La participación como método
Tratar
sobre
la
participación como método político es tratar de la apertura
de la organización que
la quiere practicar, hacia la sociedad. Una organización política
cerrada, vuelta sobre sí misma, no puede pretender captar,
representar o servir los intereses propios de os ciudadanos. Es
metafísicamente imposible. Por eso, la apertura a la ciudadanía, a
las personas, es una actitud, una disposición, alejada de la
suficiencia y de la prepotencia, propias tanto de las formulaciones
ideológicas cerradas como de las tecnocráticas. Ahora bien, las
actitudes y las disposiciones necesitan instrumentarse, traducirse en
procesos y en instrumentos que las hagan reales. Y la primera
instrumentación que exige una disposición abierta es la
comunicativa, la comunicación.
Hoy,
sin embargo, la comunicación ni es sobre cuestiones reales ni existe
una disposición abierta en quienes comunican pues vivimos en el
reino de la artificialidad y el control social a través de la
comunicación dirigida.
La
participación, para ser real, no
dirigida, debe
traducirse fundamentalmente en receptividad, en disponer de
sensibilidad suficiente para captar
las preocupaciones e intereses de la sociedad
en sus diversos sectores y grupos, en los individuos y colectividades
que la integran. Pero no se trata simplemente de apreciaciones
globales, de percepciones intuitivas, ni siquiera simplemente de
estudios o conclusiones sociométricas. Todos esos elementos y otros
posibles son recomendables y hasta precisos, pero laconexión
real
con los ciudadanos, con los vecinos, con la gente, exige diálogo
real.
Y diálogo real significa interlocutores reales, concretos, que son
los que encarnan las preocupaciones y las ilusiones concretas, las
reales, las que pretendemos servir. Hoy,
sin embargo, los interlocutores no hablan sobre los problemas reales
de las personas sino sobre determinadas cuestiones que preocupan a
las minorías activas y militantes que controlan la vida política.
En la
libre participación encontramos un elemento central de la vida
individual y social de los hombres y de las mujeres, un elemento que
contribuye de forma inequívoca a definir la centralidad de la
persona en política, que lo que hace es poner en el foco de su
atención a las mismas personas. El
problema es que hoy no existe prácticamente libre participación
sino apariencia o señuelos de una participación de la que se
dispone muchas veces sin contra con la real realidad.
La
participación, en efecto, supone el reconocimiento de la dimensión
social del individuo, la constatación de que sus intereses, sus
aspiraciones, sus preocupaciones trascienden el ámbito individual o
familiar y se extienden a toda la sociedad en su conjunto. Sólo un
ser absolutamente deshumanizado sería capaz de buscar con absoluta
exclusividad el interés individual. La universalidad de sentimientos
tan básicos como la compasión, la rebelión ante la injusticia, o
el carácter comunicativo de la alegría, por ejemplo, demuestran
esta disposición del ser humano, derivada de su propia condición y
constitución social. Por eso promover la libre participación de
todos es hoy tan importante. Y tan poco practicado en este tiempo de
confrontamiento, de maniqueismo, de cainismo.
Jaime
Rodríguez-Arana
@jrodriguezarana
La participación como objetivo político
La participación es desde luego un objetivo político que presupone que el ser humano debe ser dueño de sí mismo y no ver reducido el campo de su soberanía personal al ámbito de su intimidad. Una vida humana más rica, de mayor plenitud, parece que exige de modo irrenunciable una participación real en todas las dimensiones de la vida social, también en la política.
Sin embargo, hay que resaltar que la vida humana, la de cada hombre, la de cada mujer, no se diluye en el todo social. Si resulta monstruoso un individuo movido por la absoluta exclusividad de sus intereses particulares, lo que resulta inimaginable e inconcebible es un individuo capaz de vivir exclusivamente en la esfera de lo colectivo, sin referencia alguna a su identidad personal, es decir, alienado, ajeno enteramente a su realidad individual.
Por este
motivo la participación como un absoluto, tal como se pretende desde
algunas concepciones organicistas de la sociedad, no es posible. De
ahí que sea preferible hablar de libre participación. Porque la
referencia a la libertad, además de centrarnos de nuevo en la
condición personal del individuo, nos remite a una condición
irrenunciable de su participación, su carácter libre, pues sin
libertad no hay participación. La participación no es un suceso, ni
un proceso mecánico, ni una fórmula para la organización de la
vida social. La participación, aunque sea también todo eso, es más:
significa la integración del individuo en la vida social, la
dimensión activa de su presencia en la sociedad, la posibilidad de
desarrollo de las dimensiones sociales del individuo, el protagonismo
singularizado de todos los hombres y mujeres.
Aunque los
factores socioeconómicos, por ejemplo, sean importantísimos para la
cohesión social, ésta no se consigue solo con ellos, como puedan
pensar los tecnócratas y algunos socialistas. Aunque los
procedimientos electorales y consultivos sean llave para la vida
democrática, ésta no tiene plenitud por el solo hecho de
aplicarlos, como pueden pensar algunos liberales. La clave de la
cohesión social, la clave de la vida democrática está en la
participación de todos los ciudadanos en los asuntos públicos. De
todos, sí de todos, no
solo de unos pocos. Algo muy complejo pues la historia atestigua que
los cambios los han protagonizado minorías activas y comprometidas.
Ahora, como se ve, también.
Jaime
Rodríguez-Arana
@jrodriguezarana
La función del Estado (I)
El
protagonismo del Estado o del mercado ha sido el gran tema del debate
económico del siglo XX. Y,
por lo que se ve, también de
XXI.
En
efecto, ya
desde principios de siglo XX
encontramos
el célebre trabajo de Enrico Barone publicado en el Giornale Degli
Economisti (1.908): "El ministro de la producción en un Estado
colectivista", a partir del cual comienza un amplio despliegue
de estudios de los teóricos de la economía sobre la racionalidad
económica de una organización socialista como los de Wiesser,
Pareto y sus discípulos. La crisis económica que sigue a la Primera
Guerra Mundial pusoen
tela de juicio el pensamiento capitalista y alimentó
formas intervencionistas que el economista Mandilesco se encargaría
de configurar económicamente. De igual manera, tanto el New Deal de
Roosevelt como la encíclica "Quadragesimo anno" se
mostraron
críticas hacia el capitalismo.
Los planteamientos
intervencionistas de Keynes o Beveridge trajeron consigo, tras la
Segunda Guerra Mundial, un acercamiento a la planificación del
desarrollo o a una política fiscal redistributiva. En verdad, la
época de la prosperidad de 1.945 a 1.973 mucho ha tenido que ver con
una política de intervención del Estado en la vida económica.
Quizá porque entonces la maltrecha situación económica que generó
la conflagración no permitía, porque no se daban las condiciones,
otra política económica distinta.
Al amparo de esta construcción
teórica, aparece el Estado Providencia (Welfare State) que asume
inmediatamente la satisfacción de todas las necesidades y
situaciones de los individuos desde "la cuna hasta la tumba".
Es un modelo de Estado de intervención directa, asfixiante, que
exige elevados impuestos y, lo que es más grave, que va minando poco
a poco lo más importante, la responsabilidad de los individuos. El
Estado de Bienestar que ha tenido plena vigencia en la Europa de
"entreguerras" es, como es bien sabido, un concepto
político que, en realidad, fue una respuesta a la crisis de 1929 y a
las manifestaciones más agudas de la recesión.
Ciertamente,
los logros del Estado del Bienestar están en la mente de todos:
consolidación del sistema de pensiones, universalización de la
asistencia sanitaria, implantación del seguro de desempleo,
desarrollo de las infraestructuras públicas. Afortunadamente, todas
estas cuestiones se han convertido en punto de partida de los
presupuestos de cualquier gobierno que aspire de verdad a mejorar el
bienestar de la gente.
Sin
embargo, el
Estado providencia, en su versión clásica y
estática,
ha fracasado en su misión principal de redistribuir la riqueza de
forma equitativa, hasta el punto de que tras décadas de actividades
redistributivas no sólo no han disminuido las desigualdades, sino
que, por paradójico que parezca, han aumentado la distancia entre
ricos y pobres. Estas desigualdades han generado grupos de población
excluidos y marginados de la sociedad y no sólo debido a
circunstancias económicas, sino también a causa de su raza, su
nacionalidad, su religión o por cualquier rasgo distintivo escogido
como pretexto para la discriminación, la xenofobia y, a menudo, la
violencia. Hoy
lo experimentamos, en uno países más que en otros, sin que la razón
y la moderación puedan, por el momento, contener un populismo
hábilmente conducido por los extremos, de un lado y el otro.
Jaime
Rodríguez-Arana
@jrodriguezarana
Espacio de centro y ciudadanía
Hoy en día, es lógico, se empieza a echar en falta, un espacio real de moderación, de sentido común, de ejercicio de la política coherente, responsable y con autonomía para poder pensar en los problemas colectivos de los españoles, y no tanto en operaciones de poder. En efecto, el espacio de centro se añora y seguramente más pronto que tarde volverá a la escena política, esperemos, que encarnado y representado por personas y políticas profundamente comprometidas con los derechos humanos y el progreso de nuestro país.
El espacio
de centro significaponer
como centro del trabajo político la preocupación de la ciudadanía,
es decir, sus aspiraciones, sus expectativas, sus problemas, sus
dificultades, sus ilusiones. Por eso, el centro no puede depender de
una ideología en la conformación de su proyecto y de su programa,
ya que el espacio de centro se delimita hoy, en primer lugar, por una
renuncia
expresa a todo dogmatismo político.
La ideología -en el sentido en que aquí se aborda-, en cambio,
aporta ante todo una visión completa y cerrada de la realidad social
y de la historia, así como las claves programáticas para la
resolución del problema social, que tienen tanto de dogmáticas
cuanto de ideológicas.
En este
sentido, la política de centro tampoco puede atender tan sólo los
intereses de un sector, de un grupo, de un segmento social, económico
o institucional, ya que una
condición de la política de centro es el equilibrio,
entendiendo por tal, moderación y atención a los intereses de
todos. Hacer política para el interés de algunos, aunque se trate
de grupos mayoritarios, significa prescindir de otros, y
consecuentemente practicar un exclusivismo que es ajeno a una
política auténticamente centrista.
Por eso, la determinación de los objetivos de una política centrista no puede hacerse realmente si no es desde la participación ciudadana. La participación ciudadana se configura como un objetivo político de primer orden, ya que constituye la esencia misma de la democracia. Una actuación política que no persiga, que no procure un grado más alto de participación ciudadana, no contribuye al enriquecimiento de la vida democrática y se hace, por lo tanto, en detrimento de los mismos ciudadanos a los que se pretende servir. Hoy, observamos en muchas latitudes formas de hacer políticas alejadas del centro y la moderación que se caracterizan por el dogmatismo, el pensamiento único y por una manera elitista de entender la participación. Solo participa realmente quien interesa a la tecnoestructura. Es algo muy viejo, tan viejo como el intento, grosero o sutil, de asfixiar al cuerpo social. Hoy, lamentablemente, a la orden del día mientras no nos despertemos de la manipulación y del control social.
Jaime
Rodríguez-Arana
@jrodriguezarana
Iniciativas globales contrala corrupción
La corrupción pública, por más que nos pese, más en unas
latitudes que en otras, está bastante generalizada y afecta sobre
todo a la contratación, al urbanismo y, como consecuencia, a la
financiación de los partidos políticos. Es un fenómeno sistémico
que requiere respuestas sistémicas y sobre todo globales,
multinacionales.
En efecto, la
respuesta a la corrupción, como plantea el consejo de expertos
anticorrupción del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), debe
ser integral partiendo de iniciativas globales, nacionales, contando
con el sector privado y también, como no, con la sociedad civil.
En el marco
global e internacional, las iniciativas de orden mundial buscan
soluciones a través de mecanismos de colaboración multilaterales
para tratar problemas comunes que trascienden las fronteras
nacionales. En efecto, los problemas derivados del lavado de dinero,
de los privilegios fiscales, de las empresas ficticias o tapadera, de
las monedas virtuales o de las extradiciones, requieren respuestas
globales. En este sentido, son necesarios mecanismos de colaboración
en aplicación de la ley y el establecimiento de parámetros para la
lucha contra la corrupción como sugieren los expertos del BID.
Es verdad que en
los países de América latina y Caribe (LAC) se rubricó en 1996 la
Convención Interamericana contra la Corrupción, un hito desde luego
en la lucha contra esta terrible lacra social y política. Es verdad
que estos países adhirieron a la Convención de las Naciones Unidas
contra la corrupción, que algunos de ellos han firmado la Convención
para combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en
Transacciones Comerciales Internacionales de la OCDE, que estas
naciones participan también en una red de compromisos
multinacionales sobre materias relacionadas con la corrupción, con
el lavado de dinero con las practicas fiscales ilícitas, como son
las Normas Internacionales para combatir el lavado de dinero y la
financiación del terrorismo y la proliferación de del Grupo de
Acción Financiera Internacional. Y también, por si fuera poco, la
mayoría de estos países han adoptado los estándares de la OCDE
relativos al intercambio de información fiscal. Sin embargo, a pesar
de los pesares, a pesar de la rúbrica de todos estos acuerdos y
convenios, la situación es la que es. Pregunta, ¿y si no se
hubieran firmado?.
Por lo pronto,
ahora es más fácil investigar hechos de corrupción vinculados a
delitos multinacionales. Ahora hay, como dicen los expertos del BID,
incentivos para mejorar el desempeño en esta ardua labor pues los
trabajos del Grupo de Acción Financiera Internacional o del Foro
Global sobre Transparencia e Intercambio de Información Tributaria
son más conocidos e incorporan informes que fijan determinados
estándares internacionales.
El problema real
está, como en tantas otras cosas, en la implementación real de
estas recomendaciones y normas pues la resistencia de los actores
políticos es mostrenca. Por si fuera poco, la dependencia política
del Ministerio Público y la falta de una auténtica independencia
judicial hacen muy complicado que la reacción jurídica ante
ilícitos penales y administrativos sea la que debería.
Por eso, mientras
no cunda un ambiente de servicio real a la ciudadanía por parte de
la función pública, mientras las fiscalías no sean independientes
y mientras el poder político siga siendo determinante para la
selección de los jueces y magistrados, será muy difícil, por no
decir imposible plantear un combate a la corrupción creíble.
Finalmente, la
cooperación internacional será muy poco efectiva mientras pervivan
los centros offshore y las jurisdicciones de paraísos fiscales.
Mientras tanto, la llamada economía de las sombras dará al traste
con tantas iniciativas globales y bien intencionadas. Por tanto,
coherencia, independencia de los controladores y formación sólida
en ética. Casi nada.
Jaime
Rodríguez-Arana
@jrodriguezarana
Corrupción 2019
La percepción, y la
realidad de la corrupción no baja. Cualquier índice que se consulte
lo refleja claramente. Estos días, por ejemplo, acabamos de conocer
el nuevo índice de percepción de corrupcion de Transparencia
Internacional (TI) en el que Dinamarca y Nueva Zelanda son los países
con mejores resultados. En España, aunque desciende unos puntos,
sigue siendo un grave porblema. En los países del G7 se estanca la
mejora, sólo 22 de los 180 paises analizados han mejorado
notablemente, mientras que dos tercios de estos Estados ni siquiera
aprueban esta asignatura. Un panorama desalentador que refleja que
esta lucha no se está librando adecuadamente.
Está claro que no
existe una clara voluntad de ganar este combate pues los resultados
del mismo son cada vez peores en términos generales, a pesar de
contar, teóricamente, con instrumentos más modernos para enfrentar
esta terrible lacra que carcome instituciones y pone en cuestión los
fundamentos del actual sistema político, económico y social.
Ante esta situación,
Transparencia Internacional señala, y no es poco, que es necesario
reducir la relación que existe entre las grandes fortunas y la
financiación de campañas electorales y partidos políticos.
También, dice TI, si se quiere luchar coherentemente contra la
corrupción, se debe favorecer la participación de todos los
actores sociales en la toma de decisiones públicas, no solo de las
personas ricas y bien relacionadas.
En los países en los
que las leyes de financiacion de campañas electorales son más
claras y se cumplen, baja la percepción de la corrupción, al igual
que en los países en los que más se consulta a la ciudadanía y hay
mayor participación real.
España pasa del
puesto 41 al 30 igualando a Portugal, Quatar y Barbados. Los que se
perciben como más corruptos son Somalia, Sudán del Sur, Siria ,
Yemen Venezuela.
El índice de
Transparencia, como es sabido, se realiza a través de consultas,
estudios y análisis serios, pero no deja de ser un ranking de
percepción. Aunque cuando el rio suena agua llueva.
Jaime Rodríguez-Arana
@jrodriguezarana
Efectos de la corrupción
Los estudios realizados sobre la corrupción, especialmente en el
área de Latinoamérica y del Caribe (LAC), coinciden en destacar que
esta terrible lacra social afecta negativamente al funcionamiento del
Estado, al mismo Estado de Derecho y, sobre todo, debilita la
confianza en las instituciones públicas creciendo exponencialmente
la desafección entre ciudadanos y representantes, entre las personas
y los políticos, entre consumidores-usuarios y las empresas.
Igualmente, la corrupción incide en la asignación eficaz y
equitativa del gasto público, fomenta la evasión fiscal, aumenta
los costos de la deuda soberana, frena la productividad y la
innovación privada y, como señala el Fondo Monetario Internacional
en un informe de 2018, reduce el crecimiento económico general.
Es
decir, la corrupción, es lógico, no trae más que consecuencias
negativas sobre todo lo que se proyecta sin excepción alguna. Las
redes de la corrupción conectan a las élites económicas con las
gubernamentales como demostró Lava Jato en Brasil facilitando la
captura del Estado. Según el Latinobarómetro de 2017, solo el 30%
de la población está contenta con el funcionamiento de la
democracia mientras que un 53% está convencida de que sus gobiernos
son ineficaces en la lucha contra la corrupción. Una encuesta de
2016 de Transparencia Internacional en veinte países del área LAC
señala que uno de cada tres consultados admitió haber pagado
sobornos para el acceso a servicios públicos como justicia,
educación o salud.
Otro
problema, no menor, es la correspondencia entre corrupción y
desigualdad pues en LAC hay países con los mayores índice de
desigualdad del mundo. En estos países, el desencanto de las clases
más desfavorecidas y de las clases medias ante la capacidad de
influencia de los poderosos para orientar determinadas políticas
públicas genera reacciones populistas. <lo estamos viendo en este
tiempo.
Por
otra parte, la nulidad por causa de corrupción de contratos
millonarios de infraestructuras, con miles de empleados que van al
desempleo y la quiebra de las empresas condenadas, provocan también
graves problemas sociales. Por si fuera poco, los países LAC con
mayor corrupción son castigados por las calificadoras en el ranking
de la deuda soberana cortando, o reduciendo considerablemente, las
inversiones extranjeras.
En este marco, como señala el informe del grupo asesor de expertos
en anticorrupción, transparencia e integridad para LAC constituido
en el seno del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), es menester
diseñar nuevos instrumentos jurídicos destinados a enfrentar
prácticas corruptas que fomenten la transferencia de activos de los
proyectos a nuevas empresas en caso de detectarse ilícitos penales
en la empresa original, minimizando así retrasos e interferencias en
la provisión de servicios para los proyectos en curso. En otras
palabras, como dice el Grupo Asesor del BID en anticorrupción, los
proyectos afectados por corrupción y cuyos costes para ser
operativos exceden los beneficios esperados por la sociedad, no
deberían completarse y sus fondos debieran redirigirse a proyectos
que verdaderamente sirvan al interés general. Casi nada.
Jaime
Rodríguez-Arana
@jrodriguezarana
Reforma del Estado estático de Bienestar
Una de las
polémicas políticas más interesentes a las que podemos asistir en
estos momentos es la de la función del Estado, y más
concretamente, la de la supuesta crisis del llamado Estado del
Bienestar,especialmente
en su dimensión estática.
¿Porqué
ha entrado en crisis esta forma de entender las relaciones
Estado-Sociedad?. Me parece que, entre otras razones, porque el
Estado, que está al servicio del interés general y del bienestar
general, de
todas y cada una de las personas,de al excelsa dignidad del ser
humano,
se olvidó, y no pocas veces, de los problemas reales de los
ciudadanos.
Por eso,
la reforma del Estado actual hace necesario colocar en el centro de
la actividad pública la preocupación por las personas, por sus
derechos, sus aspiraciones, sus expectativas, sus problemas, sus
dificultades o sus ilusiones. El modelo de Estado estático
de Bienestar
acabó por ser un fin en sí mismo, como el gasto público y la
burocracia. Hoy más que nunca hay que recordar que el Estado es de
la las
personas, que
la burocracia es de las personas y que los intereses generales deben
definirse con la activa participación de la gente.
En este
sentido, la
reforma del Estado del Bienestar no puede depender de una ideología
en la configuración de su formulación
porque hoy
las nuevas políticas públicas
se delimitan
por una renuncia expresa a todo dogmatismo político y por la apuesta
hacia ese flexible dinamismo que acompaña a la realidad y, por ello,
a los problemas de las personas. Hoy, me parece, la ideología aporta
sobre todo y ante todo una configuración completa y cerrada de la
realidad social y de la historia de carácter dogmático
que no puede, es imposible, acercarse a un mundo que se define por su
dinamismo, pluralismo y versatilidad. A
diario lo vemos, y lo comprobamos.
Jaime Rodríguez-Arana
Libertad de expresión y ¿límites?
Vivimos en un tiempo en el que, por más que nos pese, no abundan
demasiadas expresiones de pensamiento plural, de pensamiento crítico,
de pensamiento abierto. Más bien, lo que está de moda es esa
corriente que algunos llaman doctrina de lo políticamente correcto y
que, en tantas ocasiones, provoca una suerte de dictadura que
dificulta que se expresen libremente las opiniones sin sufrir algún
tipo de discriminación. Estos días tenemos ante nosotros un caso de
manual. Si a alguien se le ocurre, sea quien sea, afirmar, por
ejemplo, que no se debe, que no está bien, en virtud de la libertad
de expresión, ridiculizar convicciones morales o religiosas, será
enviado a la hoguera mediática. Será linchado sin más. Tal
fenómeno, sin embargo, manifiesta claramente, además del imperio
del pensamiento único en ciertas materias, la instauración del
miedo a expresarse en contra de lo que la tecnoestructura dominante
entiende que es lo bueno y lo correcto.
Afortunadamente, las opiniones son libres, porque
vivimos en un Estado de Derecho en el que la libertad de expresión
se encuentra reconocida en la Constitución. Que las opiniones son
libres quiere decir que menos la apología del delito se puede
expresar cualquier opinión, sea del gusto del poder, no lo sea; sea
del gusto de determinados colectivos, o no lo sea; sea del gusto de
determinadas minorías, o no lo sea; sea del gusto de la mayoría, o
no lo sea.
Si
sólo se pudiera opinar en determinado sentido, si sólo se pudieran
publicar opiniones políticamente correctas, si, por ejemplo, se
pusiera en tela de juicio el prohibido prohibir del mayo francés de
1968, o si se olvidara que la dictadura es un sistema en el que todo
lo que no está prohibido es obligatorio, entonces algo grave estaría
ocurriendo. ¿Qué pensar de un sistema en el que la libertad de
expresión signifique alineamiento con las ideas políticamente bien
vistas por la cúpula?.
La expresión de determinadas ideas podrá gustar
más, menos, o nada, pero que eso sea así no quiere decir que se
impida su expresión en el espacio de la deliberación pública. Lo
que sí es intolerable, es que en nombre de la libertad de expresión
se haga apología del delito o se ataquen las convicciones morales de
determinadas personas o de determinados grupos.
La libertad tiene límites, no es absoluta, como
tampoco lo es el interés general. Ridiculizar o mofarse de la
religión de millones de ciudadanos no es la mejor forma de ejercer
la libertad de expresión. Sí que lo es exponer argumentos o ideas
en un sentido o en otro, pero desde la razón, desde la
argumentación, y, sobre todo, desde el respeto.
En cualquier caso, aunque medien provocaciones,
incluso graves, la reacción violenta nunca, nunca es justificable.
Por eso, en estos casos como el acontecido en Brasil donde una
productora ha realizado un audiovisual que lesiona los sentimientos
religiosos de millones de personas, hay que decir que la libertad de
expresión no puede servir para atacar convicciones morales o
religiosas puesto que existen límites y uno de ellos es el de la
libertad de los demás.
Sí, las libertades tienen límites. Guste o no el
límite es una condición de la realidad y, por cierto, también de
la condición humana. No vale todo. En una democracia el respeto a
las convicciones de los demás es importante, muy importante. Algunos
no solo deberían recordarlo, sino practicarlo.
Jaime Rodríguez-Arana
Transparencia
La
transparencia en los Gobiernos y Administraciones públicas es, desde
luego, uno de los principales desafíos que hoy tienen planteado la
democracia material. Por una parte, porque la transparencia es una
exigencia de calidad democrática y, por otra, porque el derecho
fundamental ciudadano a una buena administración incluye
expresamente el derecho de los ciudadanos a que Gobiernos y
Administraciones públicas, estatales, autonómicos y locales, sean
transparentes en su actividad y en la forma en que implementan las
políticas públicas.
En
democracia, los poderes del Estado residen en el pueblo y se realizan
por y para el pueblo. El pueblo es el soberano y encomienda la
gestión y administración de lo público a unos representantes que
tienen la obligación de dar cuentas de su gestión y administración
a la ciudadanía en forma constante, transparente y argumentada. El
Gobierno y la Administración del espacio público deben servir con
objetividad el interés general promoviendo las condiciones precisas
para el libre y solidario ejercicio de los derechos fundamentales por
parte de todas las personas.
La
transparencia es, debe ser, un hábito propio que ha de presidir la
actuación de los diferentes Entes públicos y, por ello, de las
personas físicas que en ellos laboran. También, por supuesto, debe
regir la actuación de todas las organizaciones e instituciones que
realizan actividades de interés general o que utilicen o manejen
fondos públicos en sus actividades. Por una razón bien sencilla:
como el pueblo es el dueño y señor, el soberano, de los fondos
públicos, es lógico que todos los organismos y organizaciones que
administren estos recursos, sean Administraciones, partidos,
sindicatos, patronales o, entre otros, ONGs, concesionarios de
servicios públicos o cualquiera otra forma de organización que
reciba dinero público, se rijan por la publicidad y la concurrencia
en materia contractual, y por el mérito y la capacidad en la
selección de personal.
Efectivamente,
los fondos públicos requieren, por su propia naturaleza, uso
transparente y publicidad. Por eso, los procesos de selección de
personal que se realizan siempre que hay fondos públicos de por
medio, han de estar regidos por los principios de mérito y
capacidad. Igualmente, cuándo se trata de contratar bienes o
servicios, el carácter público de esos fondos, reclama siempre
publicidad y concurrencia.
En
el mismo sentido, las instituciones que realizan tareas de interés
general también deben guiar su actuación en materia de personal y
de contratos a estos criterios. No hacerlo así, encastillarse en la
oscuridad y en la opacidad, no es más que una manifestación de
arbitrariedad incompatible con los postulados del Estado de Derecho.
Tiempo atrás John Locke enseñó que en toda manifestación de
arbitrariedad hay siempre irracionalidad, subjetividad, propiedades
del absolutismo bien opuestas a lo que debe ser el régimen y
funcionamiento de los gobiernos y administraciones públicas de un
Estado social y democrático de Derecho.
En
este contexto, la transparencia y el acceso a la información de
interés general deben ser gestionados o administrados por un órgano
colegiado de naturaleza plural, en el que estén representados los
Poderes públicos así como la sociedad civil. Es lógico que así
sea porque el pluralismo es también una cualidad democrática que
debe estar presente en todas aquellas cuestiones que afectan a la
rectoría de asuntos de tanta envergadura como la gestión de la
transparencia o del interés general. Aquí, sin embargo, quien más
ejemplo debiera dar, se salta la norma, y como ésta no tiene
capacidad sancionadora, no pasa nada, nada de nada. Asi nos va,
claro.
Jaime
Rodríguez-Arana