El caso contador

La sanción impuesta por el Tribunal Arbitral del Deporte a Alberto Contador pone de manifiesto, entre otras cosas, la imperiosa necesidad de someter a control jurídico, de someter a derecho, las decisiones de todo un conjunto de organismos de naturaleza arbitral de dimensión global. Con independencia de lo injusto de la sanción, me gustaría compartir con los lectores en este breve artículo algunas ideas que vengo desarrollando desde años y que ahora, en el caso Contador, cobran especial actualidad. Me refiero a la necesidad de someter a control jurídico las resoluciones de todo un conjunto de instituciones de la nueva organización administrativa global.
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Impuestos

IMPUESTOS, GASTO PÚBLICO Y RECUPERACIÓN ECONÓMICA
Muchas personas, españolas y no españolas, se preguntan acerca del sentido y funcionalidad de la reciente subida del impuesto de la renta para todos los españoles. Sobre todo porque se trata de una medida que ni siquiera un gobierno denominado socialista se atrevió a acometer sabiendo cómo sabía la magnitud de la crisis económica y financiera en la relación con las cuentas públicas. ¿Será que se pretende mantener estáticamente ese modelo de Estado de bienestar en el que la intervención pública era el patrón de conducta de las relaciones entre Estado-Sociedad?. ¿Será que el PP al llegar al gobierno se ha convertido en una derecha socialista?. ¿Será que la situación era tan mala y que no se disponía de un plan de choque inmediato para racionalizar ya el sector público y que se optó por la solución más sencilla, que es dar al botón de la presión fiscal y punto?.
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Educación cívica y constitucional

 
 
La educación cívica, la transmisión de conocimientos a los ciudadanos sobre los principios que han de regir el comportamiento de las personas en relación con el Estado, con la sociedad y con los demás miembros de la comunidad es algo saludable, recomendable para la armonía y la convivencia pacífica de los ciudadanos y de los pueblos. Que se trate sobre las funciones del poder público, sobre el respeto a la ley justa, sobre el pluralismo, sobre la centralidad de las libertades y sobre la capitalidad de la dignidad del ser humano es algo positivo para el recto entendimiento de los valores democráticos. Que se insista en la participación ciudadana, en los valores y principios constitucionales es algo razonable que no debería ser objeto de polémica. Sobre todo porque el Estado de Derecho, siempre perfectible y mejorable por supuesto, es la matriz cultural y política que caracteriza indeleblemente la identidad europea y el sentido y misión de un continente que se ha caracterizado por una constante lucha por la libertad solidaria.
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Transparencia y acceso a la información

TRANSPARENCIA Y ACCESO ALA INFORMACIÓN GENERAL
 
La reciente aprobación por el consejo de gobierno de Navarra de un anteproyecto de ley de transparencia devuelve a la opinión pública la cuestión del protagonismo ciudadano y la función dela Administracióny de todos los Entes que se financian con fondos públicos. España, por sorprendente que parezca, no dispone de una ley en la materia constituyendo una excepción en el panorama global del derecho al acceso a la información de interés general.
El gobierno navarro, siguiendo las más modernas tendencias en la materia, se propone que toda la información de interés general esté a disposición del ciudadano y que, además, éste puede solicitar la que quiera sin más límite que el de la ley de protección de datos. Es decir,la Administraciónpública de Navarra y todo su sector público, junto a las instituciones y entidades financiadas con fondos públicos deberán ser una caja de cristal para la ciudadanía.
La información denominada oficiosa, la que se publica en las páginas web de los organismos públicos deberá dejar de ser un instrumento de propaganda para convertirse en un instrumento al servicio de la ciudadanía. De esta forma, las muy cuidadas fotografías y fabulosos curriculums de sus titulares habrán de ser completados con datos relativos a la ejecución del presupuesto, a los sueldos de los empleados, de todos, a los recursos de que se pierden ante los tribunales, a la motivación de las decisiones, a los sistemas de contratación empleados, a la forma de seleccionar al personal, a los gastos de los viajes oficiales de los directivos, a las dietas por asistencias a órganos colegiados, a las declaraciones de bienes y actividades de los dirigentes y a todos aquellos datos relevantes para conocer en general y en detalle el funcionamiento de los Entes públicos. Por ejemplo, también deberá constar en las páginas web la evaluación del personal así como los objetivos fijados anualmente para la institución de que se trate.
La experiencia del funcionamiento de estas leyes en el derecho comparado enseña que las excepciones por razón de seguridad pública han de interpretarse restrictivamente porque, de lo contrario, lo que es excepcional se convierte en la regla. De ahí que una norma de estas características debe obligar a la transparencia y al acceso a la información no sólo ala Administraciónpública, también a todas aquellas instituciones que reciben fondos públicos como partidos políticos, sindicatos, patronales, fundaciones, ONGs, empresas concesionarias de servicios públicas. También, a mi juicio, el acceso a la información debe exigirse de todas aquellas informaciones que manejan datos conectados a  asuntos del interés general, como es el caso, bien polémico de los medios de comunicación.
En realidad, estas leyes de transparencia y de acceso a la información son útiles si  sirven realmente para que la ciudadanía se forme su criterio acerca del funcionamiento de las entidades que trabajan en el mundo del interés general. Además, estas leyes pueden ayudar a que la gente participe activamente en la vida de estas instituciones pudiendo dirigirse a ellas con facilidad para proponer medidas, para hacer sugerencias, para denunciar lo que estimen pertinente.
La profunda distancia que  en la actualidad existe entre ciudadanía y las instituciones, a causa de razones bien conocidas, bien puede paliarse a través de normas e instrumentos que hagan percibir al ciudadano que él es el verdadero dueño y señor de los organismos y los procedimientos. Aquella vieja idea, todavía tristemente actual, de que el dirigente es el soberano, el titular del poder, debe ser radicalmente aparcada. De lo contrario seguiremos viviendo, y sufriendo, el divorcio entre democracia material y formal.
 
Jaime Rodríguez-Arana es catedrático de derecho administrativo. jra@udc.es


Transformaciones políticas

TRANSFORMACIONES POLÍTICAS      
El tránsito de las dictaduras del Norte de África a regímenes democráticos, al menos formalmente, constituye un claro ejemplo de que es posible superar los sistemas autoritarios. Sin embargo, aunque el régimen de Mubarak cayó, el futuro de Egipto es, a día de hoy, incierto a causa del poder que se reservaron los militares, todavía reacios al pluralismo. En Siria, la férrea  y durísima opresión a que está sometiendo el régimen a los insurgentes está complicando mucho las cosas a los rebeldes, que cuentan ya en sus filas con varios miles de muertos. En Túnez y Yemen la situación, tras el derrocamiento de los dictadores, discurre por derroteros más esperanzadores. En cualquier caso, las denominadas revoluciones árabes, además poner muy nerviosos a los regímenes de Irán y de China, demuestran que la lucha pacífica por la libertad y la dignidad de los seres humanos siempre termina por vencer a la tiranía y al totalitarismo. Está ver, todavía, si realmente Islam y democracia son compatibles pues las elecciones parece que están siendo ganados por islámicos moderados y existen dudas razonables acerca de cómo promoverán los valores democráticos.
El camino a la libertad no está exento de obstáculos y dificultades. Nunca lo ha estado y así sigue siendo. Que se lo pregunten, por ejemplo, a los miles de manifestantes que se congregaron durante días y noches en la plaza de Tahir de El Cairo, o que se lo comenten a los pobres sirios que son perseguidos y asesinados implacablemente por un régimen que ha decidido emplear la fuerza para aplastar las manifestaciones que reclaman libertad y democracia. El éxito de los movimientos pro democracia en Tunez, Egipto o Yemén nos enseña que con inteligencia y de forma organizada se pueden aglutinar mayorías relevantes dispuestas a reclamar pacíficamente cambios políticos que den al traste con los autoritarismos. El papel de las redes sociales ha sido fundamental, aunque también han jugado sus bazas determinadas estrategias diseñadas para terminar con sistemas totalitarios a partir de metodologías inspiradas en la resistencia pacífica, en la resistencia no violenta.
En efecto, la resistencia pacífica, la que no actúa en el marco de la violencia sino socavando y horadando las dictaduras a través de programas de acción a largo plazo que se ejecutan sobre las debilidades de las dictaduras, es muy efectiva y puede terminar por una sustitución incruenta del totalitarismo en la democracia. Estos métodos, inspirados en buena medida en el libro de Gene Sherp, profesor emérito dela Universidad Dartmouthen los Estdos Unidos de América, titulado “De la dictadura a la democracia” fueron ensayados en la resistencia contra Milosevic  en el 2000, en la revolución naranja de Ucrania de 2004 y más recientemente en la revolución de la plaza de Tahir en Egipto.
En esencia, estos métodos tratan de atacar el principal punto de apoyo de las dictaduras: la colaboración pasiva de los ciudadanos. En cuanto el pueblo cae en la cuenta de su posición y del sentido de la dominación del dictador o de la cúpula, está ya en condiciones de seguir un plan organizado y no violento que acabe con el régimen. Para ello es menester, dice Sherp, actuar sectorialmente haciendo patente la desidia del régimen ante los problemas reales de la ciudadanía. En estos casos, la creciente ideologización y propaganda que caracteriza a estos regímenes unida a la gran burocracia levantada para el control social termina por caer en no mucho tiempo cuándo la población sale pacíficamente a la calle y demuestra el desprestigio en que ha incurrido la dictadura.
El problema se presenta cuándo hay que redactarla Constitucióny convocar las primeras elecciones. Entonces se ve, y se comprueba, si la pluralidad, los derechos fundamentales de las personas y otros elementos centrales de la democracia y del Estado de Derecho están en la agenda política. En Egipto, por lo pronto, los militares siguen en el poder y han excluido de la redacción dela Constitucióna determinados colectivos bien conocidos. El tránsito de la dictadura es hacia la democracia, no hacia nuevos esquemas autoritarios. Los mártires de la libertad no dieron su vida ni sus mejores momentos para un cambio de nomenclatura.
 
Jaime Rodríguez-Arana es catedrático de derecho administrativo. jra@udc.es


Iberoamerica

IBEROAMERICA
 
 
Mientras Europa y los Estados Unidos se encuentran en plena crisis económica, Iberoamérica, en opinión del presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Luís Alberto Moreno, está en su década prodigiosa. Antes, en las crisis económicas de amplio espectro los países desarrollados debían salir al rescate de los países en vías de desarrollo. Ahora, sin embargo, y por sorprendente que pueda parecer, quienes están en mejores condiciones de apoyar son Asia e Iberoamérica.
 
En efecto, según las estimaciones del BID, en muy poco tiempo Chile tendrá ya la renta per cápita de un país desarrollado y enseguida se le acercarán Brasil, Argentina, México, Colombia y Perú. En estos momentos Iberoamérica ocupa ya posiciones de privilegio a nivel global en la producción de bienes básicos y de minerales tan relevantes como puede ser del litio. ¿Cuál es, pues, la causa del  despegue de la región?. La capacidad de los gobiernos democráticos del presente de introducir disciplina en los indicadores macroeconómicos y la aceptación del pueblo a estas decisiones, lo que ha conducido a que setenta millones de seres humanos hayan salido del umbral de la extrema pobreza y a que la región haya salido relativamente indemne de una crisis económica y financiera tan fiera como la actual
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¿Qué es lo que ha pasado para que en plena crisis global Europa y EEUU no levanten cabeza y la región latinoamericana disfrute de una cierta bonanza económica?. Los expertos hablan de que estos países han sabido aplicar las recetas macroeconómicas más adecuadas. Así, en este contexto, ha sido posible adoptar medidas económicas de estímulo y contener el déficit público en un entorno del 4%, cuando en España se ha disparado de forma alarmante. Por estos lares nos hemos lanzado a un irresponsable aumento del gasto público hipotecando las condiciones de vida de las nuevas generaciones evitando adoptar las medidas del caso por miedo a perder apoyos electorales. En Iberoamérica, en términos generales se está practicando una política económica solvente y responsable en la que la contribución de las empresas al desarrollo está siendo decisiva. Ello explica, por ejemplo, que Chile o Brasil hayan podido superar con cierta holgura la caída de materias primas de las que tanto dependen.
 
Nada menos que 600 millones de consumidores que representan el 9% del PIB mundial constituyen una buena demostración del poderío iberoamericano. Según todos los indicadores económicos, la hegemonía del Norte está a punto de concluir y se está produciendo un cambio del centro de gravedad del mundo que ahora gira hacia el Sur y hacia el pacífico. En concreto Iberoamérica dejará en este siglo su condición de continente en desarrollo para erigirse en un continente puntero y de vanguardia pues cuenta ya con capacidades y ventajas estructurales que pueden colocarle a la cabeza del desarrollo económico mundial. Iberoamérica está incluso ya en este momento en mejor posición que Asia para beneficiarse en esta década del proceso globalizador pues tiene el mejor sistema financiero regional del mundo: dispone de un reducido apalancamiento, bajos niveles de morosidad y una alta rentabilidad.
 
Desde el punto de vista cultural y social, las condiciones para el despegue son también óptimas. En la sociedad iberoamericana, a pesar de la existencia de luces y de sombras, de no pocas desigualdades y de una alta corrupción, los valores humanos están bien presentes y la institución familiar es central para la vida de las personas. Los gobiernos, unos más que otros, están preocupados por mejorar los patrones de institucionalidad y por el compromiso con los derechos humanos. La Universidad está pujante, los alumnos estudian, tienen hambre de conocimientos, el fracaso escolar es más bajo que en Europa. Es posible poner en marcha iniciativas de vanguardia porque los prejuicios apenas existen.
 
Iberoamérica es un continente abierto a la vida, al conocimiento. Hay problemas que todos conocemos pero la realidad muestra que el continente está comprometido en un desarrollo plenamente humano con especial referencia a los más pobres y desfavorecidos. En no mucho tiempo estarán en el lugar del concierto global que se merecen. Y, mientras, Europa sigue presa del mercantilismo renunciando a los legados de humanismo y de solidaridad que tanto bien hicieron al mundo y que, no lo olvidemos, forman parte de su identidad aunque ahora no se quiera reconocer.
 
En fin, España no se puede entender sin Iberoamérica, e Iberoamérica no su puede comprender sin España. Cuantos españoles e iberoamericanos hemos comprendido acabadamente lo que somos de la mano de nuestra común identidad. Somos pueblos hermanos que el océano, más que separar, une de esa manera tan especial. Ahora, en la nueva etapa que se avecina, Iberoamérica y España deben trabajar conjuntamente para demostrar al mundo que nuestra cultura común y nuestra forma singular de entender la realidad pueden imprimir un nuevo ritmo a la solución de los problemas que laceran tanto a la humanidad.
 
 
 
Jaime Rodríguez-Arana es catedrático de derecho administrativo y actualmente preside el foro iberoamericano de derecho administrativo.
 
 


Estabilidad

ESTABILIDAD
 
La estabilidad política, económica, social es desde luego una condición básica para la prosperidad de las naciones y, por ello, para la mejora de las condiciones de vida de los habitantes. La estabilidad en general es, además, consecuencia de la estabilidad personal de los ciudadanos y, por supuesto, de la estabilidad familiar. Sin estabilidad personal y sin estabilidad familiar, la estabilidad general se nos antoja algo imposible, algo inalcanzable.
Los franceses, que tienen una política natalista relevante, llevan tiempo pensando como potenciar la estabilidad familiar. Son conscientes de que para el progreso social y para una mejor realización de las personas es menester preservar unas mínimas condiciones que faciliten un ambiente de estabilidad y equilibrio. Son conscientes de que las políticas públicas deben promover espacios de esta naturaleza porque la estabilidad familiar, al igual que los hijos, son un bien general,  un asunto de obvio interés general en el que el Estado, como institución garantizadora de la libertad solidaria de los ciudadanos, ha de estar presente para preservarla.
Un informe del Instituto de Opinión Pública de Francia y un informe de un grupo de trabajo del Parlamento galo liderado porla UIMPse han ocupado del tema para reclamar más y mejores medidas para apuntalar la estabilidad familiar. Una estabilidad que es amenazada por el crecimiento del número de divorcios que traen consigo el aumento de las familias monoparentales y recompuestas, con los consiguientes problemas relativos a la custodia de los hijos y al pago de pensiones, en muchos casos problemáticas.
Especialmente las familias monoparentales, sobre todo las constituidas por madres solteras con los hijos, son causa y origen de pobreza por obvias razones, lo que supone un aumento del gasto público para ayudarlas, tanto en lo que se refiere al apoyo laboral como en lo que concierne al cuidado de los hijos.
Las legislaciones promotoras de inestabilidad, como las legislaciones promotoras del divorcio, colaboran al ambiente de inestabilidad familiar y consiguen que tantas veces la parte más débil de la relación sufra unas condiciones económicas y laborales muy onerosas. Solo en Francia en 2004 se produjeron 130.000 divorcios.
En fin, si queremos fomenta la estabilidad general, tenemos que apoyar a la principal institución promotora de estabilidad como es la familia. Una familia asentada en el matrimonio. Por eso es menester apoyar al matrimonio, fomentar su estabilidad, incentivando la natalidad. Si la estabilidad no se fomenta, también fiscalmente, si la maternidad no se considera un factor positivo de progreso social,  reconociéndola laboralmente como se merece, entonces la inestabilidad seguirá presente dominado el espacio social, que se fragmentará y fraccionará en beneficio de los agitadores y subversores que tanta tajada están consiguiendo en os últimos tiempos.
Ahora que estamos en una crisis económica y financiera sin cuento es momento de reflexionar seriamente y apoyar y apuntalar las instituciones más sólidas y solventes de que disponemos como la familia. La estabilidad general, política, económica y social depende en buena parte de la estabilidad de la institución más básica de todas: la familia, que no es de derechas ni de izquierdas sino de todos,
Jaime Rodríguez-Arana es catedrático de derecho administrativo. jra@udc.es


Responsabilidad y autonomía

Como era de esperar, el Tribunal Constitucional acaba de señalar que corresponde al Estado establecer no sólo los sistemas de coordinación y cooperación que permitan evitar las irregularidades o las lagunas en el cumplimiento del Derecho Comunitario Europeo, sino también los sistemas de compensación interadministrativa de la responsabilidad financiera que pudiera generarse como consecuencia de la constatación por la UE de tales situaciones. Es decir, siendo como es el Estado el responsable del cumplimiento del Derecho Comunitario Europeo, es lógico que si alguna de sus partes integrantes, Autonomías o Entes locales, fueran las causantes del incumplimiento de la normativa comunitaria europea, respondan de tales comportamientos. Esta sentencia, relevante y actual, viene a confirmar, así lo dice el Tribunal Constitucional, que el nuevo artículo 135 de nuestra Constitución. producto de la reciente reforma, es de obligado cumplimiento para las Comunidades Autónomas. Por eso, como razonan los magistrados, a partir de ahora el Tribunal debe considerar que el principio de estabilidad presupuestaria es un nuevo canon de constitucionalidad.
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