Los partido políticos, hoy.
La política es una actividad humana dirigida a que los
asuntos públicos se gestionen al servicio objetivo del pueblo. Los partidos
tienen un papel central en lo que se refiere a trasladar a la sede de la
soberanía las ideas y criterios presentes en la vida social. El problema es que
en no pocas ocasiones los partidos, sus dirigentes, se han apropiado del poder,
que es de titularidad ciudadana, manejándolo a su antojo, en función de
consideraciones personales, como si fueran sus únicos y exclusivos dueños. La
gestión de la última investidura confirma esta idea.
En este sentido, el uso en beneficio propio del aparato del
partido explica la resistencia a abrir
las listas electorales, a fomentar la participación real de la militancia en la selección de candidatos a
cargos de elección, a consultar a las
bases ciertas decisiones de envergadura social y, sobre todo, a abrir las
ventanas de las formaciones al aire puro y al agua clara de la misma vida. Son
manifestaciones de lo que se denomina partitocracia y que, a la vista de lo que
pasa, mucho tiene que ver con la sensación mayoritaria que tiene la ciudadanía
de la corrupción política. Los partidos tradicionales y los nuevos, que han caído en los vicios de
los clásicos, tienen que mudar sus hábitos y costumbres de forma y manera que
se terminen las expresiones de poder personal y subjetivo que todavía se
perciben desde el interior y desde el exterior de las formaciones.
En estos años, tras la consolidación en numerosos países de
Europa del denominado Estado de los partidos, hemos contemplado, a veces desde
una pasividad inexplicable, como estas organizaciones, que son de obvio interés
general, han tomado, en beneficio de sus
cúpulas, los poderes del Estado, las
instituciones, muchas asociaciones
profesionales y deportivas, la
universidad y cuantas corporaciones fuera menester para ahormar el control
social.
El origen del problema hay que buscarlo en la ausencia de
temple cívico, de educación política, de capacidad crítica de una sociedad
dominada por el consumismo y la esperanza en que todo vendrá de los poderes
públicos. Así, poco a poco la ciudadanía se desentendió de los asuntos de
interés general confiando en que los
políticos los resolverían positivamente para los ciudadanos. La realidad nos
ofrece, sin embargo, un sombrío panorama que discurre por otros caminos, ahora
patentes y explícitos.
En este contexto, de profunda crisis de los partidos
tradicionales, emergen nuevas opciones, más oportunistas que oportunas, que con
sentido de anticipación, pretendieron encarnar nuevas soluciones a base de una
teórica mayor participación y a partir de mensajes hábilmente diseñados que
colmasen las lagunas y las deficiencias de la forma tradicional de hacer y
estar en la política. Sin embargo, en no poco tiempo, se han vuelto
partitocráticos con expresiones más o menos sutiles de poderío personal por
parte de sus élites y una nula o deficiente participación cívica.
Las bases éticas de la democracia reclaman que las aguas
vuelvan a su cauce. Que los políticos y los partidos asuman el papel que les
corresponden, que renuncien a seguir asaltando las instituciones y escuchen más
a los ciudadanos. Para ello, es menester que tomen conciencia de la realidad, de su
posición, y sean capaces de devolver a los ciudadanos, a todos y cada uno, el
poder del que se han apropiado. La tarea no es fácil porque a nadie amarga un
dulce y pasar de propietarios a administradores después de tantos años
conduciéndose como dueños y señores de la cosa pública no es fácil ni se
produce de un plumazo. Es menester que los actores políticos asuman una serie
de valores y cualidades democráticas como la transparencia y la rendición de
cuentas. El 95% de la ciudadanía, según parece, quiere que las cosas cambien.
Sin embargo, la forma en que se ha manejado la gestión de la última investidura
me temo que disparará la abstención y seguirá acreciendo la decepción de no
pocos españoles en relación con la forma en que por estos lares se interpreta
la democracia.
Jaime Rodríguez-Arana
@jrodriguezarana
Sobre la solidaridad
En la etiología
de la crisis que regresa, de nuevo encontramos la tradicional polémica entre la
libertad y la intervención. Entre la libertad y la solidaridad. En efecto, desde
hace mucho tiempo, el pensamiento bipolar y maniqueo hoy tan de moda ha
procurado que entre los conceptos de libertad y solidaridad se produjera una
feroz oposición evitando cualquier puente o aproximación entre ellos. La razón
reside, me parece, en el miedo, en el temor de los beneficiados por ambas
posiciones ideologizadas a perder la posición. Sin embargo, el exceso y
desproporción de la intervención, el Estado estático de bienestar, ha hecho
crisis y ha vaciado la caja del Estado. Por eso, una vez más hemos de apelar a
un genuino del Estado solidario, una versión más dinámica y social de este
Estado estático de bienestar del que se han apropiado, sobre todo, determinados
representantes de la tecnoestructuras partidarias y financieras.
La solidaridad,
bien lo sabemos los que trabajamos desde los postulados del pensamiento
abierto, plural, dinámico y complementario, constituye una clave para
comprender el alcance de la libertad de las personas. En efecto, lejos de los
planteamientos radicalmente individualistas, y consecuentemente de los
utilitaristas, entiendo –precisamente porque afirmo la dimensión personal del
individuo humano- que una concepción de la libertad que haga abstracción de la
solidaridad, es antisocial y derivadamente crea condiciones de injusticia. En
este sentido la libertad, siendo un bien primario, no es un bien absoluto, sino
un bien condicionado por el compromiso social necesario, ineludible, para que
el hombre pueda realizarse plenamente como hombre. Dicho de otra manera: si
puede afirmarse que el hombre es constitutivamente un ser libre, en la misma
medida es constitutivamente solidario. Su gran opción moral es vivir libre y
solidariamente. El mercado, que es una institución en la que reina la libertad,
tiene, sin embargo, en sí misma, elementos sociales, aspectos de solidaridad.
El mercado sin límites no es mercado. Igualmente, el interés público sin
límites no es interés público. La racionalidad y objetividad que se debe predicar
de cualquier actividad humana, obviamente también debe presidir tanto el
funcionamiento del mercado como el del Estado.
La libertad de
los demás, en contra del sentir de la cultura individualista insolidaria, no
debe tomarse como el límite de mi propia libertad. No es cierto que mi libertad
termina donde comienza la libertad de los demás, como si los individuos
fuéramos compartimentos estancos, islotes en el todo social. Se trata más bien de poner el acento en que un
entendimiento solidario de las relaciones personales posibilita la ampliación,
en cierto modo ilimitada, de nuestra libertad individual. En este sentido -y
también podría hacerse esta afirmación con un fundamento utilitarista-, la
libertad de los demás es para mí un bien tan preciado como mi propia libertad,
no porque de la libertad de los otros dependa la mía propia, sino porque la de
los otros es, de alguna manera, constitutiva de mi propia libertad.
El gran
problema de concebir la libertad en armonía con la solidaridad, con la dimensión
social de la persona, estriba en que impide que la actual dictadura cultural
pueda mover a su antojo, como marionetas, a unos ciudadanos que no parecen muy
conscientes del sentido de su libertad social para actuar autónomamente.
El Estado es una garantía de solidaridad. Si
falla en su funcionamiento básico, nos hallamos ante la ley de la selva, ante
la más radical insolidaridad. Todo por el lucro y para el beneficio. Esta ha
sido la consecuencia de un sistema que se ha desnaturalizado a causa
precisamente de permitir que la libertad opere sin límites. Insisto, la libertad
debe ser solidaria y la solidaridad libre. El llamado Estado solidario, me
parece, camina por esta senda.
Jaime
Rodríguez-Arana Muñoz
Confianza y valores
Uno de los principios básicos de la Ética
pública es que quién ejerce el poder responda de sus actuaciones realizando su
tarea de acuerdo con los
valores permanentes y universales del servicio público
La historia ha demostrado, lo sabemos bien,
que las sociedades corruptas han traído consigo gobiernos corruptos y
viceversa. Sobre todo porque cuando se antepone el beneficio personal al bien
común se rompe la armonía social. En efecto, cuando aumenta la corrupción, la confianza
de los ciudadanos en las instituciones se resiente y se produce esa peligrosa
separación entre gobernantes y ciudadanos hoy tan acusada.
La corrupción mina, y de qué forma, esa necesaria confianza que debe existir entre
representantes y electores, entre ciudadanos y gobernantes. Y esa confianza en el sistema democrático es esencial pues los ciudadanos
deben tener razones para depositar su confianza en quienes
administran y gestionan los recursos públicos y atienden las necesidades
colectivas.
En el mundo
ex-comunista, la conversión del centralismo burocrático en corrupción
institucionalizada produjo unos frutos tan amargos entre la población que hoy
este sistema político está tocado de muerte. Por su parte, en el
Tercer Mundo la corrupción de los mandatarios ha traído consigo, lo comprobamos en países que están en la mente de los lectores, un desprecio masivo
hacia instituciones y un repliegue a formas de vida que se oponen a los más
elementales principios de la cultura cívica. ¿Qué ha pasado en Occidente? Pues
que las estafas, el fraude, las operaciones bursátiles irregulares, los
sobornos o las malversaciones, están socavando, hay que reconocerlo, la
confianza de los ciudadanos en las instituciones y en quienes las representan.
En pocas palabras, hoy en el mundo, no podemos negarlo, existe una profunda
crisis de confianza en las instituciones públicas y sociales.
En los Estados
Unidos, el famoso caso de la conculcación del Código de Honor de West Point, en
1976, por varios cadetes, permitió que también desde las instituciones se
tomara conciencia del problema de la corrupción. Así comienza la
preocupación, bien interesante, de las propias instituciones por la mejora y
mantenimiento de la integridad colectiva y la de cada uno de los miembros de
los organismos. Pero hay que tener en cuenta que toda preocupación a nivel
institucional depende en última instancia de la integridad personal del
individuo. Esta es la clave: la práctica de las virtudes morales por parte de
los ciudadanos. Por eso es necesario que personas honradas presidan hoy las
instituciones, porque se negarán a participar por acción u omisión en la corrupción y así se podrá recuperar esa confianza perdida.
Así de claro.
Jaime Rodríguez-Arana
@jrodriguezarana
La financiacion territorial
La
financiación de los Entes territoriales siempre ha sido una cuestión polémica.
Para unos, las Comunidades Autónomas y los Entes locales deben financiarse vía
presupuestos generales del Estado. Para otros, la financiación es también una
cuestión que afecta a las políticas públicas de los Entes territoriales y estos
han de resolver el problema también a través de la participación en impuestos
nacionales y a través de los ingresos que recauden gravando determinadas
actividades. La realidad, sin embargo, nos muestra algo francamente negativo:
los Entes territoriales siguen siendo, a pesar de los treinta años
transcurridos desde la Constitución, fundamentalmente centros de gasto público
que poco o nada quieren saber con la posibilidad de asumir políticas de
ingreso. A todo ello, hay que añadir que siendo como es una cuestión que
debiera resolverse en un espacio abierto, multilateral, entre las Comunidades
Autónomas y los Entes locales, nos encontramos con que ello no parece posible
porque ni siquiera algunas Autonomías son capaces de trabajar en esquemas de
solidaridad y cooperación. A los Entes locales, no se sabe porque extraña
razón, siempre se les deja fuera de los repartos o, en todo caso, lo único que
se les permite es participar de las sobras del pastel autonómico.
La
financiación de los Entes territoriales es hora de que empiece a plantearse en
el marco que le es propio, que no es otro que el de un Senado realmente
territorial con presencia de Comunidades Autónomas y Entes locales. Sin
embargo, en lugar de caminar hacia la solidaridad y la cooperación, principios
obvios de nuestro sistema constitucional de articulación del poder territorial,
resulta que se impone, por razones parciales, mecanismos de bilateralidad que
quiebran la esencia de un modelo territorial que se basa en la participación
conjunta.
Es
espectáculo al que asistimos abochornados estos días no es más que el reflejo
de una manera egoísta de contemplar la realidad. Unos sólo se ven a ellos
mismos en el espejo. Otros no quieren verse más que en la cúpula como sea. Y
todavía hay quienes a lo único que aspiran es a reclamar una vuelta al pasado.
Se piensa mucho en clave de parte sin asumir la conciencia de integrante de un
conjunto. Se busca sólo mantenerse en el poder a como de lugar. En este
contexto, la calidad de vida de los ciudadanos, como no sea la de los que están
en el vértice, importa realmente muy poco. Se utiliza la reclamación o la
reivindicación permanente al margen del sentido de responsabilidad porque resulta
muy poco rentable la racionalidad o el sentido común.
A
todo esto, la ciudadanía asiste asombrada a un espectáculo verdaderamente
lamentable en el que al final, lo de menos es si los servicios se van a
gestionar mejor o peor. Por mucha “tajada” que se saque de la financiación,
algunos destinan el dinero público a la imposición de un modelo cultural y
social con toda clase de medios y sin reparar en gastos. Eso sí, para los que
ingresan en el club de estos nuevos ricos, miel sobre hojuelas. Los que no aceptan
el pensamiento único o el modelo único, poco a poco van siendo expulsados de
ese espacio público que domina la tecnoestructura dominante. Para eso sirve la
financiación en algunas Autonomías, para imponer determinados parámetros
culturales y políticos que, ordinariamente, ni siquiera gozan del acuerdo
general de los habitantes.
Jaime
Rodríguez-Arana
@jrodriguezarana
España
Por alguna razón, no difícil de colegir, la exposición acerca del
sentido, historia y futuro de España como realidad abierta, plural, dinámica y
compatible, ha brillado por su ausencia en los últimos tiempos. En efecto, no
es algo del momento, es una constante de las últimas décadas que ha permitido
que las tesis diferencialistas radicales hayan tomado la iniciativa en un
debate en el que, como en otras tantas cuestiones que hacen a la verdad y a la
realidad, se percibe una ausencia sorprendente de convicciones argumentadas.
En efecto, hasta hoy, y desde el refrendo del Pacto Constitucional de
1978, el discurso prevalente en lo que se refiere a nuestra identidad colectiva
ha sido, por razones muy diversas, el discurso nacionalista identitario. Sus
causas son, en buena parte conocidas y algunas tienen mucho que ver con la
reacción frente a nuestro pasado político autoritario, en el que se entendía
España con criterios que excluían a quienes no comulgaran con la versión
oficial.
Sin embargo, la apertura de las puertas de la libertad y el
reconocimiento constitucional de los hechos diferenciales, posibilitaron el
desarrollo pacífico, y al mismo tiempo solidario, de las identidades singulares
de los distintos pueblos de España. Sin embargo, el nacionalismo extremo y
radical se encargó de exacerbar casi
compulsivamente un sentimiento de diferencia, de alejamiento y hasta de rechazo
de todo lo que no se considerase genuino, autóctono, oriundo. Esa radical
actitud llevó por una parte a afirmar
que la única realidad social y cultural auténtica era la de los territorios
particulares y por otra, a considerar a España como el residuo, el excipiente
que queda cuando aquellos territorios, con pretendido fundamento nacional, se entienden
en clave exclusiva y excluyente. Esta perspectiva residual no ha parado de
crecer ante la sorprendente inactividad e incapacidad de reacción de unos
dirigentes cegados por un complejo de inferioridad, que cuándo ya no queda más
remedio, ante la ausencia de relatos razonables y argumentadas, alardean de una
suerte de imperialismo constitucional con el que ingenuamente pretendieron
frenar las irracionales expectativas de quienes no han parado de copar los espacios
culturales e intelectuales en estos tiempos.
Sin embargo, siendo lo que es la Constitución, el pacto de todos y
entre todos, la solución real y genuina al problema actual catalán no es formal
solamente, no es solo normativa. La solución es de orden material, sustancial
y, para tal tarea se precisa, insisto, un profundo convencimiento de lo que es
España y una capacidad de pedagogía política que es menester poner en marcha de
forma inteligente y comprometida.
Para el nacionalismo radical, España sería una realidad artificiosa,
producto de un proceso político impositivo que ha aherrojado la realidad
nacional de algunos de sus componentes que, por fin, ven llegado el momento de
liberarse de tanta opresión y laminación de sus identidades colectivas. La
realidad, sin embargo, es bien distinta. En primer lugar, porque no existen
esas supuestas realidades nacionales a las que permanentemente se alude. Hay
efectivamente legítimas diferencias en la identidad de los pueblos de España,
pero no hay aquella uniformidad cultural, lingüística o de cualquier otro tipo
que pretenden los nacionalistas. Y en segundo lugar, y sobre todo, porque España es algo más que una entelequia.
Mucho más, muchísimo más.
Jaime Rodríguez-Arana
@jrodriguezarana
Solidaridad y dignidad humana
Los derechos humanos, los derechos fundamentales de la
persona, vienen siendo interpretados, también en este momento tan inquietante
de la historia del mundo que nos ha tocado vivir, desde una perspectiva
individualista. Tal orientación, presente en muchas legislaciones de muchas
latitudes, no es más que la expresión en clave jurídica de una ola de profunda
insolidaridad que atenta, y gravemente, al bien común, al interés general. La
dimensión subjetiva prima de forma casi absoluta mientras que la dimensión
social brilla por su ausencia. No es ninguna casualidad. Las tecnoestructuras
dominantes imponen, con notable éxito, determinados esquemas de comportamiento
y de estilo de vida que convierten a una población indefensa en masa dócil y sumisa ante los dictados de
quienes realmente mueven los hilos y se benefician de ello.
En este contexto, cada vez es más urgente llamar la atención
acerca de la necesidad de armonizar la dimensión individual, personal, con la
consideración social, con el empeño por la mejora de las condiciones de vida de
todos los ciudadanos. Si prevalece la perspectiva individualista, cada persona
termina por convertirse en la medida primera y última de todo y de todos
abriéndose un espacio de insensibilidad social de letales consecuencias. Ahí
tenemos en nuestras ciudades especialmente una legión de personas solas, de
ciudadanos abandonados a su suerte, de vecinos sin lazos comunitarios que
quizás puedan vivir cómodamente pero que han perdido la capacidad relacional
tan importante para el libre y solidario desarrollo del ser humano.
La exaltación del lucro, del beneficio, del resultado, de la
eficiencia, conduce, desde la instauración del pensamiento único, a la
conversión del ser humano, sea del que está por venir, del que es pero vive en
malas condiciones y del que está a punto de dejar de ser, en puro objeto de
usar y tirar. Ahí está, por ejemplo, el caso de las retribuciones de los
becarios, ahí está esa brecha cada vez más amplia entre los que tienen salarios
altos y bajos, y ahí está, sobre todo, esa globalización de la indiferencia que
tanto daño hace al tejido social y a la calidad de vida de las personas.
El dominio de la técnica y de la eficiencia suele llevarnos
a ambientes en los que la persona es reducida a un mero engranaje de una
estructura que la convierte, como mucho, en un bien de consumo que cuándo ya no
sirve a la causa, es desechado sin reparo. Ahí están los enfermos terminales,
los ancianos abandonados y sin cuidados y, sobre todo, los niños a los que se
condena a no poder exitir.
Por eso, la dignidad humana debería volver a ser el centro
de las políticas, el centro y la raíz del orden social, político y económico, no
ese sucedáneo que queda tan bien en discursos y escritos pero que a nada compromete.
Afirmar la supremacía de la dignidad humana, como dijo Francisco en el
Parlamento europeo hace unos años, “significa reconocer el valor de la vida
humana, que se nos da gratuitamente y, por eso, no puede ser objeto de
intercambio o comercio”. Y, como también
recordó Bergoglio a los europarlamentarios en su histórica visita al Parlamento
Europeo, “cuidar la fragilidad quiere decir fuerza y ternura, lucha y
fecundidad, en medio de un modelo funcionalista y privatista que conduce
inexorablemente a la cultura del descarte”.
Jaime Rodríguez-Arana
@jrodriguezarana
Pluralismo y diálogo
El pluralismo auténtico se traduce en
diálogo. Cuando existe diversidad social, pero no hay diálogo, propiamente no
deberíamos hablar de pluralismo sino de sectarismo, todavía demasiado frecuente por
estos lares en los que se resucita la división
maniquea del cuerpo social como metodología de trabajo.
Pues bien, sobre el supuesto
de un pluralismo auténtico se establece el diálogo, dónde se ponen en juego todas las condiciones que caracterizan una vida plenamente
democrática: moderación, respeto mutuo, conciencia de
la propia limitación, atención a la realidad y a las opiniones ajenas, actitud
de escucha, etc.
Ahora bien, la disposición al diálogo no
debe ser sólo una actitud, sino que el diálogo, como actitud socialmente
generalizada, debe ser un objetivo político de primer orden. Una sociedad
democrática no es tanto una sociedad que vota, ni una sociedad partidista, con
ser estos elementos factores vertebradores fundamentales en una democracia. Una
sociedad democrática es ante todo una sociedad en la que se habla abiertamente,
en la que se hace un ejercicio público de la racionalidad, en la que las
visiones del mundo y los intereses individuales y de grupo se enriquecen
mutuamente mediante el intercambio dialógico.
El diálogo auténtico entraña un
enriquecimiento de la vida social y una auténtica integración, pues el diálogo
supone la transformación de la tolerancia negativa, el mero soportar o aguantar
al otro, al distinto, en tolerancia positiva, que significa apreciar al otro en
cuanto que no nos limitamos simplemente a existir a su lado, sino que
coexistimos con él. Por eso, el
día en que asumamos que podemos aprender de los adversarios y viceversa,
habremos emprendido un camino que vale la pena transitar. Y que lleva muy
lejos.
Jaime Rodríguez-Arana
@jrodriguezarana
Nuevas esclavitudes
La sensibilidad humana más elemental rechaza y censura, es
obvio, cualquier manifestación de trata
de personas. Sean personas de color, blancas, europeas, africanas, asiáticas,
americanas… Sean mayores o pequeñas, estén o no enfermas. Sean embriones o no lo sean.
En efecto, ahora existe una nueva modalidad de trata de
personas a la que el dominio de lo económico y de lo políticamente correcto
trata, valga la redundancia, de otra manera. Como si comprar y vender un niño
fuera una práctica que hay que tolerar en un mundo en que las posibilidades
tecnológicas y científicas hacen posible toda suerte de experimentos y
posibilidades.
La maternidad subrogada, sea gratuita o de pago, destruye la filiación, la paternidad, la
maternidad, la familia. La práctica de la maternidad subrogada está alterando
gravemente la centralidad del ser humano, que en lugar de ser el fin y el
centro de las instituciones sociales y políticas, se convierte en un medio
susceptible de ser adquirido normalmente por un precio fijo.
El niño se convierte en un producto más del mercado y la
mujer puede ser explotada como vientre de alquiler. Es decir, se trata, valga
la redundancia, de un claro ejemplo de esclavitud pues en estos supuestos una
persona es propietaria de otra a la que se puede vender o comprar.
La maternidad subrogada es contraria a la Convención
Internacional de los derechos del Niño y a la Convención Internacional de Lucha
contra la Trata de Personas sencillamente porque consiste, ni más ni menos, que
en comercio de personas humanas, personas en tránsito al ser, en potencia, seres
humanos en cualquier caso.
Esta práctica, abyecta y execrable como pocas, demuestra,
además, el dominio de los ricos y los fuertes sobre los pobres y los débiles.
Ordinariamente, las madres que se prestan a tales experiencias suelen ser
sudamericanas o centroamericanas, africanas, indias o también de países del
Este europeo. Y los padres suelen ser de países desarrollados. Los chicos y las
chicas, normalmente no saben muchas veces ni quien es su madre y esto por más
que sea posible científicamente, no deja de ser algo, por decirlo suavemente,
profundamente inhumano.
En fin, una nueva esclavitud más que se agrega a tantas otras como abundan en este tiempo.
Explotación infantil, condiciones lacerantes de trabajo en muchas partes del
mundo, también en la vieja y enferma Europa, asesinato de niños antes de nacer,
personas mayores consideradas inútiles para las que se pide su pronta
desaparición, mujeres a las que se practica la ablación de clítoris…y, ahora,
ante nosotros, sin que se calibre la magnitud de estas prácticas, maternidades
subrogadas como si nada. Alucinante.
Jaime Rodríguez-Arana.
@jrodriguezarana
Europa y los derechos humanos
Europa, el viejo continente,
fue durante largo tiempo, durante siglos, la referencia y el centro de la mirada de
quienes querían fundar la cultura sobre la dignidad del ser humano. Los
derechos fundamentales de la persona, junto a la separación de los poderes del
Estado y al principio de juridicidad, alumbraron un sistema político en el que,
en efecto, la dignidad del humano se levantaba omnipotente, soberana y todopoderosa frente a cualquier al intento
del poder de pisotearla o laminarla. Sin embargo, la realidad europea es, a día
de hoy, mal que nos pese, la que es: prevalencia de la economía sobre la
persona, baja participación cívica, baja natalidad, consumismo insolidario, delincuencia en todas sus
expresiones xenofobia, corrupción y, fundamentalmente, mercadeo y transacción
también de los más capitales y centrales valores del ser humano. Claro que nos
gustaría que el panorama europeo estuviera presidido por los valores comunes
procedentes de la centralidad del ser humano que los padres fundadores de la Unión Europea, a
quienes hoy se cita tanto como se desconoce, colocaron como los pilares de una
integración que debería discurrir por caminos de humanismo y de preeminencia de
los derechos fundamentales de la persona.
En realidad, cuándo se reconocen estos derechos de manera
incondicional, sin injerencias del
poder, entonces resplandece la dignidad del ser humano y la idea originaria de
lo que debería ser Europa brilla con luz propia. Sin embargo, cuándo el poder
constituido decide sobre la titularidad y el ejercicio de los derechos humanos,
la arbitrariedad se instala entre
nosotros y desaparece la igualdad radical entre los seres humanos. Entonces,
nos adentramos en un inquietante mundo
en el que quien manda decide precisamente sobre todo, también sobre el
fundamento mismo del poder: sobre el alcance y límites de la dignidad de la
persona.
Los derechos humanos, interesa hoy recordarlo, no son del
Estado, no los conceden los gobernantes, son de titularidad humana, nacen con el hombre y la mujer y a
ellos corresponde su ejercicio libre y solidario. El poder, todo lo más, debe
reconocerlos y fundar su legitimidad y
legalidad en su centralidad, de forma y
manera que se conviertan, por ello, en valores superiores que iluminan, guían y
orientan al poder mismo y a quienes, por representación del pueblo, lo ejercen.
La base de los derechos humanos reside en la dignidad de la
persona, del ser humano. Dignidad que, en última instancia, tiene un fundamento
abierto salvo que nos quedemos en el inmanentismo, en la contemplación de una
realidad que ni se ha dado vida a sí misma ni se agota en su misma
contemplación. Más bien, de ahí su
fuerza y omnipotencia frente a los poderes humanos, la dignidad del ser humano
trae su causa de la condición del hombre y la mujer como imagen y semejanza del
Creador. Entonces, en este marco se entiende que exista una referencia superior
al propio hombre de la que parten esos derechos que se basan en la esencia del
ser humano y de los que nadie puede prescindir. Que hay valores que no son
manipulables por nadie es la verdadera garantía de nuestra libertad y de la
grandeza del ser humano. Y para que esos valores estén protegidos del uso
político o partidario interesa que sean incondicionales.
Cuándo se condiciona el derecho a la vida o a la libertad en
cualquiera de sus expresiones, entonces estamos en el mundo de la
arbitrariedad, de la selva, de la lucha de los fuertes contra los débiles. Nos
instalamos en un ambiente de ausencia de reglas o, en todo caso, en un mundo en
el que los poderosos imponen sus designios frente a los débiles. Algo que,
entre nosotros, ha tomado tal carta de naturaleza, que es el principal
obstáculo para democratizar nuestra deficiente democracia. Así de claro.
Jaime Rodríguez-Arana es catedrático de derecho
administrativo.
@jrodriguezarana
Personas y organizaciones
La crisis económica, trasunto de una más honda crisis,
refleja, tanto en el mundo público y privado, que las instituciones,
organizaciones y corporaciones, mudaron el sentido y finalidad propios para
atender otras necesidades. Los partidos, sindicatos y los entes públicos, por
ejemplo, en lugar de atender a sus destinatarios naturales, acabaron por
convertirse en organizaciones al servicio de las diferentes tecnoestructuras.
En lugar de estar al servicio de militantes, ciudadanos o trabajadores, se
transformaron en organismos al servicio de los dirigentes. Por eso, el grado de
confianza de la ciudadanía en estas estructuras es la que es: bajísima.
En plena crisis, 2014, se publicó un informe de la
Asociación General de Consumidores en la que se ponía de manifiesto que algunos
trabajadores de banca reconocieron que se engañó a los clientes para vender más
productos. Es decir, en lugar de atender a las necesidades de los usuarios de
los servicios financieros, se atendió, y de qué manera, a los intereses de las
propias instituciones.
En este sentido, desde la transparencia con que deben operar
estas entidades, debe recordarse que estas instituciones financieras deben
facilitar a todos los clientes explicaciones adecuadas y suficientes para
comprender los términos esenciales de todos y cada uno de los servicios
financieros. Para ello es menester que los propios trabajadores de este sector
estén debidamente formados y actualizados para suministrar esta información a
los clientes y, además, que los usuarios sean más conscientes de su posición
jurídica y demanden la información precisa en cada operación financiera en la
que participen.
El informe también reflejó algo que fue una constante en la
vida de las instituciones en estos años de la crisis. Que las organizaciones se
concentraron en sí mismas, atendiendo sobremanera los intereses burocráticos,
sobre todo las retribuciones y bonus de sus dirigentes, incluso durante
períodos de vacas flacas. En este sentido, el informe aludido señaló que las
entidades bancarias se convirtieron en empresas ocupadas de vender el mayor número
posible de productos a los clientes, en lugar de ser organizaciones que presten
servicios y cubran determinadas necesidades de los usuarios.
Es decir, la confianza y fidelidad de antaño, sobre las que
se ha basado esta actividad, mudó en muchos casos por la obtención del mayor
beneficio en el más breve plazo de tiempo posible. Si para eso había engañar,
se engañaba. Si había que estafar, se estafaba. Todo, por supuesto, en el
proceloso mundo de un lenguaje deliberadamente inteligible puesto al servicio
de la causa. Menos mal que finalmente aparecieron jueces con un sentido de la
justicia y de la equidad pusieron coto a muchos desmanes. ¿Hoy hemos superado
esta situación?
Jaime Rodríguez-Arana es catedrático de derecho
administrativo. jra@udc.es