el cúmulo de circunstancias que lo acompañan, en su entorno
social, es el auténtico sujeto de los derechos y libertades que en
la Constitución proclamamos. A ese hombre, a esa mujer, con su
determinada edad, su grado de cultura y de formación, mayor o menor,
con su procedencia concreta y sus intereses particulares, propios,
legítimos, es a quien la Administración Pública sirve. Al servicio
de esa persona concreta el aparato administrativo debe promover las
condiciones para que ejerza con la mayor calidad y hondura sus
libertades, hoy
en cuestión mientras dure el Estado de alarma.
En este
sentido, los empleados públicos para poder desempeñar su trabajo
con eficacia necesitan, además de los medios y condiciones de
trabajo adecuados, un constante esfuerzo en su competencia
profesional para consolidar una Administración que no es una entidad
abstracta, sino que la integran personas tan reales como los
ciudadanos a los que sirven, y ellos mismos ciudadanos también.
Detrás de cada expediente están las aspiraciones de un ciudadano.
Jaime
Rodríguez-Arana
@jrodriguezarana
Calidad democrática
“La democracia ha vencido, la que tenemos es la
única democracia real que se haya realizado jamás sobre la tierra:
la democracia liberal”. Estas palabras de Giovanni Sartori,
escritas tiempo atrás, nos ayudan a entender el sentido de los
principios sobre los que asienta la democracia liberal: separación
de poderes, reconocimiento de los derechos fundamentales de la
persona y primacía del principio de juridicidad. Sin embargo, tales
basamentos a día de hoy han saltado por los aires y la situación
política general,lo vemos a diario, tiende al autoritarismo, de uno
u otro signo. Un autoritarismo que mueve a su antojo la
tecnoestructura dominante, tal y como podemos presenciar justo estos
días.
En efecto, la separación de poderes hoy se ha
convertido, en tantos países, en una quimera, en un sueño, debido a
que la preponderancia de los partidos, sus cúpulas sobre todo, han
terminado por impedir que cada poder cumpla autónomamente su
función. El reconocimiento de los derechos fundamentales también es
desconocido cuándo se impide la igualdad de todos ante la ley pues
los fuertes se la saltan con frecuencia mientras a los débiles e
inocentes se les aplica rigurosamente. Y no digamos el principio de
juridicidad, conculcado cuándo al poder dominante no le viene bien
alguno de los preceptos de la ley o de la Constitución; entonces, en
ejercicio del uso alternativo del mando, se incumplen hasta
groseramente las Normas, arrumbando cientos de años de lucha por
racionalizar y limitar aquel absolutismo entonces tan denostado, que
hoy, siquiera sea sutilmente, vuelve a asomar desde dentro del
sistema causa de la ausencia real de controles independientes.
Maeztu escribió con buen criterio hace ya muchos
años que la ventaja de la democracia sobre las demás formas de
gobierno es que no hay en ella, no debería haber me permito añadir,
una casta interesada en sofocar el pensamiento libre. ¿Qué pensaría
Maeztu por ejemplo, si estuviera hoy con nosotros?. O, por ejemplo,
¿qué comentaría Ortega y Gasset Madariaga o Pérez de Ayala, al
contemplar como se desvanece, poco a poco, la esencia liberal de
nuestra democracia al igual que aconteció con los últimos coletazos
de la II República española?. Desgraciadamente, es una pena, pero
hoy existe una casta, cada vez más evidente, empeñada en imponer
determinados puntos de vista sobre la vida política, económica y
social practicamente sin contestación alguna. Son los apóstoles de
ese pensamiento único y plano, del que obtienen pingues beneficios,
que no tolera ni la disidencia ni el pluralismo, por mucho que canten
y alaben todos los días los más sagrados principios democráticos.
Alain
Touraine definió la democracia como el conjunto de garantías
institucionales que permiten combinar la unidad de la razón
instrumental con la diversidad de las minorías. Ahora bien, es
probable que la razón iluminada por la justicia, expresión real de
la democracia, no entienda bien la dictadura de las minorías a que
nos está conduciendo la forma de permanecer en el poder a cualquier
precio que caracteriza a nuestros actuales dirigentes.
Los
españoles queremos que se trabaje por el entendimiento y que los
dirigentes tengan la grandeza y la altura de miras suficiente para
mirar al futuro con ilusión. Si así no lo hacen, el pueblo, cuándo
toque, actuará en consecuencia. Porque, como escribió G.W. Shaw, la
democracia es el proceso que garantiza que no seamos gobernados mejor
de lo que nos merecemos.
“Dos cosas son verdad indiscutibles: que el
pueblo es soberano y que nunca el pueblo ejerce ni puede ejercer su
soberanía”. Esta cínica reflexión de Antonio Rivarol, cargada de
pesimismo y amargo realismo, acampa entre nosotros cuándo la
dimensión del autoritarismo es de tal calibre que poco a poco va
adueñándose de la voluntad de muchos ciudadanos que renuncian a la
perspectiva crítica y a la conquista de su libertad.
En este contexto, es menester abrir la democracia
a la vitalidad del pueblo, despejando esos vericuetos por los que
aspiran a transitar tantos especialistas de un interés general que
sigue contemplándose como algo cerrado y estático. Como algo de la
propiedad de los dirigentes cuando en realidad el verdadero dueño y
señor del espacio público es el pueblo. Un pueblo que o despierta,
o será dominado como acontece en otras latitudes bien conocidas en
las que imperan dictaduras y demas formas de totalitarismo. A tiempo
estamos, pero cuanto más tarde despertemos más complejo será
sacudirnos el yugo del actual autoritarismo.
Jaime Rodríguez-Arana
Autonomías y derechos humanos
Como
sabemos, en el tercer inciso del preámbulo de la Constitución se
plantea la cuestión de los derechos humanos y el reconocimiento de
la identidad política y cultural de los pueblos de España, al
señalar como objetivo de la Carta Magna “proteger a todos los
españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos
humanos, sus culturas, tradiciones, lenguas e instituciones”.
Este
principio general expresado en el preámbulo se ve traducido, en el
artículo 2 de Constitución, en el reconocimiento de la identidad
política de los pueblos de España, al garantizar el derecho a la
autonomía de las nacionalidades y regiones que integran la nación
española, así como la solidaridad entre todas ellas, lo que se ha
concretado, tras más de cuarenta años de desarrollo constitucional,
en un modelo de Estado que goza de una razonable consolidación y
estabilidad, como lo prueba la cantidad y calidad de las competencias
asumidas por las Comunidades Autónomas, por más que en este
momento, a causa de la debilidad de Gobierno, el independentismo haya
escalado muchas posiciones políticas al haberse convertido nada
menos que en el sostén de la Moncloa.
En efecto,
en este tiempo, dada la situación política general, y la necesidad
de contar con los separatistas para mantener el Gobierno como sea,
aumentan los recelos mutuos entre ciertos sectores. De una parte,
los de quienes aspiran a la independencia o a una autonomía extrema
que de hecho rompe el marco constitucional, y de otra, los de
quienes consideran que el marco autonómico y la promoción de la
pluralidad los españoles rompe la unidad de España.
Pues bien,
ante estas tensiones es necesario una vez más apelar al
entendimiento como metodología para el desarrollo constitucional,
particularmente en este punto –en lo referente al Título VIII-
porque nos encontramos ante una cuestión que afecta esencialmente a
la misma concepción del Estado. No se trata de elaborar un nuevo
consenso, sino de establecer nuevos consensos sobre la base del
consenso constitucional. Y la Constitución ha querido que el
derecho al autogobierno se reconozca a la vez que la solidaridad
entre todas las autonomías. Es cierto que las Comunidades
Autónomas, en cuanto que identidades colectivas con una
personalidad propia manifiestan sus legítimas particularidades y
singularidades. Los usos políticos han denominado a estas
particularidades “hechos diferenciales”, denominación adecuada
precisamente en la medida en que existen elementos comunes.
Pues bien,
la existencia de esas diferencias o singularidades –como se
quieran llamar- promueve un enriquecimiento constante y dinámico de
ese conjunto que se llama España, vertebrado como un Estado
autonómico, y en el que la potenciación y desarrollo de las
distintas partes, mejora el conjunto.
En este
sentido, me parece atinada la explicación sobre España como la del
conjunto y las partes, que hacía ORTEGA Y GASSET, no sólo por sus
evidentes connotaciones históricas sino porque supone la llamada a
otros criterios constitucionales como pueden ser la solidaridad y la
cooperación. En este marco, España constituye un magnífico espacio
de solidaridad y convivencia siempre desde la plena aceptación de
las diferentes identidades que la integran, en un ejercicio activo de
compromiso en el respeto a las diferencias. Por eso, la cooperación
al bien de todos y común, parece el mejor bien posible para cada
uno.
Ahora bien,
si es preciso moderar los excesos diferencialistas, debe recordarse
al mismo tiempo que donde hay unidad uniformante no hay cooperación,
todo lo más habrá operatividadd o capacidad operativa. La
cooperación implica, necesita la diversidad, la pluralidad, la
aportación diversa de los que cooperan y tienen un objetivo común.
Además, no se trata de una solidaridad mercantilista, sino de una
solidaridad en la que cada identidad se esfuerza para la mejora
propia, la de los demás y la del conjunto, en la medida y la forma
en que esto sea posible. Por eso hablamos de autonomía y de
integración en un equilibrio que conviene encontrar entre todos,
para cada momento. En este sentido, la Constitución se nos aparece
como un instrumento jurídico y político adecuado para la
consecución de tan fecundo equilibrio, que tenemos que saber
alcanzar y desarrollar inteligente y respetuosamente los unos con los
otros. Por eso, necesitamos enfoques y planteamientos que abreven en
esta lógica, una lógica que desde luego es mayoritaria entre
nosotros, pero por la razón que sea no encuentra una formulación
política capaz de devolver a la sociedad española la moderación y
el ansiado equilibrio. Ese es el problema y esa es la solución.
Jaime
Rodriguez-Arana
@jrodriguezarana
El reino de lo políticamente correcto
Es bien
conocida la cita de F. SHAW sobre la libertad: libertad implica
responsabilidad: por eso le tienen tanto miedo la mayoría de las
personas.
No es, ni mucho menos, un gran descubrimiento señalar que una de las
principales características que definen el mapa ideológico y
político de fin de siglo fue
el miedo a la libertad.
Tampoco es
ningún misterio, me parece, afirmar que no pocos prefieren aliarse
con un mediocre conformismo y llevar una vida plana que evite
cualquier sobresalto procedente de la muy noble, y necesaria,
actividad de pensar, y,
consecuentemente, actuar coherentemente.
Por
ejemplo, ¿cómo
es posible la continua insistencia en la preservación de los
derechos humanos y, simultáneamente, que
aumente
la pobreza y el número de atentados a esos derechos inalienables?.
Thomas
PAVEL advertía en
uno de sus escritos que
la “political correctress” trae su causa de un colectivismo
particularista heredado de la pasión por la igualdad, en detrimento
de la libertad individual. Otra característica de este poderoso
fenómeno es la imposición de la discriminación positiva,
valga la redundancia, sin discriminación,
y la tendencia al fundamentalismo. Sí, de ese fanatismo del que
escribió HOLMES que “la mente del fanático es como la pupila de
los ojos; cuando más luz recibe, más se contrae”. ¿Por qué?.
Porque el fundamentalista o fanático ve con tanta claridad lo que le
parece lo único posible que no se explica para qué sirve la
libertad.
Esta
descripción del fundamentalismo les recordará aquello de LENIN de
“libertad, ¿para qué?”. Pues libertad, para trabajar, para
convivir y, sobre todo, para poder elegir con criterio. Libertad para
opinar, para expresar las convicciones sin ser discriminado.
Libertad, siempre libertad, aunque no nos gusten o convenzan las
posiciones de los otros.
JaimeRodríguez-Arana
La Constitución de 1978
El
tiempo político en que vivimos, en manos de arribistas y personajes a quienes solo
preocupa estar como sea en el poder, aunque sea por contraste, devuelve al
primer plano de la actualidad, el espíritu de la Constitución de 1978, hoy
lesionado con frecuencia.
En
efecto, en la historia de un país hay hitos históricos que contribuyen a
conformar los rasgos de la ciudadanía política de sus habitantes. Olvidarlos,
desvirtuar su sentido, o convertirlos en un tópico inerte, como se está
intentado en este tiempo, afecta de manera inmediata a nuestra propia identidad
de ciudadanos. Por eso debemos recordar que significó para España y los
españoles el 6 de diciembre de 1978. Ese día, se abrió para España, para todos
los ciudadanos, un esperanzador panorama de libertad, de justicia, de igualdad
y de pluralismo político. Recordar esta fecha es reconsiderar el valor de estos
preciados bienes, lamentar su ausencia en tantos años de nuestra historia,
rememorar el esfuerzo de su consecución, y reafirmar nuestro compromiso de
preservarlos y enriquecerlos a pesar del intento constante y pertinaz de los actuales
gobernantes por echar abajo los valores de la concordia y el entendimiento con
el fin de imponer un nuevo régimen de signo autoritario.
Hoy
se ha roto el consenso y se gobierna desde la aritmética política despreciando
el entendimiento, que en lugar de medio para que brille la dignidad humana, se
convierte en un instrumento de lucha ideológica. Pues bien, el espíritu de
consenso se puso particularmente de manifiesto, como bien sabemos, en la
elaboración de nuestro Acuerdo Constitucional. Muchos de nosotros podemos
recordar con admiración la capacidad política, la altura de miras y la
generosidad que presidió todo el proceso de elaboración de nuestra constitución
de 1978. Una vez más se cumplió la máxima de Dahlmann: “En todas las empresas
humanas, si existe un acuerdo respecto a su fin, la posibilidad de realizarlas
es cosa secundaria...”
En
aquel tiempo el sentido común, la categoría y el talento de los actores
políticos, y la moderación, alumbraron un amplio espacio de acuerdo, de
consenso, de superación de posiciones encontradas, de búsqueda de soluciones,
de tolerancia, de apertura a la realidad, de capacidad real para el diálogo
que, hoy como ayer, debieran fundamentando nuestra convivencia democrática.
Este
espíritu al que me refiero -de pacto, de acuerdo, de diálogo, de búsqueda de
soluciones a los problemas reales- fue posible porque de verdad se pensaba en
los problemas de la gente, cuando detrás de las decisiones que hubiera que de
adoptar aparecían las necesidades, los anhelos y las aspiraciones legítimas de
los ciudadanos. Por eso, cuando las personas son la referencia para la solución
de los problemas, entonces se dan las condiciones que hicieron posible la
Constitución de 1978: la mentalidad dialogante, la atención al contexto, el
pensamiento compatible y reflexivo, la búsqueda continua de puntos de
confluencia y la capacidad de conciliar y de escuchar a los demás. Y, lo que es
más importante, la generosidad para superar las posiciones divergentes y la
disposición para comenzar a trabajar juntos por la justicia, la libertad y la
seguridad desde un marco de respeto a todas las ideas. Cuando se trabaja
teniendo presente la magnitud de la empresa y desde la tolerancia cobra especial
relieve el proverbio portugués que reza “el valor crea vencedores, la concordia
crea invencibles”. Es anecdótico lo que voy a decir, pero la misma razón puede
encontrarse en aquella cantinela –“el pueblo unido jamás será vencido”- tan
repetida en el período constitucional. Podremos disentir en no pocas de las
cuestiones que nos afectan a diario. Pero habremos de permanecer unidos en la
absoluta prioridad de los valores que nuestra Constitución proclama.
Por eso precisamos recuperar ese ambiente
social y político y por eso necesitamos que den un paso personas realmente
comprometidas con los valores y principios constitucionales. Mientras eso no
acontezca, seguiremos instalados en ese cainismo y maiqueismo que, adobado con
una elevada dosis de control y manipulación social, producen esta situación de
inestabilidad y de enfrentamiento que tanto daño hace a nuestro país y a todos
los españoles. A tiempo estamos.
JaimeRodriguez-Arana
@jrodriguezarana
La vuelta a lo local
Los
Estados compuestos como el español se caracterizan, entre otras cosas, por la
existencia de determinados espacios territoriales que disfrutan de autogobierno
y autoadministración en un marco de integración, cooperación y lealtad
institucional. El gobierno de España, los gobiernos de las Comunidades
Autónomas, y los gobiernos de los diferentes Entes locales son gobiernos
democráticos, elegidos por los ciudadanos, que se caracterizan por su autonomía
para la realización de políticas públicas propias en el ámbito de sus
respectivas competencias.
Los
gobiernos se legitiman, podríamos decir, en la medida en que asumen
efectivamente un compromiso creciente con los problemas reales de la gente.
Siendo esto así, como lo es, no es menos cierto que cada vez, según la común
opinión de politólogos y administrativistas, los Gobiernos nacionales, y en
cierta medida también los regionales o autonómicos, cada vez deben
circunscribir sus políticas a la orientación general, a la planificación
estratégica o, si se quiere, al establecimiento de las bases, o el común
denominador, que hagan posible la igualdad en las condiciones básicas para el
ejercicio de los derechos humanos por todos los españoles, con independencia
del lugar de España en que residan.
Por
otra parte, si bien, las Comunidades Autónomas están llamadas, por su inserción
en el esquema descentralizador, a elaborar igualmente políticas públicas de
ámbito supramunicipal, no debemos olvidar que deben, y así ocurre
afortunadamente, dedicar una parte sustancial de sus recursos materiales y
medios humanos a actividades de pura gestión o ejecución. Pero es, sin embargo,
el espacio local el espacio de la gestión por autonomasia. Además, por su
cercanía a la gente, el espacio local se nos presenta también como un espacio
muy adecuado para las experiencias participativas, así como para las reformas e
innovaciones de determinadas políticas públicas. En este sentido, hasta podría
decirse sin exageración alguna, que el espacio local es un permanente
laboratorio democrático en el que el pluralismo y la participación, si hay
voluntad política, resplandecerán permanentemente. Y no digamos la posibilidad
de hacer buena esa reflexión tan atinada de que la Administración pública, en
una democracia, es de la gente, de los vecinos.
Quizás
por éstas, entre otras razones, en todo el mundo hay una vuelta a lo local. Una
vuelta a lo local, me parece, desde posiciones moderadas y equilibradas. Es
decir, desde el pensamiento compatible y dinámico, desde la aceptación de la
realidad hay una vuelta a lo local. Una vuelta a lo local que nos lleva a
tratar de un tema en verdad central, el principio de subsidiariedad. Pero eso
será otro día.
Jaime
Rodríguez-Arana
@jrodriguezarana
Iniciativas nacionales anticorrupción
La creación de un marco normativo adecuado en el ámbito
internacional, con la participación de Poderes públicos, empresas privadas y
agentes sociales, precisa también, como señala el consejo de expertos
anticorrupción del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), una agenda
nacional sólida y bien planteada.
En concreto, en este ámbito es menester de disponer de
normas sobre transparencia financiera y gubernamental que faciliten de verdad
el acceso a la información sin incluir obstáculos o impedimentos que a fin de
cuentas dificulten en la realidad esta relevante cualidad democrática de la
gestión financiera y pública. Además, las leyes sobre gestión pública de
recursos, sobre contratos y adquisiciones deben ser claras, precisas, concretas
y completas. Igualmente, es necesario afinar las nuevas tecnologías para que
puedan ser útiles en la lucha anticorrupción y trabajar con realismo y
efectividad para evitar la captura del Estado con disposiciones que eviten los
conflictos de interés. El control sobre la actividad pública en sentido amplio
debe ser independiente, así como el ejercicio de la función jurisdiccional en
todos los niveles y órdenes.
En concreto, las leyes sobre la contratación pública deben
evitar las licitaciones dirigidas y vigilar adecuadamente las calificaciones
parciales en las adjudicaciones y las renegociaciones ex post. Como señalan los
expertos del BID, la adjudicación de contratos de infraestructuras mediante
licitaciones competitivas contribuye poco a evitar sobrecostos y corrupción si
luego se renegocian en beneficio de su ganador. Es decir, si se usan los
reformados para compensar al adjudicatario por otros “servicios”, entonces no
solo no se combate la corrupción, sino que se propicia.
La prevención es, desde luego, una de las mejores formas de
combatir la corrupción. Por eso, en el ámbito de estos grandes contratos de
infraestructuras en los que participa intensamente el sector privado, como
señalan los expertos del BID deben definir mejor los problemas a resolver y los
servicios concretos a prestar, aumentando la rendición de cuentas y evitando, a
la vez, los peligrosos procesos de renegociación. Igualmente, en estos
contratos se deben establecer marcos generales que permitan implantar formas
electrónicas de contratación con presencia de todos los licitadores
garantizando la transparencia, la integridad, la competencia y el acceso a la
información.
La prevención de la corrupción en estos contratos aconseja
también adoptar marcos licitatorios y documentos estandarizados que impidan la
exclusión de algunos licitantes. También es menester publicar todos los cambios
e incidencias contractuales que se produzcan siempre en el mismo medio donde se
publican los contratos originales. Además, se debe facilitar las denuncias de
corrupción garantizando el anonimato, prohibir las cláusulas de equilibrio
financiero, planificar y racionalizar las compras públicas, separar los órganos
de planificación de los de ejecución de los contratos e implantar tribunales
administrativos integrados por profesionales independientes.
En fin, la actividad administrativa de prevención, por
derecho propio, integra ya una modalidad relevante de la tipología de la acción
administrativa. Pero si no hay personal formado y preparado para la prevención,
estas medidas no serán eficaces. Así de claro.
Jaime Rodríguez-Arana
@jrodriguezarana