BECK Y LA DEMOCRACIA GLOBAL EN TIEMPOS DE COVID-19
Ulrich Beck, conocido sociólogo alemán,
nos dejó en enero de 2015, años tras haber dedicado toda una vida al
pensamiento y a la crítica social. La democracia global fue uno de sus temas
preferidos y nos alertó en reiteradas ocasiones acerca de los riesgos del éxito
de lo que denominaba democratismo y de la internacionalización y globalización
de ciertas realidades.
Hoy, en plena epidemia del COVID-19
muchas de sus ideas y apreciaciones, sobre todo en relación con la sociedad de
los riesgos se confirman y están de plena actualidad. También, por su puesto,
su temor a la ausencia de regulación global efectiva en el plano económico y
financiero, hoy una lacerante realidad a la vista del acceso existente al mercado
de productor de protección sanitaria frente al coronavirus,
En efecto, la existencia de mercados a
nivel trasnacional, sin regulación, junto a la constatación de la presencia de instituciones
y organismos públicos, privados o híbridos, que dictan actos y normas
relevantes desde la perspectiva global para el interés general, ponen en
cuestión la esencia de la democracia y del Estado de Derecho. En efecto, si la
democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, la
superación de las barreras del Estado-nación para la toma de ciertas decisiones
está quebrando, lamentablemente, las bases de un sistema político basado en la
participación ciudadana y en el principio de juridicidad. Ahora, las “fuentes”
de estas peculiares reglas se encuentran en la denominada racionalidad técnica
o en el “expertise” cuando el Estado de Derecho demanda juridicidad y control
judicial.
El poder económico y financiero campa a
su libre albedrío, con controles formales que los poderosos se saltan con la
connivencia de las instituciones. Piensan los ideólogos de la no regulación o
de la mínima regulación, que la eficiencia económica desaparecería si la
burocratizamos o la encorsetamos con procedimientos administrativos minuciosos.
Pues bien, hoy más que nunca, a la vista de lo que está aconteciendo,
necesitamos de buena regulación, ni poco ni mucha, la imprescindible, adecuada.
No es cuestión de cantidad sino de calidad. Precisamos regulaciones globales
para que el Derecho acompañe a las decisiones económicas y financieras
globales. No es aceptable que mientras
ciertos países acceden sin problema al mercado de productos de protección sanitaria
frente a la pandemia, otros deban esperar largas colas justamente en momentos
de emergencia humanitaria.
Además,
si como parece la democracia debe instalarse también en las estructuras
globales o universales, es menester pensar y diseñar un nuevo sistema político
en el que, efectivamente, la ciudadanía a nivel global tenga el poder que le corresponde
en una democracia. Estos días contemplamos como el autoritarismo campa a sus
anchas, incluso en países de tradición democrática, sin que unas instituciones
globales sólidas y comprometidas con el Estado de Derecho pueda impedir las
lesiones cotidianas a las libertades y la práctica de la corrupción en un marco
de ineptitud y mala administración.
No hace mucho Ulrich Beck comentaba que
es necesario reinventar la democracia a nivel transnacional pues muchas
decisiones no se toman ya a nivel local, lo que significa que la mayor parte de
las medidas que se adoptan presentan peligrosas formas de dominación
tecnoestructural. A juicio de este
eminente sociólogo, hoy de actualidad, tenemos que pensar que tipos de
elementos de la democracia tradicional se pueden utilizar para que aquellos que
toman las decisiones a nivel global sean responsables, sepan que hay controles
independientes y eficaces, y que deben dar cuentas a la ciudadanía de sus actos
u omisiones. Si hoy no se responde en tantas instancias supranacionales
sencillamente es porque no hay ante
quien responder. Si hoy ciertas decisiones no son controlables, el peligro de
la corrupción es evidente. Sin responsabilidad, sin control y sin
presencia ciudadana, el sistema
democrático es una quimera. Hoy, las palabras irrecurribilidad, irresistibilidad
o inimpugnabilidad en relación con ciertas decisiones globales producen una
lógica inquietud en quienes confían en un sistema basado en el principio de
juridicidad, en la separación de poderes y en el reconocimiento de los derechos
fundamentales de la persona como principal manifestación de la dignidad del ser
humano.
En efecto, si no hay separación entre
los poderes a nivel global, porque existe un obvio predominio del poder
financiero, fallan las bases del Estado de Derecho. Si esas decisiones, además,
no se confeccionan en el marco de la participación del pueblo, entonces
adolecen de una ausencia preocupante de legitimidad y de un preocupante tufo
autoritario. Las fuentes de estas nuevas
reglas se reducen a la racionalidad
técnica y al “expertise”, despreciando, más o menos sutilmente, el principio de
juridicidad. Si a eso añadimos que tampoco existe un poder judicial a nivel
global, entonces tenemos que empezar a preocuparnos y diseñar un modelo
democrático a nivel global, empezando por los espacios supranacionales,
buscando que economía y derecho caminen en la misma dirección. Democratizar la
democracia y desmercantilizar el mercado: dos desafíos fundamentales del
momento que Beck supo atisbar tiempo atrás y que, sin embargo, por no plantearse
desde el humanismo crítico, abren de nuevo las puertas a nuevos populismos y
nuevas demagogias.
Globalización sí, pero democrática. Es una
moraleja de lo que está pasando. No vaya a ser que tanta apelación a la
globalización acabe facilitando la concentración del poder y la llegada de un
sistema marcial y autoritario tal y como, de forma sutil y no tanto, se está
proponiendo por los autoritarios de este mundo.
Jaime Rodríguez-Arana
@jrodriguezarana
Libertad en tiempos de coronavirus
Las libertades practican
en todo tiempo. En situaciones de bonanza y también y, sobre todo, en tiempos
de crisis y de emergencia humanitaria como la que estamos viviendo. Es más, si
en estos momentos renunciáramos, por temor, o cualquier otra circunstancia, al
ejercicio de la libertad en cualquiera de sus formas, entonces no habríamos
entendido que las libertades son una de las más apasionantes formas de vida que
tenemos a nuestro alcance. Claro, expresarse con libertad cuando se vigilan las
opiniones, ejercer la crítica en fomentos de dominación del pensamiento único,
llamar la atención sobre lo que no funciona, reclamar transparencia al poder,
exigir el funcionamiento ordinario del control judicial, proponer soluciones
ante los errores y la mala praxis en la gestión pública implica plantarse ante
la arbitrariedad y recordar lo que es el Estado de Derecho y la democracia.
En un tiempo de
incertidumbre, de crisis, de dominio de lo mediático, de excesos del
intervencionismo, de baja intensidad del pensamiento crítico, como el que sufrimos
a causa de la gestión de la pandemia, conviene subrayar la centralidad de las
libertades, de los derechos humanos, de la dignidad personal como valores que
preceden al poder y al Estado. Sabemos, y muy bien, que los derechos humanos y
las libertades no son, ni mucho menos, de creación estatal. Menos todavía los
otorgan discrecionalmente los gobernantes: son derechos y libertades innatos al
hombre y, por lo tanto, no sólo deben ser respetados por el legislador y el
gobierno, sino promovidos por los poderes públicos y los privados en todo
tiempo y circunstancia, también en las situaciones de excepcionalidad. Los derechos fundamentales, bien lo sabemos, tienen
la configuración jurídica de valores superiores del Ordenamiento y deben
inspirar el entero conjunto del Derecho positivo.
Los derechos
fundamentales son derechos que derivan de la dignidad del ser humano y
fundamentan la propia condición personal. Son, por ello, intocables, inviolable,
indisponibles para legisladores y gobiernos. Pueden limitarse, por supuesto,
pero respetando siempre su contenido esencial. Son valores que nadie puede ni
debe manipular, que nadie puede, ni debe, violentar. El derecho a la vida, la
libertad de expresión y tantos otros derechos y libertades fundamentales de la
persona han de ser la garantía de la preservación y respeto de la libertad
solidaria del ser humano y el ambiente natural en el que los ciudadanos
convivan pacíficamente. Alexy los ha llamado derechos subjetivos de especial
relevancia porque no dependen de las mayorías ni de las minorías.
No hace mucho asistimos
sobrecogidos a los horrores del nazismo, del fascismo o del comunismo y de su
concepción totalitaria basada en la quiebra absoluta del predominio universal
de los derechos humanos. Hoy, cuando el horizonte se vislumbra con tonalidades
oscuras, ciertamente tenebrosas, cuando estamos bajo la presión de la dictadura
de lo correcto y eficaz, cuando las tecnoestructuras ahogan cualquier atisbo de
verdad real, es, si cabe, más importante la práctica de la libertad.
En fin, a pesar de los
pesares, son buenos tiempos para empeñarse en la apasionante aventura de la conquista
diaria de la libertad. Hoy, otra vez como antaño, de moda el autoritarismo. No
pocos callan y se mantienen en un festivo confinamiento gubernamental,
temerosos incluso de la crítica constructiva. Allá cada cual. Que la libertad
se recupere con toda su intensidad al fin de la excepcionalidad depende de cada
uno de nosotros, de nuestro real compromiso con la democracia y el Estado de
Derecho. Por supuesto.
El derecho al mínimo vital digno
En
tiempos de emergencia sanitaria, en medio de una dura crisis que está
castigando gravemente a la economía y en la que se calcula que habrá varios
millones de personas desempleadas en poco tiempo, el derecho al mínimo vital
digno está de actualidad. Se trata de un medio, no de un fin, de obligado
cumplimiento por el que las Administraciones publicas dotan a las personas
vulnerables, en estado de necesidad, de una cobertura económica que les permita
salir adelante y encontrar un espacio de dignidad. Es, por su propia definición,
temporal pues no queremos, de ninguna manera, personas en estado de necesidad
permanente para que algunos permanentemente se encaramen al poder.
En
efecto, el derecho al mínimo vital digno es un derecho fundamental de mínimos
que permite que no se quiebre la condición humana. Existen, es lógico, en un
Estado social y democrático de Derecho que se precie de tal nombre, unos
derechos sociales fundamentales mínimos que el Estado o la Sociedad, según los
casos y las posibilidades, deben asegurar y garantizar para evitar la
deshumanización de la persona.
Si
entendemos el mínimo existencial como el techo mínimo, el suelo mínimo de los
derechos sociales fundamentales, comprenderemos que a partir de este solar se
pueden levantar o edificar derechos sociales fundamentales. A partir de esa
esfera de una existencia mínimamente digna, aplicando el principio de
progresividad podemos llegar a afirmar la existencia de derechos sociales
fundamentales que consisten en garantías y prestaciones, junto a protecciones y
defensas, de posiciones jurídicas dignas, de una dignidad superior a la mínima.
No de otra manera debe interpretarse las apelaciones que las Constituciones de
nuestra cultura jurídica realizan a una mejor calidad de vida para las personas
o una existencia o vida digna. Si tal dignidad se refiriera únicamente a la
mínima dignidad, el Estado social y democrático de Derecho carecería de
virtualidad jurídica, algo que debe descartarse por absurdo.
El
contenido de prestaciones que integran el mínimo existencial son siempre y en
todo caso exigibles ante cualquier Juez o Tribunal a través de cualquier
instrumento procesal con independencia de la existencia de disponibilidades
presupuestarias o de estructura organizativa pública, pues afectan al contenido
de la mínima dignidad posible, aquella que diferencia al ser humano de los
animales irracionales o de los simples objetos o cosas. Tal pretensión, como ha puesto de relieve,
por ejemplo, el Tribunal Constitucional alemán, se deriva de la cláusula
constitucional del Estado social y, sobre todo, de la centralidad de la
dignidad humana como canón supremo de la interpretación constitucional.
Si
la dignidad del ser humano y el libre y solidario desarrollo de su personalidad
son el criterio fundamental para medir la temperatura y la intensidad del
Estado social y democrático de Derecho, entonces es llegado el tiempo en el que
de una vez por todas las técnicas del Derecho Administrativo se diseñen de otra
forma. De una forma que permita que los valores y parámetros constitucionales
sean una realidad en la cotidianeidad. El Derecho Público está en una
encrucijada: continuar atrincherado en
el privilegio y en la prerrogativa, o en convertirse realmente en instrumento
real al servicio de la excelsa dignidad humana. He ahí el dilema.
Jaime
Rodríguez-Arana
@jrodriguezarana
Un caso de manual
La situación
actual, de Estado de alarma formal, de excepción material, no hay más que
comprobar los derechos fundamentales en realidad suspendidos, proporciona,
desde el punto de vista de la información y la comunicación, de la manipulación
y el control social, un caso de manual.
Datos
incompletos, contradictorios, ocultación de la realidad del dolor, ausencia de
transparencia pasiva, uso en provecho propio del CIS, compra de televisiones,
amedrentamiento de la población a través de la instauración de un auténtico arresto
domiciliario, “monitorización” gubernamental de los comentarios o noticias “peligrosos”…
Ante nosotros, para el que lo quiera ver, para el que se quite las gafas de la
ideologitis si la tiene y le impide ver la real realidad, un conjunto de hechos
que demuestran la profunda e intensa manipulación a la que se está sometiendo a
la población. Una población inerme e indefensa que lo que quiere es que pase
cuanto antes esta dura prueba y recuperar la normalidad que sea posible.
Esta situación, que
por derecho propio está llamada a ser un caso de estudio en los curso y
publicaciones sobre manipulación y control social, justo cuando los ciudadanos
se merecen transparencia, claridad, buena gestión, me recuerda las teorías de
Edward Bernays sobre la manipulación de masas.
Edwards Bernays,
un austríaco hijo de judíos cuya madre era hermana del fundador del
psicoanálisis: Sigmond Freud, nada más cumplir su primer año de vida se
desplazó con sus padres a New York donde estudió, tras la enseñanza básica y
secundaria, un curso de ciencias agrarias para a renglón dedicarse con gran
intensidad a una profesión llamada relaciones públicas, de la que es uno de sus
pioneros. A los 22 años, en 1913, fundó
una de las primeras agencias de comunicación con el propósito de convencer a
los líderes empresariales y políticos de que la clave del éxito no estaba en
los anuncios sino en las noticias. En orientar las informaciones. Bernays pasa por ser también uno de los
inventores del “press release”, del “merchadising” y, según parece, a él se
debió la presencia en el cine de los cigarrillos, vigente hasta no hace mucho.
Fue consultor político de Wilson durante la Primera Guerra Mundial y de
Roosevelt durante el New Deal.
Pues bien, las
ideas de Bernays influyeron, no poco, en la teoría de la promoción de los
instintos de manada, hoy bien trabajados de forma tan sutil como eficaz por
quienes realmente dominan la vida social, invisibles pero persistentes en sus
objetivos. En este contexto, las técnicas de control de la mente de Freud, las
teorías de Gustave Le Bon, más tarde la aplicación concreta por Goebbels en el
nazismo, mostraron cómo se puede manejar, sin especiales problemas, a las
masas. El propio Bernays describió su teoría de la necesidad del control y
dominio de las masas en la sociedad industrial emergente en los Estados Unidos
con unas palabras que vale la pena reproducir porque su puesta a disposición de
personajes sin escrúpulos, tanto en el plano financiero, económico, mediático
como político, ayudan a entender el proceso de domesticación de la sociedad que
en la crisis del coronavirus se vuelve a poner en práctica, ahora sin disimulo.
El texto de
Bernays que ahora reproduzco no tiene desperdicio alguno: “La consciente e
inteligente manipulación de los hábitos y de las opiniones de las masas es un
elemento importante en la sociedad democrática. Los que manipulan ese mecanismo
oculto en la sociedad constituyen un gobierno invisible, el verdadero poder
dirigente de nuestro país. Nosotros somos gobernados, nuestras mentes son
moldeadas, nuestros gustos formados, nuestras ideas sugeridas por personas de
los que nunca hemos oído hablar. Este es el resultado lógico de cómo nuestra
sociedad democrática es organizada. Por eso, un sinnúmero de seres humanos debe
cooperar, de manera grata y cómoda, si quieren convivir en sociedad. En casi
todos los actos de nuestra vida diaria, sea en el plano político o de los
negocios, en nuestra conducta social o en nuestro pensamiento ético, somos
dominados por un número relativamente pequeño de personas. Ellas entienden muy
bien los procesos mentales y los modelos de masas. Y son esas personas las que
colocan los cordones con los cuales controlan la mente pública”.
En estos
momentos de dominio del pensamiento único, en estos momentos de profunda crisis
general, en los que a todos se nos invita a movernos por el único carril que la
tecnoestructura determina, es cada vez más importante comprometernos con el
pensamiento crítico para, no solo desenmascarar tanto gusto por el control y la
manipulación, sino para asumir hábitos, no de mesnada, sino de hombres y
mujeres libres que quieren solidariamente mejorar las condiciones de vida de
los habitantes sobre todo de los más desfavorecidos.
En efecto, el
concepto de la mesnada, magníficamente conformado y aplicado durante el
nazismo, es también usado, con gran eficacia, al servicio del capitalismo
salvaje de este tiempo en el que la especulación y la maximización del
beneficio han sido las consignas básicas del mundo empresarial. En el plano
político, al grito de la consecución del voto a como dé lugar, el marketing se
ha convertido en un fin y los partidos en agencias de colocación para que sus
dirigentes disfruten de las mieles y privilegios del mando. Las ideas y las
opiniones de la ciudadanía se convierten así justamente en el camino para la
propia manipulación y control de la masa. Hoy, en un ambiente de creciente
“ideologitis”, resulta más meridiano todavía.
A pesar de la
crisis del coronavirus y del confinamiento gubernamental en el que vivimos,
tenemos la oportunidad del ejercicio de la libertad de expresión, del
pensamiento crítico para no aburguesarnos y quedarnos sometidos a un poder
tutelar que pretende gobernarnos también en la dimensión más personal e íntima.
Los tiempos que nos ha tocado vivir son una magnífica oportunidad para detener
el proceso de alienación a que se ha sometido a tanta gente de buena voluntad y
para parar el fenomenal proceso de control y manipulación que sufrimos. Para
ello, defendamos con uñas y dientes nuestra libertad, el sacrosanto reducto de
nuestra conciencia y luchemos con todas nuestras fuerzas por no adormecernos
ante esa música benéfica de la tecnoestructura que ya, sin empacho, hasta nos
presenta como inevitable la renuncia a la libertad y la entrega a lo colectivo.
La sociedad civil, los ciudadanos que somos los que verdaderamente estamos
ganando la batalla al virus, tenemos la palabra, y la decisión, de conquistar
día a día las libertades y volver a un Estado de Derecho más robusto, más
consistente, porque habrá vencido a quienes quisieron aprovechar la
excepcionalidad para imponernos su ideología. Que así sea.
Jaime
Rodríguez-Arana
@jrodriguezarana
A los 150 años del nacimiento de Lenín
Cuentan de un célebre mandatario soviético,
que en estos días cumpliría la friolera de 150 años, que en una ocasión se le
acercó uno de sus ministros con la esperanza de ser comprendido ante las graves
dificultades que encontraba para la aplicación de un determinado programa
agrario. Camarada presidente, me gustaría poner en su conocimiento que este
programa, que este plan, es de imposible ejecución en los próximos cinco años,
le importune al gran líder. Mis asesores, continuó el ministro, creen haber
demostrado que en este momento no se dan las condiciones propicias para su
puesta en marcha. El camarada-presidente escuchó con atención las explicaciones del
responsable del departamento agrario. Tras pensar unos minutos, invitó a su
colaborador a tomar asiento para explicarle lo que debía hacer. Mire, camarada-ministro,
lo que está diciendo no me gusta nada porque si uno de nuestros magníficos,
providenciales planes encuentra algún obstáculo en su camino, un buen comunista
habrá de sortearlo como sea. ¿Me entiende?. Muy sencillo: si el plan no se
puede aplicar a la realidad, cambie la realidad: eso no es tan difícil para
nosotros.
En efecto, Lenín, que nació el 22 de abril
de 1870, hoy está más vivo que nunca a juzgar por la forma en que se niega la real
realidad y se trata de sustituir por esos prejuicios que tanto dolor y
desolación sembraron la Europa de buena parte del siglo pasado. Si, ahora algunos
que ahora pretenden resucitar el mito del “buen Lenin”, como si nada hubiera
pasado y cómo si una forma de dominación que trajo consigo decenas de millones
de muertos no tuviera la menor importancia, es menester recordar la
investigación de una famosa académica francesa de hace unos años, que,
obviamente dada la información que levantó, fue bastante silenciada.
En efecto, me parece de gran interés
recordar en este tiempo un estudio de Hèlène Carrére d’Encausse, secretaria
perpetua de la Academia francesa, sobre este padre de la revolución soviética.
Pues bien, el fundador del Estado soviético, por sorprendente que parezca, no
figura en el repertorio de dictadores del siglo XX porque siempre se pensó que
Stalin fue el gran y casi único artífice de los horrores del sistema soviético.
Sin embargo, la figura de Lenin ideólogo frente al ejecutor y represor Stalin
no es del todo exacta, tal y como reveló la académica francesa tras acceder a
los archivos de esa época histórica.
En efecto, según la académica francesa,
resulta que fue Lenin quien forjó el partido comunista y la policía política
que implantó el poder totalitario. Incluso, puede decirse ya después de que
hayan visto la luz numerosos documentos antes secretos, que los brotes de
violencia antisemita, los campos de concentración -como el genocidio de
cosacos- o los asesinatos masivos, comenzaron bajo su dirección.
En este contexto, ¿qué pensar de lo afirmado
por Lenin en “¿Qué hacer?”, uno de sus primeros libros, cuando dice: “el
partido se refuerza depurándose”?. O, ¿qué se puede esperar de quien escribe
que “la literatura debe ser partidista. Debe ser una parte de la causa del
proletariado...los diarios deben estar en manos del partido...Los escritores
deben entrar en las organizaciones partidistas...Se trata de la literatura del
partido, y del control que el partido debe ejercer sobre ella”?.
Sorprendentemente, el mito de Lenin ha
sobrepasado fronteras y su condición de ideólogo parece que le exculpa de sus
actividades menos conocidas. Por eso, interesa que se sepa, ahora más que
nunca, para que cada uno juzgue como lo considere oportuno, la vida y milagros
de uno de los padres de la patria soviética pues según los documentos públicos
que maneja en su estudio la secretaria perpetua de la Academia francesa,
impartía en secreto la mayor parte de sus órdenes de fusilamiento o de
deportación. Las frases escuetas del líder hablan por sí solas: “Guardar en los
archivos” es el comentario que anota Lenin en los documentos en que le piden
clemencia para los perseguidos. “Tratar a los judíos y a los habitantes de las
ciudades con vara de hierro y no dejarlos entrar en el Gobierno” es una nota
fechada el 21-XI-1919 adoptada en el Politburó del partido sobre la situación
en Ucrania.¿Y que decir en relación a su posición en relación con la Iglesia?.
Un documento de 19-III-1922 es suficientemente elocuente al ordenar“la
ejecución del mayor número de representantes del clero reaccionario y de la
burguesía reaccionaria...cuanto mayor sea el número de ejecuciones, mejor”. Sin
comentarios.
Razón y voluntad en tiempos de coronavirus
Estos días en que vivimos en un Estado de alerta formal, aunque
materialmente de excepción a juzgar por el número de derechos fundamentales
realmente suspendidos, quien más y quien menos se pregunta si, a pesar de las
circunstancias, seguimos en un Estado democrático, o empezamos a deslizarnos
hacia un Estado policía que conduce al totalitarismo. Se trata de una pregunta fundamental pues las
Cortes funcionan como funcionan, se acaba de cancelar la ley de transparencia, la
información pública que se brinda deja mucho que desear desde la perspectiva de
su complitud y veracidad, empiezan a aflorar escándalos de corrupción y ante la
simple y abstracta apelación al interés general, todo vale: también los asaltos
o atropellos a las libertades, que por cierto tanto tiempo nos costó recuperar
después de cuarenta años de autoritarismo.
En este contexto, de muy baja calidad democrática, debemos
recordar que en el Estado de Derecho el ejercicio del poder público, también el
financiero y el económico por supuesto, está sometido plenamente a la ley y al
derecho. En efecto, el principio de juridicidad, junto a la separación de los
poderes del Estado y al reconocimiento de los derechos fundamentales de la
persona, los individuales y los sociales, componen el trípode sobre el que
asienta ese modelo cultural y político que conocemos como Estado de Derecho. Un
modelo que se pisotea y transgrede, sutilmente las más de las veces,
groseramente de vez en cuando, como vemos estos días en que debería más
exquisito el respeto a las libertades, cuándo se permite que la voluntad de
mando, de poder, se convierta en canon único y exclusivo, sin límites, de la
actuación de quienes están investidos de alguna suerte de potestades, sean de
la naturaleza que sean. Hoy, lo
constatamos cristalinamente, no solo en lo formal, sino en el talante con que
se desprecia a quienes no comulgan con la oficialidad, con la verticalidad.
En efecto, a pesar de que los Ordenamientos constitucionales
someten a la ley y al derecho las manifestaciones del poder político, económico
y financiero, en realidad, como bien sabemos, el respeto que merece el derecho
brilla por su ausencia pues con frecuencia quienes disponen del poder hacen, de
una u otra manera, lo que les viene en gana, tal como hoy comprobamos con toda
claridad. En el fondo, y siguiendo a Hobbes, se ha sustituido la razón, el
elemento central de la norma para Tomás de Aquino, de forma y manera que la
adecuación a la razón del ejercicio del poder, en concreta de la potestad
normativa, sencillamente es inexistente.
En este tiempo, la prensa y la televisión nos sirven a
diario escenas y pasajes que confirman que la victoria de Hobbes sobre Tomás de
Aquino es una amarga realidad. La voluntad se impone a la razón y, por ende, el
equilibrio aristotélico entre materia y forma se convierte en dictadura alejando
de si tanto cuanto puede toda referencia a los principios, a la sustancia de la
realidad. No de otra forma me parece que puede explicarse el peculiar estilo de
dirigir la nave en estos difíciles momentos para todos y para el ejercicio
libre y solidario de los derechos fundamentales.
Como es bien sabido, los dictadores usaron en su provecho el
propio Estado. Hitler, sin ir más lejos, utilizó, y de qué manera el Estado,
sorprendentemente el llamado Estado de “derecho” del momento, como arma
arrojadiza contra el propio derecho hasta conseguir anularlo, laminarlo,
dominando a su antojo a una sociedad inerme, sin temple cívico, sin capacidad
crítica. Los alemanes, por eso, en la Constitución de Bonn dejaron esculpido en
uno de sus preceptos más relevantes que el poder público está sometido a la ley
y al derecho. A la norma elaborada en el parlamento y a ese humus o conjunto de
principios que han de respirar las normas para orientarse derechamente a la
justicia.
La recuperación de la razón como norte de la ley y del ejercicio
del poder es una tarea urgente. Se lleva hablando, y escribiendo desde hace
tiempo, acerca de esta cuestión, pero no se afronta de verdad porque el dominio
de la razón positivista es tal que impide contemplar la realidad en su esencial
dimensión plural y abierta. Los postulados del pensamiento abierto, plural,
dinámico y complementario cada vez tienen más importancia si es que de verdad
queremos asentar el solar de nuestra democracia sobre bases sólidas.
Quienes nos dedicamos a la enseñanza del derecho tenemos la
gran responsabilidad de poner a disposición de la sociedad juristas, no simples
conocedores de leyes, hombres y mujeres comprometidos con la justicia, con la
perpetua y constante voluntad de dar a cada uno lo suyo, lo que se merece, no
simples mercaderes de intereses que se compran y venden al mejor postor, sea en
el ámbito político, económico o financiero. Los principios del Estado de
Derecho, de la razón, son cada vez más importantes. El problema es que el
primado de la eficacia, de lo conveniente, de lo políticamente correcto, de lo
conveniente, de lo útil para la tecnoestructura, todo lo invade, todo lo
arrasa. Por eso, el tiempo en que estamos es un tiempo en que de nuevo la
batalla entre los principios y el pragmatismo, entre la dignidad y la utilidad,
vuelve al primer plano de la realidad.
El Estado de Derecho hay que conquistarlo día a día, no se
impone por la sola fuerza de lo escrito en la Constitución. Hay que defenderlo
con uñas y dientes, especialmente en unos momentos, como los actuales, en los
que el autoritarismo y el totalitarismo acechan aprovechando la situación de
excepcionalidad en la que vivimos.
Esperemos que el compromiso del pueblo con la democracia y
las libertades sea firme y nos despierte del ambiente de despotismo tutelar del
que escribió Tocqueville a través del cual se pastorea sin rechistar a unos
ciudadanos convertidos en un gran rebaño. Si mantenemos el pulso democrático y
no cedemos ni un ápice al recorte irracional y desproporcionado de nuestras
libertades, habremos ganado la batalla y a la vuelta a la normalidad, este
derecho de excepción será agua pasada y habremos afianzado nuestra convivencia
pacífica. Las libertades no son regaladas, hay que luchar por ellas también
desde el confinamiento domiciliario en el que nos encontramos. Vale la pena.
Jaime Rodríguez-Arana
@jrodriguezarana
Interés general y límites
El interés general en el Estado social y democrático de
Derecho tiene un significado que ayuda a comprender su alcance y funcionalidad
en el entero sistema del Derecho Administrativo. Entre sus características se
encuentran la participación social, la transparencia o la publicidad, la
motivación, la precisión y, por su puesto, su destino a la protección de los
derechos fundamentales. Desde este punto de vista, la proyección de los valores
democráticos sobre el concepto de interés general, que es el bien común de la
filosofía, obliga a replantear instituciones y categorías propias de una rama
del Derecho Público que ha estado demasiado tiempo vinculada a una dimensión
unilateral y estática del mismo interés general, que debe ser sustituida por
una versión más participativa, más transparente y, por ello, más fácil de
controlar especialmente por el juez administrativo. También, y especialmente,
en tiempos de excepcionalidad.
En el Estado de Derecho no es posible excluir de control
jurídico los actos administrativos amparados en esta categoría jurídica en
abstracto. Más bien, lo que hace el juez es controlar por los medios que le
proporciona el Derecho si la actuación administrativa en concreto es razonable,
es adecuada, es proporcional, y se enmarca en el interés general específico en
el que se opera la potestad administrativa.
El interés general ínsito en toda actuación
administrativa no es una ideología. No puede serlo en el Estado de Derecho en
el que la Administración obra en virtud de normas, de disposiciones generales que
traducen, que deben proyectar, cada vez con mayor grado de concreción, a través
de poderes, intereses generales a la realidad. En el Derecho Administrativo
Constitucional, en el Derecho Administrativo del Estado social y democrático de
Derecho, el interés general no puede ser, de ninguna manera, un concepto
abstracto, desde el que se justifique cualquier tipo de actuación
administrativa. En otras palabras, la simple apelación genérica al interés
general no legitima la actuación administrativa. Esta precisa, para actuar en
el marco del Estado social y democrático de Derecho, de una razonable
proyección concreta sobre la realidad en virtud de normas que permiten laborar
a la Administración pública.
El interés general, desde una aproximación democrática, es
el interés de las personas como miembros de la sociedad en que el
funcionamiento de la Administración público repercuta en la mejora de las
condiciones de vida de los ciudadanos fortaleciendo los valores superiores del
Estado social y democrático de Derecho. Por eso, nada más alejado al interés
general que esas versiones unilaterales, estáticas, profundamente ideológicas,
que confunden el aparato público con una organización al servicio en cada
momento de los que mandan, del gobierno de turno.
Es decir, el interés general debe estar concretado,
detallado, puntualizado en el Ordenamiento jurídico, en la mayoría de los casos
en una norma jurídica con fuerza de ley. La idea, básica y central, de que el
interés general en un Estado social y democrático de Derecho se proyecta sobre
la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos en lo que se refiere a
las necesidades colectivas, exige que en cada caso la actuación administrativa
explicite, en concreto, cómo a través de actos y normas, de poderes, es posible
proceder a esa esencial tarea de desarrollo y facilitación de la libertad
solidaria de los ciudadanos. El interés general, por tanto, está previsto en la
Constitución y contemplado, para el Derecho Administrativo, de otra manera no
podría ser, en los principios del Estado de Derecho. Procedimentalmente, el
interés general ha de ser realizado por la Administración a través de normas,
poderes y actuaciones que operan en el marco del principio de juridicidad, de
la separación de los poderes y del reconocimiento de los derechos fundamentales
de la persona.
El interés general solo tiene existencia concreta en la
democracia, en el totalitarismo siempre es abstracta, su ejercicio debe ser
motivado convenientemente y, por supuesto, su ejercicio solo se legitima en
función de la protección, defensa y promoción de los derechos fundamentales de
la persona. Es decir, las limitaciones de las actividades de los particulares
deben ser motivadas en concreto de acuerdo con elevados estándares, han de
proteger, defender y promover los derechos de los ciudadanos, no determinadas estrategias
ideológicas. También y, sobre todo, en tiempos de excepción, tiempos en los que
la responsabilidad de los Poderes públicos es mayor puesto que tiene más
discrecionalidad para el ejercicio de las potestades. Así es la democracia,
también, y, sobre todo, en tiempos de pandemia.
Jaime Rodríguez-Arana
@jrodriguezarana
Estado y dignidad humana en tiempos difíciles
El
Estado tiene, por su propia estructura y esencia, la superior tarea de
garantizar el pleno, libre y solidario ejercicio de los derechos, cometido
supremo de la instancia estatal. Una misión que en modo alguno se agota con la
existencia de un orden normativo dirigido a hacer posible el cumplimiento de
esta obligación, sino que comporta la necesidad de una conducta gubernamental
que asegure la existencia, en la realidad,
de una eficaz garantía del libre, solidario y pleno ejercicio de los
derechos humanos.
Sin
embargo, desde la instancia estatal es posible paliar de alguna manera la
situación de injusticia objetiva, por desigualdad material, en la que se
encuentran las personas necesitadas de los bienes económicos imprescindibles
para un nivel de vida adecuado, acorde a la comunidad en la que se desarrolla.
Poco
a poco, en este tiempo de convulsiones y de transformaciones, no digamos en una
situación de emergencia sanitaria como la actual, esperemos que la efectividad
y exigibilidad de los derechos sociales fundamentales ocupe un lugar por
derecho propio en la mente y en la agenda de las principales decisiones que
tomen las autoridades políticas, económicas, sociales y culturales. Nos jugamos
mucho en ello, tanto como que la dignidad del ser humano y sus derechos
inalienables funden, de nuevo, ahora con más fuerza, un remozado orden
jurídico, económico y social que ya no puede esperar más tiempo.
Si
la dignidad del ser humano y el libre y solidario desarrollo de su personalidad
son el canon fundamental para medir la temperatura y la intensidad del Estado
social y democrático de Derecho, entonces es llegado el tiempo en el que de una
vez por todas las técnicas del Derecho Administrativo se diseñen de otra forma.
De una forma que permita que los valores y parámetros constitucionales sean una
realidad en la cotidianeidad. O construimos un nuevo Derecho Administrativo más
comprometido con la protección, defensa y promoción de la dignidad humana y
todos los derechos fundamentales, o, las medidas excepcionales de este tiempo,
muchas ellas propias de un Estado policía, se quedarán entre nosotros por largo
tiempo. Y mucho que lo lamentaremos.
Jaime
Rodríguez-Arana
@jrodriguezarana
El poder público en la excepcionalidad
En el marco de un Estado de
alarma formal, materialmente de excepción, como no es difícil deducir por el
alcance de la suspensión real de derechos fundamentales, el ejercicio del poder
debe realizarse de acuerdo con su función propia en una democracia. En estos
casos, es lógico que la intensidad de su ejercicio sea mayor, y, por ello,
también su control y justificación. Cuanto más extenso sea el poder
discrecional, mayores estándares de calidad en su motivación.
En esta situación de
emergencia humanitaria, en un momento de poderes extraordinarios, debe ser
extraordinaria la mesura, ponderación y proporción en su ejercicio. Las normas
de excepción que atribuyen estas potestades deben estar circunscritas temporalmente
al período de tiempo excepcional para el que han sido dictadas. Las
limitaciones a la privacidad deben contar con el consentimiento de los
ciudadanos y la geolocalización ser usada única y exclusivamente con fines de
seguridad sanitaria, sin que sea legítimo el uso de datos personales de quienes
aceptan entrar en el sistema.
Las normas que el BOE
publica estos días, algunas con nocturnidad para ser aplicadas a la mañana
siguiente, deben ser claras, concisas, concretas y completas, justificando en
cada caso las restricciones a las libertades, en los decretos leyes, en forma
adecuada, justa y razonable.
La potestad
sancionadora debe operar de acuerdo con la máxima de la precisión, la
legalidad, la tipicidad y los agentes actuar de acuerdo con los principios de
proporcionalidad, mesura, moderación, justificando en caso la imposición de la
sanción correspondiente. Si las conductas objeto de infracción no están
definidas con precisión y se mueven en el ámbito de la abstracción, estaríamos
en un Estado de Policía de manual proscrito por cualquier democracia.
El principio de
responsabilidad del Gobierno y de la Administración, así como de sus agentes,
es más intenso en situaciones excepcionales por obvias razones. Todas las
normas y potestades deben contar con motivaciones sólidas, por breves que sean,
de manera que cuando pase la pandemia, se levante el telón y la verdad y la
realidad resplandezcan. Quien haya causado daños, por acción u omisión, deberá
repararlos. De eso no hay duda.
“El poder más seguro es aquel que sabe
imponer la moderación a sus fuerzas” (Valerio Máximo). La moderación es
muy importante para el gobernante. Muy importante. Es más, quien orgánicamente
esté imposibilitado para la moderación no debería asumir poder en una sociedad
democrática. Porque, como escribió Velez de Guevara: “es más sabio
templar el poder que no tenelle”.
Jaime Rodríguez-Arana
@jrodriguezarana
Concordia en tiempos de coronavirus
Los valores democráticos, las llamadas cualidades
democráticas, parten del respeto profundo a las personas, a la dignidad que les
es propia, y del reconocimiento de los derechos humanos. Hoy, sin embargo,
estos principios básicos del Estado de Derecho vuelven de nuevo a estar en el
candelero precisamente por la obsesión, derivada del pensamiento ideologizado,
de hacer política para dividir, para fraccionar, para abrir heridas y para
cerrar puertas. Este comportamiento político y social es bien conocido y obedece
a un intento de imposición de determinados criterios ideológicos que se definen
dialécticamente a través de la continua y permanente metodología de la contraposición
y el enfrentamiento, sea sutil y sibilinamente, sea de forma grosera o
palmaria. Ayer en el debate del Congreso pudimos observarlo claramente.
Hoy, en plena crisis del coronavirus, los españoles pedimos
que se siempre concordia, que se genere confianza en la vida política, social y
económica, que todos se dirijan al objetivo común: salvar vidas humanas y poner
cuanto antes España a andar de nuevo con paso firme y seguro. Sin embargo, no
hay que ser muy inteligente para caer en la cuenta de que, una vez más, se actúa
dominado por el virus de la “ideologitis”, no se tienden puentes ni se cuenta
con todos los sectores sociales, económicos y políticos para resolver
satisfactoriamente la crisis.
La concordia hay que sembrarla, tejiendo acuerdos con todos
los sectores, buscando complicidades, con una actitud sincera, no calculadora a
través de una estrategia cortoplacista a base de generar sutil o groseramente
la división y el enfrentamiento. Algunos no son conscientes de que la vieja
política está quedando atrás y de que las operaciones de manipulación y control
social tienen sus días contados. No se dan cuenta porque la “ideologitis” les
puede, les ciega y no pueden percibir la real realidad.
Hoy precisamos de líderes que antepongan el bien común al
bien particular, lideres con mentalidad abierta, capacidad de entendimiento y
un irreductible compromiso con las personas, sobre todo con las más frágiles y
vulnerables. ¿Es tanto pedir?
Jaime Rodríguez-Arana
@jrodriguezarana