Autovigilancia
La autovigilancia, en materia anticorrupción es difícil pues, como ya adelantó Platón hace ya mucho tiempo, hacer el bien no es tan fácil cuando un mayoría social está equivocada o pretende hacer el mal. Es decir, la autovigilancia es bien complicada que pueda sobrevivir en situaciones de corrupción institucionalizada o generalizada.
En fin, mucho se ha hablado en estos años de la importancia, por ejemplo, de las Comisiones de Investigación en los Parlamentos o de las normas que previenen el blanqueo del dinero. Son iniciativas loables pero que si no van acompañadas de un deseo real de instaurar la limpieza en la vida pública, no resuelven realmente el problema.
Los códigos deontológicos se han entendido por algunos como la barrera que aleja de nosotros el peligro de la corrupción. Sin embargo, los códigos deontológicos se muestran más bien como una exigencia de la transparencia democrática, como una garantía mínima en la limpieza de los comportamientos, como una objetivación pública de las actuaciones que pueden ser calificadas como éticas.
Donde la vida moral se resuelve es en la intimidad de la intención o, empleando una metáfora tradicional, en el corazón del hombre. Cuántos y qué graves males son atribuibles a las buenas intenciones acompañadas de ignorancia. Cuando se juntan buena intención e ignorancia, la primera alfombra y justifica el camino de despropósitos que emprende la segunda, y ésta –en su inoperancia- es incapaz de descubrir el fingimiento o la perversión de la primera.
Por tanto la condición ética de la vida política no se dilucida únicamente en los comportamientos externos, no se reduce al seguimiento de las pautas que recogen los códigos deontológicos. Pero la dimensión pública de la vida política, la exigencia democrática de transparencia, obliga al cumplimiento exacto de esos códigos, tácitos o explícitos.
Sin embargo, la dimensión ética y moral de la política y de los políticos va más allá. Por eso nadie está legitimado para hacer juicios morales sobre nadie. Juzgar las conductas, que es una obligación política consustancial a las tareas públicas, no equivale a juzgar a las personas; criticar las conductas no puede confundirse con la crítica a la persona. Algo, que sin embargo, brilla por su ausencia en este tiempo.
Jaime Rodríguez-Arana
@jrodriguezarana
Humanismo y humanidades
La separación entre lo verdaderamente bueno y lo políticamente correcto manifiesta la profunda fractura que ha producido en la vida social la consideración unilateral de la razón técnica. Entre otras razones, porque es prácticamente imposible la neutralidad moral en la ordenación de la vida pública. Lo estamos viviendo, y sufriendo, a diario. Por eso, es necesario que se humanicen la razón técnica y la razón política como consecuencia del despertar de las iniciativas e impulsos vitales de las personas, como consecuencia de la centralidad de la dignidad humana.
La denominada “posmodernidad” ha fracasado si nos atenemos a la incidencia de los avances científicos y técnicos en la calidad de vida de la mayoría de los habitantes del planeta Y, sobre todo, si observamos y analizamos la calidad del ejercicio de las libertades en este tiempo, bastante limitadas por las diferentes tecnoestructuras dominantes
Pues bien, la manifestación de ese fracaso de la ideología posmoderna, así entendida, es la honda quiebra del humanismo que trae consigo una renuncia sistemática a los grandes ideales, una búsqueda incesante del conformismo y la adicción a ese consumismo insolidario que corta de raíz cualquier atisbo de pensamiento crítico y adocena cualquier intento de rebeldía cívica frente a tanta manipulación.
El imperialismo de la técnica, que desprecia el humanismo y las humanidades, ha ido, poco a poco, socavando los fundamentos de un orden social, político y económico, terminando por justificar lo injustificable: el mercadeo y la transacción con la dignidad del ser humano, del que es, del que va a ser u del que está a punto de dejar de ser. O, lo que es lo mismo, el uso, con ocasión y sin ella, de las personas, que se consideran objetos de usar y tirar.
En este contexto cobran una especial relevancia las Humanidades. Desgraciadamente, el interés general por la literatura, la historia, la filosofía, la teoría de la ciencia o el arte es escaso. Mientras, la palma se la llevan los escándalos, el morbo y la libre manifestación de la intimidad de los famosos, los temas de los que hoy habla la mayor parte de la gente.
El abandono de las Humanidades ha ido parejo con la inhibición de la gente de sus responsabilidades en la conformación del escenario público. Es lógico porque las Humanidades facilitan esa aproximación crítica a la realidad social, constituyen un foco permanente de cultura, nos recuerdan nuestra deuda con el pasado e inspiran nuestra creatividad.
Por eso, debemos tomarnos más en serio las energías latentes en la sociedad y asumir el dinamismo vital del mundo de la realidad, del mundo de la cultura. Por eso debemos una vez más reivindicar el gusto por el pensamiento, por la reflexión, por el compromiso con los valores humanos. Muchos de los que exaltan el dominio de la técnica, el pensamiento único en definitiva, se olvidan de que tal pretensión nos conduce de forma inexorable hacia el empobrecimiento del pensamiento, la precariedad del discurso ético y la pérdida de la cohesión de nuestra civilización.
Hoy, a la vista está, necesitamos recuperar el temple cívico y moral para que la democracia no sea lo que lamentablemente está siendo. Precisamos de un sistema de referencias personales y colectivas que partan de la centralidad del ser humano para evitar la marea de sumisiones y manipulaciones que hoy presenta el panorama cultural actual. La vuelta a las humanidades, al humanismo, pienso que puede ayudar a este emprendimiento ético y moral cada vez más urgente y necesario.
Jaime Rodríguez-Arana
@jrodriguezarana
El fin del poder
El poder coloca a algunas personas en una situación especial en relación con el común de los mortales. Ante ellos, las autoridades aparecen investidas de un conjunto de potestades y facultades que debe ejercitar siempre en servicio del bien de todos. Se trate de facultades y potestades que deben estar orientadas hacia su propio fin, que no es otro que el bien común. Quien dirige asuntos públicos debe tener claro que ese poder que le ha confiado la comunidad no le garantiza nada ni le atribuye una patente de corso para hacer lo que le venga en gana. Todo lo contrario, como escribió con mucho sentido Hammarskjöld, “sólo es digno de su poder el que lo justifica día a día”. Es digno de ejercer el poder quien motiva sus decisiones con argumentos racionales, quien al mandar es consciente de que los que obedecen son mujeres y hombres libres, quien procura ganarse la autoridad día a día profundizando en el servicio público.
El poder proporciona una magnifica ocasión de hacer algo por la comunidad. Por eso el “todo poder es deber” de Victor Hugo es una verdad como un templo. El poder hay que ejercerlo sabiendo que si cumple su función de instrumento para mejorar las condiciones de vida de la gente tiene pleno sentido, y si de desvía de ese camino de desvirtúa y se desnaturaliza . Y el cumplimiento de esta tarea entraña deberes continuos y constantes que sólo se asumirán en la medida en que se sea consciente de la grandeza que encierra el servicio público.
“Todo poder humano está compuesto de tiempo y paciencia” (Balzac). Es verdad, pero no de tanto tiempo que lo haga ilimitado o absoluto. Hace falta tiempo para aprender el manejo de los asuntos públicos, hace falta tiempo para su ejercicio, pero un tiempo razonable y moderado. Por eso es muy saludable esa regla constitucional de tantos países que prohíbe la reelección, al menos la reelección indefinida. Y la paciencia, claro está, es básica para cualquier empresa. En el ejercicio del poder la paciencia tiene mucho que ver con la moderación y el equilibrio; y sobre todo, con la capacidad para situarse cabalmente ante los problemas y saber el sentido y alcance de las decisiones a adoptar.
En las discusiones sobre la fuerza y la inteligencia, pocos son los que se inclina por la excelencias de la segunda. Nada menos que Napoleónn dejó escrito algo que me parece del mayor interés en este artículo: “lo que más me extraña de este mundo es la impotencia de la fuerza. De los dos poderes, fuerza e inteligencia, es siempre la fuerza la que acaba por ser vencida”. Sí lo dice Napoleón, será por algo. En todo caso, es un consuelo pensar que, en efecto, la fuerza siempre cede ante la inteligencia, antes o después. Siempre el “deber ser” gana al “ser”, tarde o temprano.
“El poder nunca es estable cuando es ilimitado” escribe Tácito. Es verdad, el poder absoluto tiende siempre a silenciar a los opositores, a conculcar la libertad de expresión, a la corrupción. Tiende al caos, más tarde o más temprano. Y, por tanto, tiende a la inestabilidad. ¡Qué importante es el control real del poder a través de organismos realmente independientes!. ¡Qué importante es que los que ejercen el poder sepan que su ejercicio debe hacerse en un contexto de ponderación, moderación y equilibrio!. ¡Qué importante es que los mecanismos de control del poder funcionen de verdad, no sólo formalmente!. Que importante.
Jaime Rodríguez-Arana
@jrodriguezarana
Ética y poder
El poder tiende a la corrupción. Es una afirmación que se verifica desde hace mucho tiempo. Por eso, hace falta que el que ejerza el poder cultive las cualidades democráticas básicas necesarias para luchar por el bien de todos, especialmente de los menos favorecidos. Moderación, sensibilidad social, apertura de miras, integridad, sobriedad, honestidad, etc. son algunas de esas cualidades. Quien aspire al mando tener presente que, como dijo Cowper, “el incremento del poder engendra el incremento de riqueza”. Quien quiera ejercer el poder debe conducirse con sumo cuidado en los asuntos económicos pues no se puede olvidar que el dinero es un ídolo que campea en muchos corazones que sólo piensan en tener más y más.
Las cualidades democráticas básicas, de asumirse en su integridad en la cotidianeidad, garantizan que el poder sirvapara lo que tiene que servir: el bienestar general de la comunidad. El poder es también, como cualquier actividad humana, un espacio para que quien lo ejerce mejore como hombre o mujer. Por eso, las cualidades democráticas básicas son tan importantes para la propia dignificación del trabajo en el poder y para la realización del político como persona.
Aunque es “difícil juntar la concordia y el poder” (Tácito), en una sociedad democrática, es fundamental que quien ejerce el poder tenga capacidad para generar ambientes de pensamiento compatible y complementario, así como una disposición permanente para buscar los puntos de vista comunes con vistas a la mejor solución de los problemas.
Nietzsche señaló que “dondequiera que encuentro una criatura viviente, hallo ansia de poder”. El ansia de poder no es malo en si mismo, lo que lo convierte en perverso es su consideración de fin y no de medio. Quien busca el poder por el poder para si y no para la comunidad es uno de los mayores traidores que moran en una sociedad democrática. Y cuando un pueblo ha alcanzado una razonable cultura política, sabe discernir inteligentemente quien está en el poder para satisfacer sus pasiones y caprichos, y quien está en el poder para satisfacer las necesidades colectivas.
Como enseña Colton: “para conocer las fatigas del poder: dirijámonos a los que lo tienen en su mano; para conocer sus placeres, vayamos a aquellos que andan tras él, los sinsabores del poder son reales; sus placeres, imaginarios”. Siempre, claro está, que se esté en el poder con talante y mentalidad de servicio porque, si a lo que se aspira es a llevar una vida placentera en la cúpula, eso es otra cosa.
De Puede ser verdad esa frase que se atribuye a Andreotti de que el poder desgasta a quien no lo tiene. Pero no es menos cierto que también desgasta a quien lo ejerce correctamente. Sin embargo, en este caso produce un desgaste que vale la pena y que produce una de las mayores satisfacciones de las que puede disfrutar el ser humano.
¿Pierde su libertad quien accede al poder?. Para Bacon estaba claro que había cierta contraposición: “¡cuan extraño deseo ambicionar el poder y perder la libertad; apetecer el poder sobre sí mismo!”. Sin embargo, el ejercicio del poder no tiene por qué suponer un obstáculo infranqueable para la libertad. Al contrario, la libertad de quien está en el poder se puede, y se debe, mejorar mientras desempeña esta actividad. Ni el poder es absoluto ni la libertad es absoluta. En el juego de los límites y de la moderación, no tengo duda de que ambas realidades se complementan y enriquecen mutuamente.
¿Para qué el poder?. Para contribuir al progreso de la nación. Para luchar por los derechos humanos. Para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Y, sobre todo, para que los que no tienen ningún poder y viven bajo mínimos, se incorporen a un mundo de cultura, educación y libertad solidaria. Casi nada.
Jaime Rodríguez-Arana
@jrodriguezarana
El ejemplo
Hace tiempo decía Burke, con toda razón, que "el ejemplo es la escuela de la humanidad, la única escuela que puede instruirla". Hoy, es obvio, se necesita ejemplaridad en quienes se dedican a la muy noble tarea de la dirección y conducción de las cosas públicas. Evidentemente, esa ejemplaridad es también exigible a los líderes del sector privado y a los configuradores de la opinión y del pensamiento. Pero, quizás, por la especial posición que ocupan los políticos en el entramado actual, porque deben permanentemente atender al interés general y a la defensa, protección y promoción de los derechos fundamentales de las personas, a ellos la sociedad, todos y cada uno de los ciudadanos, deben reclamar una especial integridad. Es obvio que sólo puede dar ejemplo quien va a la vida pública a aportar, dar, no a aprovecharse o a resolver su mantenimiento personal. Siempre ha habido, y siempre habrá, personas con inclinación a la actividad política que sintonicen con lo que dejó escrito Remy de Gourmont con proverbial acierto: "cuando se aspira a vivir de si mismo, se produce siempre el tedio. Solamente se encuentra el placer en el servicio al prójimo."
Gobernante debería ser aquel que superase a los demás en virtudes. Esta sentencia es de Cantú y se escribió en 1890. Quizás esta sentencia hoy pueda sorprender pero estoy casi seguro que es lo que desean los ciudadanos. Hoy existe una crisis moral que se manifiesta en un cierto miedo, en algunos casos temor reverencial, a la búsqueda de la verdad y del bien, únicos valores que liberan en su sentido más estricto y que propician el libre y solidario desarrollo de la persona.
Es importante, muy importante, el ejercicio personal de las cualidades democráticas porque no podemos olvidar que como escribió Gladstone, "el egoísmo es la mayor maldición de la especie humana". Por eso el maestro Aristóteles nunca dudó en sentar que "un Estado es gobernado mejor por un hombre excelente que por una ley excelente". Quizá porque lo importante, la frase es de Disraeli, "es confiar, no demasiado en los sistemas, y si en los hombres".
Hoy, no hay que ser muy inteligente para percatarse de ello, nos encontramos ante un peligroso silencio -o notoria ambigüedad- sobre temas claves por parte de quien tiene "auctoritas" o "potestas" para ayudar a configurar la opinión. Quizás, porque da vergüenza mostrar convicciones firmes, en caso de tenerse.
En fin, lo más grave es lo que denunció ya en 1856 Stuar Mill: "la mediocridad colectiva es, en las sociedades democráticas, la mayor amenaza a la libertad". Nunca mejor dicho y nunca más actual. No hay más que asomarse a nuestra realidad cotidiana en tantas y tantas manifestaciones de la actividad humana.
Jaime Rodríguez-Arana
@jrodriguezarana
Corrupción y abuso
Una aproximación a la corrupción bien extendida es la que parte del abuso de poder por quien lo ejerce o dispone de el. En este contexto, corrupción es igual a mal uso de las potestades públicas. Bajo esta rúbrica encontramos el nepotismo, el clientelismo, el conflicto de intereses legislativo y el conflicto de intereses administrativo.
El nepotismo, como su propio nombre indica, se refiere a que los responsables públicos adjudiquen puestos en la Administración pública a familiares, afines o amigos en lugar de a quien en justicia le corresponde. El clientelismo hace referencia al nombramiento para los cargos de dirección pública a personas próximas a quien dispone de tal poder o del partido político en el gobierno a quienes se debe recompensar por los servicios prestados. El conflicto de intereses legislativos, por su parte, se refiere a aquellos supuestos en que los diputados tengan acciones de empresas que son objeto, previa votación, de determinados beneficios fiscales. Y, el conflicto de intereses administrativo, como su propio nombre indica, se refiere a casos en los que los que ejercen el poder utilizan conocimientos y contactos propios de su actividad pública para actividades privadas o particulares.
La corrupción más fácil de detectar es la aquella que trae consigo una clara contravención de las normas, pero no es la más grave. Quizá la versión más grave de la corrupción sea ese conjunto de prácticas que, sin ser contrarias formalmente a la ley, suponen un claro atentado a la conducta que cabe esperar de los responsables públicos y a la imagen misma del funcionamiento de las Administraciones democráticas. Esa corrupción que deteriora la confianza y que legitima ese todo vale, o todo es posible.
Por eso, importa y mucho que el ambiente moral en el servicio público sea elevado y que quienes descubran la inclinación al trabajo en la función pública tenga muy claro que vienen a servir objetivamente al interés general. Ni más ni menos.
Jaime Rodríguez-Arana
@jrodriguezarana
Derecho público y poder
El titular del poder público en la democracia es el pueblo como unidad de orden político. Entre otras razones porque si el fin del poder es el bien común de todos los ciudadanos, del pueblo, parece claro que ambos elementos, poder y pueblo, se encuentran indisolublemente unidos. Así es, siendo el titular originario del poder el pueblo como comunidad política, resulta que su ejercicio depende del consentimiento del pueblo, que se ha ido haciendo patente a través de usos y costumbres que, en última instancia, han confomado la llamada conciencia jurídica popular.
Es decir, el ejercicio del poder forma parte de ese orden jurídico en el que la propia conciencia jurídica del pueblo tiene un papel básico. Entre otras cosas, de esta aproximación se deduce que el gobernante o su gobierno estará ligado a ese Derecho que deriva del pueblo y que concreta los principios jurídicos que rigen la comunidad política. Además, es fundamental que el poder público se ejerza, no en función de intereses privados o de grupo, sino del interés general del pueblo. y que, además de rendir cuentas a la ciudadanía, permanentemente se oriente hacia el bien común.
Cuestión importante de la teoría del poder estatal ha sido siempre la de la llamada obediencia civil. Es claro que la obediencia civil es una modalidad de obligación jurídica que consiste en la obediencia al Derecho en cuanto que deriva del orden moral. En este sentido, conviene señalar que el legislador no puede crear autónomamente el Derecho porque está vinculado por el bien común en la medida que éste surge de la propia dignidad humana. Por eso una cosa es la legalidad y otra, bien distinta, la legitimidad. La obediencia civil, por otra parte, tiene, pues, un claro límite: el orden de la justicia. Por eso, las leyes injustas no son obligatorias. Y son leyes injustas las que van contra el bien común y, por ende, hacen imposible el libre y solidario desarrollo de los seres humanos.
Otro tema clásico de la teoría del poder, íntimamente vinculado al de la obediencia civil, es el del derecho de resistencia, cuestión que plantea el carácter ético del deber de obediencia. En realidad, se plantea aquí la posibilidad del conflicto entre el Derecho positivo y la conciencia. En este contexto resulta claro que si el Derecho positivo conculca los derechos humanos -los que surgen de la dignidad de la persona- se produce una quiebra evidente de la autoridad política y, al no orientarse el poder hacia el bien común, entonces los ciudadanos pueden, y a veces deben, ejercer la resistencia pasiva. ¿Por qué?. Porque la obediencia civil se fundamenta en que el poder debe expresar normativamente el bien común y, cuando no lo hace, se convierte en un poder arbitrario, incapaz de obligar al perder su legitimidad.
El poder, insisto, encuentra su razón de ser en el bien común. Y, el bien común ha de propiciar que cada ser humano se realice libre y solidariamente. Por tanto, el bien común alude precisamente, como enseña Messner, a la consecución mediante la unión social del cumplimiento responsable de las funciones vitales propias del ser humano. El bien común trata de hacer posible la existencia plenamente humana de los ciudadanos mediante la instauración de un orden de bienestar. El bien común es, por tanto, el estado de la sociedad que hace posible a sus miembros alcanzar los fines propios de la condición humana. Casi nada.
Jaime Rodríguez-Arana
@jrodriguezarana
Ética y lucha contra la corrupción
La Ética aplicada a la función pública en general, es, desde luego, un arma de gran eficacia en la lucha contra la corrupción. En este contexto, cada vez es más importante que se tenga claro, y por todos, que la actividad pública se justifica en la medida que supone atención esmerada a los asuntos colectivos y que la integridad y la honestidad de los políticos y funcionarios es la condición necesaria para el ejercicio de estas relevantes actividades. La idea del servicio a la colectividad implica que los poderes y potestades se ejercen en beneficio de la colectividad y no en provecho personal. Por eso la Ética pública se refiere, no sólo a prevenir conductas negativas, sino a propiciar en el marco de la función pública, un ambiente de trabajo riguroso, eficaz, y que proteja, defienda y promueva los derechos de los ciudadanos.
La corrupción, lo sabemos bien, ni es un fenómeno nuevo, ni es un fenómeno privativo de algunos países o culturas. Es tan antiguo como el ser humano mismo y se circunscribe a toda clase de tareas y actividades sin excepción, reflejando el ambiente moral de la sociedad. Por eso, la responsabilidad social es también un elemento de primera magnitud en la lucha contra la corrupción. De ahí que no sea baladí preguntarse si la sociedad civil ha asumido su responsabilidad en la lucha contra la corrupción. La colaboración, pues, entre ciudadanos y poderes públicos es, en este campo también, fundamental.
La responsabilidad es fundamental en la lucha contra la corrupción, sobre todo, contra la tendencia a que la discrecionalidad se enmascare bajo formas de "razonabilidad" o de "control" que, al final, no son más que groseras arbitrariedades. Así, el concepto de responsabilidad adquiere carta de ciudadanía en el dinamismo organizativo, pues desde la perspectiva de una conducta absolutamente determinada por unas fuentes externas, la esencia de la responsabilidad acaba por desvanecerse. En este sentido la responsabilidad del que ejerce el poder se engarza con la Ética pública pues es el propio servidor público el que actúa de acuerdo con su leal saber y entender, si bien ciertamente la organización puede condicionar, pero nunca, ni de lejos, determinar, el sentido de la conducta del dirigente público. Puede ser que la jerarquía o los controles externos influyan sobre el funcionario, pero no hasta el punto de que se diluya su responsabilidad como sabe muy bien quien haya tenido que trabajar en el proceloso mundo de la discrecionalidad administrativa. Siempre existe la posibilidad de actuar de acuerdo con la propia conciencia y siempre se pueden, se deben, desobedecer las órdenes o instrucciones que supongan un atentado a la Ética pública, a la centralidad de la dignidad humana. Y eso, se esté donde se esté en la maquinaria administrativa.
Jaime Rodríguez-Arana
@jrodriguezarana
Ética pública y confianza
Uno de los principios básicos de la Ética pública es que quién ejerce el poder responda de sus actuaciones realizando su tarea de acuerdo con los valores permanentes y universales del servicio público.
La historia ha demostrado, lo sabemos bien, que las sociedades corruptas han traído consigo gobiernos corruptos y viceversa. Sobre todo porque cuando se antepone el beneficio personal al bien común se rompe la armonía social. En efecto, cuando aumenta la corrupción, la confianza de los ciudadanos en las instituciones se resiente y se produce esa peligrosa separación entre gobernantes y ciudadanos hoy tan acusada.
La corrupción mina, y de qué forma, esa necesaria confianza que debe existir entre representantes y electores, entre ciudadanos y gobernantes. Y esa confianza en el sistema democrático es esencial pues los ciudadanos deben tener razones para depositar su confianza en quienes administran y gestionan los recursos públicos y atienden las necesidades colectivas.
Por ejemplo, en el mundo comunista la conversión del centralismo burocrático en corrupción institucionalizada produjo unos frutos tan amargos entre la población que hoy este sistema está tocado de muerte. Por su parte, en el Tercer Mundo la corrupción de los mandatarios ha traído consigo, lo comprobamos en países que están en la mente de los lectores, un desprecio masivo hacia las instituciones y un repliegue a formas de vida que se oponen a los más elementales principios de la cultura cívica. ¿Qué ha pasado en Occidente? Pues que las estafas, el fraude, las operaciones bursátiles irregulares, los sobornos o las malversaciones, están socavando, hay que reconocerlo, la confianza de los ciudadanos en las instituciones y en quienes las representan. En pocas palabras, hoy en el mundo, no podemos negarlo, existe una profunda crisis de confianza en las instituciones públicas y sociales.
En los Estados Unidos, el famoso caso de la conculcación del Código de Honor de West Point, en 1976, por varios cadetes, permitió que también desde las instituciones se tomara conciencia del problema de la corrupción. Así comienza la preocupación, bien interesante, de las propias instituciones por la mejora y mantenimiento de la integridad colectiva y la de cada uno de los miembros de los organismos. Pero hay que tener en cuenta que toda preocupación a nivel institucional depende en última instancia de la integridad personal del individuo. Esta es la clave: la práctica de las virtudes morales y el ejercicio de las cualidades democráticas por parte de los ciudadanos, sean o no gobernantes o representantes. Por eso es necesario que personas honradas presidan hoy las instituciones, porque se negarán a participar por acción u omisión en la corrupción y así se podrá recuperar esa confianza perdida. Hoy, algo nada, nada fácil.
Jaime Rodríguez-Arana
@jrodriguezarana
Poder público e integración
Una de las manifestaciones del ejercicio del poder en la sociedad democrática es la integración. Sí, el poder debe utilizarse para la integración, para la cooperación, nunca para la exclusión o la marginación.
Vivimos en un mundo complejo en el que es necesario, si es posible, buscar soluciones equilibradas. Por eso, la integración de los diferentes aspectos que configuran la realidad en contextos abiertos y de profunda humanización, garantiza ese equilibrio.
El poder, por lo tanto, debe tender a la integración, no a la exclusión. ¿Por qué?. Sencillamente, porque el poder existe para resolver los problemas reales de la gente y no para generar problemas. El poder existe para garantizar la paz social y el mejor funcionamiento de la sociedad. Y, para ello, hace falta que quien ejerce el poder disponga de capacidad para integrar, para abrirse a la realidad y poder escuchar.
Hace falta en política escuchar mucho e integrar mucho. Quien no escucha, normalmente excluye, aunque sea por omisión. Bini escribió hace tiempo sobre la facilidad con que el poder sin límites lleva a toda clase de desgracias: “el poder sin freno de humanas simpatías es un don funesto. Triste cosa es el poder que emula a Dios en la destrucción y no en la creación, que puede aniquilar a una generación y no es capaz de rematar a un gusano una vez aplastado”.
En el ejercicio del poder no deja de llamar la atención, el miedo que embarga a los mediocres cuando descubren algún colaborador que les supera en inteligencia y capacidad para resolver problemas. Entonces, en lugar de colocar a cada en su sitio, se inicia esa cacería para disuadir a quienes de verdad tienen vocación de servicio público a dedicarse a otras actividades más “rentables”.¡Cuantas personas de verdadera valía se pierden para el servicio público ante constantes campañas de insidias y calumnias!. ¡Que pena que se prive a la sociedad de hombres y mujeres de verdadero talento cuyo acceso al poder traería consigo la resolución y encauzamiento de los principales problemas de nuestro tiempo!.
“Sueñan los poderosos, escribe Silverio Lanza, con ser más poderosos todavía, y no hallan mejor medio para lograr sus fines que anular a los que ya no son desgraciados”. Un político, un hombre, una mujer de gobierno, debe siempre sumar, integrar, conciliar; siempre al servicio del bien de la colectividad. Casi nada.
Jaime Rodríguez-Arana
@jrodriguezarana