Autonomismo
El pensamiento bipolar, hoy cada vez más presente a causa de la
mediocridad que domina todos los espacios de la actividad humana, exige
permanentemente la confrontación y el enfrentamiento. Quienes sostienen tal
forma de entender la realidad piensan por pares de ideas opuestas, mutuamente
excluyentes, exigidas la una por la otra, explicadas la una desde la otra, pero
irreconciliables la una con la otra.
Es cierto que nuestro modo de concebir la realidad responde en ocasiones
a ese esquema, pero en modo alguno lo preside. Incluso es posible que esta
forma intelectual de proceder perfeccione nuestro modo de acercarnos a la
realidad circundante. Sin embargo, lo que puede ser nocivo, lo que es perverso,
es pretender absolutizar ese método de oposiciones conceptuales, considerando
este procedimiento como el único legítimo de comprender y explicar la realidad.
Es verdad que la real realidad desborda cualquier esquema de
pensamiento y nuestro conocimiento, como sabemos, no es sino
una aproximación a una realidad que es inagotable en sus facetas, en sus
matices y en su desarrollo. Por ello, no
hay un método único, absoluto, para descubrirla e interpretarla.
El Estado moderno, por necesidad histórica, por razones ideológicas,
por exigencia constructiva, absolutizó su estructura, llegando a contemplarse como
la culminación del proceso histórico universal. Y de ese modo sujetó los
territorios a él adscritos a la lógica uniformadora y homogeneizadora, negando
a sus pueblos la posibilidad de la autoidentificación. Las brutales
experiencias derivadas de esa concepción –de modo especial el Estado
nacionalsocialista y los diversos Estados comunistas- y el asentamiento de la
doctrina de los derechos humanos contribuyeron a provocar una honda revisión de
los fundamentos del Estado y de sus atribuciones teóricas y prácticas.
El ser humano, la persona, se constituyen como un cierto ámbito de
soberanía, en el sentido de que la capacidad de acción del Estado sobre ella se
ve seriamente limitada. Las Entidades políticas de base territorial inferiores
al Estado-nación llegaron en algunos casos a tomar carta de naturaleza
política, mediante procedimientos autonómicos, regionales o federales, según
los casos. Los procesos de internacionalización y globalización conducen a una
interrelación que difumina los férreos límites y fronteras impuestos por el Estado
decimonónico, abriéndose un proceso de integración en estructuras políticas más
amplias.
España se encuentra
ejemplarmente inmersa en ese proceso. De un Estado fuertemente centralizado y
homogeneizante, hemos pasado, en virtud de la Constitución de 1978, a un Estado
autonómico, plural, que reconoce políticamente las realidades particulares de
los territorios y pueblos. Esto no es retórica, porque nuestra experiencia, la
de todos los españoles en estas décadas de régimen democrático, testimonia
inequívocamente esta aseveración.
El Estado tiene que dejar de ser lo que fue hasta ahora: un órgano de
atribuciones ilimitadas sobre los ciudadanos. Además, tampoco se debe pretender
crear, al amparo de ese proceso novedoso, nuevos Estados según el patrón que se
debe abandonar. El Estado no debe dejar de ser Estado, pero debe posibilitar,
como ya lo hace en España, el desarrollo de los Entes autonómicos, comunitarios.
Estos entes, también los locales deben autoafirmarse como realidades políticas,
pero sin pretender suplantar o subsumir el papel del Estado.
En eso consiste la superación del falso dilema al que se nos quiere
enfrentar tantas veces: nacionalismo versus centralismo, centralismo o
nacionalismo. Pues bien, desde el pensamiento abierto, plural, dinámico y
complementario: ni nacionalismo, ni centralismo: autonomismo. En el caso
gallego, ni centralismo ni nacionalismo, galleguismo.
Jaime Rodríguez-Arana
Catedrático de Derecho Administrativo
Los estudios de Derecho
Es bien sabido que la
formación jurídica que se imparte en las Facultades europeas es deudora de la
tradición positivista que dominó desde el siglo XVIII la aproximación al Derecho
en el viejo continente. Seguramente, nuestro subconsciente jurídico opera,
incluso sin que nos demos cuenta, en un contexto en el que como nos descuidemos,
también el pensamiento único, en este ámbito, causa sus estragos, sobre todo en
las razonables demandas de justicia que el imperio, y tantas veces, el dominio
de la forma y el procedimiento proyecta sobre el entero sistema jurídico.
Por ejemplo, entre
nosotros la jurisprudencia y los principios generales siempre han tenido un
cierto carácter polémico en lo que se refiere a su condición de fuente del Derecho.
Sobre todo, porque el pensamiento único prefiere amarrarse a unos prejuicios
que tantas veces no son más que la manifestación exacta del imperio, y dominio,
del poder sobre el Derecho, argumentándose tantas veces con el recurso a las
mayorías, como si en la reciente historia del siglo pasado no haya testimonios
bien elocuentes de lo que son capaces de hacer las mayorías bajo el yugo del
totalitarismo.
Por ello, pienso que
debemos reparar en la cuestión de la fundamentación del Derecho, buscando aproximaciones
que subrayen los derechos fundamentales de la persona y la vertiente ética y
moral de la práctica del Derecho por todos los operadores jurídicos.
En este contexto se
insiste en el conocimiento del Derecho como saber instrumental enmarcado en la
búsqueda constante de la justicia, planteamiento hoy no muy practicado, valga
la redundancia, en la “práctica”, puesto que no pocas veces brilla por su
ausencia la dimensión ética y dónde con tanta frecuencia el fin justifica los
medios. Por eso, el ejercicio del Derecho no puede desconectarse de la
protección de los derechos humanos derivados de la dignidad de la persona,
derechos que, lo sabemos, no son creación del Estado. Más bien, el Estado debe
reconocerlos y facilitar su ejercicio. En una de estas nuevas Facultades
recientemente creadas se recuerda algo que suena hoy muy nuevo pero un jurista entiende muy bien: las fuentes del
Derecho no están sólo en la política, sino también se encuentran en la
historia, en la naturaleza humana y en el orden moral del universo.
En el fondo, me parece
que detrás de esta perspectiva más abierta y humana se encuentra la preocupación por evitar que la
escisión entre el Derecho y la Moral siga dando argumentos para justificar
decisiones inmorales, planteamientos insolidarios; en definitiva, cuando el
Derecho y la Moral campan cada uno por su cuenta, entonces el Poder siempre
gana al Derecho, porque se convierte en
su vasallo más sumiso. En cambio, cuando la dignidad de la persona se erige en
fundamento del Derecho, entonces el Poder no tiene más remedio que operar en un
ambiente en el que existen límites a su ejercicio.
Desde estos
planteamientos, el estudio del Derecho no se reduce a la exposición, sin más,
del Derecho vigente, sino que incorpora el pensamiento crítico para ayudar a
que los alumnos piensen por sí mismos y se formulen determinadas preguntas
sobre la adecuación a la justicia y a la dignidad de la persona de las instituciones, categorías y conceptos que les
explican los profesores. Se trata de facilitar el pensamiento libre, sin
imposiciones, con la sana de pretensión de que los alumnos tengan el hábito de
cuestionarse los conocimientos recibidos desde el pensamiento abierto, plural y
dinámico, evitando la dictadura del pensamiento único tan frecuente en este
tiempo. En este sentido, los planes de estudio deberían incluir asignaturas
como Fundamentos Morales del Derecho, Jurisprudencia, Deontología Jurídica, Ética
o Política pública, entre otras. Los tres elementos sobre los que debieran
bascular todas las enseñanzas jurídicas en el grado deberían ser: la defensa de
los derechos humanos, la preocupación por la justicia social y la cultura de la
vida, sin duda el primero de los derechos fundamentales, aunque paradójicamente
el más castigado en estos tiempos de tanta esquizofrenia.
Ciertamente, va siendo
hora de que en los enfoques jurídicos empiece a tomarse más en serio, a juzgar
también por los resultados obtenidos, la sustancia que justifica la existencia
del Derecho, dar a cada uno lo que es suyo. Si no fomentamos que los alumnos se
hagan preguntas sobre el fin del Derecho estamos siendo cómplices de la
mentalidad jurídica dominante para la que lo único relevante es el uso y abuso
del Derecho para el Poder.
En fin, un episodio más
de la lucha por el Derecho que ha caracterizado la historia del hombre. Frente
al despotismo blando, es menester la lucha por la justicia y los derechos
humanos en todo tiempo y circunstancia. La tarea no es fácil, pero vale la
pena.
Jaime Rodríguez-Arana
es catedrático de derecho administrativo.
El centro táctico
La cita electoral del 10-N de nuevo
vuelve a plantarnos la cuestión del espacio del centro. Algunos creen que están
en el centro con su sola afirmación, otros intentan posicionarse en el punto
medio de los extremos sin más consideraciones.
El centro táctico, hoy tan de moda,
lleva a los dirigentes que lo siguen a ubicarse entre las opciones políticas
que se colocan en los extremos. Aquí es fundamental el cálculo y el
posicionamiento. El centro que se origina de este modo es el centro que se
puede denominar bisagra, con capacidad para orientar a sus preferencias por un
lado u otro del espectro político.
Otra forma posible de situarse en el
centro de la escena política, también de carácter táctico, se puede denominar centro
hegemónico, que es el que recoge posiciones tibias o moderadas de los diversos
concurrentes a la confrontación electoral, acercando de este modo el voto de
sectores de todas las tendencias.
Otro centro posible, sobre la base
del pensamiento ideológico sería el centro de compensación, en el que una
fuerza política, ante el dominio hegemónico y perdurable de otra opuesta,
desplaza su posición pretendiendo recoger votos de la otra.
Estos “centros” políticos los
denomino tácticos porque se establecen en el juego político del momento y son
deudores de las posiciones políticas de referencia, ya que con respecto a ellas
se establecen. Por cierto, los centros que estos días afloran, algunos
interpretados por auténticos especialistas de la manipulación y el control
social.
Junto a estos centros tácticos,
encontramos los falsos centros. Uno de ellos sería el centro como coartada. Se
trata de la posición política en que se sitúan formaciones políticas
extemporáneas, formaciones políticas que no encajan en el sistema, formaciones
políticas de oportunidad, de programa y sin discurso, que se autocalifican
pomposamente como partidos de centro. Se trata en este caso de políticos que se
acogen a una supuesta indefinición del centro político, para adscribirse a él y
librarse de la necesidad de elaborar un discurso o de dar cuenta de la propia
situación política.
Podríamos hablar también de un
centro estratégico: el centro que busca el espacio en el que se producen las
mayorías, el centro que se establece donde confluye el sentir mayoritario de la
gente. Aun admitiendo las virtualidades que acompañan a esta concepción del
centro no es espacio de centro propiamente.
Desde mi punto de vista, el centro
es un nuevo espacio político que se sustenta en una concepción del hombre, de
la sociedad y de la democracia, deudora de los ideales ilustrados pero que
pretende superar de algún modo las coordenadas del pensamiento de la
modernidad, asumiendo sus valores, pero depurándolo de sus contenidos
dogmáticos, hoy, por cierto, bajos nuevas formas, más vigentes que nunca.
En este sentido, no está de más
recordar que una de las expresiones que mejor definen las nuevas políticas, las
políticas de centro, es la que afirma que el centro es o está en la persona. A
mí me trae –con todas las matizaciones a las que haya lugar- resonancias de
aquella expresión de Kant, el teórico de la Ilustración, cuando decía que nunca
nuestras acciones han de tomar al ser humano como medio, sino siempre como Pero
no la persona entendida como sujeto humano completo plenamente libre, autónomo
e independiente, sino como individuo que
se humaniza progresivamente a lo largo de su existencia con su compromiso libre
a favor de sí mismo –de su libertad y de sus capacidades- y a favor de sus
convecinos y conciudadanos.
Comprometerse en una política así
concebida, bien alejada de los postulados del oportunismo y de la
instrumentalización hoy tan presentes, obliga a poner en ejercicio lo mejor de
nuestra humanidad, hacernos humanos en el sentido más amplio de esta expresión,
aspirando, de acuerdo con la pretensión socrática, a aquel conocimiento, a
aquella acción, a aquella política, que son propias -las apropiadas- del ser
humano.
Por eso el centro es más, mucho
más, que un talante o un estilo, es una forma o un modo de hacer y estar en
política que se diferencia netamente de lo que tradicionalmente se denomina
derecha o izquierda. El espacio de centro tiene personalidad y unas
características que lo convierten en una posición política específica. Porque
se mueve en el marco de la realidad, de la racionalidad, de la mentalidad
abierta, de la metodología del entendimiento y de la sensibilidad social.
Jaime
Rodríguez-Arana
@jrodriguezarana
Multiculturalismo
Multiculturalismo
y pluralismo cultural son dos términos parecidos, pero no idénticos. El
multiculturalismo es una derivada del pensamiento ideológico en materia
cultural que plantea como dogma el predominio de la diversidad cultural como
motor del desarrollo social. Sin embargo, ni todas las culturas son iguales ni
todas han contribuido de la misma manera a la dignidad de la persona.
En este sentido, no conviene olvidar
que la historia del ser humano ha venido indefectiblemente marcada por la
transmisión de los adelantos culturales de un grupo a otro y de una
civilización a otra y en este rico y variado proceso de intercambios culturales
es necesario destacar un hecho que se ha repetido constantemente. Me refiero a
que esa transmisión de rasgos culturales es la manifestación de la existencia
de elementos culturales que han sido considerados, no sólo distintos, sino
mejores que otros. De ahí su adquisición. ¿Por qué? Muy sencillo; porque la
cultura no constituye únicamente un conjunto más o menos grande de lazos
emocionales que se traducen en signos de identidad. La cultura es mucho más,
tiene un importante contenido de relación con el progreso humano y sirve
esencialmente para satisfacer las necesidades y alcanzar los objetivos de la
vida humana. Por eso se explica el que se hayan transmitido, de una a otra
generación, determinados rasgos culturales. Es más, el hilo conductor de esos
elementos culturales que han supuesto el progreso del hombre tiene un común
denominador: la defensa de la dignidad de la persona humana.
Los rasgos culturales que subrayan
esta nota fundamental, la defensa de la dignidad de la persona y la promoción
de sus derechos fundamentales, son los que de verdad hacen posible el avance de
la humanidad. No nos engañemos, si bien es cierto que ninguna cultura puede ser
superior en todos sus aspectos, los elementos propios que han hecho posible su
transmisión a otras culturas, han tenido forzosamente que haber sido valorados
positivamente. Esto ha sido así históricamente y constituye el marco adecuado
para entender el fenómeno del multiculturismo, tan en boga en nuestros días.
Algunas versiones del multiculturismo, por ejemplo, han planteado que deben
respetarse, como valores absolutos, “prácticas” culturales propias de ciertas
comunidades que, desde una perspectiva humana, constituyen obvias vejaciones y
laceraciones de la dignidad humana.
Es el caso de la mutilación genital
femenina por excelencia: la ablación del clítoris. Una “práctica” que todavía
se realiza en una treintena de países fundamentalmente en continente africano.
Afecta nada menos que a 200 millones de mujeres y aunque está prohibida en 23
países, la realidad acredita que se sigue practicando y que en Egipto, Somalia,
Guinea o Sudán la tasa de mujeres mutiladas supera el 90%
La diversidad cultural y el respeto
absoluto a las manifestaciones culturales de cada comunidad tienen límites. Y
el más importante es la dignidad humana, de forma y manera que no se deben
aceptar determinadas prácticas, presentadas como lo que no son, culturales, que
lo que hacen es provocar sufrimiento y lesión de las condiciones de vida de las
personas.
Las culturas existen para atender
las necesidades vitales y prácticas de la vida humana: para formar una sociedad
que perpetúe la especie humana y para transmitir a la gente joven e inexperta
los conocimientos y la experiencia que han acumulado con esfuerzo las
generaciones precedentes. Las culturas, más que etiquetas para singularizarse,
constituyen un instrumento al servicio del propio ser humano o, si se quiere,
son formas vivas y cambiantes para hacer todas las cosas que es necesario
llevar a cabo en la vida. Por eso, toda cultura desecha las cosas que no
funcionan y que constituyen un evidente obstáculo al desarrollo y, si es
necesario, se adquieren rasgos culturales ajenos. Sobre todo, si tales
prácticas traen consigo flagrantes atentados a los derechos inalienables de la
persona.
Jaime
Rodríguez-Arana
El centro y el 10-N
La cita electoral del 10-N vuelve
a colocar en el candelero la cuestión del centro, de la moderación, de las
políticas centradas, de la sensibilidad social, del espacio del entendimiento,
del espacio del pensamiento abierto, del espacio de la racionalidad, del
espacio de la realidad. Se habla mucho de táctica, estrategia, encuestas,
sondeos, de que las elecciones se ganan desde el centro, pero se debate poco
acerca de lo que es el espacio del centro: el espacio en el que las políticas
tienen como centro y raíz la dignidad del ser humano y sus derechos fundamentales,
no los cálculos, tácticas o estrategias para conservar la posición a cómo de
lugar.
Pues bien, el espacio de centro
se nos presenta como un espacio en el que los principios, fundamentalmente los
del Estado social y democrático de Derecho: juridicidad, separación de los
poderes, reconocimiento de los derechos fundamentales de la persona,
solidaridad y participación, han de aplicarse permanentemente sobre la realidad.
Principios y realidad son conceptos complementarios. Las teorizaciones de orden
intervencionista o liberalizador expresadas como políticas generales y
abstractas a aplicar, sin modulación alguna, por izquierda y derecha
respectivamente, constituyen un buen ejemplo del ocaso en que hoy están sumidas
las llamadas ideologías cerradas. Es más, hoy la gente lo que reclama son
políticas humanas, políticas diseñadas pensando en la defensa, protección y
promoción de los derechos fundamentales de las personas y a ellas dirigidas.
El pensamiento centrista es un
pensamiento más complejo, más profundo, más rico en análisis, matizaciones,
supuestos, aproximaciones a lo real. Por eso mismo el desarrollo de este
discurso lleva a un enriquecimiento del discurso democrático. La apertura del
pensamiento político a la realidad reclama un notorio esfuerzo de transmisión,
de clarificación, de matización, de información, un esfuerzo que puede
calificarse de auténtico ejercicio de pedagogía política que, por cuanto abre
campos al pensamiento, los abre asimismo a la libertad. El reto no es pequeño
cuando el contexto cultural en el que esa acción se enmarca es el de una
sociedad de comunicación masiva.
Pues bien, lejos de presunciones simplistas, las políticas de centro
se asientan en principios que se aplican sobre la realidad desde una mentalidad
abierta, a partir de capacidad de entendimiento y teniendo presente una
creciente sensibilidad social. Cuanto más generales y globales sean estos, más
rotundo podrá ser aquel en sus propuestas y afirmaciones. Sólo minorías
asociales podrían negar hoy la validez de principios universales referentes a
los derechos humanos, a la justicia social o a la democracia que parte de la
participación política. Pero si para los principios más elevados se puede solicitar
el consenso universal, impuesto por la misma realidad de las cosas, la
concreción o aplicación de los principios a las situaciones concretas queda
sujeta a márgenes de variación notables.
Por eso, es hora de retomar la lección del maestro Aristóteles cuando
afirmaba que de la conducta humana es difícil hablar con precisión. Más que
reglas fijas, el que actúa debe considerar lo que es oportuno en cada caso,
como ocurre también con el piloto de un barco. La verdad, la dignidad del ser
humano, no necesita cambiar, de hecho no cambia, pero la prudencia cambia
constantemente, pues se refiere a lo conveniente en cada caso y para cada uno.
Prudente es el que delibera bien y busca el mayor bien práctico. No delibera
sólo sobre lo que es general, sino también sobre lo particular, porque la
acción es siempre particular.
Pensar que mantener un criterio es mantener para siempre y en todo
lugar una fórmula única de conducta es ingresar, salvo que se trate de la
defensa de la dignidad del ser humano, a posiciones rígidas y reencontrarse con
ese pensamiento dogmático que no admite matices, que desprecia a los que no
comparten los mismos puntos de vista, y que estimula ese ambiente de
prepotencia y altanería, tan actual, que exhiben tantos y tantas que aspiran al
poder para presumir y mirar por encima del hombro a los demás.
Si bien los principios son las bases de la conducta, las
circunstancias, cuándo se estudian y se trabaja sobre ellas, suelen aconsejar,
en el marco del pensamiento plural, diferentes posibilidades que la prudencia
será capaz de priorizar de acuerdo con la mejora de las condiciones integrales
de vida de los ciudadanos.
Los principios, la prudencia, la realidad y las circunstancias, son
conceptos que quien dispone del talento para el gobierno sabe conjugar de
manera complementaria. Desde luego, más pragmatismo y menos principios es el
camino al fracaso como la realidad acredita en este tiempo. Ahora que parece
que una mayoría relevante de ciudadanos quiere políticas moderadas es momento
de que las ofertas electorales se centren y se realicen contando con las
personas. La experiencia de las últimas décadas nos enseña en qué sentido unos
y otros fueron capaces de interpretar el espacio del centro.
Ahora, de cara al 10-N, veremos si se apuesta por políticas viejas,
por políticas nuevas, por compromisos creíbles, o por políticas diseñadas y
realizadas al servicio real de las personas.
Realismo y pragmatismo
Una
de las cuestiones más interesantes que plantea hoy la teoría y la acción
política es la de si el realismo equivale al pragmatismo. Es un tema de gran calado
porque todavía, ahora a causa de la crisis de la democracia y de su
interpretación por determinados actores, el escenario político sigue dominado
por la irracionalidad de determinados mitos expresados en planteamientos
ideológicos cerrados. Sin embargo, cuando se acercan unas elecciones,
retóricamente, como para superar ese cainismo y maniqueismo que sigue instalado
en las mentes de no pocas personas, se cantan las excelencias de la moderación, del equilibrio o, por
ejemplo, de la sensibilidad social.
En
época electoral, se pone el acento en el compromiso real con las personas,
surgen nuevos esquemas políticos que buscan realizar posible en lugar de
revindicar lo imposible. El grito que reclama las grandes cosas tiene la
vibración del moralismo; limitarse a lo posible puede parecer, para algunos,
una renuncia a la pasión moral que califican de pragmatismo de los mezquinos.
Sin embargo, me parece que debe reconocerse que la ética política más bien se
encuentra en saber resistirse a la seducción de las grandes palabras utilizadas
para jugar con conceptos generales, como el de humanidad, que se aplican sobre
la realidad, sobre los problemas cotidianos.
Ojalá
asistiéramos a la recuperación de la política como la acción humana que atiende
a los problemas colectivos desde el punto de vista de las posibilidades
históricas. De lo contrario, si pedimos al político que transforme la realidad
en altos ideales nos encontramos de nuevo con la tesis hegeliana de la
imposición del Estado ético. Por eso, el realismo en política no es, como piensan
algunos, pragmatismo insustancial o estéril. Parte de la convicción de que la
realidad dicta al sujeto el método y los criterios de su conocimiento y no al
revés. La realidad se compone de un haz de factores y elementos que deben
atenderse desde los programas políticos. Menos palabrería y más compromisos
reales, mesurables, verificables y comprobables.
Una nueva crisis
La crisis económica y financiera que se inició en 2007, que
en la que llevamos instalados un buen puñado de años, muestra una etiología
cada vez más clara. Todos, de una u otra forma,
unos más que otros, contribuyeron
a la situación en que nos encontramos. La negligencia de unos entes reguladores
que tantas veces miraron para otro lado
abdicando de la objetividad e independencia que se presume de sus actuaciones
tiene su parte de culpa. La desacertada
actuación de muchos entes públicos encargados de la supervisión, vigilancia y control del
funcionamiento del mercado y de actividad financiera ha permitido la comisión
de fraudes, estafas y demás desaguisados que están en la mente de todos,
también ha colaborado, y de qué manera, a la situación actual. Hoy, 2019, volvemos a las andadas,
probablemente por no haber tenido la valentía y la determinación de hacer los
cambios que eran precisos y habernos contentado con colocar algunos parches,
más o menos bien puestos.
Desde luego, la irresponsabilidad de las instituciones
financieras que se lanzaron a ofrecer toda suerte de financiación para toda
clase de actividades públicas y negocios privados sin reparar en las posibilidades
reales de su recuperación, ha tenido una relevancia decisiva. Y, finalmente, no
por ello la razón menos importante, la
lamentable actitud de tantos políticos que se olvidaron de que el dinero público es de todos los ciudadano y se
entregaron al endeudamiento como forma habitual para prestar determinados
servicios públicos, nos condujo también
a un déficit de incalculables proporciones. Hoy, 2019, el endeudamiento sigue,
y hay de quien esté en el mando cuando esto estalle de verdad.
Una vez determinado el alcance de las responsabilidades en
que se ha incurrido, penales y administrativas, observamos
que su distribución entre las partes es
notoriamente injusta puesto que se castigó
los que menos culpa tuvieron, que son los que tienen menos, los
desfavorecidos, los excluidos, los que se han quedado con una mano delante y
otra detrás. La clase media, garante de la estabilidad del sistema político,
económico y social, por ser la más numerosa, está teniendo que afrontar gravámenes y pesadas cargas mientras las
retribuciones bajan sustancialmente. Sin embargo, políticos y banqueros, así
como los más ricos, no parece que hayan sufrido la crisis proporcionalmente.
En efecto, los bancos, a pesar de haber incurrido en
flagrantes irresponsabilidades y negligencias, fueron rescatados con los fondos
de la comunidad. Pero la comunidad, el pueblo, no se ha beneficiado en forma
alguna de tal sacrificio puesto que el crédito a familias y pequeñas empresas
todavía es bien restrictivo mientras se financia, eso sí, sin problema alguno,
a partidos políticos, sindicatos,
patronales y, por supuesto, a gobiernos
y administraciones de cualquier signo político.
La clase política, demasiado numerosa para lo que es la
realidad española, aforada hasta el paroxismo, sigue cosechando, no por
casualidad, altísimas cotas de desprestigio social puesto que la gente sabe que
mientras los sacrificios son asumidos por el pueblo llano, no pocos
representantes se aferran a su situación contra viento y marea. El bochorno de la gestión de la última
investidura, con un poder legislativo sin tareas y unos políticos de espaldas a
la realidad, ha sido proverbial.
El fiasco del Estado estático de bienestar es de tal calibre
que tenemos que trabajar desde una dimensión dinámica para que la persona, el
ser humano, con sus derechos inherentes, ocupe el lugar que hasta ahora ha
estado reservado, por inconfesables intereses, a los juegos y divertimentos de
poder y de mando. Casi nada.
Jaime Rodríguez-Arana es catedrático de derecho
administrativo. jra@udc.es
Buena administración y sensibilidad social
Las instituciones, categorías y conceptos del Derecho
Administrativo del Estado social y democrático de Derecho deben estar
enraizadas en la suprema dignidad del ser humano y en los derechos fundamentales
que de ella dimanan. La promoción de las condiciones que hagan posible la
libertad solidaria de los ciudadanos vincula crecientemente al Derecho
Administrativo y a la misma Administración pública. Hasta el punto que hoy el
Derecho Administrativo y la Administración pública tienen un desafío pendiente:
convertirse a fondo a los parámetros y
vectores centrales de un modelo de
Estado que patrocina indefectiblemente un compromiso permanente con la mejora
de las condiciones de vida de los ciudadanos.
Los derechos fundamentales de libertad, los clásicos
derechos civiles y políticos, y también los derechos fundamentales sociales,
aquellos destinados a asegurar condiciones de vida dignas a los ciudadanos,
vinculan a los Poderes públicos y marcan el ambiente en el que discurren las
categorías centrales del Derecho Administrativo. Así, el Derecho Administrativo
es el Derecho que regula el poder público para la libertad solidaria de las
personas y la Administración pública una organización de servicio objetivo y
permanente al interés general, que ahora se nos presenta siempre en forma
concreta, motivada y orientado a la realización y efectividad de todos los
derechos fundamentales de los ciudadanos.
La Administración pública actúa ordinariamente de forma unilateral
y en ocasiones acude a la sociedad para reclamar una colaboración de las
iniciativas sociales que permitan prestar servicios públicos o construir
infraestructuras públicas para mejorar la calidad de vida de las personas. Para
cumplir sus fines, también en materia de contratación, la Administración
pública precisa realizar su tarea de forma adecuada y pertinente, sirviendo
permanente mente y objetivamente el interés general.
Pues bien, constatadas insuficiencias y disfuncionalidades
relevantes en el funcionamiento y actividad de las Administraciones públicas,
surge el debate acerca de la necesidad de contar con aparatos y estructuras
públicas que trabajen con equidad, con imparcialidad, con sensibilidad social y
que sean capaces de resolver los asuntos en plazos razonables. En este sentido,
se comprende fácilmente que una
Administración caracterizada de esta manera esté en las mejores condiciones posibles para
hacer posible el libre y solidario desarrollo de la personalidad de todos los
ciudadanos.
La buena Administración, además de principio general de
actuación administrativa y de obligación inherente a los Poderes públicos, es
un derecho fundamental de los ciudadanos. Un derecho fundamental a cuyo través
se puede promover los derechos fundamentales de los ciudadanos y así
posibilitar a cada persona un espacio de dignidad propio de la condición
humana.
Siendo como es la contratación pública, además de una
categoría medular del Derecho Administrativo, una relevante política pública
tendente a mejorar el nivel de vida de los ciudadanos, resulta que su
realización desde la perspectiva de la buena administración plantea preguntas e
interrogantes que necesitan ser analizados por nuestra disciplina. Por una
poderosa razón: si el Derecho Administrativo está vinculado por los postulados
del Estado social y democrático de Derecho, y esté trae causa de la dignidad
del ser humano y de sus derechos fundamentales, las categorías que jalonan esta
rama del Derecho Público, hoy deben ser
explicadas y construidos desde
nuevos esquemas, desde nuevas premisas que trasciendan los dogmas del Estado
liberal que doten de mayor sensibilidad social al Derecho Administrativo. La
buena administración aplicada a la contratación pública es un buen ejemplo de
ello.
Jaime Rodríguez-Arana
@jrodriguezarana
Sensibilidad social y nuevas políticas
Una de las características que mejor define, junto a la
mentalidad abierta y a la capacidad de entendimiento, las nuevas políticas y a
sus dirigentes, es la sensibilidad social. En efecto, la sensibilidad social,
actitud solidaria, deriva del principio de la centralidad de la persona en la
política. Perspectiva que permite conducir la proa de la nave política a la
búsqueda las soluciones reales a las cuestiones colectivas y a orientar las
decisiones en los ámbitos de la cooperación, de la convivencia, de la
integración y de la confluencia de intereses. En este contexto, la persona y su
dignidad son la clave y la guía que conduce a la gran tarea de democratizar la
democracia, algo necesario y urgente en este momento entre nosotros.
La sensibilidad social implica colocar con todas sus
consecuencias a las personas en el centro del orden social, político y
económico. Cuándo ello así acontece, la acción política se dirige de manera
comprometida a prestar servicios reales al pueblo, a atender los intereses
generales reales, a escuchar de verdad a la ciudadanía. Ello implica
necesariamente el entendimiento con los diferentes interlocutores para mejorar
las condiciones de vida de los ciudadanos. Entonces, no queda tiempo para el
cálculo y la reflexión acerca de cómo sacar partido, también económico, a la
posición.
Ahora bien, esas prestaciones, esos servicios no son un fin
sino un medio para alcanzar mayores cotas de bienestar general e integral para
el pueblo. Son un medio para la mejora de las condiciones de ejercicio de la
libertad solidaria de las personas, no un sistema de captación de voluntades.
En fin, las prestaciones sociales, las atenciones
sanitarias, las políticas educativas, las actuaciones de promoción del empleo,
son bienes de carácter básico que un gobierno debe poner entre sus prioridades
políticas, de manera que la garantía de esos bienes se convierta en condición
para que la sociedad libere energías que permitan su desarrollo y la conquista
de nuevos espacios de libertad y de participación ciudadana.
Las prestaciones públicas constituyen el entramado básico
del llamado Estado del bienestar, modelo que poco a poco va camino de su
desaparición salvo que nos convenzamos de que no es posible mantenerlo en el dique
del pensamiento cerrado y estático y lo llevemos a las aguas claras del
pensamiento abierto y dinámico. ¿Cómo es posible seguir defendiendo la
subvención como fin, cuándo es uno de
los mayores atentados al progreso social cuándo se maneja desde la perspectiva
clientelar?.
En efecto, cuándo el Estado de bienestar se toma como un fin
en si mismo, el Estado se reduce al papel de suministrador de servicios, con lo
que el ámbito público se convierte en una rémora del desarrollo social,
político, económico y cultural, en lugar de su catalizador o impulsor. En este
ambiente se dificulta, cuándo no se impide desde la raíz, el necesario
equilibrio para la creación de una atmósfera adecuada para el libre desarrollo
de las personas y de las asociaciones, levantándose una estructura estática y
cerrada que priva al cuerpo social del dinamismo necesario para propiciar la
libertad y la participación de la gente.
Las prestaciones, los derechos, tienen un carácter dinámico
que no puede quedar a merced de mayorías clientelares, anquilosadas, sin
proyecto vital más allá de la reivindicación del derecho adquirido o de la
conservación de la posición. Cuándo ello acontece, se olvida que las prestaciones
sociales se justifican en la medida que se incardinan en el bienestar general e
integral de la gente, o, si se quiere, en la mejora de las condiciones de vida
de los ciudadanos.
Nos puede servir como ejemplo la acción del Estado en
relación con los más desfavorecidos, entre los que contamos a los marginados,
los pobres, los parados o los mayores. Las prestaciones públicas nunca pueden
tener la condición de dádivas mecánicas. Más bien, el Estado debe propiciar con
sus prestaciones el desarrollo, la manifestación, el afloramiento de las
energías y las capacidades escondidas en esos amplios sectores sociales.
Desde esta perspectiva, es perfectamente compatible el
interés empresarial y la justicia social, ya que las tareas de redistribución
social deben tener un carácter dinamizador de los sectores menos favorecidos,
no conformador de ellos como en ocasiones se concibe la actividad pública.
Ojalá escuchemos en los próximos días ideas y reflexiones
sobre lo que realmente preocupe a la gente y no insultos y descalificaciones
entre agentes políticos buscando la hegemonía a cualquier precio sin importar
la moralidad de procedimiento alguno. No soy muy optimista a la vista de la
mediocracia dominante, y no solo en la política.
Jaime Rodríguez-Arana es catedrático de derecho
administrativo.
Los ni-ni
La OCDE publicó en 2015 un relevante informe, Eduation
Policy Outlook, que pasa revista a cerca de 500 medidas de política educativa
implantadas en diversos países de la organización entre 2008 y 2014. En este
tiempo, la inversión en educación alcanzó nada menos que el 12% del gasto
público en el conjunto de la OCDE. Se trata de un esfuerzo bien relevante del
que los ciudadanos esperan una explicación de los objetivos planteados y los
realmente logrados, una evaluación en toda regla de tan elevado gasto del
dinero de todos. Sin embargo, el informe indica que a pesar de las pruebas
externas realizadas a estudiantes y profesores, la evaluación, es asombroso
realmente, no se ha proyectado sobre a las propias políticas educativas. Por su parte, los Estados de la OCDE, según calcula
la organización, solo han evaluado los resultados de una de cada diez medidas
implementadas en el ámbito educativo.
Una de las medidas estrella en esta materia es la relativa al
combate a los ni-ni: aquellos jóvenes que entre 20 y 30 años ni estudian, ni
trabajan. Para ello, en un contexto en
el que los títulos de secundaria o de formación profesional son cada vez menos
valorados en el mercado de trabajo, muchos países de la OCDE intentan a toda
costa luchar con el abandono escolar, también en edad temprana.
Por ejemplo, México, el país con mayor abandono escolar
temprano de la OCDE, acaba de incluir la educación secundaria superior dentro
de los estudios obligatorios y ha inaugurado una nueva agencia para fomentar la
matriculación en esta etapa educativa con servicios de asesoramiento y becas a
los alumnos.
Otra forma de evitar el fenómeno ni-ni es apostar a la
formación profesional como una herramienta eficaz para prolongar la formación
de los jóvenes y favorecer su inserción laboral. En este sentido, Portugal ha
aumentado la oferta de cursos de formación profesional y ha creado institutos de secundaria
especiales enfocados a este programa. En Austria se ha reformado el sistema de
acreditación de la FP para aproximarlo a la empresa. Eslovenia o Noruega, por
su parte, optaron con éxito por potenciar los programas de educación dual, en
el aula y en la empresa.
La realidad, manifiesta, como señala Fernando Rodríguez
Borlado, que los ni-ni aumentaron durante la crisis pues muchos jóvenes que
abandonaron pronto la escuela sin una preparación adecuada se quedaron sin
empleo. La Unión Europea ha tratado de paliar esta triste tendencia a través
del programa Garantía Joven. De esta manera, los países que se inscriban en
este programa europeo se comprometen a ofrecer un puesto de trabajo o de
aprendiz a los recién graduados o desempleados por debajo de los 25 o 30 años.
En fin, un país como España, con un abandono escolar
temprano de los más altos de Europa y con un desempleo juvenil de los más
elevados del viejo continente, debería de aplicarse a la tarea de forma
adecuada a su magnitud. Afortunadamente, parece que los actuales datos sobre la
FP dan pie para la esperanza.
Jaime Rodríguez-Arana
@jrodriguezarana