Venezuela, a las puertas de la libertad
Estos días la
situación política y social en Venezuela se recrudece luego de que Nicolás Maduro haya decidido
permanecer ocupando la Presidencia de la República a pesar de no ser el
legítimo presidente electo en Venezuela. Desde el 10 de enero del año en curso
el mundo puede comprobar con más conocimiento de causa la real situación de los
derechos humanos en un país de honda tradición democrática que, sin embargo,
desde tiempo atrás reprime y lesiona los derechos fundamentales de los
habitantes, sobre todos los de los no alineados con el régimen, hasta poner en
peligro las más elementales condiciones
para una vida digna tal y como ha señalado reiteradamente la Comisión
interamericana de Derechos Humanos de la OEA (Organización de Estados
Americanos)
En efecto, desde
2013, la situación de los derechos fundamentales en Venezuela se ha ido
deteriorando, tal y como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha
señalado en su informe Institucionalidad
democrática, Estado de Derecho y derechos humanos en Venezuela, de 2017. Por un lado, el régimen de Nicolás
Maduro ha reprimido derechos humanos fundamentales, especialmente como
respuesta a las manifestaciones pacíficas realizadas entre 2014 y 2017. De otro
lado, el régimen chavista ha adoptado políticas arbitrarias en la economía, que
han ocasionado la emergencia humanitaria compleja y la crisis masiva de
refugiados y migrantes sin precedentes en Venezuela. Es por ello que el régimen
dirigente en Venezuela ha sido señalado como responsable de graves violaciones
de derechos humanos, tal y como puede leerse en el Informe de la Secretaría General de la Organización de los Estados
Americanos y del Panel de Expertos Internacionales Independientes sobre la
posible comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela, de 2018.
Como es
sabido, el Foro Penal Venezolano registró un total de 153 expedientes de
torturas entre febrero y septiembre de 2014, justo cuando comenzaron las
primeras movilizaciones contra el régimen autoritario de Nicolás Maduro. A
estos expedientes, que ha documentado personal de esta organización no oficial,
habría que contar cientos de casos todavía en fase de procesamiento. A los casos de los más famosos dirigentes
opositores detenidos en la cárcel de Ramo Verde, como López, Scarano y
Ceballos, se ha sumó entonces la del alcalde de Caracas Ledesma, hoy en
exiliado en España. Sólo en 2014 el Foro Penal Venezolano documentó 3.293
detenciones. Hoy, tras los acontecimientos relativos a la protesta del pueblo y
a la posición de Guaidó, la ONU habla de 850 detenidos, periodistas incluidos,
y 40 muertos. En el colmo de la barbarie hoy nos llegan noticias de la
detención de cerca de 80 niños con ocasión de la reacción del pueblo ante tanta
arbitrariedad.
En 2010,
conviene ahora recordarlo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la
Organización de Estados Americanos (OEA) ya
alertaba, todavía en tiempos de Chávez, sobre lo que ahora es una
evidencia clamorosa. En su informe, ya por entonces se constataban algunos de los principales
atentados a los derechos humanos
perpetrados a diario en la Venezuela chavista y se registraba la
profunda politización del poder judicial. En efecto, el informe de la OEA
reflejaba por entonces la sujeción del poder judicial al poder político.
Desaparecieron, ya por entonces, las oposiciones a jueces y fiscales, que eran,
y siguen siendo, nombrados de entre las personas afectas al régimen político.
Sin embargo,
a pesar del origen del nombramiento de estos magistrados, muy mal deben ir las
cosas para Maduro porque estos días hemos sabido que el Magistrado del Tribunal
Supremo afecto al régimen Mojica acaba de negarse a firmar las medidas
cautelares contra el Presidente encargado y la también Magistrada de ese
Tribunal Godoy ha denunciado que no se ha producido el preceptivo debate entre
Magistrados en relación con la petición del Fiscal General de la Tiranía de
detener a Guaidó.
En fin, la crisis venezolana se ha agravado luego del 10 de
enero de 2019 como comprobamos a diario. De conformidad con los artículos 230,
231 y 233 de la Constitución venezolana, ese día comenzó un nuevo período
presidencial y por lo tanto, el Presidente electo debía tomar posesión del
cargo mediante juramento prestado ante el Poder Legislativo, esto es, la
Asamblea Nacional. Nicolás Maduro ha reclamado su condición de Presidente
electo, al haber sido proclamado por la autoridad electoral luego de los
comicios celebrados el 20 de mayo de 2018. Pero lo cierto es que esos comicios
no han sido reconocidos como elecciones libres y transparentes, al ser resultado
de graves violaciones a derechos humanos de contenido electoral. Es por ello
que Maduro no puede ser considerado como el legítimo Presidente electo en
Venezuela, pese a lo cual, actualmente se mantiene en ejercicio de la
Presidencia.
Tal y como declararon
los países del Grupo de Lima en comunicado de 4 de enero de 2019, Maduro no es Presidente electo y, por lo
tanto, está obligado a transferirle el poder a la Asamblea Nacional, única
autoridad legítima en Venezuela. Ello fue reiterado por el comunicado de la
Alta Representante, en nombre de la Unión Europea, sobre el nuevo mandato de
Nicolás Maduro, de 10 de enero. Además de reiterar el desconocimiento de los
comicios del 20 de mayo, en ese comunicado se insiste en “reconocer y respetar la función y la independencia de la Asamblea
Nacional, como institución elegida democráticamente, a liberar a todos los
prisioneros políticos, a respetar el Estado de Derecho, los derechos humanos y
las libertades fundamentales y a hacer frente de inmediato a las acuciantes
necesidades de la población”.
Frente a este escenario,
es menester denunciar el encarnizamiento de la crisis venezolana debido a la
usurpación de la Presidencia de la República de Venezuela por Nicolás Maduro, y
reiterar el llamado para el pleno reconocimiento de la Asamblea Nacional
venezolana, y de su Presidente, diputado Juan Guaidó, a los fines de que se
adopten todas las medidas que permitan restablecer el orden democrático y
constitucional, garantizándose el pleno disfrute de los derechos humanos de
todos los venezolanos y unas próximas elecciones libres administradas por una
Autoridad electoral independiente. De lo contrario, será muy difícil que el
pueblo venezolano recupere sus libertades pues a día de hoy el futuro del
narcotráfico internacional, la financiación del terrorismo y la principal
terminal del populismo no parecen dispuestos a perder la posición.
Jaime
Rodríguez-Arana
Presidente del
Capítulo Español de la Asociación Euroamericana de Derechos Fundamentales y
Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de A Coruña.
Popper y la democracia
Popper es uno de los filósofos más
importantes que ha dado el siglo XX. No solo en lo que se refiere a la
filosofía de la ciencia sino en el ámbito de la filosofía política en el que es
bien conocida su defensa de la sociedad civil frente a todo totalitarismo, y
cuya obra emblemática ha sido su nunca bien ponderada "La sociedad abierta
y sus enemigos". Hoy, por cierto, de rabiosa y palpitante actualidad.
En la primera parte de este libro
libro Popper sostiene que los que
deforman la verdad no pueden ser demócratas. Por eso, cuando la democracia es
relativista, lo que pasa, sólo basta con asomarse al mundo en que vivimos, es
que se degrada el valor de la persona humana - guerras, pobreza, explotación,
marginación, drogas, muerte provocada de inocentes - . Se elimina toda
posibilidad de transcendencia, e incluso molesta que haya personas
verdaderamente coherentes y comprometidas con la verdad. ¿ Por qué ? Porque el
relativismo aspira a ser la única opción posible, de forma que toda actitud
contraria molesta y debe ser atacada.
Si no se admite la transcendencia,
se "trascendializan" los principios de la libre convivencia y lo que
se desea de verdad es que dirijan la sociedad los grandes de este momento: el
dinero, el triunfo, la fama, el éxito a cualquier precio. De esta manera, se
tiene "secuestrada" a toda una importante mayoría de la sociedad, a
la que se promete la salvación "mundana" a cambio de rendirse a una
vida "sin esfuerzo" y "sin pensamiento". Prohibido pensar,
prohibido esforzarse y prohibido comprometerse, como no sea con el relativismo
y el permisivismo. Estas son algunas de las consecuencias de un planteamiento
que ni quiere oír hablar de la verdad ni quiere oír hablar de compromiso.
Pues bien, en este marco la lógica
del intercambio de los equivalentes es la lógica social dominante y se destruye
la lógica de la gratuidad, de la generosidad o de la magnanimidad. Se elimina,
por tanto, toda referencia a la virtud como si democracia y virtud fueran dos
enemigos irreconciliables cuando resulta que sin virtud no es posible ningún
sistema político, porque la virtud,
practicar el bien, necesita conocimiento fuerte, certeza. Sin ella no
tendremos razones, además, para defender la democracia. Casi nada.
Jaime Rodríguez-Arana
@jrodriguezarana
Dirigir en la sociedad del conocimiento
En la sociedad del
conocimiento, aunque parezca obvio señalarlo, las personas son la clave. Las
personas no son mercancías, las personas tienen un potencial de libertad e
inteligencia muy importante y los dirigentes, los dirigentes públicos sobre
todo pero no solo ellos, tienen que ser capaces de hacer aflorar esa capacidad
de aportación de ideas, esa capacidad de generar confianza para transformar la
realidad.
En la sociedad del conocimiento, donde Internet, la
red, tiene tanta importancia, tenemos que ser conscientes de que los
conocimientos deben aspirar a mejorar la vida de los seres humanos. En cambio,
vemos con frecuencia como estos medios se orientan a acumular todo un conjunto
de información que viene por la red y que no se sabe muchas veces, por falta de
criterios de selección, para qué sirve. Sin embargo, estamos viendo como para
mucha gente ocurre eso que anunciaba en un
Jeremy Rifkin: conexión 24 horas, 7 días a la semana; es decir, que
estamos intentando que los trabajadores vivan en mejores condiciones, en unas
nuevas condiciones laborales más humanas, y, por el contrario, propiciamos que los empleados estén
conectados al ordenador 24 horas los 7 días de la semana, sábados y domingos,
incluidos. O que a través de los móviles, resulta que se puede tener a los trabajadores
en un permanente sentido de dependencia que dañe incluso la vida de familia.
La sociedad
del conocimiento nos facilita saber más para pensar mejor. Y por eso, también
me parece de gran importancia concebir, como señala Llano, las organizaciones
como comunidades de aprendizaje, de investigación. ¿Por qué? Porque realmente,
si en una organización hay un deseo de mejora, si continuamente se analizan los
resultados: ¿por qué, las cosas salen bien?, ¿por qué salen mal?, y ¿qué
cambios se deben procurar desde el trabajo en equipo, desde la escucha de los
colaboradores?, entonces es más fácil saber lo que se debe hacer en cada
momento. No es fácil, pero es un desafío que tienen los directivos, también en
el gobierno y en la administración pública. En este sentido, algunos contenidos
que debieran estar más presentes en los programas de dirección como mentalidad
abierta, metodología del entendimiento y sensibilidad social son decisivos para
manejar con talento y rigor las organizaciones, también, y sobre todo, las
públicas.
Jaime
Rodríguez-Arana
@jrodriguezarana
Sociedad del conocimiento y gobernabilidad
En el contexto de la
sociedad del conocimiento, de la información, de las nuevas tecnologías, de la
crisis de las ideologías cerradas, nos encontramos con la llamada crisis de la
gobernabilidad, sea pública, sea privada, como consecuencia del exceso de
organización y también de lo que se denomina sobregulación o reregulación. Es
sorprendente que en los tiempos actuales, a pesar de ser más conscientes de que
las instituciones han de promover las libertades y los derechos, todavía
constatemos el enorme peso de la tecnoestructura, de esa burocracia cerrada e
insensible que aspira a manejar, a dominar los resortes y el mismo interés
general. En este marco se pueden situar muchas de las nuevas teorías de la
organización, que lejos de preconizar con claridad la vuelta a los valores
humanos, constituyen un expediente, o justificación para un crecimiento
incontrolado de las estructuras y de las ambiciones de poder de los nuevos
burócratas. Es lo que ha pasado en relación con el Estado de Bienestar, en el
cual al final la Administración Pública, el presupuesto, los funcionarios, se
han convertido en una justificación para crecer olvidando la necesidad de
encontrar fórmulas que faciliten la humanización permanente de la organización.
Por lo tanto, una de las
claves hermenéuticas para conducir el desafío presente reside en abrirse más a
la gente y menos a los sistemas y procedimientos. Los protagonistas son las
personas, los protagonistas son los ciudadanos concretos y la organización
tiene que estar mirando continuamente los problemas, las dificultades, los
anhelos, los intereses colectivos de esas personas. Sin embargo, la historia de
los fracasos de las reformas administrativas tiene mucho que ver con la
historia de la permanente mirada de la organización hacia sí misma, que
prefiere la autoreferencialidad, que es el espejo del autismo de unos
dirigentes más pendientes del control y la dominación que del compromiso con la
calidad de vida de las personas. La buena administración, el buen gobierno, han
de realizarse mirando permanentemente a las necesidades colectivas de los
ciudadanos desde los parámetros del pensamiento abierto, plural, dinámico y
complementario.
Jaime Rodríguez-Arana
@jrodriguezarana
Poder y ciudadanía
Ha sido frecuente que bajo la
consabida formulación del gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo, se haya
introducido en la mente de no pocos dirigentes públicos la idea de que el poder
es de la propiedad de quien manda. Ha sido, y es, una tentación bien sutil que
termina por propiciar esa peligrosa separación entre los gobernantes y el
pueblo que Minc calificó certeramente como una de las lacras de nuestro tiempo.
Además, este divorcio, es bien sabido, lleva a la desconfianza de la ciudadanía
frente a las instituciones, por lo que es cada vez más urgente recordar y realizar
en la realidad dos afirmaciones fundamentales del pensamiento democrático.
Primera. El Poder público es de la
ciudadanía. La ciudadnía debe exigir más en todo lo que supone ejercicio de
políticas públicas. La ciudadanía debe -debemos- tomar conciencia de su papel
central en el sistema y debe -debemos-, además de reclamar y exigir una mayor
eficacia en la prestación de los servicios públicos, asumir su -nuestra-
función en el conjunto del entramado social y auto-organizarse de verdad, con
libertad, con autenticidad, para la defensa de sus intereses colectivos. Es muy
importante que todos colaboremos por apuntalar esta auto-conciencia porque los
tiempos que vienen nos deben encontrar bien organizados y preparados para
evitar los autoritarismos y totalitarismos que escondn estos nuevos salvadores
de la patria y mesias de revoluciones sociales.
Y, segunda, y derivada de la
primera. Los gobernantes, bien lo sabemos, pero que pronto nos olvidamos, no son más,ni menos, que gestores de intereses ajenos que deben
rendir cuentas periódicamente de su administración. Así de claro.
Jaime Rodríguez-Arana
@jrodriguezarana
La Administración del Estado social y democrático de Derecho
La configuración del Estado Social
y Democrático de Derecho supone una nueva funcionalidad de la Administración
Pública. En efecto, la Administración, al gestionar los intereses generales, no
debe imponerse frente a los ciudadanos. Más bien, debe propiciar fórmulas o
medidas que impliquen la colaboración de la sociedad.
En otras palabras, la Administración ya no es
dueña del interés general sino que está llamada, por su inserción en el Estado
Social y Democrático de Derecho, a articular una adecuada intercomunicación con
los agentes sociales para definir las políticas públicas. Quiere eso decir que
los ciudadanos no deben ser sólo sujetos pasivos de las potestades públicas,
sino que deben aspirar a ser legítimos colaboradores y protagonistas de la
propia Administración para la gestión de los propios intereses que les afecten.
Desde esta perspectiva puede entenderse mejor la función promocional de los
poderes públicos hoy tan olvidada.
Esta aproximación se apoya en la
consideración, prevista en la Constitución española, de que los derechos
fundamentales y la dignidad de la persona son las bases del orden político y la
paz social. De esta manera se puede entender que los poderes públicos tienen la
misión de crear un clima en el que los ciudadanos puedan ejercer en libertad
solidaria sus derechos fundamentales y puedan colaborar con la propia
Administración en la gestión de los intereses públicos. Los derechos
fundamentales no son solamente ámbitos exentos de la actuación de los poderes
públicos, como ha reconocido reiteradamente nuestro Tribunal Constitucional,
sino elementos y líneas directrices del conjunto de la actividad de la
Administración. En este contexto, estaremos más cerca de un aparato público que
oferte servicios de calidad y que protega, defienda y promueva la dignidad del
ser humano y todos y cada uno de los derechos fundamentales de los ciudadanos
empezando por el primero y principal: el derecho a la vida.
Jaime Rodríguez-Arana
@jrodriguezarana
El pensamiento cerrado
Normalmente, cuando abrimos los
ojos y observamos, la realidad somete nuestra inteligencia a la dura prueba de
la vibración caleidoscópica de sus singularidades. Entonces nuestra comprensión
se ve agotada ante la complejidad de sus inextricables estructuras, y nuestra
necesidad de modelos conceptuales se ve desbordada por los inéditos desarrollos
que la historia manifiesta.
Rendirse a nuestra incapacidad para
agotar su comprensión significa aceptar nuestra limitación pero también
empeñarnos en una aproximación cada vez más completa. Sin embargo, cabe también
la posibilidad de afirmar la soberanía de nuestro pensamiento. Esta es la
disposición que lleva al nacimiento de lo que suele denominarse ideología, que
puede entenderse, sobre todo desde una perspectiva radical, como un pensamiento
sistemático y cerrado sobre la realidad social que se toma como presupuesto de
la actividad política sin contraste alguno con la realidad.
La expresión “pensamiento sistemático
cerrado” parte de postulados, de
aseveraciones no demostradas y sin base empírica; se desenvuelve
deductivamente; es omnicomprensivo, abarca todos los aspectos de la realidad;
es proyectivo, tiene capacidad para predecir cara a donde, cómo y por dónde
camina la realidad social. Por eso, puede decirse que la ideología cerrada
cumple la aspiración fáustica -es la ciencia que domina plenamente el mundo- y
se resuelve al final en el amargo despertar del aprendiz de brujo. Porque, no
lo olvidemos, parece que la realidad sigue siendo terca.
Las ideologías cerradas, cualquiera
que sea su orientación, intervienen en la vida política desde la base de ideas
predeterminadas, desde desarrollos sociales dogmáticos. Y, es lo más grave, ejercen
su acción con una idea tan clara de lo que debe ser la sociedad y con una confianza tan plena en los métodos
que se deben emplear para conseguirlo que su aplicación termina por conformar
una especie de horma que acaba por ahogar la acción social y civil. .
Además, la ideología cerrada vicia el discurso
político porque reduce a sus términos todas las propuestas que puedan surgir a
su alrededor, sometiendo a su esquema simplificador cualquier discurso o idea.
Y así, por ejemplo, desde las posiciones ideológicas de la izquierda se
considera derecha a todo lo que no sea izquierda, igualmente al fascismo
-intervencionista, estatalista y antidemocrático- que al liberalismo
-democrático, individualista, liberalizador-. Y desde la derecha se considera
comunismo o marxismo a todo lo que no sea supremacía del mercado,
individualismo o consumismo. Desde luego, demasiado ismo, y demasiado presente
todavía, a pesar de los pesares, entre nosotros.
Jaime Rodríguez-Arana
@jrodriguezarana
Ética y nuevas tecnologías
El tiempo que nos ha
tocado vivir, quien lo podrá negar, se carateriza especialmente por una
transformación radical y vertiginosa de las formas tradicionales de explorar la
realidad, lo cual no quiere decir, ni mucho menos, que la tradición esté
muerta. En alguna medida, la realidad actual,
nos guste o no, es producto de lo que ha pasado, de lo que hemos heredado de
nuestros antecesores y sería una soberana irresponsabilidad, por ejemplo,
intentar transformar la realidad desde cero, sin reconocer lo bueno o lo malo
que nos han dejado nuestros predecesores. Pero, en cualquier caso, sí que se ha
producido una transformación relevante que reclama nuevos enfoques para
entender el sentido de la sociedad del conocimiento y la Administración
Publica, hoy.
Frente a los
vertiginosos cambios que contemplamos, cada vez va cobrando más importancia el
pensamiento abierto, el pensamiento dinámico, el pensamiento plural y el
pensamiento complementario o compatible a pesar de la concentración del poder,
cualquiera que sea su naturaleza, y del afán de control y manipulación, más
real y creciente que nunca.
En el ámbito de las nuevas tecnologías, en el
ámbito de la sociedad de la información, tenemos que ser conscientes de que hay
que tender puentes sólidos entre nuevas tecnologías y derechos fundamentales de
las personas, no vaya a ser que una apuesta importante en relación con las nuevas
tecnologías pudiera abrir más la brecha en lo que se refiere a la calidad en el
ejercicio de los derechos fundamentales por todos los ciudadanos. El buen
gobierno, la buena administración, no puede olvidar que la sociedad del
conocimiento ha de mejorar la calidad de la cultura cívica de las personas,
pues de lo contrario estaremos desaprovechando una magnífica oportunidad para
incidir positivamente en la mejora de las condiciones de vida de los
ciudadanos.
Por otra parte, como
consecuencia de la emergencia de una nueva manera de entender el poder como la
libertad articulada de los ciudadanos (Burke), resulta que es necesario colocar
en el centro del nuevo orden político, social y económico, la dignidad de la persona.
Hay que volver a reflexionar sobre la persona. Pero no sobre la persona desde
una perspectiva doctrinaria liberal, que lleva a las visiones del nuevo
individualismo insolidario, sino desde la perspectiva del pensamiento
complementario y compatible, que hace de la libertad solidaria un concepto
central, porque no son dos aspectos distintos de la realidad de las personas,
la libertad y la solidaridad, sino que son las dos caras de la misma moneda, y
son dos características que deben tender a unirse y a ofrecer, pues,
perspectivas de complementariedad.
Por eso, no es baladí
que la Comisión Europea acabe de elaborar una guía de principios éticos para la
inteligencia artificial con el fin de estas nuevas tecnologías se gestionen
siempre y en todo caso al servicio del ser humano. Regulación y ética han de ir
de la mano pues, de lo contrario, como ya pasa, estos fenomenales y fantásticos
medios como son las nuevas tecnologías podrían ser los grandes azotes de una
humanidad presa de esa tecnoestructura insensible a la dignidad humana como no
sea para aprovecharse de ella para incrementar como sea la cuenta de
resultados. Esperemos que este renacer ético no sea una simple barniz sino que
implique un compromiso radical y coherente. El tiempo nos lo dirá.
Jaime Rodríguez-Arana
@jrodriguezarana
Al año de la muerte de Bauman
Estos días se cumple un año del fallecimiento de Zygmunt Bauman, famoso sociólogo polaco de origen judío fallecido en Leeds. Ciudad en la que se estableció en 1972 para enseñar en su Universidad tras ser declarado persona non grata por el régimen comunista polaco en 1968. Mundialmente se le conoce como el intelectual que puso en circulación en 1999 la idea de la modernidad líquida, esa característica de la organización social en la que todo es pasajero, inaprensible, en continua y constante transformación.
Bauman tuvo una infancia difícil. Con solo 13 años, nació en
1925, su familia tuvo que emigrar a la URSS escapando de la invasión nazi de
Polonia. Se alistó en la división polaca
del ejército rojo y fue condecorado en 1945. Volvió después a Polonia y
compatibilizó la milicia con los estudios universitarios y la militancia en el
partido comunista, hasta que las purgas de 1968 le obligaron a tomar el camino
del destierro. Primero en Tel Aviv y después, desde 1972 hasta su muerte, en Leeds, donde enseñaría por
largas décadas en la Universidad.
Zygmunt Bauman era un pensador, un intelectual de los que ya
no quedan. Se compartirán o no sus tesis, pero en el tiempo en que vivimos sus
ideas resuenan con fuerza en un mundo dominado por lo que llamaba el “precariado”,
una forma de referirse a la forma de vida a que son sometidos millones de seres
humanos en la época de la globalización. En efecto, en lo que el denominaba
“vulnerabilidad mutuamente asegurada” se encierra uno de los grandes males de
este tiempo: la indiferencia ante el sufrimiento de los demás.
Una de sus últimas reflexiones la dirigió a las redes
sociales, de las que afirmó, para sorpresa de propios y extraños, que eran, a
pesar de su prestigio y uso masivo, una
trampa. Una trampa porque, en opinión de este desafiante pensador, mucha gente
utiliza las redes sociales no para unir, no para ampliar sus horizontes, sino
al contrario, para encerrarse en las llamadas zonas de confort, donde el único
sonido que oyen es el eco de su voz y de personas que como ellas ven las cosas y el
mundo en general de la misma forma, donde lo único que perciben son los reflejos de su cara y el rostro de
quienes están con ellos alineados ideológicamente, y tantas veces de la
adulación y la fantasia. Las redes
sociales son muy útiles, termina Bauman, dan servicios muy placenteros, pero
son una trampa.
En el aniversario del primer año de su muerte, recordamos a una
persona comprometida, a un profesor universitario que pasó de lo políticamente
conveniente y denunció el “activismo de sofá”, el individualismo insolidario
reinante y las profundas desigualdades de este mundo. Un hombre que sentenció
el colapso de desconfianza que invade la política, una actividad en la que,
decía, los “líderes no son solo
corruptos o estúpidos, sino incapaces”.
Jaime Rodríguez-Arana
@jrodriguezarana
Administración pública y sociedad del conocimiento
En la nueva sociedad del
conocimiento, se ha hablado mucho, se ha escrito mucho sobre cómo tienen que
concebirse las organizaciones. Por ejemplo, se ha señalado que deben ser de
organizaciones inteligentes, flexibles, organizaciones humanas, abiertas y, en
sentido negativo, no rígidas, no herméticas, no verticales, no artificiales y
no piramidales.
La clave para esta
transición de la verticalidad a la horizontalidad se encuentra en la concepción
que tengamos de la persona. Lamentablemente, hoy convive el discurso de la
globalización humanista con la aplicación de políticas públicas, por ejemplo,
que agudizan la brecha que existe entre los países ricos y los países pobres, o
entre las personas ricas y las personas pobres. Se trata de casos en los que la
retórica sustituye a la realidad, algo bien frecuente en los liderazgos de la
palabra, hoy tan presentes como fracasados por su falta de comunicación con la
propia realidad.
La clave en estas
organizaciones de la sociedad del conocimiento tiene mucho que ver, como ha
señalado Alejandro Llano, con el proceso artesanal del aprendizaje. La
formación no termina nunca, es bien sabido, y el conocimiento es crecimiento,
también como persona. Los saberes que se producen a través de las nuevas
tecnologías deben ayudar también a mejorar el trabajo diario y a mejorar
también el trabajo en el sector público, sin olvidar que hay una dimensión
ética que para la función pública tiene consecuencias muy concretas y que
además está perfectamente esculpida en la Constitución cuando define a la
Administración Pública, como una organización al servicio de los intereses
generales.
El ciudadano tiene que
percibir que la entera actuación de la Administración Pública, ya sea del
Estado, de las Comunidades Autónomas o de los Entes Locales, está en permanente
disposición de atender las necesidades generales de la población. Aquí,
evidentemente, el buen gobierno, la buena administración asume un papel básico
y fundamental en la medida en que en una sociedad democrática la gobernación y la
administración de lo público debe realizarse desde la condición central del ser
humano y desde la convicción de que el poder es una institución para mejorar
las condiciones de vida de los ciudadanos.
Jaime Rodríguez-Arana
@jrodriguezarana