El derecho a la información pública
La información pública, que no es sólo la información que obra en poder de los entes públicos en sentido estricto, pues se refiere a toda la información de interés general, es un derecho fundamental de todo ciudadano. Un derecho fundamental, no un derecho subjetivo más o un derecho ciudadano de los muchos de los que dispone el ciudadano en sus relaciones con la Administración pública. Se trata de un derecho fundamental que la Administración debe promover y facilitar con pleno respeto al núcleo esencial que lo conforma. Es decir, la información de interés general debe estar a disposición de los habitantes en todo momento y de la manera más sencilla, veraz y completa posible.Read more
Corrupción y crisis financiera
El último informe de la ONG Transparencia Internacional (TI) proclama a los cuatro vientos lo que la población percibe desde hace algún tiempo: la corrupción y la falta de transparencia, sobre todo en el Sur de Europa, agrava la crisis en que está instalado en viejo continente. Esta afirmación, obvia y evidente, apunta a Grecia a Italia y, por supuesto a España, un país que está elaborando una ley en la materia que ojalá sirva para introducir dosis de luz en un opaco sector público.
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La integración europea
La consolidación de la Unión Europea como espacio de libertades y de solidaridad requería una genuina y coherente integración económica como medio para alcanzar dicha unión política y cultural. Y esa integración económica y financiera reclama políticas comunes, no sólo en el área monetaria sino también en aspectos fiscales y bancarios. Por eso, la noticia relativa a la unión fiscal y bancaria es muy positiva siempre que vaya acompañada de medidas reales que tiendan a la federalización del viejo continente de manera que el presidente sea elegido por sufragio universal, que el parlamento disponga de auténticos poderes legislativos y que el gobierno de la Unión goce de competencias reales sobre los Estados miembros. La crisis económica y financiera, pues, se presenta como una gran oportunidad para una mayor conciencia europea, para apuntalar un proyecto que, hasta ahora, se había detenido en el escalón tecnoestructural. Especialmente para que de una vez lo económico y lo financiero sean el medio adecuado para un desarrollo de las libertades en solidaridad de todos los ciudadanos del viejo continente.
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La obra social
Las Cajas de Ahorros, esas beneméritas instituciones que nacieron hace tantas décadas para comprometerse, desde el punto de vista financiero, en la realización de obras y actividades de inequívoco acento social, hoy están liquidadas. No sólo por su transformación en bancos en sentido estricto sino porque su obra social está pendiente de un hilo. Hasta ahora había una dotación establecida para garantizar la atención de este quehacer social pero según parece la supervivencia de esta previsión también corre serio peligro.
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Un modelo renovado
A estas alturas de la película, hemos de afirmar, una vez más, que el modelo autonómico es la solución adecuada para resolver el problema territorial español. El problema, ahora se ve con más perspectiva, ha sido, y sigue siendo, la forma en que se ha estructurado. Una forma que, en lugar de haber discurrido por las aguas claras del autogobierno y la autoadministración, prefirió, porque era más fácil, más sencillo, inspirarse en el esquema del Estado. Así, de golpe y porrazo, en no mucho tiempo, nos encontramos con una estructura elefantiásica, en lo que se refiere o órganos administrativos y a empresas públicas, que provoca escándalo a tirios y troyanos, más fuera que dentro de nuestro país.
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Sujetos obligados a la transparencia
En la democracia, la transparencia es una cualidad que debe distinguir, sin excepción, a todos sus actores y protagonistas y, sobre todo a todos aquellos sujetos que se financian con fondos públicos o que realizan actividades de interés general. Es decir, ministerios, consejerías, entes públicos sin excepción deben facilitar información a los ciudadanos. También, como es obvio, la casa real o los partidos políticos, sindicatos o patronales. Todos sin excepción deben estar obligados a promover ese derecho fundamental del ciudadano a la información de interés general.
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Luz y taquígrafos
Estos días hemos conocido, a través de un medio de comunicación –el país-, que en virtud de un acuerdo secreto del consejo de ministros de 15 de octubre de 2010, en pleno gobierno de Zapatero, se sustrajeron de la opinión pública, y del acceso a la información, prácticamente todas las cuestiones relativas a la acción internacional de nuestro país. Es decir, se declararon secretas todas las informaciones atinentes a los intereses políticos, sociales, económicos y comerciales de España así como las relaciones diplomáticas con terceros países. La justificación esgrimida para tal operación de blindaje informativo se encuentra, según sus autores, en la necesidad de proteger al Estado español del affaire “wikileaks”. Sin comentarios.
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La realidad de la política
Los romanos, como se sabe, disponían de un sistema político en el que muchos, muchos ciudadanos participaban en algún momento de su vida, por supuesto temporalmente y no para las actividades de la res pública más relevantes, en la gestión administración de la cosa pública. Incluso para algunas de estas actividades se recurría al sorteo como sistema de selección. De esta forma gran parte de la ciudadanía, con el paso del tiempo, adquiría una cierta experiencia en el manejo de los asuntos públicos, encontrándose así en mejores condiciones de juzgar a los gestores y administradores de la res pública.
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Tiempos de encucrijada
La crisis que asola el llamado mundo occidental cada vez va tomado más tintes de profunda y honda transformación. No es sólo una crisis económica y financiera derivada de una mala administración de los fondos públicos o de los fondos privados. Estamos, me parece, en uno de esos momentos de la historia de la humanidad en los que todo un modelo se está resquebrajando poco a poco pero de forma inapelable. Por un lado, el sistema de mercado, que pierde a borbotones la racionalidad y la transparencia que le es inherente, reclama cambios de calado. Por otro, la necesaria recuperación del sentido de la democracia como gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, empieza ya a ser una tarea urgente.
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Informes y decisiones
Las decisiones que adoptan las Administraciones públicas en un Estado social y democrático de Derecho se realizan a través de procedimientos establecidos en las leyes. Procedimientos en los que, además de propiciarse la participación de las personas y sectores afectados por la decisión, se incorporan los informes de los órganos y entidades que disponen de conocimientos acreditados en la materia de que se trate. Es razonable que así sea porque los titulares de los órganos de la Administración no son monarcas absolutos que hacen y deshacen a su antojo, en función de sus criterios o apetencias personales. En la democracia, las decisiones administrativas han de estar dotadas de una fuerte dosis de objetividad pues, de lo contrario, serían exponentes de eso que se da en llamar Antiguo Régimen y que se resume en el primado del poder absoluto.
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