Regulación y capitalismos
Desde
hace mucho tiempo y en diferentes escenarios se ha discutido, largo y tendido,
acerca de la polémica entre los dos modelos de capitalismo reinantes: el renano
y el norteamericano, el germánico y el anglosajón. En efecto, esta pugna no es
nueva. Ahora cobra actualidad porque el tamaño del desaguisado a que han
llevado los excesos anima, invita a reflexionar sobre lo que está pasando y
sobre el enfoque capitalista en sentido estricto.
El
capitalismo anglosajón se ha caracterizado, últimamente en grado superlativo,
por el corto plazo, el beneficio rápido y una confianza ciega en la capacidad
autorreguladora del mercado. Todo ello, además, en un ambiente de una precaria
protección social porque se postula en este contexto la teoría del Estado
mínimo: cuanto menos Estado y más mercado mejor. La escuela de los “Chicago
boys” es, aunque simplificada, buena prueba de ello.
Por
el contrario, los fundadores de la escuela de Friburgo, Hayek, Misses o Erhard,
entre otros, postularon la célebre teoría de la economía social de mercado, que
fue llevada a la práctica en los años en que precisamente Erhard dirigió los
destinos de Alemania tras la Segunda Gran Guerra. Como recuerdan los lectores,
este modelo de economía de mercado se plantea en un contexto de regulación, con
intervención pública y con una fuerte sensibilidad social. El fundamento de la
intervención pública en este esquema es bien claro: tanta regulación como sea
imprescindible y tanta libertad como sea posible. La regla, el principio, es la
libertad económica. Libertad que no se concede desde el poder público porque pertenece
a cada ser humano por el solo hecho de serlo. El poder público actúa para
fortalecer esa libertad, para garantizar que se ejercita en un contexto de
racionalidad y equilibrio. En este contexto, los órganos reguladores son muy
importantes, no tanto porque sean los artífices del sistema, que no lo son,
sino porque lo aseguran con su actividad de inspección, comprobación,
verificación, control y vigilancia. Además, en este modelo, el nervio de la
presencia pública se concentra especialmente en la puesta al servicio de la
comunidad de una completa red social de ayuda a los más necesitados, a los
marginados, a los excluidos por el sistema.
Pues
bien, durante los peores momentos de la crisis económica y financiera, hoy a
punto de regresar aunque parece que por otras razones, se constató que la
regulación no funcionó; es más, la
desregulación en ciertas actividades financieras fue un hecho. En efecto,
asistimos por entonces al desagradable episodio de experimentar, unos más que
otros, el lacerante efecto de esos 1,65 billones de euros de activos tóxicos
que inundaron el mercado financiero de
todo el globo procedentes de un sistema, el yanqui, que en este punto fracasó
estrepitosamente por creer a pies juntillas en esa monserga de que la
regulación obstaculiza el sistema. Fueron los años de Greenspan, bajo mandato
de Clinton, los años en que el desaguisado comenzó a tomar fuerza hasta llegar
en 2008 a
tumbar los mercados de todo el mundo.
Así
las cosas, hay quienes piensan que el capitalismo ha fracasado y que hay que
mirar de nuevo al marxismo como posible solución. La verdad es que volver a la
economía planificada y centralista, al
control público de la economía y a la dictadura del proletariado, es, a día de
hoy, una broma pesada. Más bien, de lo que se trata es de tomar lo mejor de
cada uno de los modelos para, en un contexto de libertad solidaria,
comprometerse a implantar una regulación global confiada a autoridades
independientes, que no estén a las órdenes, ni de las burocracias partidistas
ni de los consejos de administración de las grandes multinacionales.
La
regulación es necesaria siempre que se realice en un contexto de autonomía y
con garantías de independencia. Junto a ello, mientras no se caiga en la cuenta
de que el sistema debe ser protegido de los excesos y de la obsesión por el
beneficio inmediato y exponencial, dejaremos abiertas las puertas a otra
epidemia de codicia y avaricia como la que ha caracterizado los últimos años.
Por eso, ese orden global que hoy es una realidad, debe asentarse sobre la
justicia, la racionalidad, el equilibrio y, sobre todo, sobre la dignidad del
ser humano y la centralidad de los derechos fundamentales de la persona. Mientras
eso no sea un compromiso de todos, seguiremos cosiendo sin hilo, o corriendo
fuera de la pista, algo que, por lo que se ve, tiene muchos seguidores.
Jaime
Rodríguez-Arana es catedrático de derecho administrativo. jra@udc.es
Sobre los derechos sociales fundamentales
En
ocasiones, los derechos sociales fundamentales previstos expresamente en la
Constitución no son desarrollados por el poder legislativo. Pues bien, cómo las
normas legales contienen memorias financieras y
presupuestarias para su puesta en aplicación, las prestaciones que integran
estos derechos son plenamente exigibles judicialmente, sin que se pueda oponer
como regla la excepción de reserva de lo posible o el mismo principio de
separación de los poderes.
Si
no hay previsión normativa ni existen en la Constitución parámetros mínimos que
permitan deducir el alcance concreto de las prestaciones de derechos sociales
fundamentales, entonces la aplicabilidad inmediata de los mismos puede ser
implementada a través de requerimiento judicial al poder ejecutivo para que
satisfaga el contenido del derecho social fundamental en cuestión.
Los
derechos sociales fundamentales pueden estar previstos en la Constitución como
tales, no es lo más frecuente, o pueden derivarse de una argumentación racional
a partir de las bases mismas de la Constitución en relación con los postulados
del Estado social y democrático de Derecho y de la centralidad de la dignidad
del ser humano. Por ejemplo, la Constitución española alberga en su seno normas
contradictorias porque si se reconocen estos valores constitucionales, no es
coherente reconocer derechos sociales fundamentales desde la perspectiva de
principios rectores dela vida económica y social únicamente exigibles en virtud
de norma que lo prevea.
Es
verdad que la legislación infraconstitucional en materia de derecho a la salud
o derecho a la educación reconoce derechos subjetivos a los ciudadanos en estas
materias que podrán reclamarse en los Tribunales, pero sin la especial
protección que la Constitución dispensa a los derechos fundamentales. En el
caso de que ni siquiera existan normas del poder legislativo, si no aplicáramos
la doctrina de aplicación o eficacia directa de los derechos sociales fundamentales,
se estaría haciendo posible desde el interior de la Constitución su
imposibilidad de implementación en un aspecto básico como es el despliegue de
la función promocional y removedora de los Poderes públicos. Es decir, la
Constitución contendría en su seno normas materialmente inconstitucionales.
En
el caso de que no haya normas legislativas que regulen los derechos
fundamentales, negar su efectividad sería gravemente incongruente con las bases
del Estado de Derecho por lo que al menos ante el Tribunal Constitucional tal
situación podría analizarse. Además, según la Constitución española, las normas
que regulan estos derechos deben respetar su contenido esencial, de forma y
manera que se reconoce que hay un núcleo básico de indisponibilidad que es precisamente
el ámbito propio en el que se ubica la dignidad humana. Tal aserto se predica
también de los derechos sociales fundamentales porque son derechos de esta
naturaleza y, por ello, gozan también de un espacio especial de contenido
esencial que responde a la esencia misma de la dignidad humana y que debe poder
ser desplegado por el titular del derecho social fundamental de que se trate,
con independencia de si hay o no regulación legislativa. ¿O es que la persona,
el ciudadano debe esperar para ejercer sus derechos fundamentales la
reglamentación normativa?.
Jaime
Rodríguz-Arana
@jrodriguezarana
Laicidad positiva
La separación de poderes no implica, como entendió el
laicismo, que lo temporal y lo espiritual deban estar de espaldas el uno del
otro. El ámbito espiritual y la dimensión temporal, no corren en paralelo. Más
bien, si seguimos una versión abierta, positiva o integradora de la laicidad,
resulta que lo religioso y lo político, sin identificarse, han de colaborar
estrechamente para garantizar la centralidad de la dignidad del ser humano y de
sus derechos fundamentales. En realidad, la acción social de la Iglesia Católica
en todo el mundo, cuidando tantas veces a enfermos desahuciados o, por ejemplo,
a las víctimas del sida que ya ni siquiera tienen acomodo en la red pública
hospitalaria, demuestra hasta que punto la cooperación de la Iglesia es
esencial en la responsabilidad social del Estado.
El diálogo entre Estado y religiones, el reconocimiento de
la libertad religiosa, han de posibilitar que el mundo espiritual deje de estar
proscrito, expulsado en tantos países del espacio público. Sobre todo porque,
guste más, poco o nada, resulta que de los múltiples aspectos que conforman la
realidad, la dimensión espiritual o religiosa es uno de ellos y, como tal, ha
de tener el mismo reconocimiento público, al menos, que los demás factores que
componen el espacio de la deliberación pública.
El Estado ha de crear las condiciones, como proclama
solemnemente el artículo 9.2 de la Constitución española, para que la libertad,
en todas sus proyecciones, sea real y efectiva. Por tanto el Estado debe
facilitar el normal y razonable despliegue de esta libertad porque, aunque
algunos no comprenden el pluralismo, el ser humano tiene derecho, como señala
el artículo 10.1, también de nuestra vigente Constitución, al libre desarrollo
de su personalidad.
Esperemos que este nuevo, y viejo, concepto de la laicidad
positiva, abierta, plural o integradora, vaya poco a poco acabando con las
versiones unilaterales de un laicismo que tiene como gran objetivo la expulsión
de lo religioso, específicamente lo católico, de la vida pública. El pluralismo
siempre es positivo para la convivencia humana, el unilateralismo, como se comprueba
a diario, es negativo, nocivo. ¿ O no?.
Jaime
Rodríguez-Arana
Las redes sociales
La influencia de las redes sociales en la vida cotidiana es,
desde luego, cada vez más importante. Es verdad que mucha gente aprovecha las
nuevas tecnologías para expresar sus puntos de vista. Unas opiniones, cualesquiera
que sean, que sin estos medios jamás habrían tenido repercusión mediática. En
algunos países, ciertos proyectos de decisiones públicas, o de ciertas
legislaciones, fueron suspendidas o paralizadas precisamente por su repercusión
en las redes sociales. En El Salvador unos pocos años atrás fue tal la
multitudinaria oposición registrada en las redes sociales ante la pretensión de
excluir al poder legislativo de la ley de transparencia y acceso a la información,
que tal decisión fue abortada de inmediato.
Es muy saludable cívicamente que la gente exprese sus
criterios y sus puntos de vista sobre las diferentes propuestas o proyectos
existentes en el espacio de la deliberación pública, que por definición es, debe ser, abierto y plural . Y eso, que
duda cabe, se puede hacer también a través de las redes sociales. Sin embargo,
las redes sociales, por relevantes que sean, jamás podrán sustituir a las
denominadas asociaciones voluntarias. El grado del compromiso político y cívico
que se puede deducir de la participación en las redes sociales, con ser digno
de mención, no es, ni mucho menos, del calibre e importancia que la activa
participación periódica en una asociación civil voluntaria.
Los expertos en sociología y teoría política tienen claro
que la asociación voluntaria es manifestación adecuada de confianza social, y
sin confianza no puede existir un proyecto de sociedad, y, por ende, tampoco un
grado aceptable de participación. En el mundo occidental, por ejemplo, se
constata un alarmante descenso de la presencia ciudadana en las asociaciones
voluntarias. Las causas pueden ser variadas, pero en general, salvo
excepciones, se observa un cierto repliegue hacia lo individual, hacia lo
personal, un espacio reacio a conectar con las diversas formas de solidaridad que,
de una u otra manera, podían controlar de algún modo al poder, cualquiera que
fuera su naturaleza.
La existencia de instituciones intermedias sólidas,
resultado de la agrupación real de la ciudadanía en diversas áreas, siempre se
ha considerado un síntoma de pujanza democrática. Por ejemplo, en España la
militancia política y la participación en determinadas acciones públicas y
sociales, a pesar de la que está cayendo, es prácticamente insignificante. A
veces incluso las ONGS, algunas, han pasado a ser OMGS, organizaciones muy
gubernamentales.
En general, toda una colosal operación de manipulación y
control social que parte de las diferentes tecnoestructuras impiden de forma
grosera o sutil que aflore el descontento real que existe en la sociedad. Una
parte de esa desconfianza, sin embargo, está siendo hábilmente manejado por
esos populismos que aspiran, no hay más que ver sus antecedentes, a la
perpetuación en el poder. El problema está en esa mayoría silenciosa que se
esconde en un anonimato cómodo a veces camuflado de consumismo insolidario y
otras, las más, de individualismo irresponsable ante la cosa pública.
Necesitamos, me parece, instituciones sociales sólidas,
genuinas, independientes, que defiendan intereses colectivos y, sobre todo, que
apuesten por facilitar y promover la libertad solidaria de los ciudadanos.
Jaime Rodríguez-Arana es catedrático de derecho
administrativo. jra@udc.es
Sobre la libertad
Es bien conocida la cita de B. Shaw sobre la libertad: libertad implica responsabilidad. Por eso le tienen tanto miedo la mayoría de los hombres. No es, ni mucho menos, un gran descubrimiento señalar que una de las principales características que definen el mapa ideológico y político de este tiempo es el miedo a la libertad. Y, por contra, un calculado y deliberado apego a los espacios del pensamiento único adobado con la militancia en el partido de lo políticamente correcto. En este ambiente, la censura, la restricción de las libertades para los que no están alienados con las tecnoestructuras, paradójicamente en un tiempo que se predica la extensión de los derechos, caracteriza este nuevo pensamiento unilateral, estático, cerrado que hoy parece imponerse entre nosotros a una velocidad vertiginosa, a causa del pánico a salirse del carril oficial.
Thomas Pavel, profesor en Princeton,
advertía no hace tanto que la “political correctress” trae su causa de un
colectivismo particularista heredado de la pasión por la igualdad, en detrimento
de la libertad personal. Otra característica de este poderoso fenómeno es la
imposición de la discriminación positiva y la tendencia al fundamentalismo, ese
fanatismo que tan bien describiera Holmes: “la mente del fanático es como la
pupila de los ojos; cuando más luz recibe, más se contrae”. ¿Por qué?. Porque
el fundamentalista o fanático ve con tanta claridad lo que le parece lo único
posible que no se explica para qué sirve la libertad.
Esta descripción del fundamentalismo recuerda
aquello de Lenin de “libertad, ¿para qué?”. Pues libertad, para trabajar, para
convivir y, sobre todo, para poder elegir con criterio. Libertad para opinar,
para expresar las convicciones sin ser discriminado. Libertad, siempre
libertad, aunque no nos gusten o convenzan las posiciones de los otros. Es más,
en la democracia es menester aprender a respetar las opiniones contrarias, a
convivir con quienes no piensan como nosotros, siempre, claro está, con un
profundo respeto a las personas, aunque sea intensa la crítica a las ideas.
En un contexto,
como el presente, de carril único prácticamente para todo, se manipula y
orienta la opinión de una manera tan sutil y sibilina que lo que son profundas
actitudes morales son súbitamente condenadas al mundo de lo ultraconservador
cuando, a veces y no pocas, responden hasta a un sentir hasta mayoritario. Por
eso, ¿por qué esa condena de conservadurismo tan frecuente, por ejemplo, a los
que defienden el derecho a la vida en todas sus fases?. ¿Por qué se califica de
insolidarios a los que proponen el cheque escolar?. ¿Por qué lo que es una
obvia ofensa a las convicciones de las persones se presenta bajo la rúbrica de
la libertad de expresión?. Quizás, con el paso del tiempo, los que hoy se
denominan a si mismos progresistas, más adelante no sean así considerados, y
viceversa.
En fin, no se
trata de tolerar la libertad, se trata de hacerla posible. De lo contrario,
estaríamos atentando contra esa tolerancia que consiste en reconocer en los
demás la misma libertad de que uno dispone. Para terminar, siempre es
reconfortante la vuelta a los clásicos. Tiberio escribió “en una ciudad libre
conviene que la mente y la lengua sean libres”. Sabia consigna en un momento en
que de nuevo nos acechan los enemigos de la libertad aprovechando la gestión que se ha hecho en las últimas décadas
de un sistema político que se define como el gobierno del pueblo, para el
pueblo y por el pueblo. Ahora, lo que se pretende, lisa y llanamente, es
sustituir una minoría dirigentes por otra dipuesta, como sea, a resucitar, al
socaire de la indignación reinante, fantasmas y modelos del pasado. Por eso, hoy
es momento de defender los valores del Estado de derecho.
Jaime Rodríguez-Arana
@jrodriguezarana
Política y desafección ciudadana
Una de las causas de la actual desafección
que caracteriza la posición de los ciudadanos en relación con la vida política
española tiene que ver, y no poco, con la estructura y organización de los
partidos. En efecto, jerarquía y verticalidad dominan la escena de la vida
partidaria. Las decisiones se adoptan en la cúpula, o por uno o ciertos
integrantes de la misma y se imponen al resto de la organización. El que manda
o los que mandan imponen sus puntos de vista, muchas veces sin la participación
de la militancia, que ordinariamente es “invitada” a compartir decisiones
predeterminadas. Estos días de la fallida investidura lo hemos podido comprobar
con suma facilidad.
Los partidos deben regirse por los principios
de la democracia, tal como exige nada menos que la Constitución de 1978. Algo,
a día de hoy, como todos sabemos, que tiene la virtualidad que tiene.
Probablemente porque los dirigentes no están excesivamente comprometidos con la
transparencia, con la promoción de la libre expresión de la voluntad de los
militantes en relación a determinadas cuestiones polémicas en las que puede
haber diversos puntos de vista. Hoy, guste poco, mucho, o nada, los partidos
son organizaciones pétreas, monolíticas, dirigidas, única y exclusivamente, a
alcanzar el poder. No se admiten, ordinariamente, las diferencias y, por
ejemplo, se evita que se expresen ideas o argumentos contrarios a la posición
oficial, a veces minoritaria si la consideramos en relación con los puntos de
vista de la militancia. Por eso están en
crisis, por eso cada vez tienen menos apoyo y, por eso, el éxito de los nuevos
movimientos políticos y sociales.
Un partido político en el que todos piensan
lo mismo y lo repiten acríticamente a pies juntillas, sin debate y sin
contrastes, refleja una organización autista, incapaz de debatir. Lo que se
observa, a uno y otro lado del espectro político, es un ejercicio de sumisión
que está contribuyendo a conformar la política como una actividad de fuerte
sabor autoritario, al menos en lo que se refiere a los criterios de acción de
los dirigentes de los partidos políticos. Una actividad centrada sobre sí
misma, aislada de la realidad social porque lo único importante son las
cuestiones del poder como fin, no como medio. En este contexto no es de
extrañar que formaciones que plantean, aunque sea demagógicamente y sin
expresión real, nuevas fórmulas y más participación, están haciendo el agosto
mientras las estructuras tradicionales, pétreas y en manos de dirigentes
autistas, son incapaces de reconocer la realidad.
Muchos piensan que el sistema de listas abiertas
mejoraría por arte de magia el sistema. Sin embargo, el conocimiento que los
ciudadanos tienen de los políticos es, más bien, limitado, porque no es tan
evidente que, en el caso de elegir entre determinado número de personas, el
votante llegara a tener la información suficiente como para decidir con
conocimiento de causa entre los diversos candidatos. Si los candidatos fueran
profesionales reconocidos, con méritos ponderados por la comunidad, las cosas
entonces serían distintas. En cualquier caso, mejor listas abiertas que la
situación actual.
A menor democracia interna en los partidos
menor preocupación de los dirigentes por la mejora de las condiciones de vida
de la población. Por eso, qué importante es que se abran las ventanas de los
partidos y entre el aire fresco de la realidad, de la competencia profesional,
del compromiso social, de la búsqueda de soluciones reales a los problemas
colectivos de la ciudadanía. Mientras estas organizaciones sigan férreamente
cerradas en torno a liderazgos personales que solo aspiran a la afirmación de
un poder personal, la desafección irá en aumento y, consiguientemente, la desconfianza,
hoy muy alta en España, hacia el sistema político. Por eso, precisamos cambios y sobre todo, una
nueva forma de estar y de hacer política que devuelva la dignidad a esta noble
actividad. Casi nada.
Jaime
Rodríguez-Arana es catedrático de derecho administrativo.
Mercado y regulación
Desde
hace mucho tiempo y en diferentes escenarios se ha discutido, largo y tendido,
acerca de la polémica entre los dos modelos de capitalismo reinantes: el renano
y el norteamericano, el germánico y el anglosajón. En efecto, esta pugna no es
nueva.
El
capitalismo anglosajón se ha caracterizado, últimamente en grado superlativo,
por el corto plazo, por el beneficio rápido y por una confianza ciega en la
capacidad autorreguladora del mercado. Todo ello, además, en un ambiente de una
precaria protección social porque se postula, en este contexto, la teoría del
Estado mínimo: cuanto menos Estado y más mercado mejor. La escuela de los
“Chicago boys” es, aunque simplificada, buena prueba de ello.
Por
el contrario, los fundadores de la escuela de Friburgo, Hayek, Misses o Erhard, entre otros, postularon la
célebre teoría de la economía social de mercado, que fue llevada a la práctica
en los años en que precisamente Erhard dirigió los destinos de Alemania tras la
Segunda Gran Guerra. Como recuerdan los lectores, este modelo de economía de
mercado se plantea en un contexto de regulación, con intervención pública y con
una fuerte sensibilidad social. El fundamento de la intervención pública en
este esquema es bien claro: tanta regulación como sea imprescindible y tanta
libertad como sea posible. La regla, el principio, es la libertad económica.
Libertad que no se concede desde el poder público porque pertenece a cada ser
humano por el solo hecho de serlo. El poder público actúa para fortalecer esa
libertad, para garantizar que se ejercita en un contexto de racionalidad y equilibrio.
En este contexto, los órganos reguladores son muy importantes, no tanto porque
sean los artífices del sistema, que no lo son, sino porque lo aseguran con su
actividad de inspección, comprobación, verificación, control y vigilancia.
Además, en este modelo, el nervio de la presencia pública se concentra
especialmente en la puesta al servicio de la comunidad de una completa red
social de ayuda a los más necesitados, a los marginados, a los excluidos por el
sistema.
Pues
bien, en estos tiempos de crisis en los que se ha constatado que la regulación
no ha funcionado; es más, que la desregulación en ciertas actividades
financieras ha sido un hecho, hemos asistido al desagradable episodio de
experimentar, unos más que otros, el lacerante efecto de esos 1,65 billones de
euros de activos tóxicos que inundaron el mercado financiero de todo el globo
procedentes de un sistema que en este punto ha fracasado estrepitosamente por
creer, a pies juntillas, en esa monserga de que la regulación obstaculiza el
mercado. Fueron los años de Greenspan, bajo mandato de Clinton, los años en que
el desaguisado comenzó a tomar fuerza hasta llegar en 2008 a tumbar los mercados
de todo el mundo.
Así
las cosas, hay quienes piensan que el capitalismo ha fracasado y que hay que
mirar de nuevo al marxismo como posible solución. La verdad es que volver a la
economía planificada y centralista, al
control público de la economía y a la dictadura del proletariado, es, a día de
hoy, una broma pesada. Más bien, de lo que se trata es de tomar lo mejor de
cada uno de los modelos para, en un contexto de libertad, comprometerse a
implantar una regulación global confiada a autoridades independientes, que no
estén a las órdenes, ni de las burocracias partidistas ni de los consejos de
administración de las grandes multinacionales.
La
regulación es necesaria siempre que se realice en un contexto de autonomía y
con garantías de independencia. Junto a ello, mientras no se caiga en la cuenta
de que el sistema debe ser protegido de los excesos y de la obsesión por el
beneficio inmediato, dejaremos abiertas las puertas a otra epidemia de codicia
y avaricia como la que ha caracterizado los últimos años. Por eso, el orden global
debe asentarse sobre la justicia, la racionalidad, el equilibrio y, sobre todo,
sobre la dignidad del ser humano y la centralidad de los derechos fundamentales
de la persona. Mientras tanto seguiremos cosiendo sin hilo, o corriendo fuera
de la pista, algo que, por lo que se ve, tiene todavía muchos seguidores, sobre
todo quienes no asumen las consecuencias de sus decisiones.
Jaime
Rodríguez-Arana es catedrático de derecho administrativo.
Crítica y confrontación en democracia.
El ambiente general, con honrosas excepciones, de pérdida de
cualidades democráticas para el ejercicio político, reclama un comentario y una
meditación sobre la necesidad de renovar el sentido de la vida democrática
entre nosotros. Se constata mes a mes en
los sondeos y encuestas sobre de opinión pública cuándo se pregunta a la
población por los problemas más graves que percibe en la vida social. Y, sin
embargo, muchos políticos siguen erráticamente escapando de los debates argumentados
refugiándose en la descalificación, en las etiquetas y, es lo más grave, en la
ausencia de reflexión. En la fallida investidura lo hemos vuelto a comprobar.
En efecto, de un tiempo a esta parte asistimos, por mor del
imperio del pensamiento ideológico, bipolar, a un conjunto de polémicas que, siendo
legítimas y necesarias desde el punto de vista de la confrontación de ideas y
proyectos, esencia y columna vertebral de la democracia, al pasar al terreno
personal dan lugar a un penoso espectáculo cainita, propio de tiempos pasados
que no debieran regresar. Probablemente, una parte de la responsabilidad la tiene
quien siembra odio y resentimiento, quien fracciona y divide, quien cierra
puertas y abre heridas, quien renuncia al debate de ideas y se concentra en la
manipulación y en la provocación. Otra parte de culpa seguramente la tiene
quien se deja llevar por la provocación y enciende a la población con arengas y
soflamas también propias de otros tiempos. Es decir, los adversarios políticos,
o tantas veces algunos correligionarios, pasan a ser enemigos a los que hay que
liquidar políticamente a cómo de lugar, al precio que sea, utilizando los
medios adecuados para tal fin. Algo, por otra parte, muy pero que muy antiguo,
como la condición humana prácticamente.
La razón de tal actitud hay que buscarla en la consideración
cerrada y estática del poder. El poder, según los nuevos maquiavelos de moda, es
el medio para cercenar al rival. En democracia es lógico que se pretenda ganar
al adversario, pero la forma de hacerlo ha de ser venciéndole en las ideas y en
el aprecio de los ciudadanos a partir de proyectos ilusionantes capaces de
movilizar una mayoría social que percibe nuevas formas de generar espacios para
la mejora de sus condiciones de vida y un claro compromiso con una rectoría de
la cosa pública desde parámetros de servicio objetivo al interés general. En este
sentido, constituye una negación del espíritu democrático, sería pretender
ganar a base de socavar el trabajo de los demás, algo que, por otra parte, no
parece extraordinario en el maniqueo ambiente político que nos ha tocado en
suerte en este tiempo.
Los políticos han de jugar sus bazas, es obvio, pero no
pueden, ni deben, estar únicamente pendientes, como ahora acontece, de romper
el espinazo político del adversario, dentro o fuera de su formación, al que hoy
se considera lamentablemente enemigo. En la emergencia del adversario, el
político auténtico siente el acicate para buscar una respuesta más honda, que
vaya más allá y que deje a la luz la precariedad, la debilidad o la
insuficiencia de determinados aspectos de la propuesta del contrario.
Ciertamente, el juego democrático tiene aspectos
competitivos, como sucede en la concurrencia electoral. La concurrencia se
manifiesta, cómo es lógico, en el trabajo de control del ejecutivo por la
oposición. Por eso, esa frase tan manida de que un buen gobierno requiere una
buena oposición explica que sea tan perjudicial para el bien general una
oposición obstruccionista y entorpecedora de la acción de gobierno, alejada del
control y de la propuesta de alternativas que niegue radicalmente la
posibilidad de entendimiento en lo asuntos de interés general, cómo un gobierno
que se dirija torcidamente a destruir a la oposición o que sistemáticamente se
imponga por la fuerza de los voto, sin dar opciones a los adversarios políticos
para poder atender las aportaciones razonables que mejoren las condiciones de
vida de la gente.
Hoy, en España, a pesar de la crisis en que estamos sumidos,
y de disponer de una magnífica oportunidad para buscar alianzas y pactos de
Estado que nos permitan a todos salir adelante, seguimos presos de ese
lamentable pensamiento ideológico que ciega e impide a unos y otros reconocer
las buenas decisiones o las buenas propuestas. En fin, si preguntáramos la
opinión de los españoles sobre el espectáculo de estos días, y se dieran cifras
reales, constataríamos una vez más lo que piensan los españoles de la política
y de los políticos. ¿O no?.
Jaime Rodríguez-Arana es catedrático de derecho
administrativo
Ideas e ideologías
Uno
de los fenómenos más interesantes de este tiempo, junto a la psicosis de
seguridad que nos invade, es la nueva forma de expresión ideológica que ha
adoptado la izquierda. Me refiero, claro está, al movimiento antiglobalizador al
que se ha apuntado la nueva izquierda populista y demagógica que hoy crece como
la espuma. Vaya por delante que no soy defensor radical del globalismo, por usar
la categoría que utiliza Beck, ni tampoco su mortal enemigo. Es más, pienso que
la globalización en sí misma es una realidad con la que debemos trabajar y de
la que hemos de conseguir que contribuya a la mejora de las condiciones de vida
de las personas.
Sin
embargo, lo que acontece es que todavía
estamos está muy presente, más de lo que nos imaginamos, el pensamiento
ideologizado, esa manera que concebir la
realidad, y la solución a sus problemas, desde una perspectiva cerrada,
dogmática y unilateral. Así, para algunos, la globalización debe ser
estigmatizada como la madre de todos los males que aquejan al hombre. ¿Por qué?
Sencillamente, porque quienes así plantean las cuestiones, no son capaces de
concebir que haya otro modo de proceder en el pensamiento que no sea el suyo
propio. Puede ser, claro es, en un sentido, o en el otro. ¿Por qué a veces sólo
se utiliza el concepto “pensamiento único” en una dirección? Me parece que
debido a un pretendido complejo de superioridad moral de quienes militan en el
partido de los que se consideran los únicos defensores del hombre.
En
fin, liberarse del pensamiento bipolar e ideologizado que tanto pánico tiene a
la libertad es una tarea difícil pero necesaria. Para ello, es menester superar
la modernidad y comenzar a reinterpretar el pensamiento político. Pero superar
la modernidad no puede significar rechazarla. Significa, me parece, rechazar lo
que de la modernidad se ha mostrado insuficiente, estrecho o caduco. Si es
verdad que nunca probablemente se han producido barbaries mayores que las
alimentadas por la modernidad, es también incontestable que ha enriquecido como
pocas épocas históricas conceptos tan centrales como democracia, libertad,
derecho, dignidad humana, justicia o igualdad, por ejemplo.
La
modernidad, en cierta medida, ha estado demasiado pendiente de los corsés
impuestos por las ideologías cerradas que, por poner un ejemplo, sólo podían
entender la libertad como libertad para la clase universal proletaria, libertad
para el individuo solo, o libertad para la nación, según partamos de principios
socialistas, liberales o fascistas.
Hoy,
sin embargo, la realidad es más compleja, dinámica y abierta. Por eso,
certificando el ocaso de las ideologías cerradas, bienvenidas sean las ideas
que, sin miedo a los prejuicios, nos ayudan a la mejora de la vida de las
personas. Y, entre ellas, una idea que me parece atinada es la que se refiere a
la libertad solidaria, que, en mi opinión supera a la libertad totalitaria a la
que alude Beck en su último libro, al individualismo ramplón y, por qué no, a
las versiones estáticas de la igualdad.
Jaime Rodríguez-Arana
Catedrático de Derecho Administrativo
La participación y la solidaridad
Una mirada general a la vida política de tantos pueblos arroja, en estos momento, un saldo negativo en dos de los principales ingredientes del denominado Estado social y democrático de Derecho. En efecto, desde una perspectiva material tanto la participación como la solidaridad con frecuencia se reducen a metodologías artificiales, sin contenido propio, conformándose más bien como técnicas de control y manipulación social. Por un lado, porque a través de la participación, los partidos ponen en circulación estructuras sociales que no son más, ni menos, que la prolongación del dominio político en extensos campos de la vida comunitaria. Y, por otro, porque la subvención, el auxilia o la ayuda pública se han convertido en fenomenales instrumentos para la captura del voto de colosales proporciones.
Dos de los aspectos centrales del pensamiento democrático
moderno son la participación de los ciudadanos en la vida política y la
vitalidad de los espacios de solidaridad en los que resplandecen los valores
cívicos de la convivencia. En lo que concierne a la participación real de los
ciudadanos en la vida política podemos registrar que, poco a poco, ahora
más a raíz de la crisis integral en la
que vivimos, el pueblo va asumiendo
mayor conciencia del ejercicio racional del derecho al voto y de la expresión
del derecho a manifestar sus criterios y preferencias.
En este sentido, debemos preguntarnos hasta que punto, usted
y yo, querido lector, observamos y nos comprometemos críticamente con los
grandes temas que presiden el escenario público de nuestro tiempo. A veces, los
efectos devastadores de la mentalidad intervencionista que invadió Europa como
consecuencia de los verticales y
tecnocráticos entendimientos de lo que se entendió por el Estado de Bienestar
estático, todavía colean en manos de un Estado que persigue obsesivamente
definir las políticas públicas sin contar con la gente y que hasta le dice a la
ciudadanía lo que debe o no hacer, cómo si desde las instancias públicas se
pudiera tratar a los ciudadanos como súbditos, dependientes o lacayos.
Es paradójico, pero la dimensión estática del Estado de
bienestar, la gran conquista social del período de entreguerras, acabó por
vaciar la caja de las pensiones a causa de tirar de presupuesto público para
ahormar y conformar, a criterio de los dirigentes, la vida social. Por eso es
fundamental recuperar cuáto antes la perspectiva dinámica del Estado de
bienestar y orientarlo en su acción y quehacer para acabar con las desigualdades
sociales y para que de verdad la dignidad del ser humano y sus derechos
fundamentales constituyan el centro y la raíz del Estado y de todas las
políticas públicas sin excepción.
Por otra parte, no deja de ser preocupante la autenticidad de
la vida social en el seno de las comunidades básicas. No deja de llamar la
atención, en este sentido, la vitalidad de los principios morales que se
ejercen en estas primeras solidaridades que, no lo olvidemos, son los genuinos
laboratorios en los que se forjan las cualidades democráticas y las virtudes
cívicas que fortalecen la convivencia colectiva.
Por eso, porque tenemos ante nosotros, como en otros momentos
de la historia, la titánica tarea de construir de nuevo un Estado solidario, un
Estado de bienestar dinámico, hemos de seguir trabajando para impulsa ambientes
abiertos, dinámicos, compatibles en los que, por encima de todo, prevalezca la
dignidad de la persona humana. Así la democracia será el gobierno del pueblo
para y por el pueblo, no el gobierno de una minoría para y por una minoría,
cómo lamentablemente acontece en tantas partes del globo. Por supuesto, también
cerca de nosotros.
Jaime Rodríguez-Arana
Catedrático de Derecho
Administrativo. jra@udc.es