Sobre la transparencia
Es probable que uno de los tópicos que más congresos,
seminarios, reuniones, jornadas, libros, intervenciones o conferencias provoca
en este tiempo sea la transparencia. Transparencia en los gobiernos,
transparencia en las empresas, en las ONG, en los medios de comunicación, en
los partidos políticos, en los sindicatos en los bancos, etc, etc, etc. Hoy
nadie, me parece, se escapa a la exigencia de la transparencia. Sin embargo,
sorprende la facilidad con la que se manipula, se miente, se maquilla, se
engaña, se simula o se edulcora la realidad al servicio del poder, del dinero o
de la notoriedad.
Esta amarga realidad forma parte de la gran contradicción en
que está instalada desde hace tiempo la vieja Europa. Mucha retórica democrática,
continuas apelaciones a la dignidad del ser humano y, por otro lado, una
sistemática agresión a todo lo que no sea susceptible de valoración económica o
política que, a la postre, sólo busca, como objetivo único, el mantenimiento y
la conservación de la posición de mando al precio que sea.
En este ambiente paradójico, empresas y gobiernos, compañías
y administraciones públicas, buscan mejorar sus páginas webs, su información,
de manera que reflejen la realidad de la forma más fidedigna posible. Pero no
se trata, a mi juicio, de publicitar los mínimos de información que exigen las
normas jurídicas, se trata de mostrar datos e indicadores que reflejen la buena
o mala administración. Un desafío y una tare necesaria para elevar la calidad
de nuestra democracia.
Jaime Rodríguez-Arana es catedrático de derecho
administrativo.
Política y realidad
Los antiguos, como se sabe, disponían de un sistema político en el que
muchos, muchos ciudadanos participaban en algún momento de su vida, por
supuesto temporalmente y no para las actividades de la res pública más
relevantes, en la gestión administración de la cosa pública. Incluso para
algunas de estas actividades se recurría al sorteo como sistema de selección.
De esta forma gran parte de la ciudadanía, con el paso del tiempo, adquiría una
cierta experiencia en el manejo de los asuntos públicos, encontrándose así en
mejores condiciones de juzgar a los gestores y administradores de la res
pública.
En este contexto, la realidad de la política, y sus peculiaridades no era
ajena a los ciudadanos. Obviamente, hoy la política ha cambiado y se requieren
para algunas actividades unos conocimientos y unas capacidades especiales.
Quien lo puede dudar. Sin embargo, el que muchos ciudadanos asuman
responsabilidades públicas en algún momento, evitando la tendencia, todavía
presente, y de qué manera, de que siempre estén los mismos o sus afines en la
rectoría de las cosas públicas, es algo bueno, muy bueno para la salud
democrática y para una mejor comprensión por parte del pueblo de la actividad
política.
La actividad política, con sus luces y
sus sombras, es actividad humana. Actividad humana que está en contacto,
y a veces con mucha fuerza, con el poder y sus atributos. Si esa actividad es
temporal y susceptible de ser ejercida por un buen número de personas, las
ocasiones o tentaciones de uso indebido o impropio del poder descienden
considerablemente. Pero si el poder es ejercido, en cualquiera de sus niveles,
por las mismas personas o sus afines durante largo tiempo, es lógico que acaben
por considerarse como una prolongación de la personalidad, casi como una
condición natural de vida. De ahí al poder absoluto no hay más que un paso, tal
y como comprobamos con sólo abrir un periódico y visionar un telediario en
cualquier parte del mundo en el que exista libertad de información, por cierto cada
vez más en entredicho.
La política es una actividad humana como otra cualquiera pero con una
especial característica. Su razón de ser es la mejora de las condiciones de
vida de las personas. Su ejercicio correcto puede coadyuvar a resolver muchos
problemas de las personas en su dimensión colectiva. Cuando así se ejerce,
ordinariamente no queda tiempo para determinados menesteres ajenos al servicio
objetivo del interés general. Cuándo la cabeza, y la voluntad, se centran en la
resolución de los problemas de la colectividad, en cómo mejorar las condiciones
de vida de los ciudadanos, entonces, aparece la mentalidad abierta, la
metodología del entendimiento y, por supuesto, la sensibilidad. La política, en
este contexto, es incluso una actividad que llega a desgastar a quien así la
ejerce.
Sin embargo, como bien sabemos, es posible otra forma de estar y de
trabajar en política. En efecto, si se aspira a permanecer y a conservar el
estatus, lo que hay que hacer, algunos son auténticos profesionales, es ganar,
por diferentes procedimientos, ciertas
confianzas y lealtades inquebrantables. En este contexto, los problemas reales
de las personas son secundarios porque lo primario y principal, además de
disfrutar del beneplácito del líder, es tejer relaciones clientelares y de
vasallaje bien sólidas.
Las encuestas que en este tiempo se dan a conocer acerca de la opinión de
la ciudadanía acerca de los políticos y de la política son bien conocidas y no
merecen mayores comentarios. En efecto, no se aprecia en los políticos ni en la
política ejemplaridad y capacidad de liderazgo para salir de la aguda situación
que padecemos. Más bien, lo que se percibe es su atrincheramiento en las
burocracias hasta que termine la tormenta.
La regeneración política, tan
cacareada como inédita, y la recuperación de los valores democráticos, es cada vez más urgente. ¿Serán capaces estos
políticos que nos han tocado en suerte en este momento de tomar conciencia de
lo que pasa en el cuerpo social, y de una vez buscar un sincero acuerdo y entendimiento
para que este país ocupe el lugar que por derecho propio le corresponde en el
mundo?.
Jaime Rodríguez-Arana es catedrático de derecho administrativo. jra@udc.es
Persona y política
La política debe ser entendida como el trabajo al servicio
objetivo del interés general, al servicio de los derechos de los ciudadanos,
especialmente de los más desfavorecidos. Por eso, podemos convenir en que existe
una dimensión ética fundamental en la propia actividad política que interesa
rescatar. Desde luego, el gobierno de los sabios o la consideración de la
acción del gobierno como una suerte de elucubración teórica de intelectuales
nada tienen que ver con la médula de un trabajo, el político que se justifica
en la medida en que los derechos de los ciudadanos, especialmente de aquellos
excluidos o abandonados a su suerte, brillen con luz propia.
La actividad política es una actividad que requiere principios éticos que garantizan que el poder no sea un fin en si mismo sino un
instrumento al servicio de la colectividad. En este ambiente de servicio
objetivo al interés general se puede comprender mejor que, en efecto, el centro
de la acción política no está ni en los partidos, ni en sus dirigentes, sino en
las personas, en la dignidad de la persona y en sus derechos inalienables.
Especialmente, de aquellos que no tienen valedores, de los desfavorecidos y de
los abandonados.
Desde esta perspectiva, la persona debe dejar de ser
entendido como un sujeto inerte al que los políticos, y la política, dan cuerda
para que se mueva como si de una marioneta se tratara. La persona no es un
sujeto pasivo, inerme, receptor, destinatario contemplativo de las llamadas
políticas públicas. Si pensamos que la persona está en el centro de la
actividad política es menester reconocer, y propiciar, que, de verdad, la
persona sea el protagonista por excelencia de la vida política. Algo todavía
lejano debido a esa obsesión de la tecnoestructura por controlarlo todo, importando
poco, o muy poco, la dignidad de quienes más sufren, de quienes no tienen ni voz
ni capacidad de valerse por sí mismos.
¿Qué quiere decir afirmar el protagonismo de la persona en
la actividad política?. Desde mi punto de vista, tal aseveración implica, con
todos los colores y matices que se quiera, que la libertad de la persona, su
participación en los asuntos públicos y su compromiso con la solidaridad, constituyen
tres vectores centrales de la política moderna.
Sin embargo, con cuanta frecuencia y facilidad se utiliza a
las personas al servicio de determinadas políticas contrarias al interés
general. Con cuanta frecuencia no es el pueblo quien asume la centralidad del
sistema, sino que son las organizaciones y sus dirigentes quienes mueven a las
personas para la satisfacción incluso de ambiciones personales.
La centralidad de la persona requiere de medidas que
fomenten las libertades solidarias, de compromisos con las necesidades reales
de la gente. Estamos a tiempo, todavía, de pensar en soluciones abiertas y
plurales que regeneren el ambiente político. Para ello, es menester que los
líderes hablen más entre ellos de los problemas de todos. Y, sobre todo, que se
demuestre con hechos y de verdad, que la política resuelve problemas reales,
especialmente de los que menos tienen, que los excluidos, de los abandonados,
de aquellos abandonados a su propia suerte. Si la política no es capaz de
atender como se merecen estas personas, tenemos que buscar nuevas políticas que
de verdad se centren sobre la forma de mejorar las condiciones de vida de las
personas. Nada menos.
Jaime Rodríguez-Arana es catedrático de derecho
administrativo.
Personas y estructuras
Primero, las personas, después, las estructuras. Las
condiciones de vida de las personas, de los ciudadanos, de la población, deben
ocupar siempre un lugar central en el proceso de la toma de decisiones, tanto
en el ámbito público como en el privado. En una época de crisis, con mayor
razón. Por eso, las medidas relativas a los impuestos, a las tasas, a las
retribuciones del personal al servicio de las Administraciones públicas,
cuantía de las pensiones, salario mínimo interprofesional, etc, deben ser muy
ponderadas. No tendría ningún sentido, se mire como se mire, desde un lado o
desde el otro, que cuándo se adoptan medidas que suponen un evidente sacrificio
para la mayoría social, sus frutos se dediquen a mantener toda una estructura
pública en muchos casos innecesaria, en muchos casos poblada de legiones de
afines o adeptos a tal o cual causa política.
En efecto. El ajuste fundamental debe partir de una reforma
profunda y de calado de las Administraciones públicas y de las numerosas
instituciones sociales, partidos, patronales y sindicatos, que se nutren de los
fondos de todos, cuándo podrían mantenerse, así ocurre en no pocos países, a
partir de las cuotas que pagan los interesados en el funcionamiento de estas
instituciones
En este sentido, tras un análisis riguroso podrían volver al
sector privado muchas empresas y sociedades públicas, se podría proceder a no
pocas desinversiones y entradas de capital privado en sociedades y empresas
públicas. Se habla, en este supuesto, de que la iniciativa privada se
comprometa en aquellas empresas en públicas que por su posición estratégica
deben tener presencia pública.
El pueblo, escandalizado por la constante y cotidiana
corrupción, se aleja de la política y de los políticos. Reclama ejemplaridad a
los dirigentes políticos y financieros y recibe, un día sí y otro también,
noticias e informaciones, a todos los niveles, y en todas las latitudes, de
manejos de fondos públicos fraudulentos, de estafas y robos. Todo lo que
estamos conociendo en este tiempo en relación con la corrupción política y
financiera, aconseja que se tomen medidas drásticas que eviten la reiteración
de conductas inapropiadas. Por eso, si la población percibe que se eliminan
privilegios, que los sueldos se racionalizan y que, quien la hace la paga,
seguramente las encuestas acerca de la imagen de las instituciones públicas y
financieras, y de sus dirigentes, empiecen a cambiar de tendencia.
A día de hoy los españoles saben muy bien por qué algunas de
sus instituciones son las peores valoradas y las más desprestigiadas. En buena
medida, que las cosas estén como están, aunque ciertamente haya no pocos
dirigentes que efectivamente se dedican ejemplarmente al servicio público, se
debe al afán de dominio, en el ámbito público, y también en el privado, que
acompaña la vida y las actuaciones de quienes están a la cabeza. En lugar de
gobernar pensando de verdad en las personas, se “gobierna” buscando mantener la
posición, conservar el poder. Finalidad que concentra buena parte del tiempo
que debería emplearse en atender adecuadamente las necesidades colectivas de
las personas.
Es menester extirpar esa fatal obsesión por querer seguir
controlando hasta el último recodo de la vida social que caracteriza la vida y
obra de los manipuladores sociales que están al frente en muchas instituciones.
Esta perspectiva de la intervención pública, sin embargo, ha caducado. Ahora es
menester analizar una a una las estructuras públicas y mantener las que son
necesarias por argumentadas razones de interés general. Las estructuras están
para atender las necesidades colectivas de las personas no al revés. . Primero,
los ajustes en las estructuras, después en las personas. Por una razón tan
sencilla como que las estructuras surgen, y se justifican, para la vida digna
de los ciudadanos. ¿O no?
Política y partidos
La política es una actividad humana dirigida a que los
asuntos públicos se gestionen al servicio objetivo del pueblo. Los partidos
tienen un papel central en lo que se refiere a trasladar a la sede de la
soberanía popular las ideas y criterios presentes en la vida social. El
problema es que en no pocas ocasiones los partidos, sus dirigentes, se han
apropiado del poder, que es de titularidad ciudadana, manejándolo a su antojo,
en función de consideraciones personales, como si fueran sus únicos dueños.
En estos años, tras la consolidación en numerosos países de
Europa del denominado Estado de los partidos, hemos contemplado, a veces desde
una pasividad inexplicable, como las formaciones han tomado, tantas veces en
beneficio propio y exclusivo de sus cúpulas, los poderes del Estado, las
instituciones, muchas asociaciones
profesionales y deportivas, la
universidad y cuantas corporaciones fuera menester para ahormar el control
social.
El origen del problema hay que buscarlo en la ausencia de
temple cívico, de educación política, de capacidad crítica de una sociedad
dominada por el consumismo y la esperanza en que todo vendrá de los poderes
públicos. Así, poco a poco la ciudadanía se desentendió de los asuntos de
interés general confiando en que los políticos los resolverían positivamente
para los ciudadanos. La realidad nos ofrece, sin embargo, un sombrío panorama
que discurre por otros caminos, ahora patentes y explícitos.
En este contexto, de profunda crisis de los partidos
tradicionales, emergen nuevas opciones, más oportunistas que oportunas, que con
sentido de anticipación, pretenden encarnar nuevas soluciones a base de una
teórica mayor participación y a partir de mensajes hábilmente diseñados que
colman las lagunas y las deficiencias de la forma tradicional de hacer y estar
en la política. Sin embargo, como comprobamos a diario, los dedazos también se
producen en estas latitudes confirmando ticks autoritarios.
Las bases éticas de la democracia reclaman que las aguas
vuelvan a su cauce. Que los políticos y los partidos asuman el papel que les
corresponden, que renuncien a seguir asaltando las instituciones y escuchen más
a los ciudadanos. Para ello, es menester que tomen conciencia de la realidad,
de su posición, y sean capaces de devolver a los ciudadanos, a todos y cada
uno, el poder del que se han apropiado. La tarea no es fácil porque a nadie
amarga un dulce y pasar de propietarios a administradores que han de dar constantemente
a los dueños y señores de la gestión no está al alcance de todos. El 95% de la
ciudadanía, según parece, quiere que las cosas cambien. Sin embargo, quienes
deben cambiar no lo hacen, mientras los oportunistas están sacando partido de
la inactividad, de la incapacidad y de la indolencia reinante. Es lo que hay.
Jaime Rodríguez-Arana es catedrático de derecho
administrativo.
jra@udc.es
Economía y sensibilidad social
¿Quién ha dicho que
la economía es incompatible con la sensibilidad social?. ¿Quién ha afirmado que
desarrollo económico y justicia social son dos conceptos opuestos y enfrentados?.
Éstas y otras preguntas, planteadas en el marco del llamado pensamiento único,
nos sitúan en una de las cuestiones más interesantes del debate intelectual de
estos años.
Pues bien, no sólo es compatible desarrollo económico y justicia
social, sino que, desde el pensamiento compatible y complementario, resulta que
son dos realidades que se necesitan la
una a la otra. Analizemos brevemente dos testimonios de este tiempo.
Primero. La Alianza por
la Economía Social es una iniciativa británica compuesta por más de
cuatrocientas organizaciones como universidades, thinks tanks, emprendedores
sociales, sindicatos y organizaciones benéficas ddicadas a la promoción de la
economía social. Esta alianza trata de influir a los principales partidos
políticos del Reino Unido para que sus programas electorales establezcan
medidas de impulso a la economía social pues el binomio Estado-mercado es
insuficiente para impulsar el progreso social.
Las consecuencias del
predominante, todavía, pensamiento idológico, conducen inexorablemente a pensar
que la izquierda apuesta por el Estado y la ayuda voluntaria y la derecha por
el mercado y una libertad económica sin límites. Tal reduccionismo, propio de
las ideologías cerradas, impide socializar los mercados y hacerlos más
ventajosos para la sociedad. Es decir, se trata de crear incentivos que hagan
atractiva la inversión social y la conviertan de verdad en una ventaja
competitiva para el mercado. Para ello es menester que crezcan las empresas
sociales, que termine el monopolio del Estado en la provisión de servicios
públicos, que se practique la llamada contratación pública sostenible o
estratégica, que se prime fiscalmente la creación de empresas socialmente
responsables, que se ayude a los jóvenes promotores y que la formación
profesional dual adquiera un relieve relevante.
Segundo. Amartya
SEN, premio nobel de economía, recibió tal alto galardón por contribuir a restaurar la dimensión ética del
debate económico y social, combinando instrumentos económicos y filosóficos. En
efecto, son bien conocidas las aportaciones del economista indio sobre el
origen de la pobreza, sobre la economía del bienestar y sobre el utilitarismo.
Entre sus estudios sobre la teoría de la elección social, destacan los que se
ocupan de las medidas de la desigualdad y del modo de definir principios para
la comparación del bienestar de los individuos, en los que el premio nobel
defiende la necesidad de basar las comparaciones no en la simple medida de los
ingresos individuales, sino en las oportunidades que proporcionan esos
ingresos.
Las investigaciones más interesantes del profesor Sen
quizás sean las centradas en el origen del hambre. Para SEN, las hambrunas no
se deben a la falta de producción de alimentos o a las catástrofes naturales,
sino a estructuras sociales -falta de democracia o de libertad de prensa- que
impiden el control político de los gobiernos. En efecto, como escribe SEN, “el
hambre no ha afligido nunca a ningún país que sea independiente, que convoque
elecciones con regularidad, que tenga partidos de oposición para manifestar las
críticas y que permita que los periódicos informen libremente...”. Es decir, la
democracia entendida como punto y aparte gran movilización colectiva, impide, o
debe impedir que se den crisis de hambre generalizada. ¿Porqué?. Sencillamente,
porque si no hay elecciones, ni lugar para una crítica pública libre, los que
tienen la autoridad no tienen por qué sufrir las consecuencias políticas de su
fracaso en la prevención de hambrunas. Y, sobre todo, porque cuando se conocen
a tiempo los primeros síntomas, se puede reaccionar con diligencia. En sentido
contrario, nos encontraríamos con el caso de China en la hambruna de los 60 en
la que fallecieron 29 millones de personas. Para SEN, la falta de libertad de
prensa confundió al Gobierno, alimentado por su propaganda y por los informes
de las autoridades deseosas de hacer méritos: así, existen datos que demuestran
que cuando la hambruna llegó a su cenit, las autoridades chinas creían que
tenían 100 millones de toneladas más de cereales de las que tenían en realidad.
Por tanto, una posible solución a los problemas de nuestro
tiempo, proviene de aplicar el pensamiento compatible en un marco democrático
de profunda humanización de la realidad. Economía y justicia social no solo no
son incompatibles sino que hoy precisamos que se emtremezclen y entrecruzen.
Cuanto más mejor.
Jaime Rodríguez-Arana
Catedrático de Derecho Administrativo
Razón, voluntad y Estado de Derecho
En el Estado de Derecho el ejercicio del poder público,
también el financiero y el económico por supuesto, está sometido plenamente a
la ley y al derecho. En efecto, el principio de juridicidad, junto a la
separación de los poderes del Estado y al reconocimiento de los derechos fundamentales
de la persona, los individuales y los sociales, componen el trípode sobre el
que asienta ese modelo cultural y político que conocemos como Estado de
Derecho. Un modelo que se pisotea y transgrede, sutilmente las más de las veces,
groseramente de vez en cuando, cuándo se permite que la voluntad de mando, de
poder, se convierte en canon único y exclusivo, sin límites, de la actuación de quienes están investidos de
alguna suerte de potestades, sean de la naturaleza que sean.
En efecto, a pesar de que los Ordenamientos constitucionales
someten a la ley y al derecho las manifestaciones del poder político, económico
y financiero, en realidad, como bien sabemos, el respeto que merece el derecho
brilla por su ausencia pues con frecuencia quienes disponen del poder hacen, de
una u otra manera, lo que les viene en gana. En el fondo, y siguiendo a Hobbes,
se ha sustituido la razón por la voluntad como principal elemento de la norma
jurídica, de forma y manera que la adecuación a la razón de las leyes del
parlamento apenas tiene relevancia. La voluntad de dominar, de doblegar, de
vencer, se impone a la razón, que es preterida, tantas veces postergada. Un
claro ejemplo lo tenemos en esos parlamentos en los que no se razona, en los
que únicamente tiene cabida el dominio asentado en la estadística, una ciencia
que, como dijera tiempo atrás cínicamente Kissinger, la democracia no es más,
ni menos, que una cuestión de números, de estadística.
En este tiempo, la prensa y la televisión nos sirven a
diario escenas y pasajes que confirman que la victoria de Hobbes sobre Tomás de
Aquino es una amarga realidad. La voluntad se impone a la razón y, por ende, el
equilibrio aristotélico entre materia y forma se convierte en la dictadura de
una forma que aleja de si tanto cuanto puede toda referencia a los principios,
a la sustancia de la realidad. No de otra forma me parece que puede explicarse
el galopante crecimiento de la corrupción política y económica en España en
estos años de principios de siglo.
El Estado de partidos, que sustituye al Estado de derecho,
convierte a las formaciones partidarias, especialmente a las cúpulas, en la
fuente del poder y de las normas de los distintos poderes del Estado. Los
diputados deben seguir a pies juntillas los mandatos de una cúpula que
normalmente solo piensa y actúa en términos de control. En este marco, pues, el
derecho, la justicia, acaba siendo, como mucho, un eslogan o argumento con el
decorar ciertos discursos.
Como es bien sabido, los dictadores usaron en su provecho el
propio Estado. Hitler, sin ir más lejos, utilizó, y de qué manera el Estado,
sorprendentemente el llamado Estado de “Derecho” del momento, como arma
arrojadiza contra el propio derecho hasta conseguir anularlo, laminarlo,
dominando a su antojo a la sociedad. Los alemanes, por eso, en la Constitución
de Bonn dejaron esculpido en uno de sus preceptos más relevantes que el poder
público está sometido a la ley y al derecho. A la norma elaborada en el parlamento
y a ese humus o conjunto de principios que han de respirar las normas para
orientarse derechamente a la justicia.
La recuperación de la razón como norte de la ley es una
tarea urgente. Se lleva hablando, y escribiendo desde hace tiempo, pero no se
afronta esta cuestión de verdad porque el dominio de lo tecnoestructural, de la
razón positivista, es tal que impide contemplar la realidad en su esencial
dimensión plural y abierta. Los postulados del pensamiento abierto, plural,
dinámico y complementario cada vez tienen más importancia y cada vez son más
necesarios si es que de verdad queremos asentar el solar de nuestra democracia
sobre bases sólidas.
Quienes nos dedicamos a la enseñanza del Derecho tenemos la
gran responsabilidad de poner a disposición de la sociedad juristas, no simples
conocedores de leyes, hombres y mujeres comprometidos con la justicia, con la
perpetua y constante voluntad de dar a cada uno lo suyo, lo que se merece, no
simples mercaderes de intereses que se compran y venden al mejor postor, sea en
el ámbito político, económico o financiero. Los principios del Estado de
Derecho, de la razón, son cada vez más importantes. El problema es que el
primado de la eficacia, de lo conveniente, de lo útil para la tecnoestructura,
todo lo invade, todo lo arrasa. Por eso, el tiempo en que estamos es un tiempo
en que de nuevo la batalla entre los principios y el pragmatismo, entre la dignidad
y la utilidad, vuelve al primer plano de la realidad. Así de claro.
Jaime Rodríguez-Arana es catedrático de derecho
administrativo y miembro de la Academia Internacional de Derecho Comparado de
La Haya.
Sobre el pensamiento único
Ciertamente, no corren
buenos tiempos para la libertad. En general, el dominio del pensamiento único
en los más variados aspectos de las ciencias sociales está socavando los
pilares de un edificio científico que precisa de nuevos planteamientos, de
nuevos fundamentos. La pretendida negación por la cúpula tecnoestructural de la
objeción de conciencia, la diferente regulación, en aras de la utilidad, de la
eficacia o del sentimiento humano, de las condiciones de vida de la persona -
en sus estadios previos o en su fase terminal-, proporcionan buenos ejemplos de
los embates a que se está sometiendo a una determinada manera de entender el
sentido de la vida.
Pues bien, frente a un
pensamiento único que pretende, en materia jurídica, reducir las fuentes del
derecho sólo a la ley pasando por alto los principios generales del derecho,
nos encontramos en la versión más cerrada del positivismo jurídico que, de ser
proyectada, por ejemplo, sobre determinadas etapas de la historia europea del
siglo pasado, llevaría a consecuencias catastróficas de aceptarse en su
dimensión absoluta. En realidad, lo que está en juego es si el poder es un
concepto absoluto o debe estar abierto al servicio de la dignidad del ser
humano. Si el poder es un concepto estático o cerrado, o la justificación única
de la actividad política, entonces en mi opinión fallan los postulados sobre
los que descansa el principio democrático. Si el poder es, como decían los
clásicos, una función de servicio a la colectividad, entonces la actividad
legislativa no debiera ser un ejercicio de supervivencia política o la
justificación para mantenerse en el poder, sino la expresión de la voluntad
general, de la razón de acuerdo con el bien común o, si se quiere, en lenguaje
más moderno, en armonía con el bienestar integral de los ciudadanos.
En la medida en que el
derecho es poder racionalizado o, fuerza racionalizada, entonces los atentados
a la dignidad de las personas ni siquiera se valorarán. Por ejemplo, ¿cómo es
posible que se admita la adopción de seres humanos a los que ni siquiera se
consulta?. O, ¿cómo se podrá explicar dentro de veinte o cuarenta años que se
aprobaron leyes que permitían sencillamente la liquidación de embriones
humanos, de seres humanos en potencia?.
La contestación a estas
preguntas no se puede hacer cabalmente en estas pocas líneas. Lo que pretendo,
con el artículo de hoy, es desmarcarme de la dictadura de lo políticamente correcto,
censurar la versión insolidaria del socialismo que nos gobierna y, sobre todo,
animar a quienes estén a gusto pensando libremente que manifiesten libremente sus
puntos de vista y opiniones sin miedo.
Las afirmaciones
dogmáticas y categóricas sobre la objeción de conciencia en un Estado democrático
son una prueba paradigmática de que, como no hay mal que por bien no venga, nos
encontramos en un momento bien relevante para fundamentar el orden político,
social y económico sobre el suelo firme de la excelsa dignidad humana. Casi
nada.
Jaime Rodríguez-Arana es
catedrático de Derecho Administrativo.
Democracia representativa y directa
La profunda crisis que atraviesa la forma en que los
políticos a nivel mundial entienden últimamente la democracia representativa
conduce, de una u otra manera, a que la indignación reinante reclame democracia
real, auténtica, genuina. Una de las causas de la honda crisis en que se
encuentra el sistema político reside en que el pueblo empieza a percibir que su
protagonismo ha sido suplantado, de una u otra manera, por los dirigentes. Un
colectivo, el de los que mandan, que, con honrosas excepciones, se ha creído
que es el titular del poder y que puede manejarlo como le venga en gana, a su
antojo. Como se consideran los dueños del poder, así razonan erróneamente,
manejan los fondos públicos sin conciencia de quienes son sus legítimos
propietarios –los ciudadanos- llegando a cotas de despilfarro sin precedentes.
Efectivamente, la escasa relación que hoy existe entre el
pueblo y sus representantes, justifica, en gran medida, que la petición de
democracia real se sustancie por el camino de las fórmulas de democracia directa
más conocidas: referéndums, iniciativas populares y consultas. Si las Cortes
Generales y las Asambleas Legislativas autonómicas hubieran propiciado y
fomentado esquemas institucionales eficaces de relación y vinculación entre elegidos
y electores, probablemente el distanciamiento y desafección dominante no
hubiera alcanzado la dimensión que hoy tienen. Por eso hoy, ante la ausencia de
reformas en la materia, tendrán que llegar, por las buenas o por las malas,
cambios como las listas abiertas, la obligación de los diputados de tender a
los electores en sus circunscripciones o incluso la convocatoria de referéndums
cuando se trate de la adopción de medias de obvio interés general.
La necesidad de que el pueblo opine, al menos en los asuntos
de mayor enjundia, en asuntos que afectan a sus condiciones de vida, es cada
vez más urgente. No puede ser, de ninguna manera, que se tomen decisiones que
afectan seriamente a las condiciones de vida de los ciudadanos sin consulta
previa, sin conocer la opinión ciudadana, lo que no quiere decir, de ningún
modo, referéndum para todo. De eso nada.
La democracia representativa debe ser renovada. Las listas
abiertas deben abrirse camino. No es que los referéndums, consultas o
iniciativas populares sustituyan totalmente al sistema representativo. Deben
tener su espacio de forma equilibrada. Que no haya sido así se debe al profundo
aislamiento de las cúpulas partidarias que prefieren su reinado y su primado,
casi absoluto, al de la ciudadanía, al de quien es el verdadero soberano.
Es muy sencillo lo que está pasando. Quien es administrador
o gestor de los asuntos de interés general ha pensado que podía adquirir la
condición de dueño y señor. Para ello ha ideado un complejo argot y un
sofisticado universo de especialistas en el manejo y conducción del interés
general convenciendo al pueblo de que los asuntos de la comunidad están en las
mejores manos y que no debía preocuparse lo más mínimo. Mientras tanto, desde
las terminales mediáticas de la tecnoestructura se procede a una sutil y
constante operación de control social a partir de las más variadas, y eficaces,
formas de consumismo insolidario. Durante unos años el juego ha dado resultado,
pero cuando el proyecto choca con los bolsillos de la gente, empiezan los
problemas. Unos problemas que han permitido que el pueblo, de una u otra
manera, despierte de su letargo, tome conciencia de lo que está pasando y
empiece a manifestar su indignación.
Una indignación que no debieran echar en saco roto los
partidos. Una indignación que esperemos traiga aires de regeneración democrática.
Una indignación que ojala derribe los muros de un orden económico, político y
social montado exclusivamente sobre el lucro y sobre el voto como fines en sí
mismos que todo lo justifican, que todo lo permiten. Este modelo ha fracasado.
No hay más que volver a democratizar el sistema político. Y, por supuesto,
también el financiero. Sin embargo, los actuales dirigentes, o no les interesa
el tema, o lo consideran imposible o, simplemente, prefieren seguir en este
ambiente de control y manipulación social que tanto les gusta y que tan poco
advierte la mayoría de la población. ¿Por qué será?
Jaime Rodríguez-Arana es catedrático de derecho
administrativo. jra@udc.es
Pensamiento dinámico y complementario
Una de las características que mejor define el pensamiento
dominante, si es que se puede llamar pensamiento, es su condición estático e
ideológico. Se trata de un precipitado necesario de las llamadas ideologías
cerradas que por desgracia acampana entre nosotros desde la llegada al gobierno
de los actuales dirigentes. En casi todos los aspectos de la vida social se
observa esa penosa división entre buenos y malos, retrógrados y progresistas,
ricos y pobres que es la principal señal de identidad del intento de aplicación
a la realidad de un modelo teórico de laboratorio.
Como consecuencia de las ideologías cerradas, aquellas que
parten de la presunción de solución de todos cuantos problemas jalonan la
existencia colectiva de la humanidad, que son estáticas por propia naturaleza,
surge la necesidad, incluso la pasión, para quienes así operan, de situarse en
la vida política social y política con un sentido perverso, por cerrado: la
izquierda y la derecha, los de arriba y los de abajo, los de delante y los de
detrás. Es decir, estar posicionado -de un modo maniqueo- en “la izquierda,
abajo y adelante” o en “la derecha,
arriba y detrás”, ha traído consigo el olvido lamentable de la tradición
cultural de la que procedemos y que contribuimos a crear: una tradición de
libertad, de pluralismo y de profundo respeto a la dignidad de la persona. Sin
embargo, presos como estamos de imperio del pensamiento único, estático,
cerrado e incompatible, deudor de la dictadura de las ideologías, seguimos hablando
de explotadores y explotados, de retrógrados y progresistas, de ricos y pobres,
expresiones que además de profundamente simplistas son formulaciones que
denotan una real actitud de miedo a la libertad, a la riqueza plural de la
gente, que no es traducible a etiquetas reduccionistas de su condición, y un
profundo miedo a la búsqueda de soluciones a los
problemas que aquejan a nuestra sociedad.
Ordinariamente, el pensamiento cerrado y estático que
acompaña a las ideologías cerradas parte de la afirmación de prejuicios y de concepciones simplistas de la realidad, que
son indicativas de pobreza discursiva o de inmadurez política y humana. Por el
contrario, el pensamiento abierto, dinámico y compatible, como estilo
intelectual que responde a la realidad de las cosas, permite superar
ciertamente las ideologías cerradas. No en el sentido de aislarlas y dejarlas
sin lugar, que lo tendrán mientras haya gente con la disposición de aplicarlas,
sino más bien en cuanto abren en el horizonte un espacio de pensamiento que
rompe la bipolarización izquierda-derecha y que se caracteriza por su
naturaleza abierta, crítica, plural y antidogmática, justo lo contrario, por
ejemplo, de esa educación ciudadana pensada para disponer de ciudadanos en
serie, a la medida, cortados por el patrón de la sumisión, la manipulación y el
miedo a la libertad.
Hoy, debemos superar, si es posible, el ambiente en el que
se desarrollan las ideologías cerradas: la lucha por la consecución de
determinadas cuotas en el mercado ideológico. Es decir, la confrontación
ideológica es, en primer lugar y sobre todo, captación de ideas, pero no
enfrentamiento ideológico, con lo ello supone de entender la concepción de
ideas como instrumento de poder, sino diálogo, siempre abierto al
entendimiento, que ciertamente puede llegar o no.
El pensamiento abierto, plural, dinámico y complementario es
necesariamente un pensamiento más complejo, más profundo, más rico, en
análisis, matizaciones, supuestos y, por supuesto, aproximaciones a lo real. Es
más, esta modalidad de pensamiento lleva a un enriquecimiento del discurso
democrático. Si el pensamiento único, estático e ideológico prevalece, como
ocurre entre nosotros, el discurso político se repliega, se cierra y se concibe
como un instrumento de poder, de dominación que aplasta la pluralidad y la
apertura connatural a la democracia. La apertura del pensamiento político a la
realidad reclama un notorio esfuerzo de transmisión, de clarificación, de
matización, de información, un esfuerzo que puede calificarse de auténtico
ejercicio de pedagogía política que, por cuanto abre campos al pensamiento, los
abre asimismo a la libertad.
Hoy, en España, insisto, necesitamos volver a recordar la
centralidad de la persona, de sus libertades. Necesitamos recordar siempre que
sea necesario, que el poder se justifica en la medida en que facilita el
bienestar integral de las personas, del pueblo. Algo que hoy brilla por su
ausencia sencillamente porque quienes nos gobiernan parece que sólo piensan en
conservar a toda costa el poder.
Los postulados del pensamiento abierto, plural, dinámico y
compatible nos invitan hoy a reivindicar que el poder político cumpla el papel
que le corresponde y que deje de manipular el espacio público excluyendo todo
lo que impida su modelo de dominación social. La educación libre y plural es
una forma de romper ese modelo y hoy comprobamos como se intenta inculcar un
único modelo educativo. Por eso, la lucha por la libertad sigue siendo una
prioridad en la que librar una gran batalla cívica. Nada menos que nos jugamos
la libertad de las próximas generaciones.
Jaime Rodríguez-Arana es catedrático de derecho
administrativo.