Competición electoral y solidaridad
Una forma de ejercer el control cuando el poder se esclerotiza, cuando se sirve sólo a sí mismo, es la preocupación central por cercenar al rival. Es lógico que se pretenda derrotar al adversario, pero la forma de hacerlo tiene que ser ganándole la partida en el aprecio de los ciudadanos, dando soluciones realistas, y también con los proyectos más ilusionantes. Por eso, constituiría una negación del espíritu democrático ganar a base de socavar el trabajo de los demás.
La hegemonía política que siempre tendrá en un régimen democrático un carácter temporal, no debe encumbrase prepotentemente por verse establecida sobre un yermo de ideas y de proyectos políticos. Tal situación es signo inequívoco de debilidad democrática, lo que se traduce en debilidad de la libertad y de la participación.
Quien se dedica a la política debe jugar sus bazas, es obvio, pero no puede estar pendiente sólo de romper el espinazo político del adversario. Por el contrario, es menester buscar una respuesta más honda, que vaya más allá y que deje en evidencia la precariedad, la debilidad o la insuficiencia de determinados aspectos de la propuesta del contrario.
El juego democrático tiene componentes esencialmente competitivos, como sucede con la concurrencia electoral. La competitividad se manifiesta también en el trabajo de control -en el sentido de fiscalización- del ejecutivo por la oposición. No es vana la afirmación de que un buen gobierno precisa de una buena oposición. Por eso tan nocivos son para el bien general el trabajo opositor de entorpecimiento del trabajo de gobierno -no ciertamente el de control del ejecutivo- que llegue a negar radicalmente la posibilidad de entendimiento, como el trabajo de gobierno que se dirija torcidamente a destruir la oposición o que sistemáticamente se imponga por mayorías mecánicas, o que no dé ocasiones a la oposición para sus aportaciones y cooperación.
La clave se encuentra en la solidaridad que busca ámbitos de convivencia y de cooperación, lo que supone aceptar previamente el pluralismo social, refrendado por una acción política que persigue ampliar los campos de la libertad y de la participación. Nada más y nada menos.
Jaime Rodríguez-Arana
@jrodriguezarana
Pluralismo y diálogo
El pluralismo auténtico se traduce en diálogo. Cuando existe diversidad social, pero no hay diálogo, propiamente no deberíamos hablar de pluralismo sino de sectarismo, todavía demasiado frecuente por estos lares en los que se resucita la división maniquea del cuerpo social.
Pues bien, sobre el supuesto de un pluralismo auténtico se establece el diálogo, ese lugar en el que se ponen en juego todas las condiciones que caracterizan una vida plenamente democrática: moderación, respeto mutuo, conciencia de la propia limitación, atención a la realidad y a las opiniones ajenas, actitud de escucha, etc.
Ahora bien, la disposición al diálogo no debe ser sólo una actitud, sino que el diálogo, como actitud socialmente generalizada, debe ser un objetivo político de primer orden. Una sociedad democrática no es tanto una sociedad que vota, ni una sociedad partidista, con ser estos elementos factores vertebradores fundamentales en una democracia. Una sociedad democrática es ante todo una sociedad en la que se habla abiertamente, en la que se hace un ejercicio público de la racionalidad, en la que las visiones del mundo y los intereses individuales y de grupo se enriquecen mutuamente mediante el intercambio dialógico.
El diálogo auténtico entraña un enriquecimiento de la vida social y una auténtica integración, pues el diálogo supone la transformación de la tolerancia negativa, el mero soportar o aguantar al otro, al distinto, en tolerancia positiva, que significa apreciar al otro en cuanto que no nos limitamos simplemente a existir a su lado, sino que coexistimos con él. Por eso, el día en que asumamos que podemos aprender de los adversarios y viceversa, habremos emprendido un camino que vale la pena transitar. Y que lleva muy lejos.
Jaime Rodríguez-Arana
@jrodriguezarana
El pluralismo
Desde una perspectiva sociopolítica, la persona ha encontrado posibilidades más claras para su plena realización en las sociedades estructuradas participativamente, sea cual fuera el entorno histórico y geográfico. Pero la ampliación de los horizontes para la realización libre y solidaria de las personas se ha producido de modo muy particular en las sociedades democráticas. Las sociedades democráticas son, deben ser al menos, fundamentalmente, esencialmente, sociedades plurales, hasta el punto de que un pluralismo disminuido o menoscabado puede ser interpretado como un síntoma de déficit democrático.
Esa maduración sociopolítica del ser humano se entiende entre dos negaciones, ambas correlativas a la falta de madurez social. Por una parte, me refiero a las sociedades tribales, que con la afirmación de la propia condición sociocultural pueden llegar a impedir o condicionar seriamente el desarrollo de la libertad personal y consecuentemente del pluralismo. El otro caso es el de las formas diversas de autoritarismo, o mejor, de tiranía, que con el pretexto de establecer una organización social más desarrollada y perfeccionada, someten las peculiaridades y los intereses de individuos y grupos a los intereses de la organización misma. Ambas expresiones de inmadurez social están más presentes entre nosotros de lo que pudiéramos imaginar.
Jaime Rodríguez-Arana
@jrodriguezarana
La participación social
La participación ciudadana en los asuntos del interés general debe ser una de las materias mejor impartidas en la educación cívica que deben tener las personas que viven en un Estado que se define como social y democrático de Derecho
La participación es posible cuando los poderes públicos son sensibles a las iniciativas de los individuos. La participación es posible, y auténtica, cuando existe el convencimiento de que todos los ciudadanos pueden, y deben, aportar y colaborar en la determinación de los asuntos públicos. La participación es posible cuando se estimula, cuando se promueve, cuando se facilita que las personas se tomen en serio su papel en la promoción del bien general.
La carencia o el anquilosamiento de las acciones civiles debilita la participación de los ciudadanos, empobrece el dinamismo social y pone en peligro la libertad y el protagonismo de la sociedad frente al creciente poder de la Administración y del Estado. Una sociedad sin iniciativa social y sin medios eficaces para llevar a la práctica los proyectos por ella promovidos, puede llegar a ser enteramente dominada y controlada por quienes consiguen apoderarse de los resortes de la Administración y de los centros de poder más importantes. Es la sociedad cautiva en manos del poder, el nuevo clientelismo del siglo XXI, hoy más presente de lo que podemos imaginar a causa de las modernas y sutiles formas de manipulación y control social a través de las nuevas tecnologías.
Por ello, uno de los retos del sistema democrático desde el punto de vista ético se encuentra en la necesidad de que los ciudadanos se interesen y participen en la vida colectiva. La tarea no es fácil porque no se trata de forzar la participación, sino hacer posible que los ciudadanos quieran participar y colaborar en las tareas públicas porque son conscientes de que su aportación es esencial para el funcionamiento del sistema. Para conseguirlo, conviene recordar, aunque sea algo obvio, que el ser humano, en si mismo, al ser miembro de una comunidad, debe, es un compromiso moral, colaborar a la buena marcha de los asuntos generales de la comunidad. Ni más, ni menos.
Jaime Rodríguez-Arana
@jrodriguezarana
Valores democráticos
La democracia es un sistema político que parte de la centralidad del ser humano, de la primacía de las libertades y los derechos fundamentales, del equilibrio entre los poderes del Estado, que deben ser autónomos, y en la existencia de verdadera participación social. Pues bien, si echamos una ojeada a la realidad política del planeta, los peligros que acechan al sistema democrático no son pequeños: el clamor a favor de la autodeterminación ha resucitado conflictos étnicos de funestas consecuencias y, sobre todo, la enorme disparidad económica entre el Norte y Sur suscita inestabilidad y problemas en lo que se refiere a la explotación de los recursos naturales. Además, los avances tecnológicos dan lugar a nuevos monopolios en relación con los datos personales. Ahora bien, los peligros y la autocrítica de la democracia sólo pueden combatirse eficazmente si los valores propios, genuinos del ideal democrático, son encarnados por todos los ciudadanos.
Fukuyama, en su célebre teoría del final de la historia, decía que tal vez somos testigos del punto final de la evolución ideológica del hombre y de la universalización de la democracia liberal del Occidente como la forma definitiva del gobierno humano. Personalmente deseo que la democracia, perfeccionada, sea el sistema definitivo de gobierno, pero dudo que la evolución ideológica del hombre haya llegado a un punto sin retorno. Ken Jowitt autor, entre otras teorías, de la tesis de la "extinción leninista" señala que el vacío creado a raíz del derrumbamiento marxista puede ser colmado por nuevas ideologías, alguna de las cuales, en forma de populismo, gobierna en varias latitudes y en el viejo continente va ganando adeptos gracias a la incapacidad de los partidos clásicos por ofrecer soluciones concretas a los problemas reales de los ciudadanos y por la creciente corrupción que los está devorando.
Jean Daniel decía hace ya algún tiempo que “la democracia, un régimen que invita al vicio, está condenada a la virtud si no quiere desaparecer". En otras palabras, precisamos, el mundo actual precisa de personas con cualidades democráticas; que aspiren vivir en clave de valores, de ciudadanos que estén en sintonía con la grandeza que encierra la dignidad humana y quieran defenderla con una vida íntegra, responsable y libre. La educación ciudadana, si promueve y defiende los valores democráticos sin ceder a la tentación del adoctrinamiento puede ser desde luego un buen instrumento para fortalecer las virtudes cívicas. Falta nos hace.
Jaime Rodríguez-Arana @jrodriguezarana
Los monopolios de hoy
Años atrás el sector público asumía sin ningún problema el monopolio de la actividad de determinadas actividades, sobre todo económicas, con el fin, en unos casos de levantar empresas y compañías caídas como consecuencia de las crisis y en otros de sustituir sin más a la iniciativa privada. Hoy, salvo en los colectivismos que empobrecen la vida real de las personas, es verdad que las actividades económicas por lo general han sufrido un lógico proceso de privatización puesto que la riqueza, la prosperidad y la creación de empleo dependen de la pujanza y vitalidad del sector privado y de la economía social. Sin embargo, algunas actividades no económicas como puede ser la televisión o las universidades en ciertos países continúan siendo servicios públicos por obvias razones que ninguna justificación tienen a día de hoy. Al menos en los países desarrollados donde la regulación pública es, debe ser, la garantía de que estas actividades se realizan bajo los postulados de lo que denomino libertad solidaria.
En estos años, a pesar de los pesares, reaparecen los monopolios, ahora bajo formas nuevas. Pensemos en las grandes tecnológicas como Google, Amazon o Facebook, cuyo manejo de los datos de los usuarios y consumidores provoca inquietantes consideraciones. El problema no es tanto dividir o trocear estas compañías como en las primeras décadas del siglo como aconteció, por ejemplo, con el monopolio petrolero en EEUU.
La cuestión es el efecto red, la acumulación exponencial de datos cedidos por los usuarios y consumidores. Datos que damos a cambio de un servicio de comunicación o de presencia en la red gratuito. Por más que estos gigantes hayan arrinconado con frecuencia a los competidores o los hayan absorbido en algunos casos sin que las autoridades reguladoras hubieran analizado estas prácticas, el gran problema se encuentra en la necesidad de regular la exposición de datos que los usuarios y consumidores facilitan a estas grandes compañías que emplean sin rubor alguno para vender publicidad, bienes o servicios. Aquí está el meollo de la cuestión.
Para evitarlo, se podría pensar en que los datos se conserven en el número de teléfono y que este siga igual aunque se cambie de operadora. En este sentido, podría obligarse a las empresas a compartir los datos con la competencia por un precio regulado, igual que lo que acontece en el sector de las telecomunicaciones, cuyos operadores han de transmitir por sus redes las señales de otros, aunque ciertamente tal posibilidad no es fácil conciliar con la privacidad.
Si no se regula el uso de los datos, la nueva economía digital puede convertirse en la mayor maquinaria de control y dominación masiva que hasta ahora haya visto el mundo mundial. No es ninguna broma.
Jaime R. Arana
@jrodriguezarana
Dignidad y solidaridad
Los derechos humanos, los derechos fundamentales de la persona, vienen siendo interpretados, también en este momento tan inquietante de la historia del mundo que nos ha tocado vivir, desde una perspectiva individualista. Tal orientación, presente en muchas legislaciones de muchas latitudes, no es más que la expresión en clave jurídica de una ola de profunda insolidaridad que atenta, y gravemente, al bien común, al interés general. La dimensión subjetiva prima de forma casi absoluta mientras que la dimensión social brilla por su ausencia. No es ninguna casualidad. Las tecnoestructuras dominantes imponen, con notable éxito, determinados esquemas de comportamiento y de estilo de vida que convierten a una población indefensa en masa dócil y sumisa ante los dictados de quienes realmente mueven los hilos y se benefician de ello.
En este contexto, cada vez es más urgente llamar la atención acerca de la necesidad de armonizar la dimensión individual, personal, con la consideración social, con el empeño por la mejora de las condiciones de vida de todos los ciudadanos. Si prevalece la perspectiva individualista, cada persona termina por convertirse en la medida primera y última de todo y de todos abriéndose un espacio de insensibilidad social de letales consecuencias. Ahí tenemos en nuestras ciudades especialmente una legión de personas solas, de ciudadanos abandonados a su suerte, de vecinos sin lazos comunitarios que quizás puedan vivir cómodamente pero que han perdido la capacidad relacional tan importante para el libre y solidario desarrollo del ser humano.
La exaltación del lucro, del beneficio, del resultado, de la eficiencia, conduce, desde la instauración del pensamiento único, a la conversión del ser humano, sea del que está por venir, del que es pero vive en malas condiciones y del que está a punto de dejar de ser, en puro objeto de usar y tirar. Ahí está, por ejemplo, el caso de las retribuciones de los becarios, ahí está esa brecha cada vez más amplia entre los que tienen salarios altos y bajos, y ahí está, sobre todo, esa globalización de la indiferencia que tanto daño hace al tejido social y a la calidad de vida de las personas.
El dominio de la técnica y de la eficiencia suele llevarnos a ambientes en los que la persona es reducida a un mero engranaje de una estructura que la convierte, como mucho, en un bien de consumo que cuándo ya no sirve a la causa, es desechado sin reparo. Ahí están los enfermos terminales, los ancianos abandonados y sin cuidados y, sobre todo, los niños a los que se condena a no poder exitir.
Por eso, la dignidad humana debería volver a ser el centro de las políticas, el centro y la raíz del orden social, político y económico, no ese sucedáneo que queda tan bien en discursos y escritos pero que a nada compromete. Afirmar la supremacía de la dignidad humana, como dijo Francisco en el Parlamento europeo tiempo atrás, “significa reconocer el valor de la vida humana, que se nos da gratuitamente y, por eso, no puede ser objeto de intercambio o comercio”. Y, como también recordó Bergoglio a los europarlamentarios en su histórica visita al Parlamento Europeo, “cuidar la fragilidad quiere decir fuerza y ternura, lucha y fecundidad, en medio de un modelo funcionalista y privatista que conduce inexorablemente a la cultura del descarte”.
Jaime Rodríguez-Arana
@jrodriguezarana
Educación ciudadana
La educación cívica, la educación para la participación en el espacio público, la educación en los valores y cualidades democráticas, la educación sobre la responsabilidad ciudadana, no sólo no es un problema, sino que es, me parece, algo imprescindible para que los ciudadanos conozcamos mejor los fundamentos de la democracia. Que se explique que el Estado existe y se justifica en la medida en que, a su través, los ciudadanos están en mejores condiciones vitales para el ejercicio solidario de la libertad, es fundamental. Que se transmita que los derechos fundamentales de la persona se tienen, no por concesión graciosa del poder, sino por pertenecer a la especie humana, es básico. Que se anime a la ciudadanía a la participación cívica para que el interés general deje de ser un reducto de especialistas y tecnócratas y se convierta en algo vivo, real y a disposición de todos, es, igualmente, capital.
Sin embargo, esta materia debe garantizar la pluralidad sin tomar partido alguno acerca de cuestiones que pertenecen a la libertad de las personas y sobre las que de hecho existen posiciones variadas. El Estado no debe adoctrinar sino fomentar el pluralismo y la libertad puesto que desde el poder no es legítimo ni lícito defender posturas que lesionen y menguan las libertades y convicciones morales de los ciudadanos.
Desde hace algún tiempo vengo llamando la atención sobre esta peculiar dictadura de las minorías que deja desprotegida a mayorías sociales que ven cómo se imponen determinadas maneras de entender la vida sin que nadie las defienda frente a tales desafíos. Ejercer la objeción de conciencia es, en este caso, la principal expresión de la libertad de pensamiento que tienen los ciudadanos cuándo su conciencia resulte quebrantada por alguna disposición del poder.
Educación ciudadana, por supuesto, pero para la libertad y en un ambiente de pluralismo. Con sólidas fundamentaciones y argumentaciones sobre libertad solidaria, participación, responsabilidad, derechos fundamentales, deberes fundamentales y, sobre todo, sobre la defensa, protección y promoción de la dignidad humana. Casi nada.
Jaime Rodríguez-Arana es catedrático de derecho administrativo.
Los derechos fundamentales de la persona
En tiempos de incertidumbre, de crisis de civilización, de dominio de lo mediático, de consumismo insolidario y de baja intensidad del pensamiento crítico, conviene subrayar la centralidad y radicalidad de los derechos humanos y de la dignidad personal como valores que preceden al poder y al Estado. Sabemos, y muy bien, que los derechos humanos no los crea el Estado ni los otorgan discrecionalmente los gobernantes: son derechos y libertades innatos al ser humano y, por lo tanto, no sólo deben ser respetados por el legislador y el gobierno, sino defendidos, protegidos y promovidos por los poderes públicos y los privados. Tienen la configuración jurídica de valores superiores del Ordenamiento y deben inspirar el entero conjunto del Derecho positivo. Entre ellos, la libertad de expresión ocupa, por derecho propio, un lugar central.
Los derechos fundamentales de la persona son derechos que, efectivamente, derivan de la dignidad del ser humano. Son, por ello, intocables, inviolables, indisponibles para legisladores y gobiernos. Son valores que nadie puede ni debe manipular, que nadie puede, ni debe, violentar. El derecho a la vida, la libertad de expresión y tantos otros derechos fundamentales de la persona han de ser la garantía de la preservación y respeto de la libertad solidaria del ser humano y el ambiente natural en el que los ciudadanos convivan pacíficamente. Alexy los ha llamado derechos subjetivos de especial relevancia porque no están al albur de mayorías ni minorías.
No hace mucho asistimos sobrecogidos a los horrores del nazismo, del fascismo o del comunismo, y de su concepción totalitaria basada en la quiebra absoluta del predominio universal de los derechos humanos. Hoy, en un siglo siglo en el que el horizonte se vislumbra con tonalidades oscuras, ciertamente tenebrosas, estamos dominados por la dictadura de lo correcto y eficaz, tenemos miedo a la verdad, a la libertad solidaria y vivimos casi presos del dogma mediático, en manos de los sumos sacerdotes de esa tecnoestructura que reparte a diestro y siniestro certificados de admisión al espacio público. En este contexto se asoma una nueva, y también inquietante, forma de totalitarismo, sutil y de apariencia amable, que impide la libertad real y somete a su dictado cualquier manifestación de diferencia o de crítica a los políticamente correcto o eficaz.
En este ambiente, y a pesar de los pesares, debe levantarse la voz a favor de la incondicionalidad e indisponibilidad de los derechos humanos porque incluso los que afectan a la vida de las personas, están siendo duramente violados. Es el caso lento, constante, de la clonación de embriones, de la conservación de fetos con finalidades de investigación, de toda suerte de experiencias de ingeniería genética para predeterminar a la carta seres humanos, en los que se busca, más o menos directamente, la quiebra de la dignidad inviolable e igual de todas las personas, eso sí, acompañada de pingues beneficios para quienes compran sin disimulo los buenos sentimientos de tanta gente de bien.
Y no digamos el embate a que se está sometiendo a la libertad educativa, o a la libertad de expresión ante la eclosión de esos nuevos templos de la libertad erigidos en estandartes de la nueva censura. Incluso la libertad de investigación se lesiona cuándo sólo se priman determinadas líneas de investigación que equivalen a santificar la cultura de la muerte. Nunca tan pocos han ganado tanto dinero y poder como en este tiempo a través de la promoción del consumismo insolidario En fin, no son buenos tiempos para las libertades aunque, como siempre ha acontecido, son buenos tiempos para empeñarse en la apasionante aventura de la conquista diaria de la libertad, hoy, otra vez como antaño, de moda. Ahora también, con un alto coste.
Insisto, los derechos humanos son incondicionales. Tienen el carácter que Kriele predicaba de ciertos derechos que fundamentan el entero edificio jurídico. Incondicionales quiere decir lo que quiere decir. Ni más ni menos. Si empezamos a invocar buenos fines para justificar lo injustificable y atacamos el pluralismo la, veracidad o el respeto al honor, estamos abriendo el camino a la posibilidad de manejar a nuestro antojo lo que nos identifica como seres humanos. Estaremos ante un mundo sin principios, sin defensa para los débiles; en definitiva, ante un mundo inhumano en el que unos pocos instauran la ley de la selva. Si no se reacciona, nos acostumbraremos a esos monstruos que mañana nos devorarán. Ya lo están haciendo, y de que manera.
Jaime Rodríguez-Arana
Catedrático de Derecho Administrativo
Democracia y relativismo
Pensar que el sistema democrático es perfecto y que funciona sólo es un gran error. Es lo que Benjamín Constant describió lúcidamente en el caso del gobierno jacobino en Francia. Y es lo que sabiamente advirtió nada menos que Isaiah Berlín. En efecto, en el libro "Isaiah Berlín en diálogo con Johanbeglod", el famoso pensador, ante la pregunta que le hace su relevante contertulio Jo sobre el apoyo que puede dar a la democracia su teoría del pluralismo, Berlin no duda en reconocer que "en ocasiones la democracia puede ser opresiva para las minorías y los individuos, porque la democracia no es necesariamente pluralista; puede ser monista: la mayoría hace lo que quiere, por cruel, injusto o irracional que parezca (...). Puede haber democracias intolerantes. La democracia no es pluralista "ipso facto".
Para Berlin la democracia dista mucho de lo que se ofrece en nuestro tiempo: "Yo creo en una democracia específicamente pluralista, que exige consulta y compromiso, y que reconoce las reivindicaciones -los derechos- de grupos e individuos a los cuales, excepto en situaciones de crisis extrema, está prohibido excluir de las decisiones democráticas..."
Democracia y relativismo, Democracia y pluralismo son binomios importantes para desentrañar la profunda crisis en que se encuentra, nos guste o no, hoy la idea democrática. Es muy conocida la tesis de que es imposible la verdad absoluta; y de que todo es provisional y temporal, porque afirmar una verdad como algo absoluto es una manifestación de intolerancia cuando no de fanatismo o de fundamentalismo. Es el relativismo, el tan traído y llevado relativismo que tan bien cae en la época presente, que tantos amigos tiene y que, sin embargo, si no me equivoco, está en la misma base de la crisis actual. El relativismo tampoco es, o puede ser, algo absoluto. Es más, como señaló Ortega y Gasset, el relativismo es una teoría suicida porque cuando se aplica a sí misma, se mata. El relativismo se aplica selectivamente. En efecto, pocos tolerarían que el pensamiento relativista se extendiera a la ciencia experimental o a ciertas normas imprescindibles de justicia y civilidad.
Tras el relativismo, el permisivismo: el "todo vale", "prohibido prohibir". Pero, ¿todo vale?, ¿no se puede prohibir nada?. ¿Es posible seriamente este planteamiento?.
El relativismo tiene evidentes límites como los tiene la tolerancia. En la práctica hay límites, hay prohibiciones: en Alemania se prohíben los actos públicos de grupos neonazis, por ejemplo, y nadie sensato puede pensar que se trata de un acto irresponsable. En fin, el propio Berlin aceptó que el relativismo no puede ser absoluto y que, en virtud del relativismo no se pueden justificar todas las posturas, incluso las que suponen en sí mismas atentados evidentes a los derechos humanos como la actitud de Hitler frente a los judíos. Por eso, no todo es relativo. No lo puede ser, es imposible. De ahí que el propio Berlin llegue a decir que "no conozco ninguna cultura que carezca de las nociones de lo bueno y lo malo, lo verdadero y lo falso, la valentía ha sido admirada en todas las sociedades. Existen valores universales". Es decir, existe la verdad objetivamente considerada como existen unos criterios racionales y universales que permiten juzgar los actos humanos. El propio autor de "El nombre de la Rosa" no hace mucho reconocía que "para ser tolerante hay que fijar los límites de lo intolerante". Si solo vivimos en un mundo de preferencias o buenos sentimientos, y no de verdades, ¿en qué podemos basarnos para afirmar que hay opiniones que todos han de reconocer como intolerables, con independencia de la diversidad de culturas o creencias?.
Jaime Rodríguez-Arana
@jrodriguezarana