La representación
La cuestión de la representación, en cualquiera de sus dimensiones, es, en este tiempo de zozobras y crisis, un tema polémico. Ni los partidos tienen el monopolio de la representación política, ni los sindicatos el de la representación de los trabajadores, ni las patronales la de los empresarios, ni los colegios profesionales la de los sectores que dicen representar. Incluso, a pesar de la potencia e intensidad con la que reaccionan ante determinados hechos, las redes sociales tampoco deben proclamarse como representantes únicos, ni siquiera mayoritarios de la opinión de los ciudadanos.Read more
De nuevo, la corrupción
Estos días, tras la destitución del ministro francés del presupuesto, Le Figaró publicaba un sondeo en el que el 70% de los encuestados afirmaban que todos los políticos son corruptos, desde la extrema derecha hasta la extrema izquierda. En España, la preocupación de la ciudadanía por la corrupción alcanzó este mes, según el CIS, su máximo histórico. Es verdad que tanto en España como en Francia colean todavía no pocos casos de corrupción que afectan al corazón de las instituciones más relevantes y que ello incide en gran medida en la opinión generalizada que el pueblo tiene de este tema.Read more
Reformas y parches
Suele decirse que los tiempos de crisis son tiempos propicios para reformas. Para reformas de calado, para reformas de fondo. Precisamente porque algo serio no funciona, ordinariamente la causa de la crisis, es por lo que es fundamental trabajar sobre los cimientos, sobre los pilares en los que descansa todo el edificio. Un edificio, un sistema, que tiene distintas dimensiones: la política, la financiera, la económica, la social, la cultural. Aspectos todos ellos que tienen un epicentro con dos caras. El Estado de Derecho y la democracia.Read more
El panorama electoral
En 2008, entre PP y PSOE concentraban el 84% de los votos emitidos en las elecciones de ese año. Con ese porcentaje de preferencias electorales, ocupaban el 92% de los escaños del parlamento español. En las últimas elecciones generales se aprecia por vez primera una bajada en el dominio electoral de los dos grandes partidos: ahora disponen del 73% del voto y del 85 % de asientos en el parlamento. Es decir, nos encontramos ante una tendencia a la baja del sistema bipartidista que ha caracterizado el panorama político español de las últimas décadas.Read more
Transparencia y partidos
Un estudio reciente demuestra que los partidos se financian fundamentalmente con cargo a las arcas públicas. Es más, el informe del profesor Mikel Buesa constata que los ingresos de los partidos se nutren mayoritariamente, hasta el 83% con fondos públicos. Es decir, con aportaciones que proceden del bolsillo de los españoles.Read more
Sobre las subvenciones
Una de las causas de la crisis del Estado de bienestar se encuentra en la interpretación y aplicación estática que de este modelo han hecho no pocos gobiernos en estos años. El Estado de bienestar, que ha sido una de las grandes conquistas sociales de las que el viejo continente puede sentirse orgulloso, se está derrumbando por la incapacidad, por la falta de pericia y talento de muchos gobernantes que no han caído en la cuenta de que la gran virtualidad de esta forma pública de sensibilidad social es el dinamismo.Read more
Cuotas y subvenciones
El tema de la financiación de los partidos políticos está hoy en el candelero por razones de sobra conocidas. En el mismo sentido, las condenaciones de créditos a algunas formaciones también en su día fueron motivo de comentario y análisis. Los sindicatos, además de tener la representatividad que tienen, reciben, como los partidos, fondos públicos para financiar su actividad. Ordinariamente, las cuotas de los militantes y asociados apenas alcanzan al 15% del total de los ingresos que reciben estas instituciones de interés general. Algo que debe cambiar de forma sustancial si es que pretendemos que estas organizaciones representen intereses más allá de sus cúpulas directivas.Read more
Responsabilidad por omisión
La responsabilidad de los entes reguladores puede ser por acción u omisión. Por acción porque la actividad administrativa de vigilancia, control, supervisión, comprobación o verificación se realice defectuosa o incorrectamente. Y por omisión, porque debiendo hacerse sencillamente se mira para otro lado y no se hace.Read more
El silencio administrativo
El silencio administrativo, decía en sus clases el profesor Garrido Falla, es una patología administrativa. Con toda razón porque lo normal, lo ordinario en un régimen democrático es que las autoridades y funcionarios, que están a disposición de la ciudadanía, contesten, salvo casos extraordinarios debidamente justificados, a las preguntas y solicitudes de los ciudadanos. Es decir, la regla debe ser que se contesten las peticiones o preguntas, insisto, salvo que éstas sean impertinentes, inadecuadas o pongan en peligro el funcionamiento de los servicios, lo que debe acreditarse racionalmente en cada caso.
La realidad, sin embargo, es otra muy distinta. Probablemente porque la convicción, profundamente democrática, de que las instituciones, los procedimientos y los fondos públicos son del común, de los ciudadanos, aunque bien sabida, no se practica demasiado. Si así fuera, lo habitual ante solicitudes y peticiones razonables es que se cursen y se contesten en plazo.
El derecho fundamental a la buena administración pública, recogido en la última versión de la Carta Europea de los Derechos Fundamentales, se concreta en que la Administración responda a los ciudadanos en plazo razonable. Algo, que, a pesar de los pesares, de los medios materiales y personales de los que disponen las Administraciones públicas, no tiene todavía el grado de efectividad que debiera.
Estos días en los que el proyecto de transparencia está en el candelero a causa de la inclusión de última de hora de los partidos, los sindicatos y la casa del Rey, ha trascendido un interesante estudio promovido por el sitio web tuderechoasaber.es, patrocinado por la Fundación Civio y Acess Info Europa precisamente sobre la eficacia de la Administración en relación con las preguntas y peticiones de los ciudadanos.
El estudio se realizó entre el 20 de marzo de 2012 y el 31 de diciembre de ese año. Se registraron 567 preguntas válidas a las distintas Administraciones públicas de las que sólo 75 recibieron una contestación satisfactoria. Los responsables del estudio concluyen que el principal hábito de las Administraciones es el silencio. Las principales barreras que se han identificado se refieren al uso de formularios complejos en los que se exigen datos personales que son innecesarios y también, aunque parezca mentira, a la inexistencia de webs de referencia en algunos organismos públicos a las que poder dirigirse los ciudadanos.
En el proyecto de ley actual el silencio administrativo negativo es la consecuencia jurídica ante la falta de respuesta de la Administración a los ciudadanos. Es verdad que el silencio administrativo abre la puerta a los recursos, pero en los tiempos que corren el silencio debe ser considerado una práctica censurable que debe ser sancionada salvo que haya justificación razonable para no contestar en plazo. Y la justificación debe estar conveniente y concretamente argumentada en razones de interés general.
En el informe al que nos referimos en el artículo de hoy se acreditó que más de las preguntas realizadas a través de la plataforma tuderechoasaber.es quedaron sin contestación, recibiendo contestación satisfactoria el 13% de las consultas. Del resto, en un 12% la Administración se justificó alegando que no disponía de la información solicitada, en un 7% se ofrecieron contestaciones incompletas, en un 5 % fueron respuestas inadecuadas, mientras que el 2% fueron para rechazar las cuestiones.
Es decir, en el 70% de las consultas, silencio. Si a este dato, que vale lo que vale, se añade que el proyecto de ley sigue considerando el silencio administrativo negativo como respuesta negativa, el panorama resulta desalentador pues debería estar presidido por el derecho del ciudadano a obtener siempre respuesta de la Administración. Y en caso de que no se responda, entonces se demanda directamente a la Administración por inactividad o por lesión de un derecho fundamental.
El silencio administrativo, como es una patología, hay que curarla. Y para ello nada mejor que permitir al ciudadano que ejerza con todas las garantías su derecho a la buena administración y que el funcionario incumplidor, responda de su actuación. N más ni menos
Jaime Rodríguez-Arana es catedrático de derecho administrativo. jra@udc.es
El acceso a la información de interés general
España, aunque pueda sorprender, es de los pocos países del mundo que todavía no dispone, a pesar de ser un asunto fundamental para la calidad de la democracia, de una ley de acceso a la información de interés general. Como es sabido, el acceso del pueblo, de todos y cada uno de los ciudadanos a los asuntos de interés general, constituye una de las manifestaciones más relevantes de la centralidad que la persona humana tiene en el sistema democrático. Además, en estos casos, nos hallamos ante un derecho fundamental a obtener información en relación con los asuntos de interés general. Desde luego que la Administración y los Entes públicos así como las personas jurídicas que reciban subvenciones, manejen fondos públicos o que realicen tareas de interés general están obligados a suministrar y facilitar información acerca de sus actividades.Read more