Racionalidad normativa
En tiempo de reformas, como el que nos está tocando vivir, junto a la necesaria racionalización del sector público nos encontramos ante otro desafío de gran trascendencia. Me refiero a la necesidad de auditar el conjunto de normas jurídicas que hoy integran el ordenamiento jurídico. Por supuesto a nivel nacional, pero también a nivel autonómico y local. En las tres instancias de gobierno hay demasiadas normas, infinitas normas, unas superpuestas a otras, unas obsoletas y otras dictadas para la ocasión. El legislador y la administración han pensado, y actuado en consecuencia, que los problemas sociales se resuelven fundamentalmente aprobando normas, y si es posible del mayor rango, mejor.
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Ciudadanos y evaluación
Una de las asignaturas pendientes de la reforma administrativa es, sin duda, la presencia de los ciudadanos en la definición, análisis y evaluación de los servicios públicos. Ciertamente, pocos son los gobiernos y administraciones que se han atrevido a dar participación ciudadana real en estas actividades de tanta trascendencia social. Por eso, el anuncio del gobierno de Aragón de examinar anualmente el funcionamiento de los servicios públicos contando con la opinión de los usuarios debe enjuiciarse positivamente.
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El peligro del populismo
El mapa político europeo ofrece algunos paisajes que en este momento de aguda crisis resultan muy preocupantes. Uno de ellos, en expansión, es el populismo. Todavía, es cierto, sin apoyos mayoritarios de la población, pero en un proceso, ojala que no sea imparable, de crecimiento en estos últimos años.
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La opinión de los ciudadanos
En este tiempo se suceden con alguna frecuencia encuestas, sondeos y consultas en los que se pregunta a los ciudadanos acerca de la crisis, de sus causas, de sus posibles soluciones. Todas, más o menos, sean realizadas con fondos públicos o privados, coinciden en destacar que en este momentos siendo importantes los recortes lo fundamental es la recuperación económica y la creación de empleo. Las medidas que cuentan con más seguidores son: reducir la estructura de la Administración y gravar con un impuesto especial a las grandes fortunas. En este sentido, las personas consultadas entienden mayoritariamente que es necesario reducir los gastos de los políticos, incluso su número, pues estiman, es una obvia realidad, que en España hay demasiados cargos públicos, demasiados coches oficiales y demasiadas subvenciones, muchas de ellas para actividades improductivas y, a veces, inconfesables.
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El ejemplo chileno
Estos días algunos medios de comunicación se han hecho eco de una polémica bien relevante acontecida allén de los mares. En Chile, para más señas. Se trata de una polémica relativa a un aumento económico de la asignación que reciben los 38 senadores del país hermano. No contentos con un sueldo de 12.000 euros mensuales, y fondos para pasajes aéreos, asesorías legislativas y contratación de personal, tras un acuerdo de todos los grupos, consiguieron un incremento de 3.150 euros mensuales para gastos operacionales. Con tal motivo, se ha conocido también que la Cámara de diputados aprobó un incremento, también de 3.150 euros mensuales, para asesorías legislativas de sus señorías.
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La factura de la crisis
La crisis económica y financiera que nos ha tocado vivir en este tiempo tiene una etiología cada vez más clara. Todos, de una u otra forma, unos más que otros, han contribuido a la situación en que nos encontramos. La negligencia de unos entes reguladores que tantas veces miraron para otro lado abdicando de la objetividad e independencia que se presume de sus actuaciones tiene su parte de culpa. La desacertada actuación de muchos entes públicos encargados de la supervisión, vigilancia y control del funcionamiento del mercado ha permitido situaciones desproporcionadas, fraudes, estafas y demás desaguisados que están en la mente de todos, también ha colaborado, y de qué manera, a la situación actual. Desde luego, la irresponsabilidad de las instituciones financieras que se lanzaron a ofrecer financiación para toda clase de actividades públicas y negocios privados sin reparar en las posibilidades reales de afrontarlos, ha tenido una relevancia decisiva. Y, finalmente, pero no por ello la razón menos importante, la lamentable actitud de tantos políticos que se olvidaron de que le dinero público es de todos los ciudadano entregándose al endeudamiento como forma habitual para prestar determinados servicios de responsabilidad, nos condujo igualmente a un déficit de incalculables proporciones.
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El decálogo anticorrupción
Trasparencia internacional acaba de lanzar una nueva iniciativa para mejorar la lucha contra la corrupción. Se trata de un decálogo de principios a favor de la ética y contra la corrupción para el mundo empresarial. Un mundo en el que también hay corrupción, y no poca tal y como se comprueba a diario en la prensa internacional, precisamente en el marco de la aguda crisis financiera y económica que estamos sufriendo sobre todo en el llamado mundo occidental.
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El esfuerzo
La grave situación que atraviesa nuestro país reclama, quien lo puede dudar, el esfuerzo de todos para enderezar el rumbo y volver a ser lo que nos merecemos. El esfuerzo, es evidente, será mayor para quienes más han contribuido a la situación tan onerosa por la que estamos atravesando. Partidos políticos, sindicatos y banca son, como todos sabemos, las instituciones más responsables del actual desaguisado y, por ello, quienes más han de aportar para salir del agujero. En otras palabras, la factura de la crisis debe cargarse, mayoritariamente, como es lógico, sobre los que más han colaborado a alcanzar los datos que todos conocemos. El hecho de que, sin embargo, sea la ciudadanía quien más esté soportando la crisis reclama alguna reflexión acerca de la ausencia de equidad y de justicia en algunas de las decisiones que hasta el momento se están tomando.Read more
La crisis y la Seguridad Social
El pasado mes de marzo se cerró, como se sabe, con la friolera de varias decenas de miles de parados más. Durante 2012 se prevé que se destruyan cerca de medio millón de puestos de trabajo y los datos de crecimiento económico y de actividad empresarial, salvo milagros, no son nada halagüeños. Más bien, todo indica que este año será uno de los más duros de los últimos tiempos.
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Gasto público y responsabilidad
Un sano y saludable principio de buena administración, sea pública o privada, consiste en saber cuadrar ingresos y gastos en el ejercicio económico. Un magnífico principio de buena gestión es gastar menos de lo que se ingresa, siempre que se cumplan los objetivos de la organización de que se trate. En cambio, gastar más de lo que se ingresa, salvo por justificadas y acreditadas razones, es síntoma de mala gestión. Señal de malísima gestión es recurrir permanentemente a la deuda para gestionar financieramente la institución.
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