Libertad e intervención
La discusión acerca del papel de los poderes públicos en
relación con el mercado merece una reflexión sobre lo que algunos denominan los
neos, sea el liberalismo, sea el intervencionismo. Decía Ortega y Gasset, no
sin verdad, que los ismos suelen encerrar hemiplejías intelectuales. Estoy de
acuerdo, la libertad debe realizarse en condiciones de racionalidad y de
solidaridad, y la intervención para garantizar el primado del interés general.
La llegada del neoliberalismo supone, entre otras muchas
cosas, la supresión de límites y controles a la libertad económica porque de lo
que se trata es de que el sistema facilite que el beneficio pueda ser un fin en
sí mismo y que para su consecución no existan obstáculos ni cortapisas de ninguna
clase. Por otra parte, el neointervencionismo aspira a que la regulación y la
existencia de controles, que son necesarios, se conviertan en el fin del
sistema. De esta manera, neoliberalismo y neointervencionismo suponen una
vuelta atrás en las concepciones más radicales del liberalismo y del
intervencionismo.
En este tiempo de crisis, parece que el neoliberalismo ha
demostrado hasta dónde puede llegar. Igualmente, para mejorar la regulación,
los neointervencionistas, que son los nuevos marxistas, entonan el alirón
porque piensan que las soluciones, ya denunciadas en su libro de cabecera,
pasan por establecer nuevos organismos públicos. Como decía Hegel, el Estado es
la misma encarnación del ideal ético. Por tanto, según ellos, si hay un
problema ético, lo que venga del poder público está trufado de ética y
rectitud.
Pues bien, frente a los neos, hay que recordar a los viejos
liberales, probablemente los liberales de verdad. Ellos postulaban, a partir
del principio de subsidiariedad y de solidaridad, que un sistema político
racional se caracteriza por tanta libertad como sea posible y tanta regulación,
o intervención, como sea necesaria. Esto quiere decir lo que quiere decir. Ni
más ni menos. Es decir, que la libertad es fundamental y que la regulación también
fundamental. Precisamente para que la libertad no abandone por el camino a la
solidaridad que le es propia.
Jaime Rodríguez-Arana es catedrático de derecho
administrativo.
jra@udc.es
La Administración pública
La configuración del Estado Social
y Democrático de Derecho supone una nueva funcionalidad de la Administración
Pública. En efecto, la Administración, al gestionar los intereses generales, no
debe imponerse frente a los ciudadanos. Más bien, debe propiciar fórmulas o
medidas que impliquen la colaboración de la sociedad.
En otras palabras, la Administración ya no es
dueña del interés general sino que está llamada, por su inserción en el Estado
Social y Democrático de Derecho, a articular una adecuada intercomunicación con
los agentes sociales para definir las políticas públicas. Quiere eso decir que
los ciudadanos no deben ser sólo sujetos pasivos de las potestades públicas,
sino que deben aspirar a ser legítimos colaboradores y protagonistas de la
propia Administración para la gestión de los propios intereses que les afecten.
Desde esta perspectiva puede entenderse mejor la función promocional de los
poderes públicos hoy tan olvidada.
Esta aproximación se apoya en la
consideración, prevista en la Constitución española, de que los derechos
fundamentales y la dignidad de la persona son las bases del orden político y la
paz social. De esta manera se puede entender que los poderes públicos tienen la
misión de crear un clima en el que los ciudadanos puedan ejercer en libertad
solidaria sus derechos fundamentales y puedan colaborar con la propia
Administración en la gestión de los intereses públicos. Los derechos
fundamentales no son solamente ámbitos exentos de la actuación de los poderes
públicos, como ha reconocido reiteradamente nuestro Tribunal Constitucional, sino
elementos y líneas directrices del conjunto de la actividad de la
Administración. En este contexto, estaremos más cerca de un aparato público que
oferte servicios de calidad y que protega, defienda y promueva la dignidad del
ser humano y todos y cada uno de los derechos fundamentales de los ciudadanos
empezando por el primero y principal: el derecho a la vida.
Jaime Rodríguez-Arana
@jrodriguezarana
La centralidad de la ciudadanía
Uno de los conceptos que
últimamente está despertando interesantes aproximaciones científicas es el de
ciudadanía. Ya sea desde el punto de vista de la filosofía política, de la
sociología o desde el derecho, está irrumpiendo con inusitada fuerza todo un
conjunto de investigaciones multidisciplinares que buscan colocar en el primer
plano de la hermeneútica democrática precisamente las iniciativas sociales de
la ciudadanía como elemento central del
sistema de justicia y libertades.
Parece que
cada vez es más perceptible, como señala Llano, la realidad de un tejido social
de carácter prepolítico y preeconómico, que se mueve en ese ámbito que -en su
amplia acepción actual- podemos denominar cultura, es decir, activo cultivo de
las capacidades personales y comunitarias para configurar un modo de vida que
acaba por tener decisivas repercusiones políticas y económicas. En efecto, es
crucual que emergan experiencias producto de la alianza entre el libre ejercicio de la participación
ciudadana y la responsabilidad personal
que apuntalen espacios de afirmación y defensa de la libertad solidaria de los
ciudadanos.
Los poderes públicos y, sobre todo,
el llamado Estado del Bienestar en su versión estática, han fracasado en su intento
de definir unilateralmente las necesidades colectivas. Por una cuestión muy
sencilla. Porque el estatismo y la burocratización que ha traído el Estado del
Bienestar estático, no el dinámico, se ha olvidado de lo más importante: de
pensar en la gente, en las personas concretas. Se ha aumentado el gasto público
a través de programas especiales y del aumento de los funcionarios y el
resultado ha sido que sigue mandando la burocracia con toda su red de poderes
y, sin embargo, descendió notablemente el nivel de calidad de los servicios. Y
lo que es más importante, bajó el grado de satisfacción de los ciudadanos por la
prestación de dichos servicios. Como señalara Morin no hace mucho escribiendo
sobre los servicios sociales, el aumento del gasto público en este área no ha
traído consigo un mejor servicio a los excluidos, desfavorecidos o necesitados.
Para pensar.
Jaime Rodríguez-Arana
@jrodriguezarana
Partidos políticos y centro
Los partidos políticos, como
cualquier organización, tienen el compromiso, por el hecho de constituirse, de
luchar por la consecución de sus fines propios. Ahora bien, esta aspiración es
bidireccional, porque la sustenta en primer lugar quien participa y organiza el
trabajo interno, así como los destinatarios
naturales de la actividad que se realiza. Así, ante el posible éxito de
la iniciativa, habrá que considerar que los primeros beneficiarios sean los
propios autores de la actividad, que supieron concretar una idea, un proyecto,
una estrategia que se traducen en un resultado que pusieron al servicio de la
sociedad, que también se reconoce mejorada por ese producto, por ese servicio.
De este esquema -que no pretende
obviar la complejidad de los procesos- pueden extraerse las consecuencias que se
derivan cuando la finalidad de la actividad no reside en el servicio o en los
bienes que se ofrecen, sino que se instala en el bien de la propia organización
y de sus dirigentes. Cuando tal cosa sucede en el ámbito de las organizaciones
políticas, los resultados son manifiestos. En efecto, la organización se convierte en fin: se
burocratiza, los llamados aparatos cobran protagonismo absoluto. No se abren;
se cierran, pierden los vínculos con la realidad social. Y, en última
instancia, cuando no hay un proyecto que ofrecer más que la propia permanencia
que se considera un bien por sí, el centro de interés estará en el
control-dominio, que será la mejor garantía de subsistencia. La autoridad moral
se derrumba, la iniciativa se pierde, el proyecto se vacía, y la organización
se vuelve autista, sin capacidad para detectar los intereses de la gente, sin
sensibilidad para captar las nuevas necesidades sociales.
En cambio, una organización que
mira eficazmente a los bienes que la sociedad demanda y que permitirá hacerla
mejor, es capaz de aglutinar las voluntades y de concitar las energías de la
sociedad. Atiende a los ámbitos de convivencia y de cooperación, se convierte
en centro de las aspiraciones de una mayoría social y en perseguidora del bien
de todos. Esto es ocupar el centro social, o más bien, estar centrada en el
interés social, no simplemente en el interés de una mayoría social.
Jaime Rodríguez-Arana
@jrodriguezarana
Poder y confrontación
En la democracia no
parece admisible admitir que el hilo conductor de la vida política sea la
confrontación, de modo que, consecuentemente, el objetivo para una fuerza política
no debe ser la laminación del adversario político. Uno –o muchos-
pueden pensarlo así, y desde luego que lo hacen, como es manifiesto en muchos
que se declaran de izquierdas o de derechas, y en la acción política de muchos
otros, se encuentren o no en esa franjas políticas. Pero así no debe ser entendida
la vida política. Considero que el hilo conductor fundamental de la vida
política es el acuerdo. Sin acuerdos fundamentales y profundos no puede
establecerse una vida política democrática. Cuando menos, al decir de los
liberales, el acuerdo en los procedimientos, que debe ser escrupulosamente
cumplido. Aún pensando que el acuerdo va mucho más allá, quedémonos al menos
con ese mínimo.
Pues bien, el carácter fundante o
constituyente del acuerdo, para la vida política, no permite inferir de ahí que
toda la vida política se reduzca a acuerdo. El acuerdo, el pacto, el consenso,
es un momento del diálogo, no es ni su estado ideal, ni su conclusión. Pero el
consenso sistemático no es posible cuando se afirma la fluidez y el dinamismo
de la vida humana, y no ya el dinamismo de un sistema mecánico, o evolutivo,
sino de un sistema libre. El consenso, el acuerdo es una etapa del diálogo,
pero lo son también el disenso, la divergencia, la discusión, la ruptura, la
desavenencia, y la recuperación de la concordia. Todas ellas son fases del
diálogo y todas fases igualmente valiosas. Pero lo fundamental, lo principal,
no es que los interlocutores se pongan de acuerdo en todo -ni en casi todo, ni
siquiera en la mayor parte de los temas-, sino que respeten – y tengan
permanentemente presente- el acuerdo básico, metapolítico, que hace posible el
diálogo, que los convierte en interlocutores, en conciudadanos.
Cuando el acuerdo no es posible, no se
rompe por eso el suelo político del centro, porque queda el procedimiento
democrático, la confrontación en las urnas como método de resolución de las
desavenencias que puedan producirse –y que ineludiblemente se producirán- en la
vida política.
Se ha dicho que la confrontación es un
ingrediente ineludible de la vida política. Estoy plenamente de acuerdo.
Efectivamente, ante una propuesta determinada, ante un proyecto, la masa social
fácilmente se dividirá entre partidarios y detractores –en una simplificación
que no toma en cuenta los que no saben o no contestan, o los que consideran una
tercera o cuarta opción-. Parece que en el momento presente, la sociología
manifiesta que eso, de hecho, es así. Pero es que tal fenómeno en nada
contradice la configuración del espacio político de centro como un espacio con personalidad propia. Ni tampoco puede
aducirse como apoyo argumental para mantener la pertinencia de la división
entre izquierdas y derechas.
Es más, de la reivindicación del espacio de
la moderación, como nuevo terreno para el juego político, no puede colegirse
que sea el único espacio político posible, porque el terreno ideológico queda
disponible -como no podía ser menos- para quien quiera seguir instalado en él.
Criticarlo por su insuficiencia no significa anatematizar –que de nada valdría
por otra parte- a quienes lo ocupan; considerar que está históricamente
superado, no significa negar la posibilidad de que se produzcan en él nuevas
virtualidades, porque si algo aprendemos del pasado es que, aunque la historia
nunca se repite, lo cierto es que da muchas vueltas.
No es incompatible, ni contradictorio,
afirmar la categoría suprema del consenso básico, en muchos sentidos
metapolítico, sobre el que ha de asentarse la vida democrática, y al mismo
tiempo el carácter ineludible de las confrontaciones que el juego político
produce. Estas confrontaciones, el juego político, no serían posibles sin aquel
consenso.
En este sentido, podría
decirse que el espacio de la moderación no se construye allanando la diversidad
presente, sino más bien a base de anchear y expandir el espacio en el que nos
hemos movido hasta ahora. Y el nuevo espacio dará más juego, sobre todo, a las
personas, que es de lo que se trata.
Jaime Rodríguez-Arana
@jrodriguezarana
Las personas
Cuando las personas son la
referencia del sistema de organización político, económico y social, aparece un
nuevo marco en el que la mentalidad dialogante, la atención al contexto, el
pensamiento reflexivo, la búsqueda continua de puntos de confluencia, la
capacidad de conciliar y de sintetizar, sustituyen en la substanciación de la
vida democrática a las bipolarizaciones dogmáticas y simplificadoras, y dan
cuerpo a un estilo que, como se aprecia fácilmente, no supone referencias
ideológicas de izquierda o derecha.
Para la política ideologizada lo
primordial son las ideas, para la política centrada lo fundamental son las
personas. Se afirma con frecuencia que “ todas las opiniones son respetables”.
Aunque entiendo el sentido de la expresión cuando se emplea como manifestación
de fe democrática, no puedo menos que asombrarme ante la constatación
permanente de la inmensa cantidad de afirmaciones poco fundamentadas que cada
día desde distintas termnales se emiten. Sin embargo, propiamente, a quien es debido el
respeto es a la persona. Y para expresar la fe democrática ante las opiniones,
me parece más acertada la formulación de aquel político inglés que rechazando
desde la raíz las convicciones de su rival, ponía por encima de su vida el
derecho del contrario a defenderlas.
No son las ideas, aún siendo
fundamentales, las que enriquecen la vida política, sino las personas que las
sustentan. No están en los grandes sistemas de ideas las soluciones a los
variopintos y multiformes problemas con que se enfrenta el político sino en la
prudencial aplicación de los criterios de análisis a cada situación concreta, y
esta aplicación sólo será prudencial si tiene en cuenta a las personas y si
tiene presente la función instrumental de todos los sistemas de ideas sociales
y políticas. Si se pensara más en las personas y menos en las estructuras…
Jaime Rodríguez-Arana
Autonomía e integración en lo territorial
La convivencia, la cooperación y la
solidaridad son valores básicos de la Etica pública. Unos valores que hay que
cuidar, que hay que proteger, que hay que promover. Por eso, lo que interesa es
la organización del Estado como ámbito de convivencia de todos los que ocupan
los solares del territorio, a sabiendas de que la convivencia sólo es posible
teniendo presente la plena aceptación de la identidad y el ser de cada quien, no
desde una aceptación resignada o simplemente pasiva, sino a partir de una
aceptación comprometida y decidida en el fortalecimiento de cada entidad, de
cualquier comunidad. Ahora bien, no se puede olvidar que son también
constitutivos de las Entidades lo que en ellas haya de vinculante, o de común
con otras, lo que nos permitirá comprometernos definitivamente con toda entidad,
con toda comunidad, en un contexto integrador.
En este marco, autonomía e
integración configuran un ambiente de equilibrio que debemos buscar entre todos
para cada etapa histórica. No la autonomía que olvida la integración -la
convivencia, la cooperación, la solidaridad- porque acaba en particularismo, en
diferencialismo. Tampoco contribuye al equilibrio una supuesta integración que
menoscabe la legítima autonomía. Por eso el tan ansiado equilibrio que debe
existir entre autonomía e integración no quiere decir autonomía tímida o
integración moderada, sino que ambos términos se exigen mutuamente. La
autonomía sin integración no es autonomía, sino disgregación; y la integración sin
autonomía es uniformización, homogeneidad.
No me refiero solo a los entes o comunidades territoriales, sino a un contexto más general, que incluye ciertamente a la concepción misma del individuo, o a cualquier institución. En el ámbito territorial, ese equilibrio claro que es posible, pero para que se produzca ciertamente en el escenario público habra de reinar en la mente de los principales interlocutores políticos, algo hoy complicado, muy complicado. Unos porque solo aspiran a la poltrona a cualquier precio y otros porque en lugar de hacer propuestas prefieren el acoso y derribo.
Jaime Rodríguez-Arana
@jrodriguezarana
Poder y ciudadanía
Ha sido frecuente, por mucho que
sorprenda, que bajo la consabida
formulación del gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo, se haya
introducido en la mente de no pocos dirigentes públicos la idea de que el poder
es de la propiedad de quien manda. Ha sido, y es, y siempre será, una tentación bien sutil que termina por
propiciar esa peligrosa separación entre los gobernantes y el pueblo que Minc
calificó certeramente como una de las lacras de nuestro tiempo. Además, este
divorcio, es bien sabido, lleva a la desconfianza de la ciudadanía frente a las
instituciones, por lo que es cada vez más urgente recordar y realizar en la
realidad dos afirmaciones fundamentales del pensamiento democrático.
Primera. El Poder público es de la
ciudadanía. La ciudadnía debe exigir más en todo lo que supone ejercicio de
políticas públicas. La ciudadanía debe -debemos- tomar conciencia de su papel
central en el sistema y debe -debemos-, además de reclamar y exigir una mayor
eficacia en la prestación de los servicios públicos, asumir su -nuestra-
función en el conjunto del entramado social y auto-organizarse de verdad, con
libertad, con autenticidad, para la defensa de sus intereses colectivos. Es muy
importante que todos colaboremos por apuntalar esta auto-conciencia porque los
tiempos que vienen nos deben encontrar bien organizados y preparados para
evitar los autoritarismos y totalitarismos que esconden estos nuevos salvadores
de la patria y mesias que pululan en tantas latitudes.
Y, segunda, y derivada de la
primera. Los gobernantes, bien lo sabemos, pero que pronto se olvidan, no son más, ni menos, que gestores de intereses ajenos que deben
rendir cuentas periódicamente de su administraciónal pueblo soberano. Pero no
de cualquier manera. De forma veraz, concreta y puntual. Así de claro.
Jaime Rodríguez-Arana
@jrodriguezarana
Popper y los medios
Popper, como se sabe, es uno de los filósofos más importantes que
ha dado el siglo XX. No solo en lo que se refiere a la filosofía de la ciencia
sino en el ámbito de la filosofía política especialmente por su defensa de la
sociedad civil frente a todo totalitarismo, tarea que lleva a cabo en su
ensayo: "La sociedad abierta y sus enemigos".
El pensamiento de Karl Popper
bascula en torno a la defensa a ultranza de la democracia, de la tolerancia y
del respeto a la persona. Pues bien, parece ser que su último ensayo giró en
torno a la degradación de la televisión y su influencia sobre los ciudadanos,
tema desde luego de palpitante y rabiosa actualidad.
En efecto, tras criticar esa idea tan extendida de que se
debe ofrecer a la gente lo que la gente pide, nos advierte sobre el peligro que
encierra para la democracia la falta de control de la televisión. En este sentido afirma que no debe haber
ningún poder político incontrolado en una democracia. Ahora que resulta que lan
nuevas tecnologías y todavía la televisión son poderes mediáticos colosales, es
conveniente llamar la atención sobre la necesidad de garantizar que estos
medios sin control sean eso medios y no se conviertan en fines, tal y como
muchas veces acontece.
Una democracia no puede existir si no pone
bajo control a la televisión, terminaba su reflexión Popper. Y ese control,
cada vez más necesario, se encuentra en la propia dignidad de la persona y, lo
que es más importante, en que de una vez nos decidamos a formar a la juventud
seriamente en los valores, en el respeto a las ideas de los demás y en el amor
a la verdad.
Jaime Rodríguez-Arana
@jrodriguezarana
La real realidad
La realidad es fundamental para
comprender el sentido de las cosas, para interpretar lo que acontece y,
también, para cuando sea el caso, poner en marcha determinadas iniciativas. Y
para abordar un conocimiento auténtico de la
realidad es menester una mentalidad abierta que se traduce en la
capacidad de desarrollar un pensamiento que sea dinámico y compatible.
El pensamiento dinámico es
condición para acceder a la comprensión de las relaciones entre la persona y la
sociedad. El individuo, la persona concreta, contribuye al bien general de la
sociedad, y al tiempo, la sociedad se debe orientar a las personas, al ser la
dignidad de la ciudadanía prioritaria y
fundante de la propia sociedad. Ahora bien, la dignidad de la persona se
actualiza justamente cuando la persona colabora al bien común de la sociedad.
De este modo la existencia de la persona puede ser definida como co-existencia.
Esta forma de abordar la realidad
humana -personal y social- hace derivar su fuerza no tanto de su propia
constitución como de la ruptura de los
rígidos principios de oposición individualistas-comunitaristas, que carecen de
capacidad de retroalimentarse y que se cierran sobre sí mismos, mostrándose
incapaces de explicar la dimensión personal del hombre y su carácter social.
Tal cerrazón provoca una tensión que se ve liberada por esta comprensión
dinámica de las relaciones persona-sociedad, y que canaliza estas tensiones
hacia concepciones equilibradas que, al tiempo que afirman radicalmente la
condición individual del ser humano, ni niegan ni menoscaban su dimensión
social. Todo ello se traduce en que la persona percibirá de forma habitual el
bien de los demás hombres y mujeres como un bien también auténticamente suyo.
Un pensamiento que quiera abordar
con éxito la comprensión de la realidad tal y como es debe ser también,
necesariamente, un pensamiento compatible. Se trata de un pensamiento que no
encaja en los modelos rígidos y planos, y que tiene capacidad -precisamente
porque trata de comprender al ser humano en todas sus dimensiones- de conciliar
lo personal y lo social, lo estatal y lo civil, la libertad y el ordenamiento,
el mercado competitivo y la regulación político-económica.
De lo que se trata es, en este contexto, de buscar convergencias de las
que pueden surgir sinergias, afloramientos de energías que no se agoten en
enfrentamientos estériles, por falsos. Por una parte, que cada persona o
asociación aporte servicios en función de las demanda y de las necesidades
sociales, desarrollando libremente sus iniciativas; y por otra, que el Estado
actúe de acuerdo con su función imprescindible de subsidiariedad, arbitraje y
custodia de la competencia, en un intento real de conseguir cotas más altas de
justicia y equidad, y de abrir nuevos campos operativos para la efectiva
iniciativa personal y social.
Las prestaciones del Estado a los
más desfavorecidos serán simples dádivas si se quedan sólo en una
redistribución de bienes y no inducen una mayor libertad y autonomía. La
cuestión, pues, sigue siendo enseñar a
pescar y no dar peces. Algo, sin embargo que brilla por su ausencia.
Jaime Rodriguez-Arana
@jrodriguezaran