GRECO y la Corrupción
El Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de
Europa (GRECO), del que España es miembro fundador, hizo público en diciembre
de 2013 un conjunto de medidas para luchar contra la politización de la justicia.
En diciembre de 2017 señaló que España en ese período de tiempo no había
aprobado ninguna disposición en esa dirección. Ahora, el GRECO acaba de afear
la conducta al Gobierno señalando que si bien se han cumplido dos de las
recomendaciones, adopción de un código ético para los jueces y establecimiento de la caducidad de los
procedimientos disciplinarios para jueces y magistrados, quedan pendientes
cuestiones tan relevantes como la autonomía del Fiscal General del Estado o la
politización de la selección del turno de los jueces para el CGPJ.
En efecto, los políticos siguen participando en la elección
del turno judicial del Consejo General del Poder Judicial en una clara muestra
de que persiste entre nosotros esta mancha de la politización en la composición
del Consejo General del Poder Judicial, el órgano de gobierno de los jueces y
magistrados que es quien decide la composición de las llamadas altas
magistraturas y el competente en materia de potestad disciplinaria de los
integrantes del poder judicial en sentido estricto.
En efecto, el GRECO reprocha a España la falta de
transparencia de las comunicaciones entre el Poder Ejecutivo y la Fiscalía
General del Estado y la ausencia de autonomía de gestión de la Fiscalía. No
objeta, como es lógico, que Congreso y Senado designen a los ocho miembros del
órgano de gobierno de los jueces que son juristas, pero afirma, con toda razón,
que las Autoridades políticas no deben participar en ningún momento en el
proceso de selección del turno judicial.
En opinión del GRECO, cuando las estructuras de gobierno del
Poder Judicial no se perciben como imparciales e independientes, eso tiene un
impacto inmediato y negativo en la prevención de la corrupción y en la
confianza del público en la equidad y eficacia del sistema jurídico del país.
Seis años después, ratifica el GRECO, la situación es la misma. Sin
comentarios.
Jaime Rodríguez-Arana es catedrático de derecho
administrativo.
Moderación y equilibrio en política
Las elecciones del
10-N muestran, entre otras cosas, que en España la moderación y el equilibrio
van dejando paso a versiones radicalizadas de entender la política. En efecto,
la demagogia y el populismo siguen avanzando de forma preocupante en amplias capas
de la población mientras la incoherencia y el apego descarado a la poltrona
hacen acto de presencia de forma completa.
Pues bien, en estos
tiempos, precisamente en estos tiempos, es menester seguir insistiendo en las
bondades de la moderación y el sentido del equilibrio para el ejercicio de la
más noble actividad a la que se puede dedicar el ser humano. Sin moderación no hay equilibrio político. Sólo la moderación no basta, pero la moderación centra las posiciones, aproxima al espacio del
centro, hoy con menos presencia que antaño entre
nosotros.
La moderación es, entre otras cosas, un
ejercicio de relativización de las propias posiciones políticas. Las políticas
radicalizadas, extremas, sólo se pueden ejercer desde convicciones que se
alejan del ejercicio crítico de la racionalidad, es decir desde el dogmatismo
que fácilmente deviene fanatismo, del tipo que sea. Toda acción política es relativa en el marco de los
principios en los que descansa el ideario desde la que se realiza. El único absoluto
asumible es –repitámoslo- el hombre, cada hombre, cada mujer concretos, y su
dignidad. Ahora bien, en qué cosas concretas se traduzcan aquí y ahora tal
condición, las exigencias que se deriven de ellas, las concreciones que deban
establecerse, dependen en gran medida de ese “aquí y ahora”, que es por su
naturaleza misma, variable.
La moderación, lejos de toda exaltación y
prepotencia, implica una actitud de prudente distanciamiento asumiendo de la
complejidad de lo real y de la limitacióndel conocimiento
humano. La complejidad de lo real no es una derivación del progreso humano,
de los avances científicos y de la tecnología, por mucha complejidad que hayan
añadido a nuestra existencia. Más bien, los avances de
todo tipo nos han hecho patente esa complejidad. Los análisis simplistas y
reduccionistas se han vuelto a todas luces insuficientes, no sólo para el
erudito o el experto, sino para el común de la gente. Justamente los medios de
comunicación, el progreso cultural, la información, han permitido a una gran parte de la ciudadanía constatar de modo
inmediato, con los medios a su alcance –simplemente con la información diaria
que ponen a su disposición la prensa, la radio, la televisión o las nuevas tecnologías-, esa complejidad: la información diaria
nos permite a todos percibir intuitivamente la incidencia de los avatares de la
bolsa de Wall Street en la vida económica española. Esa
complejidad la descubrimos hoy a través de cualquier afición que cultivemos, en
el campo deportivo, cultural o recreativo...: Un buen aficionado al fútbol ya
no sabe sólo de tácticas o de juego, analiza presupuestos y balances, discute
sobre cláusulas contractuales, se familiariza con nociones de sociología,
conoce mecanismos de protección del orden público...
Con la actitud de equilibrio me refiero a
la atención que los políticos deben dirigir no a un sector, a un segmento de la población, a un grupo –por
muy mayoritario que fuese- de ciudadanos. Deben atender, todos
sin excepción, salvo que practiquen políticas clientelares u oportunistas, a la realidad
social en todas sus dimensiones. Precisamente por eso, entre otras cosas, la
moderación en política no es fácil. Se trata de
gobernar, de legislar, para todos, contando con los intereses y las necesidades
de todos, y también y sobre todo con las de los que no las expresan, por cuanto
entre ellos se encuentran posiblemente los que tienen más escasez de medios o
menos sensibilidad para sentir como propios los asuntos que son de todos.
Ciertamente una política genuinamente democrática
–la política moderada lo es- sólo puede desarrollarse en la medida en que una
sociedad alcanza estándares adecuados de seguridad económica y de maduración
social. Políticas democráticas en entornos económicamente subdesarrollados,
socialmente inmaduros o desequilibrados, culturalmente inertes o convulsos,
presentarán necesariamente graves deficiencias y correrán el riesgo de
reducirse a puras formalidades que esconderán probablemente la acción de
oligarquías más o menos encubiertas.
El equilibrio político, pues, es una
exigencia y una condición de la moderación en política y quien ejerce el poder sólo podrá responder a
esa exigencia si su tono ético y su inteligencia le permiten sobreponerse a las
presiones, y sortear las tensiones –cuando fuere el caso- que el juego de la
vida social lleva implícitas. El que ejerce el poder no debe estar comprometido
con un segmento, ni con una mayoría por amplia que fuese, sino que lo está con
todos, aunque la base social que constituye su soporte serán necesariamente los
sectores más dinámicos, activos y creativos del cuerpo social. En España, por el momento, parece
que o no se entiende, o se prefiere la poltrona al interés general. Esperemos
que así no sea.
Jaime Rodríguez-Arana
@jrodriguezarana
Prejuicios y libertad educativa
Uno de los campos en que
todavía a día de hoy dominan un sinnúmero de prejuicios ideológicos es el de la
educación. En efecto, la libertad educativa, a pesar de los pesares, no se
comprende por quienes tienen dilatadas las pupilas del conocimiento por el
pensamiento único. Con frecuencia, confunden la obligación del Estado de
facilitar a la ciudadanía los modelos educativos posibles con la segregación,
con la promoción de la discriminación. Sin embargo, la Constitución es bien
clara: los poderes públicos deben promover las libertades y la igualdad y
remover los obstáculos que impidan su realización. Y en materia educativa, se
reconoce el derecho fundamental de los padres a que sus hijos se eduquen en
escuelas de acuerdo con sus preferencias morales o religiosas. Y no solo se
reconoce, se garantiza, dice el artículo 27.3 de nuestra carta Magna.
Garantizar la libertad
educativa sería lisa y llanamente facilitar que cualquier padre pueda elegir la
escuela de su preferencia para sus hijos. Sea pública, privada, en régimen de
coeducación o de inspiración diferenciada. Para ello existe el llamado cheque
escolar, una ayuda pública para hacer posible la libertad que ya existe en
muchas partes del mundo. Que tal medida pueda dejar en mal lugar a la educación
pública porque los padres mayoritariamente prefieran escuelas privadas para sus
hijos no debe invalidar este sistema. Si la educación pública no es la
preferida por los padres, lo que hay que hacer es mejorarla. Y no se mejora
potenciando los privilegios de los sindicatos corporativistas, desincentivando
a los directores o impidiendo la autonomía de los centros.
Por ejemplo, en el Estado
de Washington, a pesar de los intentos de los inmovilistas, el cheque escolar
sigue su camino desde 2004. En 2016 miles de alumnos se han beneficiado de un modelo
educativo que fomenta la libertad de elección y que, dónde las autoridades
educativas están comprometidas con la mejora y la calidad educativa, propicia
que la educación pública salga de ese letargo de burocratización e
ideologización bajo el que acampan y se aproxime a parámetros de calidad y
excelencia.
En contra de lo que el
pensamiento oficial nos dice, resulta que donde se aplica, el cheque escolar,
en las antípodas del elitismo, favorece, y de qué manera, a las familias de
escasos recursos económicos. El caso de Washington, en el que los enemigos de
la libertad han vuelto a perder, demuestra que estos padres, los que menos
tienen, consiguen llevar a sus hijos a centros privados y parroquiales en los
que la educación es de mejor calidad. La experiencia de este Estado de los EEUU
acredita también, al menos así lo demuestran las encuestas, que la educación
pública por vez primera en diez años empieza a mejorar. La competencia, cuando
es sana, razonable, mejora los servicios.
Para terminar, unas
sencillas pregunta: ¿por qué por estos pagos tenemos tanto miedo a la
libertad?. ¿Por qué no se permite que los padres elijan de verdad?. ¿Por qué se
evita que los padres de escasos recursos puedan aspirar a una mejor educación
para sus hijos?. En fin, ¿por qué tanto interés en que la educación pública
siga en los parámetros de calidad que todos conocemos?. ¿No es mejor fomentar
la libertad: que cada uno elija lo que mejor le parezca en un contexto de pluralismo?.
Jaime Rodríguez-Arana
@jrodriguezarana.
Jaime Rodríguez-Arana es
catedrático de derecho administrativo. jra@udc.es
Realidad y política
Los griegos, como se sabe, disponían de un sistema político en el que
muchos, muchos ciudadanos participaban en algún momento de su vida, por
supuesto temporalmente, en la gestión y administración de la cosa pública. Para
la provisión de numerosos cargos en las polis se recurría al sorteo como
sistema de selección. De esta forma gran parte de la ciudadanía, con el paso
del tiempo, adquiría una cierta experiencia en el manejo de los asuntos
públicos, encontrándose así en mejores condiciones de juzgar a los gestores y
administradores de la res pública.
Obviamente, hoy la política ha cambiado
y se requieren para algunas actividades unos conocimientos y unas capacidades
especiales. Quien lo puede dudar. Sin embargo, el que muchos ciudadanos asuman
responsabilidades públicas en algún momento, evitando la tendencia, todavía
presente, a que siempre estén los mismos
o sus afines en la rectoría de las cosas públicas, es algo bueno, muy bueno
para la salud democrática y para una mejor comprensión por parte del pueblo de
la actividad política.
La razón de ser de la política es la mejora de las condiciones de vida de
los ciudadanos. Su ejercicio correcto puede coadyuvar a resolver muchos
problemas de las personas en su dimensión colectiva. Cuándo la cabeza, y la voluntad, se centran en
la resolución de los problemas de la colectividad, en cómo mejorar las
condiciones de vida de los ciudadanos, entonces, aparece la mentalidad abierta,
la metodología del entendimiento y, por supuesto, la sensibilidad social.
Sin embargo, como bien sabemos, es posible, y no poco frecuente, otra forma
de estar y de trabajar en política. En efecto, si se aspira a permanecer y a
conservar el estatus, lo que hay que hacer, algunos son auténticos profesionales,
es dedicarse exclusivamente a la conservación del poder por el procedimiento
que sea. En este contexto, los problemas reales de las personas son secundarios
porque lo primario y principal es tejer relaciones clientelares
inquebrantables.
La regeneración política, tan
cacareada como inédita, y la recuperación de los valores democráticos, es cada
vez más urgente. ¿Serán capaces los políticos, contando con la participación
ciudadana, que nos han tocado en suerte en este momento de tomar conciencia de
lo que pasa en el cuerpo social, y de una vez buscar un sincero acuerdo y
entendimiento para que este país ocupe el lugar que por derecho propio le
corresponde en el globo?. A juzgar por lo que estamos viendo tras el 10-N, una
vez más los intereses personales primarán sobre los generales y España, un gran
país, seguirá sin desarrollar las capacidades que tiene uno de los pueblos más
importantes del mundo. Que pena.
Jaime Rodríguez-Arana
@jrodriguezarana
Estado de Bienestary Política Social
La política social, según
Messner, consiste en las medidas e instituciones del Estado para proteger a los
grupos sociales que dependen del trabajo contra todo perjuicio en la
participación del bien común. Entre las medidas de la política social, cada vez
más necesarias, están una protección de la salud digna y humana, una protección
del salario a través de la seguridad social general y una protección de los
convenios colectivos para que las condiciones de trabajo permitan la
realización del hombre en su plenitud. También en estos casos la acción del
Estado está vinculada por el principio de subsidiariedad, de forma que en
muchas ocasiones la integración social es posible dejando a los individuos y
grupos que los representa la iniciativa en esta materia.
El Estado debe garantizar el
cumplimiento de los derechos humanos en el marco del bien común. Por eso, el
modelo del Estado social del Bienestar implica que la acción pública, en el
marco de la subsidiariedad, se oriente hacia la dignidad de la persona, que es
la fuente y la garantía del bien común, de manera que la intervención, cuando
sea necesaria, tiene siempre esta connotación de servicio al hombre que vive en
comunidad. De ahí que sea incompatible con el modelo del Estado social del
Bienestar la creencia de que el mercado por sí mismo todo lo arregla. Sabemos
que el liberalismo económico a ultranza implica fallas sobre los derechos
humanos; por eso, la intervención pública debe legitimar un orden económico al
servicio del hombre. Quizás, en este sentido puede entenderse la doctrina de la
llamada economía social de mercado, que me parece que se encuentra en la
entraña de lo que debe entenderse por el Estado social del Bienestar.
Ludwig
Erhard entendió claramente la función del Estado cuando escribía en su célebre
obra "Bienestar para todos" que "el ideal que yo sueño es que
cada cual pueda decir: yo quiero afianzarme por mi propia fuerza, quiero correr
yo mismo el riesgo de mi vida, quiero ser responsable de mi propio destino.
Vela tú, Estado, porque esté en condiciones de ello".
Que palabras tan actuales.
Jaime Rodríguez-Arana
@jrodriguezarana
La crisis del Estado de Bienestar
La crisis del Estado del
Bienestar es clara, está fuera de duda. No solo desde el punto de vista
económico, sino también, y ello es más importante, como modelo de Estado. Sobre todo, esa versión cerrada y unilateral
denominada Estado de bienestar estático que ha fracasado
estrepitosamente.
Por eso, aunque lentamente,
se está recuperando una nueva forma de entender lo público, no como algo propio
del Estado, sino como algo en lo que tiene que participar el ciudadano, la sociedad civil. Se está rompiendo el monopolio que hasta ahora
tenía el Estado frente a los intereses públicos. Y, además, está reapareciendo
la idea de que el Estado está para fomentar, promover y facilitar que cada ser
humano pueda desarrollarse como tal a través del pleno, libre y solidario ejercicio de todos y cada uno de los derechos
humanos. Por tanto, el ser humano, la persona es el centro del sistema, el
Estado está a su servicio y las políticas públicas, por tanto, también. En este
contexto surge espontáneamente el principio de subsidiariedad y se justifica
que el Estado sólo debe actuar cuando así lo aconseje el bien común. Es más,
debe el Estado hacer posible una sociedad más fuerte, más libre, más capaz de
generar iniciativas y con mayor capacidad de responsabilidad política.
El Estado debe permitir que
cada ciudadano se desarrolle plenamente y que pueda integrarse en condiciones
dignas en la sociedad. La muerte del "Welfare State" no es la muerte
de una manera más social de ver la vida, sino la muerte de un sistema de
intervención creciente que ha terminado asfixiando y narcotizando al ciudadano.
Por lo demás, las propuestas que aquí se esbozarán participan de la necesidad
de seguir luchando por el Bienestar, pero con otra metodología, con otra forma
de interpretar la función esencial del Estado.
El Estado del Bienestar, tal
y como se ha manifestado en Europa en los últimos años ha asumido los gastos de
la sanidad, las pensiones de jubilación, el sistema educativo y los subsidios
de desempleo. Sin embargo, ha sido, en muchos casos, una tarea propia y
exclusiva del Estado, sin abrirse a la sociedad, con lo que el Estado ha tenido
que correr con todos los gastos hasta que se acabó la financiación.
Esto es, simplemente, lo que está aconteciendo en este tiempo a gran velocidad.
Parece mentira pero era un sistema, más tarde o más temprano, abocado al
fracaso porque la crisis económica que ha producido semejante gasto público
acabaría apareciendo. Se produce un elevado déficit público, un aumento
importante del paro y, consiguientemente, un imposible recorte de las
prestaciones sociales, que es el elemento identificador del Estado del
Bienestar.
Se ha dicho que si el colapso
del sistema de tipos de cambios, que si el crecimiento de la inflación, o que
si el aumento del precio del petróleo, o que si la disminución de la demanda
productiva eran causas de la crisisProbablemente, como
también lo ha sido el crecimiento del sector público, o la corrupción inherente
a todo sistema de intervención administrativa. Es cierto, pero lo más
interesante es poner de manifiesto que el sistema ha fracasado en su propia
dinámica: a pesar de aumentar la presión fiscal y de, lógicamente, aumentar el
gasto público, resulta que los servicios públicos no eran proporcionados al
gasto. ¿Por qué?. Sencillamente, porque hemos seguido viviendo en una
Administración para quien el ciudadano es la justificación para crecer y crecer
y porque no ha calado en los políticos la Ética Política propia de un Estado
que aspira a instaurar el verdadero bien común.
Porque, no se puede olvidar,
que ni siquiera en los momentos de prosperidad se ha incentivado el ahorro. Es
más, se ha propagado, desde el Estado, porque era "conveniente", una
manera de vivir en la que cada vez era necesario "más", cada vez era
necesario consumir más y más, hasta el punto de que ¡oh paradoja!, ha sido el
Estado del Bienestar el principal responsable del consumismo hoy imperante.
Pero es que, además, tampoco se ha incentivado, en las épocas de bonanza, la
inversión a pesar del crecimiento incesante de los salarios. El colmo ha sido
que, en algunos países, se ha
disparado el paro de una manera alarmante. Hay mas: esta mentalidad
asistencial, por una parte, -porque por otra genera, consumismo- ha ido calando
poco a poco hasta conseguir la improductividad económica. En este contexto, la
natalidad desciende preocupantemente; se alarga la esperanza de vida. Aumenta,
de esta manera, el número de personas que deben cobrar pensión de jubilación o
de desempleo y desciende el número de personas que cotizan.
Lógicamente, en estos
términos, las prestaciones sociales han tenido que disminuir poniendo en
entredicho un sistema que parecía invencible. Se anuncia que es aconsejable que
los funcionarios dispongan de planes privados de pensiones. La mitad o más de los presupuestos públicos se dedica al pago
de prestaciones sociales.
En definitiva, tenemos deudas públicas elefantiásicas, una déficit público colosal mientras la presión fiscal no para de crecer
¿Qué pasa, entonces?. Pues que el ciudadano se ha acostumbrado a esperarlo todo
del Estado y, si nos descuidamos, a veces los empresarios necesitan de la
subvención para todo, absolutamente para todo.
Se ha generalizado una peligrosa cultura de la subvención que ha enganchado a
los ciudadanos y a sus agrupaciones en la todopoderosa maquinaria del Estado.
El que paga manda, dice el refrán: y es así; de forma que la tentación de la
extensión del poder ha sido ampliamente colmada hasta llegar a la más pequeña
de las asociaciones de vecinos, porque no se quiere dejar nada a la
improvisación. Eso sí, mientras tanto, los ciudadanos hemos ido perdiendo
sensibilidad social y capacidad de reacción. Cada vez somos más dependientes del poder y menos
libres. Desde luego, así no podemos seguir.
Jaime Rodríguez-Arana
@jrodriguezarana
La función del bienestar
La función del bienestar
constituye, como enseña Messner, la
segunda función social básica del Estado, después del mantenimiento de la paz y
el orden interior y exterior. En realidad, la función del bienestar se refiere a la vida económica y
social y sus principales campos de aplicación son las bases ordenadoras de la
economía general.
La función del bienestar, que
tiene mucho que ver, no sólo etimológicamente, con el bien común, puede
alcanzarse a través de la intervención directa del Estado en la vida económica
y social o a través de la aplicación del principio de subsidiariedad. En este
sentido, conviene distinguir entre Estado-Providencia y Estado social del Bienestar.
El Estado Providencia
(Welfare State) es el que se ocupa inmediatamente de todas las necesidades y
situaciones de los individuos desde "la cuna hasta la tumba". Es un
modelo de Estado de intervención directa, asfixiante, siempre presente, que exige
elevados impuestos y, lo que es más grave, que va minando poco a poco lo
más importante, la responsabilidad de los individuos. Trae consigo una poderosa
y omnipotente burocracia que crece y crece sin parar. En fin, este modelo de
Estado del Bienestar es el que ha fracasado estrepitosamente en Europa en este
tiempo por no confiar en el principio de subsidiariedad como elemento de
regulación de la tarea estatal de bienestar y, por tanto, por no seguir un
principio del bien común a partir de la promoción de las condiciones básicas
para que el ciudadano se desarrolle en libertad
solidaria y en responsabilidad.
En realidad, el Estado social
del Bienestar no supone que la regla deba ser la de mayor intervención del
Estado en la vida económica y social; ni tampoco que se deba practicar una no
intervención de los Poderes públicos en la sociedad. El Estado, es necesario
recordarlo, tiene una función ordenadora en la vida económica y social, tiene
un cometido fundamental: establecer el orden en el que se consiga la mayor
medida posible de bienestar general y se promueva el libre y solidario desarrollo de la persona en beneficio de la
generalidad. Por eso, como acertadamente señala Messner, la finalidad de la
política económica, que siempre tiene un claro sentido instrumental, es la
creación de los medios adecuados para una mayor productividad socioeconómica y
un mayor nivel de vida de todos los ciudadanos. La
elevación de la productividad socioeconómica implica que todas las
instituciones económicas deben orientarse en su actuación a este objetivo. Y,
para alcanzar el mayor nivel de vida posible es necesario un justo reparto del
producto social de manera que, también al servicio de esta finalidad, han de orientarse la política monetaria, la política crediticia, la
política de salarios de precios o de impuestos, la política laboral, la
política agraria, pesquera, ganadera, sindical.... También la política fiscal ha de ser analizada en este
contexto: debe orientarse hacia el bienestar económico y social porque no es un
fin en si misma parafinanciar todaclase de ocurrencias de quienes en cada
momento dirigen el país.
El Estado social de Derecho, que parte de los principio de subsidiariedad y de solidaridad , supone que el propio Estado no debe ejercer
actividad económica propia, a menos que la iniciativa privada sea insuficiente
para cubrir las necesidades sociales o que el bien común exija su presencia en
la vida económica. Por tanto, debe recordarse que la actividad económica
estatal se justifica solamente, como es lógico, en caso de bienes y servicios
de necesidad pública. En relación con la empresa privada, el Estado debe estar
presente para garantizar el cumplimiento del bien común en un mundo en el que el capitalismo precisa de reformas y en el que el socialismo igualmente necesita de
transformaciones. Casi nada.
Jaime Rodríguez-Arana
@jrodriguezarana
Políticas sociales
Las políticas sociales del
Estado asistencial, que, originariamente, eligieron a la familia como objeto
preferente de sus prestaciones, han acabado por vaciar de casi todo contenido
relevante a la institución familiar hasta
imponer una determinada manera de entender esta institución como si la función
del Estado fuera la de construir intelectualmente conceptos y después
proyectarlos unilateralmente sobre la vida social.
Para superar esta situación
una solución podría pasar por traspasar la barrera del Estado de bienestar
hacia lo que denominaríamos la
Sociedad de bienestar. Esto supone no sólo poner el acento en
lo vital ("sociedad") frente a lo estructural ("Estado"),
sino que también evoca una nueva noción de bienestar: en vez de una recepción
pasiva de prestaciones, una intervención activa en una tarea común. La vida social tiene calidad cuando a sus actores natos
se les permite que realicen sus proyectos originales y se les otorga una ayuda
a la que tienen derecho precisamente para poner en marcha iniciativas
genuinamente sociales.
Como decía Don Eberly hace
unos años, para restaurar la sociedad civil tenemos que dar
marcha atrás en el modo de plantear los problemas sociales. En la historia
americana anterior, el debate se centraba en la naturaleza profunda: del hombre
y sus obligaciones. Ahora discutimos acerca de estructuras impersonales, a
saber, acerca del gobierno y del mercado. Muchos conservadores y muchos
liberales intervencionistas hablan de un modo racional y frío sobre los
programas de gobierno o los sistemas de mercado, la mejora de los incentivos y
la tasa de crecimiento económico, que se supone son los verdaderos indicadores
del bienestar nacional.
Para detectar las causas
culturales del debilitamiento de la sociedad civil, Eberly cita el diagnostico
del sociólogo Sorokin, para quien la contradicción básica de nuestra cultura
era la simultanea glorificación y degradación del hombre; manifestación de lo
cual es el actual utilitarismo, que ha producido un hombre totalmente
mecanicista, materialista y extremadamente individualista.
Tocqueville, con su clarividencia
probervial señaló que la fuerza de América consistía en la
tendencia a unirse en asociaciones voluntarias, mientras que la principal preocupación
a largo plazo sería el egoísmo que lleva a cada ciudadano a vivir aparte
-extraño al destino del resto-. Le preocupaba que esta forma de individualismo,
combinada con el nacimiento de la sociedad de masas, produjera el omnipresente
Estado burocrático que ha provocado tantos estragos en la vida social a partir
de su hábil alianza con el denominado consumismo insolidario.
En este sentido, las políticas públicas de este
tiempo, del color que sean, refuerzan esta forma de concebir la sociedad como
habitada por individuos libres sin limitaciones, mimados con promesas, armados
de múltiples derechos legales, inundados de posibilidades de consumo, y sin
embargo más súbditos que ciudadanos. Así nos va.
Jaime Rodríguez-Arana
@jrodriguezarana
Sobre el principio de subsidiariedad
El principio de
subsidiariedad, como es bien sabido, limita considerablemente la operatividad
del poder estatal y responsabiliza a las personas en el cumplimiento e sus
fines vitales y sociales. Como principio superior filosófico-social, señaló Messner, tiene tres importantes corolarios. Primero: un
sistema social es tanto más perfecto cuanto menos impida a los individuos la
consecución de sus propios intereses. Segundo: un sistema social es tanto más
valioso cuanto más se utilice la técnica de la descentralización del poder y la
autonomía de las comunidades más cercanas a los
ciudadanos. Tercero, y muy importante, un sistema social
será más eficaz cuanto menos acuda a las leyes y más a la acción de
fomento y a los estímulos para alcanzar el bien común. El
libre y solidario desarrollo de la persona, en
un contexto de bien común, es un dato capital.
Por eso, el principio de
subsidiariedad supone tanta libertad como sea posible y tanta intervención
estatal como sea imprescindible. En realidad, como sabemos, el ideal del orden
social se orienta hacia la mayor libertad posible en un marco de mínima
regulación estatal. Los pueblos que han tenido más leyes no es que hayan sido
los más felices comenta Messner. Sin
embargo, hoy por hoy existe una fuerte convicción, tan errada como irreal, en que el
progreso social depende de la intervención estatal. La cuestión es reducir la
intervención a ese marco de ayuda ínsito en la idea del bien común,
porque no se puede olvidar que la gran paradoja, y tremendo fracaso del Estado
del Bienestar, ha sido pensar que la intervención directa producía
automáticamente mayor bienestar general.
La fórmula es, más bien, la
que parte de la subsidiariedad: cuanto más se apoye a la persona y a las
comunidades más cercanas en que se integra, se
fomentará la competencia y la responsabilidad y el conjunto tendrá una mayor
autonomía. Porque no se puede olvidar que el principio de subsidiariedad
protege los derechos de las personas y de las pequeñas comunidades frente a un
Estado que, históricamente, ha cedido a la sutil tentación de aumentar
considerablemente su poder. Pero lo más importante, independientemente de la
fuerza evidente de este principio básico de la Ética política, es que el bien
común se alcanza más fácilmente si los propios individuos y las pequeñas
comunidades, como enseña Messner viven y
se desarrollan en un contexto de responsabilidad e ilusión por conseguir sus
fines existenciales.
Es evidente que el
modelo del Estado de bienestar, tal y como esta concebido actualmente, en su dimensión estática, esta agotado. Sus estructuras están
sobrecargadas porque ha pretendido hacerlo todo. Por otra parte, su rigidez
burocrática le ha hecho perder contacto con las fuentes que le proporcionarían
vitalidad, entre ellas la familia. Y, fundamentalmente, este modelo de Estado ha caído presa, como un
instrumento más, del poder político en unos casos y del poder financiero en
otros. El poder político se ha apropiado de sus instituciones y ha convertido
lo que es la principal acción de fomento, la subvención, en la principal fuente
de control social.
En efecto,
el ansia de control y manipulación
social creció y creció así igualmente, con la misma intensidad y frenesí, se
ampliaron los programas y planes de ayudas y subsidios hasta que la caja de
todos se quedó vacía. Y, por otra parte, el poder financiero consiguió, a
través del tráfico de influencias y del “buen” hacer de don dinero, captar o,
mejor, capturar no pocas veces las instituciones reguladoras que en lugar de
ser entidades independientes o neutrales, como las denomina la doctrina, se han
convertido en ocasiones en cómplices de tantos desaguisados financieros
como hemos visto en estos años.
Tenemos, pues, que buscar
otras fórmulas. La ideología cerrada ya sabemos adónde nos conduce. Por qué,
entonces, no atreverse a ensayar nuevas fórmulas, que seguro que existen, que
partan de democratizar la democracia, de desestatizar el Estado y de liberar la
libertad?.
Jaime Rodríguez-Arana
@jroriguezarana
Libertad e intervención
El sentido de la libertad
económica y el alcance de la presencia del Estado en la economía y en las
finanzas es un tema permanente del debate académico y político acerca de las relaciones entre libertad y
Estado. En mi opinión, siguiendo a los profesores de la Escuela de Friburgo, los
patrocinadores de la teoría de la economía social de mercado, la clave está en que realmente exista
tanta libertad como sea posible y tanta intervención como sea imprescindible. Algo, en los tiempos que corren bien alejado de la real realidad, pues unos
y oros tienden, cuándo gobiernan, a intervenir e invadirlo todo, sea en nombre
de la libertad sea en nombre del Estado.
En términos generales, se
puede afirmar que la principal función del Estado es la de garantizar, promover el libre ejercicio de los derechos y las libertades de
los ciudadanos. Tarea promocional o garantizadora
que, sin embargo, en ocasiones, no pocas, brilla por su ausencia porque el
Estado, traicionando su legítima función, invade y se adentra en el sacrosanto
mundo de la libertad de las personas adoctrinando con ocasión y sin ella sobre cuestiones y opiniones que pertenecen a la esfera de la
intimidad de los ciudadanos. Hoy tal cosa acontece, con una obvia y evidente
restricción de la libertad de expresión, y muy pocos son quienes nos atrevemos
a denunciarlo como un atropello impropio de quien debe, insisto, ser el
principal valedor de las libertades y los derechos.
Por otra parte, no debemos
olvidar, como aconteció en la crisis de los años que se inició en 2007-2008, que
la propia función reguladora, inspectora, supervisora, de vigilancia del
Estado, bien deficiente durante esa crisis económica, hoy reaparece por no
haber tenido la valentía de trabajar sobre las
causas.
El actual colapso del Estado
de bienestar en su versión estática, se ha ido produciendo poco a poco. A base de incrementar la intervención pública en la vida social, pero no
ara fomentar la libertad, o para garantizarla, sino precisamente para
todo lo contrario, para ir controlando, para ir manipulando, la sociedad a
través del uso clientelar y unilateral de la principal institución conformadora
del Estado social que es la subvención.
En realidad, hemos llegado a
la situación que conocemos por muchas causas. Una de ellas, no menor, reside en
que el mercado, el espacio de las transacciones, ha sido dominado en estos años
por la idea de lucro, que, lisa y llanamente, no es más, ni menos, que la ganancia
obtenida sin contraprestación. Es decir, el beneficio por el beneficio sin
otras consideraciones.
Para comprender mejor el alcance de las tareas u
funciones que deben caracterizar a un Estado que sitúe en el centro, en el
corazón, la dignidad del ser humano, es menester, siquiera sea brevemente,
trazar algunas ideas generales acerca de esta materia, para así comprender
mejor cómo la libertad, también en la economía, debe ser la regla general, pero
una regla general que no debe entenderse de manera absoluta, sino, más
bien, en el marco de los límites y limitaciones que componen la realidad.
Pretender que la libertad sea absoluta o que el Estado sea ilimitado conforma
dos ideologías que la propia Iglesia ha condenado hace ya muchos años por
despreciar, por laminar la dignidad del ser humano. Ni el Estado, como decía
Hegel, es la encarnación del ideal ético, ni el mercado, como afirman algunos
de los más rutilantes representantes de la Escuela de Chicago, es el espacio de la asignación de los derechos y los deberes. Promover, defender y proteger la libertad solidaria, por ahí van los tiros.
Jaime Rodríguez-Arana
@jrodriguezarana