Ética pública y corrupción
La Ética pública que parte del servicio público es, desde luego, un arma de gran eficacia en la lucha contra la corrupción. La actividad pública se justifica en la medida que supone atención diligente a los asuntos colectivos y en que la integridad y la honestidad de los políticos y funcionarios es la condición necesaria para el ejercicio de las funciones públicas. La idea del servicio a la colectividad implica que los poderes y potestades se ejercen en beneficio de la colectividad y no en provecho personal. Por eso la Ética pública se refiere, no sólo a prevenir conductas negativas, sino a propiciar en el marco de la función pública, un ambiente de trabajo bien hecho, eficaz, sensible a los derechos de los ciudadanos.
La corrupción, lo sabemos bien, ni es un fenómeno nuevo, ni es un fenómeno propio de algunos países o culturas. Es tan antiguo como el hombre mismo y, aunque hoy se circunscribe, sobre todo, al ámbito del sector público, hay que reconocer que es un claro exponente del ambiente moral de la sociedad. Por eso, la responsabilidad social es también un elemento de primera magnitud en la lucha contra la corrupción. De ahí que no sea baladí preguntarse si la sociedad civil ha asumido su responsabilidad en la lucha contra la corrupción. La colaboración, pues, entre ciudadanos y poderes públicos es, en este campo también, fundamental.
La responsabilidad es fundamental en la lucha contra la corrupción, sobre todo, contra la tendencia a que la discrecionalidad se enmascare bajo formas más o menos de "razonabilidad" o de "control" que, al final, no son más que puras y claras arbitrariedades. Así, como señala Izquierdo, el concepto de responsabilidad adquiere carta de ciudadanía en el dinamismo organizativo, pues desde la perspectiva de una conducta absolutamente determinada por unas fuentes externas, la esencia de la responsabilidad acaba por desvanecerse. En este sentido la responsabilidad del que ejerce el poder se engarza con la Ética pública pues es el propio servidor público el que actúa de acuerdo con su leal saber y entender, si bien ciertamente la organización puede condicionar, pero nunca, ni de lejos, determinar el sentido de la conducta del dirigente público. Puede ser que la jerarquía o los controles externos influyan sobre el funcionario, pero no hasta el punto de que se diluya su responsabilidad como sabe muy bien quien haya tenido que trabajar en el proceloso mundo de la discrecionalidad administrativa. Siempre existe la posibilidad de actuar de acuerdo con la propia conciencia y siempre se pueden, se deben, censurar las órdenes o instrucciones que supongan un atentado a la Ética pública. Y eso, esté donde se esté en la maquinaria administrativa.
Jaime Rodríguez-Arana
@jrodriguezarana
La lucha contra la corrupción
La lucha contra la corrupción es una cuestión difícil y delicada que no debe reducirse únicamente a la promulgación de normas jurídicas o a la creación de unidades administrativas especializadas. Sin un clima social adecuado es casi imposible que prosperen eficaz y efectivamente las medidas formales adoptadas contra la corrupción. Es necesario, por tanto, promover un ambiente de educación ética exigente, así como subrayar la importancia del ejercicio de las cualidades democráticas y de las llamadas virtudes cívicas.
En el marco de la empresa, y también de la Administración, la forma más eficaz de luchar contra la corrupción es no ponerse en peligro de caer en ella. ¿Cómo se consigue?. Sencillamente, evitando prácticas que pueden abocar a la corrupción en los negocios, manteniendo un tono alto de profesionalidad y buscando la calidad y las buenas prácticas.
Es posible que los códigos de conducta puedan prestar un adecuado servicio siempre que su contenido permita su aplicación real y que vayan acompañados de una intensa labor formativa en la que se expliquen, en general y en concreto, los principios de la Ética. También en el marco del sector público cuando se conocen prácticas de corrupción hay que actuar con firmeza reaccionando inmediatamente pues, de lo contrario, se estarán dando pasos hacia la corrupción institucionalizada. Si se sancionan rápidamente este tipo de conductas es evidente que la organización recibe un mensaje claro y eficaz sobre esta cuestión.
La clave de la lucha contra la corrupción no está tanto en la persecución del delito como en la función de prevencion pues no hay que olvidar que determinados preceptos legales, como los contratos con la Administración pública, subvenciones, concesiones... pueden favorecer la falta de transparencia y la arbitrariedad y, por ende, las posibilidades de corrupción. De ahí la importancia de vigilar el cumplimiento de estas leyes y, lo que es más importante, elaborar un programa educativo exigente, tanto en la educación básica como en la profesional, que subraye la trascendencia de la sensibilidad ética, transmita criterios solventes de rectitud moral y, como es lógico, fomente una actitud favorable a la lucha contra la corrupción. Al final, debe quedar claro que una actitud ética exige, sobre todo, la decisión personal de querer ser honrado y parecerlo. Algo que hoy no brilla por su presencia.
Jaime Rodríguez-Arana
@jrodriguezarana
Fines y medios
El fin no justifica los medios. Es algo bastante claro que, sin embargo, domina la vida de muchas personas. Sabemos que la violación directa de la dignidad humana nunca puede, ni debe, justificarse en atención al buen resultado que pueda producir dicha acción. A pesar de ello, hoy no son pocas las personas que están de acuerdo con planteamientos consecuencialistas o proporcionalistas de la Ética, porque lo importante es la eficacia, la eficiencia, el objetivo; el resultado que, llegado el caso, "legitimaría" acciones claramente anti-éticas en las que, lo único importante es buscar, como sea, y al precio que sea, el resultado deseado.
Ciertamente, no hay Ética que pueda renunciar a las consecuencias de los actos, porque es absolutamente imposible definir un acto sin considerar sus efectos. Y no se trata de convicción o de responsabilidad, sino de la realidad de las cosas. Asi de claro.
Jaime Rodríguez-Arana
@jrodriguezarana
El utilitarismo
El utilitarismo político, como es bien sabido, defiende la moral política de los fines: todos los medios sugeridos por razones de oportunidad son legítimos o están justificados. Esta orientación parte de que el poder es el elemento esencial del Estado, cuando sabemos que no: lo decisivo es el bien común. También ha sido frecuente señalar que la Ética estatal y la Ética individual son distintas. Sin embargo, solo el poder que se funda en el orden ético general puede garantizar a los hombres y a los pueblos el derecho por igual, derivado de la naturaleza humana, a desarrollar la propia personalidad. Como acertadamente señala Messner, la subordinación del poder a un orden general vinculante es quizá el único camino para que la humanidad pueda subsistir y continuar desarrollándose.
Cuando el Estado se define por el poder y el Derecho por la fuerza, la razón de Estado no encuentra límite alguno para si utilización sin mayores problemas. Incluso se ha llegado a argumentar, desde posiciones que hablan o predican la racionalidad del poder como razón de ser de la norma jurídica, de que en estos casos la finalidad a la que sirve la racionalización de la fuerza es precisamente su incremento. Es, con otro ropaje, la vieja tesis de la sofística griega que reaparecerá con virulencia en Maquiavelo y se insertará en el campo de la Moral con Nietzsche.
En efecto, el Derecho positivo así considerado no es más que un instrumento del poder político, fin para si mismo, ejercido en ocasiones por los débiles y los mediocres con el propósito de someter y engañar a los fuertes. En este caso, la finalidad se convierte en algo intrínseco al Derecho: entonces fin e instrumento se identifican y vale todo. Es decir, se trata del uso, por parte del poder, de una racionalidad instrumental o táctica dirigida no a buscar ni establecer el fin del poder. Es la pura voluntad del Estado. Si el fin se instrumentaliza o se determina previamente, resulta que poder y fin se identifican y el Derecho, así concebido, se introduce en un proceso sin fin, en una afirmación de la fuerza refinada y calculadora, tal vez por eso más violenta; en una brutalidad enmascarada. Al final, sorprendentemente, la racionalidad se instrumentaliza al servicio del poder y el Derecho se convierte en un fino mecanismo de multiplicación, propagación y consolidación del poder, de la fuerza. Hoy, lo vemos y lo experimentamos, aquí y allá, a diario.
Jaime Rodríguez-Arana
La razón de Estado
Como es bien sabido, la expresión "razón de Estado" adquiere carta de naturaleza a mediados del siglo XVII. La "ragione di stato" siempre se ha vinculado al principio maquiavélico de que la actuación del hombre de Estado no tiene que estar determinada más que por consideraciones de oportunidad y que "la razón de Estado", el interés estatal en definitiva, puede exigir comportamientos que conculquen la ley moral.
Los defensores de la razón de Estado "absoluta" como Hegel parten de la idea de que el Estado es un ser ético de categoría más especial o, como Treitschke, arguyen que existen unas metas vitales o culturales del Estado que le colocan fuera del orden ético general.
Sin embargo, lo cierto es que la comprensión correcta de la teoría de la razón de Estado debe realizarse a partir de la diferencia esencial que existe entre el bien común y el bien particular. Es evidente que el bien común en las cuestiones que afectan al orden general de la comunidad política debe ser prioritario. Por eso, el interés del Estado puede establecer ciertas formas de comportamiento que sean distintas de las que el orden ético impone al individuo. Ahora bien, con ello no queremos decir que exista una Ética Política Especial en contraposición con la General. Es más, los principios éticos generales rigen sin limitaciones también con respecto al funcionamiento del Estado. Su aplicación a las condiciones especiales de su actuación pueden ocasionar ciertas consecuencias que se apartan de las aplicables al comportamiento personal.
¿Por qué? Precisamente, porque el bien común implica una posición que trasciende lo puramente individual. Que esto sea así no quiere decir que la razón de Estado pueda autorizar la actuación en contra del Derecho o de la Ética. Es más, las acciones que en si mismas son inmorales, lo son siempre, incluso en política. De ahí se deduce que la célebre frase de que "el fin justifica los medios" no es un principio de una auténtica razón de Estado. Por eso, la mentira nunca puede ser un procedimiento de actuación política. Lo que si justifica la razón de Estado, en determinadas circunstancias, y como exigencia del propio bien común, es que se puede realizar lo menos perfecto para no hacer imposible lo más perfecto.
Como dice Messner, a veces puede ser legítimo, en aras de una política de lo posible, realizar lo que resulta oportuno, pero siempre con el límite anteriormente enunciado. La razón de Estado, pues, exige una política realista en función de las necesidades concretas del bien común. Nunca en función de las necesidades de la perpetuación en el poder o de la lesión de los principios de la ética.
Jaime Rodríguez-Arana
@jrodriguezarana
Sobre la corrupción
La corrupción pública es, sencillamente, la desnaturalización del poder público. Utilizar el poder público para otros fines distintos del propio. Para ganar dinero, para dominar a las personas, para excluir...para el interés particular o personal
Toda conducta corrupta es una conducta ilegal porque contraviene el derecho a contar con una Administración que sirva con objetividad los intereses generales, el derecho a disponer de una buena Administración.. Por ello, la desviación de intereses debe ir acompañada de sanciones normativas desde una perspectiva de interpretación finalista del Ordenamiento ya que las normas son reglas de convivencia que se justifican porque pretenden alcanzar un fin. Es más, si bien la conducta pública ha de mantener la legalidad como término de referencia obligado, tal referencia debe entenderse en el sentido más avanzado del término, como juridicidad, es decir, entendiendo la legalidad como un sistema racional en el que los elementos se relacionan por identidad de fines, en este caso de intereses generales. Por tanto, la corrupción, en cualquiera de sus formas, además de constituir un claro atentado a los más elementales principios de la Ética pública, puede ser merecedora de la sanción normativa en cuanto que lesión del interés general.
La corrupción atenta contra los valores éticos del servicio público en cuanto que implica la utilización de potestades públicas para el exclusivo provecho personal del que ejerce el poder. Supone la desnaturalización de la función constitucional de la Administración pública que consiste en servir con objetividad los intereses generales en el marco del bien común. Por eso, el Derecho es el instrumento adecuado para sancionar este tipo de conductas amén de que la conculcación de los más elementales valores éticos también suponga una pena quizás más dura socialmente.
La corrupción, no lo olvidemos pues ejemplos hay en algunos países, crece, crece y llega, si no se la detiene a tiempo, a ser una practica "normal". Por eso, la sensibilidad hacia lo público exige, además de una formación adecuada, el ejercicio, por parte de los funcionarios y gestores públicos, de las virtudes morales que configuran el nervio del servicio público.
Hace ya algunos años, el entonces presidente checoslovaco Vaclav Havel, con motivo de la entrega del Premio Sonning, pronunció un discurso sobre las exigencias morales de las tareas públicas del que no me resisto a transcribir dos párrafos con los que termino este artículo.
“Todos los que afirman que la política es un asunto sucio mienten. La política es sencillamente un trabajo que requiere personas especialmente puras, porque resulta muy fácil caer en la trampa. Una mente poco perspicaz ni siquiera se dará cuenta. Por lo tanto, tienen que ser personas especialmente vigilantes las que se dediquen a la política, personas sensibles al doble sentido de la autoconfirmación existencial que de ella se desprende.
Ignoro totalmente si pertenezco al grupo de personas vigilantes. Sólo sé que debería pertenecer, ya que acepté mi cargo".
Jaime Rodríguez-Arana
@jrodriguezarana
Política y sociedad
En nuestro tiempo, nadie duda ya que el desinterés frente a la política sea una característica bien definida de nuestra sociedad. Los tiempos cambian, se dice, y hoy nos encontramos con otras situaciones, otras convicciones, en definitiva, otros parámetros. Sin embargo, sabemos que en la Antigüedad la dedicación a la política, a la dirección de las cosas públicas, era considerada como una de las tareas más nobles a las que podía entregarse el ser humano. Es más, la política, con mayúsculas, ocupaba un lugar muy destacado entre el conjunto de todas las artes y se consideraba la más alta creación del espíritu humano.
¿Qué ha ocurrido para que hoy haya cambiado tanto la percepción que la generalidad de los ciudadanos tienen -o tenemos- de los políticos y de la política? La causa no es difícil de adivinar puesto que hoy en día la esencia supra-individual de comunidad de la organización política se ha diluido a favor del interés particular. Por eso, la actuación de los poderes públicos se explica en función de limitaciones que se producen en la vida de los ciudadanos. Así se explica, quizás, que en nuestro tiempo los mejores talentos prefieran triunfae en la actividad privada. ¿Por qué?. Porque va perdiendo la idea del servicio público y, en su defecto, ha surgido, con no poca fuerza, una nueva y peligrosa dimensión de aprovechamiento personal, de interés particular, que también se ha instalado en la función pública en sentido amplio. Además, también conviene señalar algunos elementos que han influido también en esa falta de interés frente a la política, como son, la partitocracia dominante y la creencia, cada vez más extendida, de que los poderes públicos son incapaces de encauzar los problemas sociales del mundo actual.
Hoy, nos guste o no, el desprestigio del oficio político es evidente. Sobre todo por el bajo nivel moral imperante tanto en la vida económica, pública o social. Quizás se ha ido perdiendo la referencia ética en el ejercicio de la política y, al final, resulta que el príncipe Lampedusa o Maquiavelo son los modelos a imitar por los políticos. Así, ya Tocqueville en 1835, en una carta dirigida a Stuart Mill, se quejaba de la cultura del poder y de la mediocridad de sus líderes: "lo que más me sorprende en los asuntos del mundo no es el papel de los grandes hombres, sino la enorme influencia que ejercen los personajes más pequeños y ordinarios". D´Alembert calificó la política como "el arte de engañar a los hombres". Ortega y Gasset decía que "la política es una actividad instrumental limitada, que no es capaz de organizar la amistad entre los hombres, ni la lealtad humana, ni el amor". Duras palabras, ciertamente, como duras son las palabras con las que Weber distinguía entre el auténtico líder, el hombre que ofrece a su pueblo un camino, y el político profesional, que dice al pueblo lo que este quiere oír. El primero vive para la política, el segundo vive de la política. Hoy, lo vemos a diario, demasiado.
Jaime Rodríguez-Arana
@jrodriguezarana
Derecho y poder
Una de las cuestiones más importantes de la Ética Política es la relación entre derecho y poder, entre derecho y ética. En efecto, ambos binomios, como es sabido, han provocado ríos y ríos de tinta a muchos sesudos pensadores de todos los tiempos. Ahora también. La propia realidad nos anima a ello.
Desde el punto de vista normativista, el derecho incorpora una referencia esencial de coactividad. La fuerza es, en esta orientación, medio y contenido de las normas jurídicas por lo que el derecho se asienta básicamente sobre la realidad del poder. Es más, como sostiene Peces-Barba desde una aproximación positivista, el poder se erige en el fundamento del Derecho. Esta concepción, que encuentra su precedente en Bodino y también, como no, en el mismo Hobbes, tiene, al menos, una consecuencia inquietante: la conversión del derecho en fuerza. En este sentido, el propio Peces-Barba señaló que el derecho es, efectivamente, poder, fuerza, pero racionalizada. O lo que es lo mismo: fuerza autorregulada. Pero, ¿es posible que el derecho sea una norma sobre la fuerza dada por la fuerza misma?, ¿es posible pensar en el derecho como fuerza que se autolimita por si misma y desde si misma?.
La idea de racionalidad de la fuerza alude necesariamente a una realidad extrínseca a la del poder que precisamente nos lleva al elemento ético del derecho; a saber, la noción de finalidad. Porque racionalizar el poder será por algo o para algo: racionalidad sin finalidad no parece posible. De ahí que el derecho, la norma jurídica, sea racional y, por tanto, ordenada a un sistema de valores. Si no hay racionalidad, derecho es igual a poder, a fuerza y resultará jurídico, por ejemplo, el nazismo o cualquier fundamentalismo o planteamiento abiertamente opuesto a la dignidad de la persona. Pero más que fuerza racionalizada, el derecho consiste, en esencia, es dar a cada uno lo suyo, lo que se merece, lo que le corresponde. Nada menos.
Jaime Rodríguez-Arana
@jrodriguezarana
Ética y Derecho
Cuestión capital en la Ética Política es la relación entre Derecho y Ética o, si se quiere, entre Derecho y Moral. Un tema eterno de discusión. Baste en este momento recordar que a lo largo de la historia del pensamiento se han propuesto muchas teorías a favor de intentar separar ambas realidades.
Moral y Derecho son dos dimensiones de la existencia práctica del hombre, dos maneras, dice Ollero, de dar y captar el sentido de la realidad que le rodea y de la suya propia. No son, por el contrario, dos tipos de normas. Por lo pronto, la Moral orienta la conducta del hombre en función del sentido de la vida: por eso, toda acción humana acaba teniendo una dimensión moral y el Derecho, quiera o no, se verá obligado a intervenir con frecuencia precisamente en aquellos aspectos que más repercuten sobre el sentido de la vida humana y de la realidad social. Ahora bien, el Derecho no debe reducirse a una simple y mecánica aplicación de los criterios morales, sino que -el Derecho- aspira a lograr un ámbito de convivencia social, armonizando sus pretensiones individuales con las de los demás. Eso si, el Derecho se caracteriza por ese mínimo ético que asegura el carácter central de la dignidad del hombre y que hace posible una vida auténticamente humana.
Ciertamente, ni la solución autoritaria -predeterminar la condición humana e imponer ese mínimo ético- ni la permisiva- no puede haber ese mínimo ético porque podría forzar la conciencia individual- son atinadas. Quizás, una vía válida pueda ser útil: si toda delimitación de lo jurídico implica una opción moral, ésta ha de surgir del consenso intersubjetivo de los ciudadanos, pero no porque rechacemos la posibilidad de principios morales objetivos, sino porque descartamos su imposición autoritaria, como consecuencia de uno de ellos: la dignidad humana.
Jaime Rodríguez-Arana
@jrodriguezarana
Popper y la televisión
Es bien sabido que el pensamiento de Popper bascula en torno a la defensa de la democracia, de la tolerancia y del respeto a la persona. En este sentido, llama la atención, aunque no tanto, que el último ensayo del filósofo hubiera tratado, lo sabe poca gente, tratado sobre la degradación de la televisión, un medio de comunicación que influye demasiado sobre la vida y las decisiones de las personas más frágiles y vulnerables.
Popper, tras criticar esa idea tan extendida de que se debe ofrecer a la gente lo que la gente pide, aprovecha para advertirnos sobre el peligro que encierra para la democracia la falta de control de la televisión: "la democracia consiste en poner bajo control al poder político. No debe haber ningún poder político incontrolado en una democracia. Ahora que resulta que la televisión se ha convertido en un poder político colosal, potencialmente se puede decir que es el más importante de todos (...). Y así será si continuamos consintiendo este abuso (...). Una democracia no puede existir si no pone bajo control a la televisión..." Y ese control, cada vez más necesario, se encuentra en la defensa, protección y promoción de la dignidad humana y de los derechos humanos. De la libertad y de la solidarida. Si se quiere, de la libertad solidaria.
Jaime Rodríguez-Arana
@jrodriguezarana