Etica y eficiencia
Quien tenga o haya tenido experiencia política sabrá que la
tensión entre eficiencia y legalidad, o, si se quiere, la tensión entre
legalidad, servicio objetivo a los ciudadanos y eficiencia es una realidad del
gobierno y dirección de instituciones públicas. Durante algún tiempo, el
desprecio por la legalidad, por la juridicidad, condujo al mundo de la corrupción. Por una
elemental razón: porque al grito de que lo único importante son los objetivos y
su consecución eficiente, cuándo se manejan fondos públicos es muy posible que
se termine actuando al margen de los procedimientos y las normas, que para
muchos son pesadas cargas que impiden una gestión pública de calidad. Esta
constatación llevó a la necesidad de revisar dichas normas y dichos
procedimientos para que legalidad-eficiencia-servicio sean conceptos
complementarios, no opuestos ni contrapuestos.
Las nuevas políticas buscan, lógicamente, mejorar en
concreto las condiciones de vida de la ciudadanía. Se traducen en la búsqueda
de soluciones prácticas diseñadas para colectivos concretos, susceptibles de ulteriores desarrollos en la
medida que se enmarcan en una concepción de la política que persigue el bien
general, que es de carácter abierto. Las nuevas políticas no se dirigen a
alcanzar soluciones definitivas y totales porque sencillamente es imposible
dada la condición compleja y limitada de la realidad.
En mi opinión, el trípode necesario para sostener políticas
públicas de esta naturaleza viene determinado por la buena preparación
profesional de los dirigentes, la capacidad de diálogo con la realidad en cada
momento y, sobre todo, el profundo respeto a las normas éticas. Eficiencia y
ética no sólo no están reñidas sino que se necesitan. Una política pública
concreta nos será eficiente si no es ética; es decir, si no está pensada para
la mejora de las condiciones de vida del pueblo y si no se implementa, como
ahora se dice, para alcanzar el bienestar general e integral de las personas.
Pues bien, sobre este trípode puede abordarse una política pública
que sea eficiente. Es más, si las políticas públicas no dan resultados entonces
no son eficientes. Resultados, claro está, medidos en el contexto del que parto:
resultados en los que se refiere a la humanización de la realidad, en lo que
atiende a facilitar la libertad solidaria de la gente.
En efecto. Si el objetivo último de la acción pública es
alcanzar cotas más altas de libertad y participación, podríamos estar de
acuerdo, probablemente, en que la naturaleza de los bienes políticos últimos
es, en ocasiones, muy difícil de evaluar, de medir, sobre todo si consideramos
que implica un compromiso moral del individuo, decidido a acceder a formas de
vida más humanas, de las que él sólo puede ser el protagonista.
Es decir, la eficiencia demanda de las nuevas políticas
públicas realizaciones concretas que posibiliten aquellos bienes en los que el
ciudadano se tiene que implicar. Con otras palabras: los objetivos últimos, los
ideales que alimentan y alientan la vida política quizás no sean susceptibles
de medida concreta, no parecen mensurables. En cambio, si que lo son los pasos
concretos de la política de cada día. Por eso, la adecuación de las reformas a
los objetivos a alcanzar deben ser evaluables. Es más, de nada serviría algo de
moda entre nosotros, como es la perorata continua y constante sobre los
objetivos últimos de la acción política sin que el pueblo pueda verificar la
verdad o no de esas arengas u homilías cívicas tan del momento.
Este sentido práctico obliga a orientarse a la realidad,
constituyendo, además, una magnífica medicina contra los prejuicios
ideológicos. Efectivamente, el sentido práctico no conecta, ni de lejos, con el
sentido ideológico. Uno camina por la senda de la realidad. El otro discurre
por el tortuoso mundo de la abstracción, de la entelequia. Ahora bien, cuándo
el sentido práctico se desvincula de los principios, del proyecto, de los
objetivos últimos de la acción política, entonces se cae en el pragmatismo, en
el oportunismo, en la perspectiva tecnoestructural.
La eficiencia, pues, supone la búsqueda de resultados
efectivos con el mínimo coste. También significa rigor: en el discurso y en las
cuentas. Por ejemplo, engordar desproporcionadamente el déficit público no contribuirá,
sin más, a la mejora de las condiciones de vida de la gente, más bien las hipoteca.
El rigor, la capacidad de diálogo y el respeto a las normas éticas configuran
hoy el futuro de las nuevas políticas públicas. Algo que no es tan difícil si
se aspira a que la política sea una actividad comprometida radicalmente con la
mejora de las condiciones de vida de las personas.
Jaime Rodríguez-Arana es catedrático de derecho
administrativo
Nuevas ideologías
En los tiempos en que nos toca vivir la vigencia de las ideologías cerradas está
más que en entredicho. La pretensión de imponer modelos teóricos
unilateralmente sobre la realidad ya hemos visto adónde nos ha conducido. Que
se lo pregunten por ejemplo a los supervivientes del nazismo o del comunismo,
en Alemania o en Rusia. Por una parte, la idea de que el Estado es la
encarnación del ideal ético y, por otro, la convicción de que a la construcción
de la nación ha de supeditarse todo, hoy se nos presentan bajo nuevas formas y
expresiones. El neomarxismo es, por ejemplo, quien lidera la lucha contra las
injusticias de la globalización y, sobre todo, quien aspira, a través del uso
fraudulento de las instituciones de la democracia liberal, a implantar un nuevo
totalitarismo como acontece en latitudes bien conocidas El nacional-socialismo,
erradicado felizmente de la faz de la tierra, reaparece, en lo que atiende a la
doctrina sobre la nación y la raza, bajo esos nacionalismos radicales que
pretenden liberar a la nación de una opresión que artificialmente se crea, con
ocasión y sin ella. Y, por otra parte, el comunismo y el marxismo se encuentran
bajo la piel de algunos movimientos que están sabiendo hábilmente manejar el
descontento reinante hacia formas de protesta que van dirigidas a donde todos
sabemos.
La demagogia, gracias a la mala administración y gestión de
los asuntos del interés general, vuelve por sus fueros porque la capacidad de
sometimiento del pueblo a los dictados de la tecnoestructura que se ha
apoderado del poder en algunas democracias liberales, ha empezado a hacer agua.
El poder es del pueblo, de todos y cada uno de los ciudadanos. En ellos reside
y en ellos está su justo título. Que el poder se haya confiado temporalmente a
los políticos para que se use para la
mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos, no quiere decir que el
poder pueda ser objeto de apropiación de
la llamada clase política. Hoy, sin embargo, este fenómeno, generalizado, nos
indica hasta que punto conviene regresar a las bases éticas de la democracia,
tan desconocidas en la realidad, como
afirmadas en la retórica política.
En efecto, seguimos dominados por la estela de las viejas
políticas, por las políticas del odio y el resentimiento, las políticas anti,
políticas dirigidas a derrocar como sea al adversario Se trata, sencillamente,
de pensamiento único, de autoritarismo intelectual, la nueva moda a la que
lleva esa dictadura de lo políticamente correcto dan del gusto de quienes se
sienten llamados por una especial llamada de esa nueva religión civil que hay
que imponer a golpe del nuevo adoctrinamiento que se inocula desde algunos
poderes públicos y mediáticos..
En fin, que no corren buenos tiempos ni para la libertad ni
para la democracia. Lo
paradójico es que tal crisis se produce bajo la bandera de la de extensión de
los derechos. Derechos, claro está, para los amigos del pensamiento único, de
los afines a lo políticamente correcto.
Es decir, aquellos que están empeñados en socavar los cimientos del pensamiento
libre y plural para imponer sus puntos de vista y sus criterios. Dentro de unos
años, cuando desaparezca esta pesadilla, nos preguntaremos. ¿Cómo pudimos caer
tan bajo?. Por la inanición de unos y por la acción de otros. Muy sencillo.
Jaime Rodríguez-Arana es catedrático de derecho
administrativo.
jra@udc.es
Defensa, protección y promoción
Los
derechos fundamentales de la persona disponen de diferentes posiciones
jurídicas que se corresponden con las funciones de defensa, de protección y de
prestación. Es verdad que es más complicado dotar de aplicabilidad inmediata a
las prestaciones positivas necesarias para la satisfacción de los derechos
fundamentales, sean de libertad sean sociales. En cambio, en el marco de la
función de defensa no existen tantos problemas. En los supuestos de promoción y
protección, especialmente cuando no hay norma constitucional ni del legislativo
que concrete el contenido de estos derechos. La separación de los Podres del
Estado impide que el poder judicial asuma funciones de gobierno o de ejercicio
de dirección política pues las elecciones políticas son propias del poder
legislativo, lo que no quiere decir que incluso en estos casos tenga que
negarse la posibilidad de control judicial. La cuestión es clara: hay unos
límites que el poder judicial no puede traspasar. Por eso, en la función de
defensa (prohibición de intervención estatal) de los derechos fundamentales
sociales la aplicabilidad inmediata es máxima.
Ahora
bien, en el marco de los deberes de protección contra la actuación de otros
particulares y de promoción de prestaciones fácticas positivas, debe afirmarse
que el contenido de prestaciones que integran el mínimo existencial son siempre
y en todo caso exigibles ante cualquier Juez o Tribunal a través de cualquier
instrumento procesal con independencia de la existencia de disponibilidades
presupuestarias o de estructura organizativa pública, pues afectan al contenido
de la mínima dignidad posible, aquella que diferencia al ser humano de los
animales irracionales o de los simples objetos o cosas.
Siendo
como es el mínimo vital el techo mínimo, no el techo máximo de los derechos
fundamentales, parece razonable admitir la reivindicación de pretensiones
jurídicas derivadas de derechos fundamentales sociales no incluidas en el
mínimo existencial. Por tanto, las prestaciones estatales fácticas y positivas
en materia de derechos sociales fundamentales ordinarios, aquellos que van más
allá del mínimo existencial, pueden ser invocadas ante los Jueces y Tribunales
pues estos derechos fundamentales gozan de la protección de su contenido
esencial bien sea por reconocimiento expreso en la Constitución, por norma
legal que lo desarrolle o por mor de la argumentación racional realizada por un
Tribunal Constitucional a partir de los elementos cruciales de la misma
Constitución.
En
el caso de que los derechos sociales fundamentales previstos expresamente en la
Constitución hayan sido desarrollados por el legislativo, cómo tales normas
legales contienen memorias financieras y presupuestarias para su puesta en
aplicación, las prestaciones que integran estos derechos son plenamente
exigibles judicialmente, sin que se pueda oponer como regla la excepción de
reserva de lo posible o el mismo principio de separación de los poderes.
Si
no hay previsión normativa ni existen en la Constitución parámetros mínimos que
permitan deducir el alcance concreto de las prestaciones de derechos sociales
fundamentales, entonces la aplicabilidad inmediata de los mismos puede ser
implementada a través de requerimiento judicial al poder ejecutivo para que
satisfaga el contenido del derecho social fundamental en cuestión.
Los
derechos sociales fundamentales pueden estar previstos en la Constitución como
tales, no es lo más frecuente, o pueden derivarse de una argumentación racional
a partir de las bases mismas de la Constitución en relación con los postulados
del Estado social y democrático de Derecho y de la centralidad de la dignidad
del ser humano. Por ejemplo, la Constitución española alberga en su seno normas
contradictorias porque si se reconocen estos valores constitucionales, no es
coherente reconocer derechos sociales fundamentales desde la perspectiva de
principios rectores de la vida económica y social únicamente exigibles en
virtud de norma que lo prevea.
Es
verdad que la legislación infraconstitucional en materia de derecho a la salud
o derecho a la educación reconoce derechos subjetivos a los ciudadanos en estas
materias que podrán reclamarse en los Tribunales, pero sin la especial
protección que la Constitución dispensa a los derechos fundamentales. En el
caso de que ni normas del poder legislativo existan, si no aplicáramos la
doctrina de aplicación o eficacia directa de los derechos sociales
fundamentales, se estaría haciendo posible desde el interior de la Constitución
su imposibilidad de implementación en un aspecto básico como es el despliegue
de la función promocional de los Poderes públicos. Es decir, la Constitución
contendría en su seno normas materialmente inconstitucionales.
En
el caso de que no haya normas legislativas que regulen los derechos
fundamentales, negar su efectividad sería gravemente incongruente con las bases
del Estado de Derecho por lo que al menos ante el Tribunal Constitucional tal
situación podría analizarse. Además, según la Constitución española, las normas
que regulan estos derechos deben respetar su contenido esencial, de forma y
manera que se reconoce que hay un núcleo básico de indisponibilidad que es
precisamente el ámbito propio en el que se ubica la dignidad humana. Tal aserto
se predica también de los derechos sociales fundamentales porque son derechos
de esta naturaleza y, por ello, gozan también de un espacio especial de
contenido esencial que responde a la esencia misma de la dignidad humana y que
debe poder ser desplegado por el titular del derecho social fundamental de que
se trate, con independencia de si hay o no regulación legislativa. ¿O es que la
persona, el ciudadano debe esperar para ejercer sus derechos fundamentales la
reglamentación normativa?.
Jaime
Rodríguez-Arana
@jrodriguezarana
Una vieja polémica
El descrédito creciente de la política y los políticos,
especialmente tras las últimas elecciones, vuelve a poner en el tapete la
polémica sobre las relaciones entre política y técnica, entre técnica y
política. Es, como se sabe, una vieja polémica que trae causa de aquella
peculiar propuesta de Platón del gobierno de los filósofos. Hoy, sin embargo,
adquiere especial relevancia porque ante una crisis política sin precedentes
hay quien piensa que es el momento para un gobierno de técnicos a la espera de
que la actividad política recupere el prestigio perdido.
¿Son dos mundos separados el de la política y de la
técnica?. En modo alguno. Es deseable que en el ámbito de la rectoría de los
asuntos de interés general se encuentren personas que unan a su compromiso con
la mejora de las condiciones de vida de la población, conocimientos básicos
sobre el funcionamiento del Estado y sobre las principales cualidades que han
de adornar la vida de un responsable público. Estas personas han de saber que
existe una dimensión ética fundamental en la vida pública que plantea que el
ejercicio de los cargos sea un exigente y continuo esfuerzo por servir
objetivamente el interés general. El
problema reside en que en algunos casos se eleva a la condición de dirigentes
políticos a personas que no tienen los más elementales conocimientos a quienes se exige, única y exclusivamente, hacer todo
lo posible, y lo imposible, por la conservación y el mantenimiento del poder.
En este ambiente, es lógico, se superan las barreras de lo racional y se actúa
sin más propósito y objetivo que el de buscar y conseguir votos por el
procedimiento que sea. Cuestión, por cierto, tan antigua como la existencia de
la primera democracia en Grecia.
La técnica, el reducto de la racionalidad técnica, el reino
del conocimiento, ordinariamente reside en el ámbito de la ejecución, de la
implementación, de la materialización de las políticas públicas que el escalón
de esta denominación asume ante la ciudadanía. Es decir, el conocimiento de la
realidad desde una perspectiva amplia, multidisciplinar, junto a las
posibilidades reales del uso de ciertas metodologías, es patrimonio de quienes
se han formado para ello. Es lógico que así sea, como es lógico que las
relaciones entre técnica y política, entre política y técnica, sean
permanentes.
El problema reside cuándo desde la política se desprecia la
técnica o se concibe la técnica como un obstáculo que impide la realización de
las políticas públicas. También vieja cuestión que debe resolverse desde el
pensamiento abierto y compatible, no desde los esquemas de confrontación y
enfrentamiento tan queridos para las mentes dominadas por la ideología cerrada.
Cuándo los técnicos sustituyen a los políticos es porque la
política ha fracasado y es menester durante un plazo de tiempo limitado que las
cosas vuelvan a su sitio. En Italia y Grecia, hace algunos años, la política se distanció sobremanera de la
realidad y del pueblo provocando una deuda y un déficit que debía atajarse
cuando antes.
Es deseable que
políticos y técnicos jueguen cada uno el papel que les corresponde. Los políticos, que
se dediquen a la rectoría de los asuntos de interés general de forma razonable
y pensando siempre en la mejora de las condiciones de vida de todos los ciudadanos.
Los técnicos, proporcionando las mejores metodologías, programas y sistemas para que, efectivamente, en concreto, la vida de los ciudadanos se realice en un
contexto de libertad solidaria. Unos y otros, políticos y técnicos, están
llamados a convivir, cada uno desde la específica tarea que le compete. Ahora
bien, cuándo la política fracasa estrepitosamente, de forma excepcional, se
puede convocar a los que saben, durante un período de tiempo prudencial, para
que las cosas vuelvan a su sitio. De lo contrario, lo pagaran, y de qué manera,
las nuevas generaciones.
Jaime Rodríguez-Arana es catedrático de derecho
administrativo. jra@udc.es
La democracia representativa
Es verdad, quien podría dudarlo, que el sistema de
representación parlamentaria está enfermo, incluso, como se ha afirmado,
gravemente enfermo. El capitalismo, como el socialismo, igualmente, también
presentan síntomas preocupantes. Sin embargo, a pesar de ello, una vuelta al
comunismo o la nacionalización como métodos de resolución de los problemas no
parece que sea lo mejor para el bienestar de los ciudadanos. Igualmente, apelar
a la democracia directa como única forma de democracia tampoco parece que sea
la más apropiada medicina. Rectificar el rumbo, corregir los excesos, que los
ha habido y no pocos, es la tarea del presente. Una tarea, sin embargo, que por
alguna sorprendente razón no termina de arrancar con la fuerza y potencia que
serían menester. Sin embargo, tras el auge de los populismos de uno y otro
signo y de la demagogia, no queda más remedio que iniciar un
inteligente proceso de democratización profunda de nuestro sistema político, en
el que los partidos, y sus dirigentes, se conviertan a la transparencia y a la
rendición de cuentas, al servicio al pueblo y a la defensa, protección y
defensa de los derechos fundamentales de las personas. Algo que, sin embargo, a
juzgar por lo que acontece, está lejos, bastante lejos de llegar.
En este sentido reformista, hay que revisar el
funcionamiento de algunas instituciones para garantizar un mercado razonable,
equilibrado, en el que los beneficios, que son en sí mismos legítimos, no se
conviertan en el único, primario y exclusivo de las empresas. Igualmente, la
democracia como régimen político también precisa de reformas. Reformas que le
devuelvan su sentido originario de manera que efectivamente se convierta en el
gobierno del pueblo, por y para el pueblo. La excesiva preponderancia de las
tecnoestructuras está agostando un sistema político y social que tiene en la
participación ciudadana su principal señal de identidad. Por eso, mientras la situación
no cambie, los partidarios de la democracia directa encontrarán el campo
abonado, y de qué forma, para sus reclamaciones, para sus reivindicaciones que,
en buena medida, plantean, ni más ni menos, que la sustitución de la democracia
representativa por la directa. Los resultados electorales en buena parte de
Europa son un buen ejemplo de las consecuencias que se ciernen sobre el sistema
político sino se cambian métodos, procedimientos, estructuras y conductas, si
no se trabaja a favor de la necesaria democratización que el sistema precisa.
Si no hacemos nada y nos quedamos contemplando lo que pasa,
pronto llegarán los nuevos autoritarismos, algunos ya están bajo formas
sorprendentes, y entonces nos lamentaremos de haber preparado el terreno al
populismo y a la demagogia. Es tiempo, pues de reformas. Pero de reformas de
calado, de fondo, no de simples parches.
Jaime Rodríguez-Arana es catedrático de derecho
administrativo. jra@udc.es
Derechos sociales y mínimo vital digno
Los
derechos fundamentales son una misma categoría juridica con un mismo régimen
que deriva de la misma dignidad humana y que dispone de las mismas condiciones
de exigibilidad sea cual sea el derecho de que se trate. Estos derechos
fundamentales en su mayoría son individuales, pero también los hay sociales,
que entrañan una obligación positiva hacia los poderes públicos en orden a
realizar prestaciones concretas a favor de determinados ciudadanos o colectivos
sociales.
Las
estructuras y los procedimientos se diseñan y actúan al servicio de las
personas, no al revés. Por eso, en un presupuesto público en materia de
políticas sociales hay que atender muchas necesidades pero en puridad la cantidad que se debe
presupuestar para estas finalidades debe estar en función de la situación de
los derechos sociales fundamentales en el país y de los medios disponibles.
Pero de ahí a lo que acontece en la actualidad, en la que en muchos sistemas
estos derechos no son fundamentales y su exigibilidad está puesta en cuestión,
hay un largo trecho.
El
tema esté en afirmar el carácter fundamental de estos derechos y empezar a
caminar en este terreno. A partir de ahí
los progresos serían notables. No se trata de negar la realidad, que las
disponibilidades presupuestarias son las que son y que conforman el marco para
averiguar la racionalidad de las demandas judiciales en la materia. Se trata,
simple y llanamente, de afirmar que los derechos sociales fundamentales
pertenecen a la categoría única de los derechos fundamentales de la persona y
que deben tener la protecci´n que les es propia.
Un
asunto relevante en esta materia es el del alcance y funcionalidad del derecho al mínimo
vital, un derecho fundamental de mínimos que permite que no se quiebre la
condición humana. Como sabemos, existen unos derechos sociales fundamentales
mínimos que el Estado o la Sociedad, según los casos y las posibilidades, deben
asegurar y garantizar para evitar la deshumanización de la persona. En este
punto, sin embargo, debe quedar claro que, en efecto, la aplicabilidad
inmediata de los derechos sociales fundamentales no se reduce al reconocimiento
del mínimo vital o existencial. Todos los derechos sociales fundamentales,
todos, por ser derechos fundamentales de la persona, tienen eficacia directa sencillamente porque
disfrutan de la misma categoría y régimen jurídico de los derechos
fundamentales.
El
marco de lo que es imprescindible para una existencia humana responde al
derecho al mínimo vital pero más allá de esta garantía de mínimos existen otros
derechos sociales fundamentales, ordinarios, como puede ser el derecho a una
vivienda digna, el derecho a una protección social digna, el derecho a una
sanidad digna. Es decir, una cosa es lo mínimo imprescindible para una existencia
o para una vida digna de una persona humana y otra distinta la garantía de un
marco de racionalidad y progresividad en el ejercicio de estos derechos que
apunta más allá de lo imprescindible, de lo mínimo.
Si
entendemos el mínimo existencial como el techo mínimo, el suelo mínimo de los
derechos sociales fundamentales, comprenderemos que a partir de este solar se
pueden levantar o edificar derechos sociales fundamentales. A partir de esa esfera
de una existencia mínimamente digna, aplicando el principio de progresividad
podemos llegar a afirmar la existencia de derechos sociales fundamentales que
consisten en garantías y prestaciones, junto a protecciones y defensas, de
posiciones jurídicas dignas, de una dignidad superior a la mínima. No de otra
manera debe interpretarse las apelaciones que las Constituciones de nuestra
cultura jurídica realizan a una mejor calidad de vida para las personas o una
existencia o vida digna. Si, hoy la dignidad en muchas políticas públicas pasa
por pensar más y mejor en las personas. Casi nada.
Jaime
Rodríguez-Arana
@jrodriguezarana
Crisis y partidos (II)
Es verdad que
en Europa el compromiso partidario ha descendido alarmantemente. En el Reino
Unido, por ejemplo, desde la década de los ochenta hasta ahora los partidos
cuentan con ¾ menos de militantes. En Francia apenas el 1 % de la población
milita en un partido político mientras que en España según una de las últimas
entregas del CISS el 2.5 % de los españoles están afiliados a una formación
política. Son datos que explican la realidad por si sola y que demuestran la
profunda despolitización de las bases de los partidos tradicionales.
A menos democracia interna en los partidos menor preocupación de los
dirigentes por la mejora de las condiciones de vida de la población. Por eso,
qué importante es que se abran las ventanas de los partidos y entre el aire
fresco de la realidad, de la competencia profesional, del compromiso social, de
la búsqueda de soluciones reales a los problemas colectivos de la ciudadanía.
Mientras estas organizaciones sigan férreamente cerradas en torno a liderazgos
personales, la desafección irá en aumento y, consiguientemente, la
desconfianza, hoy muy alta en España, hacia el sistema político seguirá
creciendo exponencialmente.
Los partidos
buscan el poder para gobernar de acuerdo con un conjunto de ideas que defienden
porque están convencidos que son las mejores para el progreso de la sociedad y
para un mejor ejercicio de las libertades por los ciudadanos. Los partidos,
como cualquier organización, por el hecho de constituirse, adquieren el
compromiso de luchar por la consecución de sus fines propios. Fines que se
orientan hacia la búsqueda del poder como medio para aspirar a la mejora de las
condiciones de vida de los ciudadanos, especialmente de los más desfavorecidos.
Ahora bien,
cuándo la finalidad de la actividad no reside en el servicio o en los bienes que
se ofrecen, sino que se instala en el bien de la propia organización y de sus
dirigentes o colaboradores, entonces el partido se desnaturaliza y se acaba
convirtiendo en la excusa para que un determinado grupo intente dar rienda
suelta a su deseos de mando y de poder absoluto.. Cuándo tal cosa acontece en
las organizaciones, sean públicas o privadas, los resultados son manifiestos y
casi, casi, pueden adivinarse. Las organizaciones se burocratizan porque la
propia estructura se convierte en el fin y los aparatos se convierten en los
dueños y señores de los procesos, hasta el punto de que todo, absolutamente
todo, ha de pasar por ellos instaurándose un sistema de control e intervención
que ahoga las iniciativas y termina por laminar a quienes las plantean.
En estos casos,
nos encontramos ante partidos cerrados a la realidad, a la vida, prisioneros de
las ambiciones de poder de un conjunto de dirigentes que han decidido anteponer
al bienestar general del pueblo su bienestar propio. Se pierde la conexión con
la sociedad y, en última instancia, cuándo no hay un proyecto que ofrecer a la
ciudadanía más que la propia permanencia, el centro de interés se situará en lo
que denomino control-dominio que, además de ser la garantía de supervivencia de
quienes así conciben la vida partidaria, constituye una de las formas menos
democráticas de ejercicio político. La autoridad moral se derrumba, la gente
termina por desconectar de los políticos, se pierde la iniciativa, el proyecto
se vacía y la organización ordinariamente se vuelve autista, sin capacidad para
discernir las necesidades y preocupaciones colectivas de la gente, sin
capacidad para detectar los intereses del pueblo. Algo que, a juzgar por la
opinión general que la gente tiene de la política y de los políticos, no parece
muy lejano de la realidad que nos rodea.
Por el
contrario, una organización pegada a la realidad, que atiende preferente y
eficazmente a los bienes que la sociedad demanda y que permitirá probablemente
hacerla mejor, es capaz de aglutinar las voluntades y de concitar las energías
de la propia sociedad. Estos partidos, así configurados y dirigidos, atienden a
los ámbitos de convivencia y colaboración y escuchan sinceramente las
propuestas y aspiraciones colectivas convirtiéndose en centro de las aspiraciones
de una mayoría social y en perseguidora incansable del bien de todos. Esto es,
en mi opinión, ocupar el centro social o, si se quiere, centrarse en el interés
social, no simplemente en el interés de una determinada mayoría, o minoría,
social por importante o relevante que esta sea. Acontece tal situación en este
tiempo en el que se tolera la dictadura de una minoría sobre la mayoría por la
sencilla razón de que el partido que sostiene al gobierno no ve más que por la
mirilla del control y el deseo de laminación del adversario.
Si los partidos
quieren que la gente preste más atención a los asuntos públicos, han de superar
la perspectiva tecnocrática, hoy mayoritaria, y descender
al ruedo, a la calle, a hablar realmente con la gente, a escuchar al
pueblo y, sobre todo, a recuperar la dimensión humana en la solución de los
problemas. Sobre todo en un mundo en el que las ideologías cerradas han
fracasado y en el que es menester colocar, con todas sus consecuencias, la
dignidad del ser humano y sus derechos fundamentales como piedra angular del
orden social, político y económico. Los partidos, que son tan importantes en la
vida democrática, si quieren colaborar a esta tarea, han de hablar entre ellos
para acordar reformas imprescindibles al día de hoy.
Jaime
Rodríguez-Arana
@jrodriguezarana
Reformismo y centro político (II)
La política revolucionaria pretende
subvertir el orden establecido. Es decir, darle la vuelta, porque nada hay de
aprovechable en la situación presente, hasta el punto que se interpreta que
toda reforma es cambio aparente, es continuismo. Por eso puede considerarse que
las políticas revolucionarias, aun las de apariencia reformista, parten de un
supuesto radicalmente falso, el de la inutilidad plena o la perversión completa
de lo recibido. Afirmar las injusticias, aun las graves y universales que
afectan a los sistemas sociales imperantes, no puede conducir a negar cualquier
atisbo de justicia en ellos, y menos todavía cualquier posibilidad de justicia.
Aquí radica una de las graves equivocaciones del análisis marxista, que si bien
presenta la brillantez y coherencia global heredada de los sistemas
racionalistas, conduce igualmente, en virtud de su lógica interna, a la necesidad de una revolución absoluta
–nunca mejor definida que en los términos marxistas- y por tanto a la
destrucción radical, en todas sus facetas, de cualquier sistema vigente.
Hoy, los presupuestos marxistas y
el análisis que se hace desde ellos es cuestionado y criticado en casi todos
los ámbitos políticos aunque bajo nuevas formas siguen presentes. Sin embargo
queda de ellos la desconfianza hacia la iniciativa privada, hacia la
espontaneidad social, hacia las instituciones burguesas, etc. Y aunque los
grupos políticos que han abandonado el marxismo como ideología propia, han
asumido de hecho, porque no les agrada otra solución si quieren
sobrevivir, proyectos políticos
reformistas, no aceptan en cambio de buen grado el reformismo como
caracterización política, tal vez por las resonancias burguesas que en tal
formulación encuentran.
Sin embargo hoy parece cada vez más
evidente la afirmación de que el camino del progreso es la vía de las reformas.
Es más, está abocada al fracaso la titánica –e imposible-empresa de construir
la realidad humana desde cero, arrasando todo lo recibido, como los utopismos
políticos de toda clase han pretendido. Las políticas de reformas suponen el
reconocimiento de la complejidad de lo real, y en igual medida la constatación
de la limitación humana en el diseño y en la proyección de la propia
existencia. Reconocimiento de la realidad y constatación de limitaciones para
iniciar un proceso de reformas de calado que siguen pendientes desde hace mucho
tiempo. Demasiado.
Jaime Rodríguez-Arana
@jrodriguezarana
Partidos políticos y crisis(I)
Una de las causas de la actual desafección que caracteriza la posición
de los ciudadanos en relación con la política tiene que ver, y no poco, con la
actividad, estructura y organización de
los partidos. En efecto, la jerarquía y la verticalidad dominan la escena de la
vida partidaria. El que manda o los que mandan imponen sus puntos de vista,
muchas veces sin la participación de la militancia, que ordinariamente es
“invitada” a compartir decisiones predeterminadas. La elaboración de las listas
electorales de cara a los comicios lo acredita en todas las formaciones,
también, quien lo hubiera imaginado tras las proclamas regeneradoras, en
las más recientes.
Los partidos deben regirse por los principios de la democracia, tal como
exige nada menos que la Constitución de 1978. Algo, a día de hoy, como todos sabemos, lejos de ser una realidad. Probablemente
porque los dirigentes no están excesivamente comprometidos con la
transparencia, con la promoción de la
libre expresión de los militantes en relación a determinadas cuestiones
polémicas en las que puede haber diversos puntos de vista. Hoy, guste poco, mucho,
o nada, los partidos tienden a ser organizaciones pétreas, monolíticas,
dirigidas, única y exclusivamente, a alcanzar el poder sin otras
consideraciones. No se admiten, ordinariamente, las diferencias y, por ejemplo,
se evita cómo se puede que se expresen ideas o argumentos contrarios a la posición
oficial, a veces ajena a la propia
identidad de la formación. Por eso los partidos están en crisis, por eso cada
vez tienen menos apoyos y, por eso, los nuevos movimientos y formaciones, a
pesar de que adolecen de las mismas patologías,
han conseguido transmitir un mensaje regeneracionista que en boca de los
tradicionales a estas alturas resulta poco creíble.
Un partido político en el que todos piensan lo mismo y lo repiten
acríticamente a pies juntillas, sin debate y sin contrastes, refleja una
organización autista, incapaz de debatir. Lo que se observa, a uno y otro lado
del espectro político, es un ejercicio de sumisión que contribuye a conformar la política como una
actividad de fuerte sabor autoritario, al menos en lo que se refiere a los
criterios de acción de los dirigentes de los partidos políticos. Una actividad,
así considerada, centrada sobre sí
misma, aislada de la realidad social porque lo único importante son las
cuestiones del poder. En este contexto no es de extrañar que formaciones que
plantean, aunque sea demagógicamente y sin expresión real, nuevas fórmulas y
más participación estén recibiendo mucho apoyo popular mientras las estructuras
tradicionales, en manos de dirigentes
autistas, son incapaces de reconocer la realidad. No hay más que echar una
ojeada al mundo que vivimos.
Jaime Rodríguez-Arana
@jrodriguezarana
Reformismo y centro político (I)
La reforma y el centro político son dos caras de la misma moneda. Por una razón poderosa, porque ambas cualidades de la actividad política tienen como presupuesto esencial el trabajo sobre la realidad y la dignidad del ser humano.
En efecto, las políticas centristas
son políticas de progreso porque son políticas reformistas. Podría
interpretarse, ahora que las aventuras revolucionarias han perdido todo su
prestigio en nuestro entorno, al menos en lo que se refiere a sus dimensiones
no románticas, que todas las posturas políticas han adaptado su discurso y su
proyecto político a los ritmos y las características de las políticas
reformistas. Esto es un derivado necesario de la realidad social, económica y cultural
de nuestras sociedades. Sin embargo cabría, bajo estas apariencias, la
proyección de políticas que pretendieran un cambio desde la raíz pero realizado
a plazos. El reformismo auténtico, según mi parecer, parte de una aceptación
sustancial de la realidad presente. En nuestra sociedad atesoramos hoy valores
muy profundos que deben ser enriquecidos con nuestra aportación. El legado de
nuestros mayores, es el mejor que supieron y pudieron dejarnos. Bien como
producto de su saber o de su ignorancia, bien de su iniciativa o de su
pasividad, de su rebeldía o de su conformismo. Pero ellos, al igual que
nosotros, se vieron movidos indudablemente por la intención de dejar a sus
hijos la mejor herencia posible.
Pero esta aceptación no es pasiva
ni resignada. Lejos de actitudes nostálgicas o inmovilistas, las estructuras
humanas se nos presentan como un cuadro de luces y sombras. De ahí que la
acción política se dirija a la consecución de mejoras reales, siempre
reconociendo la limitación de su alcance. Una política que pretenda la mejora
global y definitiva de las estructuras y las realidades humanas sólo puede ser
producto de proyectos visionarios, despegados de la realidad de la gente. Las
políticas reformistas son ambiciosas, porque son políticas de mejora, pero se
hacen contando con las iniciativas de la gente –que es plural- y con el
dinamismo social.
El reformismo político tiene una
virtualidad semejante a la de la virtud aristotélica, en cuanto se opone
igualmente a las actitudes revolucionarias y a las inmovilistas. No se trata de
una mezcla extraña o arbitraria de ambas actitudes. Es , en cierto modo, una
posición intermedia, pero sólo en cierto modo, porque no se alinea con ellas,
no es un punto a medio en el trayecto entre una y otra. Es algo distinto, y
bien distinto.
La política inmovilista se
caracteriza, como es obvio, por el proyecto de conservación de las estructuras
sociales, económicas y culturales. Pero las políticas inmovilistas admiten, o
incluso reclaman cambios. Ahora bien, los cambios que se hacen, se efectúan -de
acuerdo con aquella conocida expresión lampedusiana- para que todo siga igual.
El reformismo, en cambio, aún aceptando la riqueza de lo recibido, no entraña
su plena conformidad. De ahí que se desee mejorar la herencia recibida
efectivamente, no haciendo cambios para ganar una mayor estabilidad, sino
haciendo cambios que representen o conduzcan a una mejora auténtica –por
consiguiente, a una reforma real- de las estructuras sociales, o dicho en otros
términos, a una mayor libertad, solidaridad y participación de los ciudadanos.
Jaime Rodríguez-Arana
@jrodriguezarana